Mina Bermejal-Los Filos en el Ejido Carrizalillo
municipio de Eduardo Neri (Zumpango) en la zona
norte de Guerrero. Foto:
Miguel Dimayuga
El 13.5% del territorio mexicano ha sido concesionado a empresas mineras y vastas extensiones del Golfo de México se encuentran en manos de compañías que buscan extraer hidrocarburos. Además, 12 corporaciones operan la mayoría de los gasoductos que atraviesan el país y para 2029 el sector privado producirá la mayor parte de la electricidad en México.
Al percatarse de que la multiplicación de los megaproyectos se
realiza sin tomar en cuenta las afectaciones a las tierras y a sus
habitantes, la organización Geocomunes, que se dedica a la cartografía
crítica, reunió información sobre los sectores minero, energético y de
electricidad en México, y la plasmó en tres mapas temáticos.
De acuerdo con Mónica Piceno, integrante de la organización, los
mapas del proyecto “Infraestructura para el despojo” exhiben cómo los
nuevos actores e intereses privados acaparan zonas y recursos a costa de
los territorios, del ambiente y las comunidades, y pretende aportar
herramientas a los sectores afectados para oponerse a la privatización
de sus territorios.
En el mapa sobre la extracción minera
se aprecian manchas amarillas sobre 13.5% del territorio mexicano.
Representan las 25 mil 506 áreas concesionadas al capital privado, que
actualmente desarrollan en ellas mil 327 proyectos, la mayoría en la
fase de exploración.
El saqueo del oro en México. Mapa: Geocomunes
El oro es el metal más codiciado por las empresas mineras en México,
pero sólo Goldcorp, de capital canadiense; Grupo Peñoles, propiedad de
Alberto Bailleres, y Minería Frisco, de Carlos Slim, concentran la mitad
del metal precioso extraído en el país. En 70% de los casos estas
empresas extraen el oro en minas a cielo abierto, pese a los riesgos
ambientales que implica ese método.
Según Geocomunes, extraer un gramo de oro implica mover un promedio
de cuatro toneladas de roca y requiere 380 litros de agua, 43.6
kilovatios de electricidad –equivalente al consumo semanal de una
familia– y 850 gramos de cianuro de sodio, un químico altamente tóxico.
Considera que los altos costos ambientales y sociales de la
extracción de oro no se justifican, dado que en 2016, 60% de la demanda
mundial de oro se destinó a la joyería, 30% a los bancos centrales para
constituir reservas y sólo 10% se utilizó en los sectores industrial,
médico y tecnológico.
En 2015 las empresas exportaron 14 mil 579 millones de dólares en
minerales del subsuelo mexicano, mientras que las cuotas que pagan por
las concesiones mineras son de 6.77 pesos por hectárea durante los
primeros 10 años y 148 pesos por hectárea después de este lapso.
Además, las autoridades mexicanas dan un trato preferencial a las
mineras. La Secretaría de Economía, que regula el sector, cierra los
ojos ante los abusos denunciados por cientos de comunidades desde hace
varios años, mientras el Servicio de Administración Tributaria cobró
impuestos adicionales a sólo una de 10 empresas obligadas en 2015
(Proceso 2121).
Al ser considerada de “interés público”, la actividad minera tiene
prioridad sobre algunas normas ambientales y 2.7 millones de hectáreas
de territorio concesionado a empresas mineras se encuentran en zonas
clasificadas como Áreas Naturales Protegidas, sobre todo en Guanajuato,
Michoacán, Baja California y Chiapas.
La red de gasoductos en México. Mapa: Geocomunes
Territorios dañados
Según Geocomunes, la reforma energética implantada por Enrique Peña
Nieto “ha acelerado la construcción de una nueva red de gasoductos a
escala nacional, controlada principalmente por empresas privadas”.
En otro mapa del proyecto se ve el territorio mexicano atravesado por
trazos de colores, que ubican los gasoductos construidos desde el año
2000 y la mayoría de los cuales conectan la red gasífera mexicana con la
de Estados Unidos. Parte del gas importado se destina aquí a la
generación de energía eléctrica, un sector también abierto a la
iniciativa privada.
Sólo 12 empresas se reparten la mayor parte de los gasoductos.
IEnova, filial mexicana del gigante estadunidense Sempra Energy, mueve
la mayor cantidad de gas en el país: 7 mil 784 millones de pies cúbicos,
que transitan cada día en sus 2 mil 744 kilómetros de gasoductos.
Presiden esa firma Carlos Ruiz Sacristán, cuya carrera política
creció al amparo de Carlos Salinas de Gortari y culminó en el sexenio de
Ernesto Zedillo, quien lo nombró secretario de Comunicaciones y
Transportes en 1994. En el sector privado formó parte del consejo de
administración de OHL, la empresa española involucrada en varios
escándalos de corrupción en el gobierno de Peña Nieto.
El extractivismo en México. Mapa: Geocomunes
Geocomunes también cartografió las parcelas de territorio y mar
territorial que el gobierno licitó o pretende licitar al capital privado
en cuatro rondas para la exploración y explotación de hidrocarburos.
En el mapa, gran parte de los territorios de estados con costas en el
Golfo de México –desde Tabasco hasta Tamaulipas– aparecen tachadas, así
como vastas áreas de agua. Según Geocomunes, las licitaciones de las
cuatro rondas afectarán 274 municipios, la mayoría en Tamaulipas y
Veracruz, además de 3 mil 89 núcleos agrarios.
En la región de la Huasteca-Totonacapan, en el norte de Veracruz,
operan más de 2 mil pozos de fracturación hidráulica. Y a raíz de la
reforma energética dicha zona, que forma parte de la cuenca
Tampico-Misantla, tiene 17 áreas por licitar en la explotación de
hidrocarburos no convencionales.
Óscar Espino, oriundo de esa región e integrante de la Coordinadora
Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio
Huasteca-Totonacapan, asevera que la operación de los pozos provocó
tensiones en el tejido social y lamenta que el gobierno mexicano
fomentara la explotación de hidrocarburos en la zona sin consultar a las
comunidades locales.
“Cuando la Comisión Nacional de Hidrocarburos informó que operaban 2
mil 223 pozos de fracturación hidráulica en Veracruz, investigamos y
descubrimos que ni una sola comunidad había sido consultada, que nadie
sabía acerca de los químicos que utilizaba para la extracción ni los
impactos ambientales de la misma”, deplora.
Añade: “En Papantla no sabemos cuánto gas se ventila de los pozos y el quemador se encuentra a 200 metros del kínder”.
De acuerdo con Espino, antes que una zona de licitación “somos
territorios náhuatl, téenek y totonaca”. De igual manera, lamenta que
varios pobladores de la región se vistieran “de zanahorias” –en
referencia al uniforme que utilizan los trabajadores petroleros– en
lugar de resistir contra la explotación de hidrocarburos no
convencionales.
CFE pierde el monopolio
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) también perdió el monopolio que tenía sobre la producción de energía
eléctrica, porque el gobierno prevé que las dos terceras partes de ella
sea producida por actores privados en 2029 (contra 47.8% en 2014).
Según Geocomunes, las consecuencias sociales serán negativas:
“Aumentará la cesión de territorio y recursos a empresas privadas,
incrementando también el número de actores, intereses y seguridad
privada con los que las comunidades se enfrentarán para evitar ser
despojadas”.
Actualmente la iniciativa privada –en particular las trasnacionales
Gas Natural Fenosa, Grupo México e Iberdrola– opera 48 centrales de
ciclo combinado, contra apenas 15 por parte de la CFE.
La organización rechaza el argumento según el cual la privatización
del sistema eléctrico mexicano era necesario, porque las fuerzas del
Estado son incapaces de responder a la demanda creciente de energía. El
“excedente eléctrico” se destina en gran parte a los sectores
industriales, “encabezados por el capital trasnacional”, apunta.
Ejemplo de ello, sostiene, es la modalidad de “autoabastecimiento”, a
través de la cual un grupo de empresas se asocia para construir un
proyecto eléctrico y se adueña de la energía producida, que puede enviar
a sus propias fábricas y centros de actividad.
“Esta modalidad ha sido ampliamente aprovechada por oligopolios”,
denuncia tras enlistar a los principales socios de las centrales de
autogeneración eléctrica, entre ellos las cementeras Holcim y Cemex, la
siderúrgica Ternium, las mineras Grupo México, Grupo Ferrero Minero e
Industrias Peñoles, así como las embotelladoras Femsa y Pepsico.
Este reportaje se publicó en la edición 2129 de la revista Proceso del 20 de agosto de 2017.
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