Defender la madre tierra
Decenas de
comunidades en resistencia de 17 estados de México comenzaron una larga
campaña que busca coordinar luchas, denunciar el extractivismo y ofrecer
un espacio de ayuda mutua entre quienes están siendo agredidos por el
capital y el Estado.
“La campaña busca un diálogo y acciones
comunes que construyan tejido”, explica Gerardo Meza de la Comunidad
Habitacional Acapatzingo, en Ciudad de México. “Porque la falta de
información sobre lo que sucede es aprovechada por el Estado para
impulsar los megaproyectos contra los pueblos. Por eso buscamos
construir espacios organizativos no orgánicos para generar identidad en
los barrios y tejer proceso de autonomía en la Ciudad de México.”
Gerardo se refiere a la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y
el Territorio que comenzó el 10 de abril y culminará el 20 de
noviembre, dos fechas de hondo contenido rebelde en México. En ella
participa la Organización Popular Francisco Villa de la Izquierda
Independiente junto a 180 organizaciones de 17 estados, agrupados en
nueve regiones. Un Comité por la Madre Tierra integrado por 40 músicos,
actores, religiosos y profesionales apoya la campaña que en cada
actividad reúne cientos y miles de personas: desde las 1 500 que
acudieron al lanzamiento en la Ciudad de México el 10 de abril, pasando
por los centenares que se movilizaron en apoyo a Xochicuautla, donde la
comunidad resiste la construcción de una autopista en el Estado de
México.
“La punta de lanza del modelo extractivo es la minería”,
razona Meza, “arrasando comunidades enteras, quitándoles el territorio y
destruyendo sus identidades”. La campaña pone en relación comunidades
afectadas con comunidades afectadas en una relación directa, horizontal,
no mediada por representantes sino de pueblo a pueblo. De los firmantes
de la campaña, 97 comunidades y barrios tienen conflictos con el
capital y el Estado extractivistas, a los que resisten a menudo con
costos humanos muy altos.
En la capital mexicana, por ejemplo,
los barrios están siendo afectados por proyectos de infraestructura
urbana y de comunicación, a través de la construcción de líneas de
metro, trenes interurbanos y especulación inmobiliaria, una de las
facetas más destructivas y menos analizadas del modelo extractivo.
Podemos hablar de un “extractivismo urbano”, que se conecta con el
modelo general y en muchos casos actúa complementando el modo de
acumulación, ya que las enormes ganancias en los monocultivos y en la
minería suelen ser invertidos en especulación urbana, que redunda en la gentrificación de las ciudades y la expulsión de sus habitantes más pobres.
De Norte a Sur: mujeres jóvenes y valientes
La
Campaña informa que la mayor parte de los conflictos se producen por la
construcción de represas hidroeléctricas y otros proyectos de
generación de energía (34%), seguidos de cerca por las mineras (32%). A
bastante distancia aparecen los proyectos de transporte como carreteras y
trenes (12%) y la urbanización (11%). La privatización del agua abarca
el 15% de los conflictos, pero muchos proyectos mineros y de energía
también se apropian de bienes comunes como el agua, por lo que debe ser
uno de los principales motivos de las resistencias comunitarias.
En
el norte, en el estado de Sonora, la Nación Comcáac resiste la
destrucción de cien kilómetros del litoral Pacífico, donde los
pescadores buscan salvar sus fuentes de trabajo del proyecto minero La
Peineta. Gabriela Molina, de la organización Defensores del Territorio
Comcáac, asegura que la mitad del territorio de su pueblo ha sido
concesionado a la minera que pretende extraer hierro, cobre y plata en
sitios sagrados para su nación. “La nación es un lugar de reproducción
del venado y del borrego cimarrón, por lo que no queremos una actividad
extractiva en nuestro territorio, que además está muy cerca del Canal
del Infiernillo, donde están las plantas que usamos para nuestras
artesanías, como la jojoba y el torote, y es por lo tanto un sitio de
importancia material espiritual para la sobrevivencia de nuestro
pueblo.”
Como sucede en todo el mundo, la minera consiguió
dividir al pueblo comcáac con promesas y pequeños recursos. “Nuestro
grupo está integrado por 22 mujeres que nos organizamos contra la minera
y nos dedicamos a informar a los pueblos de la sierra de Sonora que
desconocen lo que es la minería”, dice Gabriela. Como Nación Comcáac se
apoyan en la Guardia Tradicional, autodefensa armada que nació en 1979
para la protección del territorio autónomo. La guardia es elegida por el
consejo de ancianos y el gobernador tradicional y está integrada tanto
por varones como por mujeres.
“Hasta que nos sumamos a la
campaña nuestro pueblo era invisible”, remata Gabriela, que denuncia
también el extractivismo hídrico que desvía aguas para la producción
empresarial y proyectos turísticos en zonas habitadas por su pueblo.
El
pueblo San José del Progreso, en el estado de Oaxaca, se opone desde
2008 a la llegada de una minera en una población campesina que cultiva
maíz, frijoles y garbanzos. Según datos oficiales de la Secretaría de
Economía, desde la aprobación de la Ley Minera en 1992, México entregó
31,000 concesiones sobre casi 51 millones de hectáreas a más de 300
empresas que manejan alrededor de 800 proyectos. Rosalinda Dionisio, que
integra la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, sufrió
un atentado cuando miembros de la organización fueron emboscados por
oponerse a la minera Cuzcatlán, subsidiaria de la canadiense Fortuna
Silver Mines, que explota 700 hectáreas para extraer uranio, oro y
plata.
La mina se encuentra cerca del municipio San José del
Progreso, uno de los tres más pobres del estado. Aunque la mayor parte
de sus seis mil habitantes rechazan a la minera, el alcalde la apoya y
encabeza un grupo que ataca a los miembros de la Coordinadora. En
febrero y marzo de 2012 los activistas fueron atacados, en un caso por
la policía municipal y en el otro por desconocidos, con un saldo de dos
muertos y varios heridos, entre ellos Rosalinda. Ésa fue la reacción a
las protestas de la comunidad, cuando se instalaron tuberías para llevar
agua a la mina, desviándola de los cultivos de los campesinos.
Un monstruo que se llama Estado
“Con
la campaña buscamos articularnos con otras comunidades, ya que nosotros
debimos replegarnos ante la represión, y poder informar a otros pueblos
lo que nos está sucediendo”, explica Rosalinda. “Tenemos un monstruo de
Estado que nos ha golpeado muy fuerte, con desapariciones, con
represión, por eso necesitamos una red en la que apoyarnos, con base en
la ayuda mutua, para enfrentar al monstruo que nos quita la vida”, dice
esta mujer joven y valiente, sobreviviente de la guerra contra los
pueblos. Luego de varias cirugías aún no recuperó completamente su
movilidad, pero muestra un espíritu combativo admirable.
La
resistencia de la comunidad de Cherán no necesita presentación, porque
ha sido desde 2011 ejemplo para los pueblos que resisten el modelo
extractivo y a los grupos armados, estatales o paramilitares, que lo
promueven y protegen. Severiana Fabián integra el Consejo Mayor de la
comunidad indígena p’urhépecha de Cherán y forma parte de la Campaña
Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio. Su comunidad se
levantó para expulsar a los delincuentes talamontes apoyados por caciques locales.
“Luchamos
para defender un bien común como lo es la madre tierra”, explica
Severiana. La clave del éxito de esta comunidad es su organización,
extensa y profunda, que llega a todos los rincones, es abierta y
transparente, sólida y contundente. “Estamos organizados por usos y
costumbres y hemos conseguido que Cherán esté tranquilo y seguro por la
fuerza de nuestra organización comunitaria”, dice una mujer que se
siente orgullosa del trabajo realizado en cinco años, que considera un
ejemplo para los mexicanos.
La forma de organización, de abajo
arriba, empieza por las fogatas. Son cuatro barrios y en cada barrio hay
entre 50 y 60 fogatas, a razón de una por cuadra. En el barrio de
Severiana son 53 fogatas, lo que habla de una forma de organización a
cielo abierto, en la que pueden participar las familias, desde los niños
hasta los ancianos. Cada barrio elige tres personas que integran el
Consejo Mayor, en el que actualmente hay tres mujeres.
Cherán
tiene una población de 20 mil habitantes y en cada una de las 240
fogatas instaladas en cada esquina, hay unas cien personas. “Esta
organización es la clave de todo”, exclama Severiana. Las fogatas son
lugares de encuentro entre los vecinos, espacios donde se recrea
comunidad, pero son también órganos de poder en los que se toman las
decisiones colectivas y donde la participación de las mujeres es
decisiva.
Como síntesis de estos años de lucha, Severiana asegura
que en Cherán “el coraje superó al miedo”. Quizá sea el legado de esta
comunidad que puede recoger, y ampliar, la Campaña Nacional en Defensa
de la Madre Tierra y el Territorio.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario