Desaforaron a Andrés Manuel

 

Fabrizio Mejía Madrid

Lo que siguió, el 24 de mayo, fue la marcha que juntó a más de un millón de personas de todo el país en el centro de la capital para evitar que metieran a la cárcel al dirigente político y el líder social más importante de la izquierda.

Ese día, hace ya 20 años, llegué de un viaje, abrí la puerta de mi departamento, arrojé la mochila en medio del comedor, cerré, y me fui al Zócalo. Como millones creía que se podría ganar la votación en la Cámara de Diputados contra el desafuero al Jefe de Gobierno electo de la ciudad de México. Se decía que algunos del PAN y del PRI no iban a convalidar semejante atraco. Otros lo daban por un hecho: la transición a la democracia no existió y sólo fue un intento de bipartidismo con un solo proyecto ---el neoliberal--- bajo las siglas de dos partidos. La diferencia la haría la gente, la ciudadanía, el pueblo cuyo nombre estaba prohibido pronunciar para no ser tachado de “pre-moderno”.

Cuando llegué al Zócalo ya 350 mil personas lo abarrotaban. En una pantalla gigante puesta por el gobierno de la ciudad, escuchamos a Manlio Fabio Beltrones leyendo: “Primero. Ha lugar a proceder penalmente en contra del Jefe de Gobierno del Distrito Federal Andrés Manuel López Obrador, como consecuencia del procedimiento de Declaración de Procedencia, en el que ha quedado acreditada la existencia del delito previsto en el artículo 206 de la Ley de Amparo, relacionado con el 215 del Código Penal Federal y su probable responsabilidad, por las razones expuestas en los considerandos 6o. y 7o. del dictamen emitido por la Sección Instructora.

“Segundo. En términos del párrafo séptimo del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ciudadano Andrés Manuel López Obrador, queda separado del encargo de Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en tanto esté sujeto a proceso penal y en consecuencia a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley”.

Así comenzó el obradorismo. Desde ese 7 de abril de 2005 tuvo tres ideas que serían cruciales para la vida pública del país: que la justicia no se agota en la aplicación de la ley, es decir, que haber estudiado derecho no te hace justo; que la transición a la democracia era sólo ir a votar por el mismo proyecto dividido en dos partidos; y que la política desde abajo, desde los López, podría sacarnos del abismo en el que lo había metido Vicente Fox.

Ahora que reviso la sesión de la Cámara, me topo con dos nombres. María Estela Ríos González y Maricela Morales Ibáñez. Ambas son candidatas para ser electas por nosotros en el Poder Judicial. Una, María Estela, era la abogada de Andrés Manuel. La otra, Maricela Morales, era, junto con Carlos Javier Vega Memije, Alejandro Ramos Flores, Gilberto Higuera Bernal, Elias Gabino Troncoso Calderón, parte de la acusación falsa, maquinada, contra el Jefe de Gobierno. Así quedaron en la historia: una, del lado de la democracia; la otra, atentando contra ella. Una, del lado de la justicia. La otra, en su utilización para fines políticos. Maricela Morales, luego, sería cómplice de Genaro garcía Luna y Felipe Calderón en la entrada de armas desde Estados Unidos a los narcos mexicanos, en Rápido y Furioso. Carlos Cortés Barreto fue el ministerio público que convalidó el atraco. ¿De qué se le acusaba a Andrés Manuel esa tarde de hace 20 años? De construir un camino para conectar un hospital. Lo acusaba la Promotora Internacional Santa Fe, que le había vendido a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el 10 de diciembre de 1998, tres mil 205 metros cuadrados para la construcción de un tramo de la autopista México Toluca. Pero se trató de agandallar 8 mil metros que no le correspondían y demandó que el gobierno le comprara el terreno que ya no era de ellos. El dueño oficial era un tal Federico Escobedo Garduño, pero salieron más dueños, por ejemplo un tal Mayolo Soto Segura, cuya mamá tenía una escritura fechada en el año de 1895. Es decir, ni la inmobiliaria tenía la propiedad y había muchos que reclamaban ser dueños. Ah, pero, como veremos más adelante en esta columna, todo se convirtió en la defensa del Estado de Derecho.

Javier Vega Memije, un tinterillo del ministerio público de Fox y Macedo de la concha, estaba diciendo ese día por la pantalla en el Zócalo: “Resulta falso y tendencioso lo que ha venido sosteniendo el Jefe de Gobierno del Distrito Federal en el sentido de que se le quiere castigar por abrir una calle y beneficiar así el acceso a uno de los hospitales privados más caros del país. No, señores diputados, estamos aquí porque se desafió y se desobedeció el mandato del Poder Judicial de la Federación. La ley es el único límite a la arbitrariedad. Si permitimos su violación por parte de las autoridades, consentimos el autoritarismo como forma de gobierno”. Aquí hago una pausa: ¿Ven desde cuando el PRIAN acusa de “autoritarismo” a la izquierda? Sigue Vega Memije: “¿Cómo vamos a tener una justicia sólida si las autoridades no nos sujetamos a la ley y las determinaciones del Poder Judicial? Las instituciones y las leyes fueron hechas para proteger al ciudadano del abuso del poder; cada una de ellas es un referente de derechos y obligaciones. No sería ético ni justo que su cumplimiento significara una exigencia para los ciudadanos y una exención para las autoridades. El fuero no se concibió como un privilegio para los gobernantes o como una patente de impunidad; se concibió como un voto de confianza sobre la probidad de su comportamiento.

“No podemos distinguir en la aplicación de la ley: la ley se aplica o no se aplica; las resoluciones judiciales se cumplen o no se cumplen. Lo que no es concebible es que se alegue, como lo hace el Jefe de Gobierno, que en diversos casos del pasado ha habido impunidad. En primer término, habría que responderles que la Procuraduría General de la República en todos los casos ha actuado conforme a derecho y, en segundo lugar, debe decirse que es inaudito su atrevimiento para invocar la supuesta impunidad de otros casos para alcanzar impunidad para él. Esto no se puede permitir; resulta ominoso para cualquier hombre, y más para un servidor público, alegar la impunidad de supuestos abusos de poder para tratar de lograr impunidad para él. Si eso fuera válido, habría que aceptar que cualquier delincuente alegara perversamente eso para lograr impunidad; y eso sería sin duda renunciar al Estado de derecho.

Esta desobediencia recurrente sólo confirma el desprecio del Jefe de Gobierno del Distrito Federal a las órdenes judiciales; es decir, al Estado de derecho. Resulta evidente que el delito se consumó, que se causó un daño a la eficacia del juicio de amparo y a los derechos del particular que promovió el amparo, del que deriva toda la controversia. Por esos daños, por la desobediencia en que incurrió el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ahora es obligado que se restituya o que se indemnice al particular afectado en sus derechos. Esta desobediencia causó un doble perjuicio a los intereses de la Ciudad de México: primero, se gastaron recursos económicos muy importantes para continuar una obra en forma totalmente ilegal, ante la determinación de un juez de que ésta debería haberse suspendido. Señoras y señores legisladores: en el México de nuestro tiempo, que vive cambios trascendentes, hemos logrado un avance significativo en el ámbito democrático, cuando hemos alcanzado mayor participación de los ciudadanos en las decisiones públicas, cuando la inmensa mayoría de los mexicanos hemos apostado a la fuerza de las instituciones por la pluralidad y por la solución pacífica de nuestras controversias, cuando se moderniza nuestro marco normativo para lograr legalidad y transparencia en los actos de toda autoridad, cuando todas las fuerzas políticas han refrendado en innumerables discursos su compromiso con la legalidad. El dictamen mayoritario de la Sección Instructora propone que este honorable Pleno vote a favor de la declaración de procedencia solicitada. Es un dictamen a favor de la legalidad y apoyado en pruebas sólidas, y –lo más importante– en determinaciones firmes del Poder Judicial de la Federación. El Jefe de Gobierno desobedeció durante 11 meses una suspensión definitiva otorgada por un juez dentro de la tramitación de un juicio de amparo. Eso, para la ley, es un delito. Por ello votar a favor del dictamen es votar en contra de la impunidad, es favorecer la vigencia del Estado de derecho, es favorecer la estabilidad de las instituciones jurídicas del país. Con enorme costo publicitario y en la estrategia de victimizarse, el Jefe de Gobierno ha pretendido que lo identifiquen con vidas ejemplares, como las de Mandela o Gandhi; empero, estos personajes fueron individuos atropellados por el poder. Pero el señor López Obrador es quien desde el poder ha atropellado los derechos ciudadanos.

Sigue Vega Memije: “Como estrategia de medios y con propósitos meramente políticos, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal ocupará esta tribuna para cuestionar todo lo habido y por haber, para atacar a personas e instituciones o para autoerigirse en el abanderado de las causas populares. Lo que no podrá hacer nunca será justificar el abuso de poder que ha realizado desde su cargo, al desobedecer la orden de un juez, en violación de la ley, en agravio de la sociedad mexicana. (Escándalo en el salón.) ¡Nadie puede decir que la aplicación de la ley no es justa! La justicia no la determina un solo individuo. La justicia es la síntesis de las aspiraciones de un pueblo; y en México, la expresión del pueblo está en sus leyes”.

Por supuesto, el Zócalo a estas alturas ardía en mentadas de madre, burlas, y chiflidos al orador. A veces no se podía escuchar lo que decía. Pero no importaba, porque ya sabíamos qué decía.

Siguió la sesión. Habló el Diputado Álvaro Elías Loredo del PRI: “Estado sin derecho es un simple fenómeno de mando. El derecho sin la fuerza es impotencia, pero la fuerza sin el derecho es la barbarie. La disyuntiva es simple: dejamos en claro de una vez por todas que queremos que en México se respete el Estado de derecho, o dejamos constancia de que a gritos y sombrerazos cualquiera puede convertir su capricho en ley”. De nuevo, la idea de que Andrés Manuel no tiene un proyecto de nación, sino que obedece a puros “caprichos”.

Jorge Romero Romero del PRI. “Que participe o no el señor López en un proceso electoral es asunto que compete a un juez y a un probable delincuente. Con este acto México evoluciona en su Estado de derecho. Posiblemente a algunos inversionistas y a unos mercados los inquieten algunas cosas, sobre todo las amenazas a los políticos, al Estado de derecho, las movilizaciones sociales, y eso es responsabilidad del gobierno de la Ciudad de México. ¡Sólo recurre a la fuerza quien no tiene la razón jurídica!” Aquí hago un alto necesario: para este Diputado del PRI la manifestación en el Zócalo es “uso de la fuerza”. No, si por eso, aplaudieron la matanza del 2 de octubre de 1968. Sigue el priista de Hidalgo: “Un político con fuero atentó contra el amparo, contra las garantías individuales, contra la ley; y está en nosotros la defensa de esos valores. Votar contra el dictamen sería traicionar a los ciudadanos, su historia, pero sobre todo el futuro posible de un México mejor”.

Y vino el del PAN, Federico Döring Casar, quien sin miedo al reduccionismo barato, dijo: “Éste es un falso debate porque no estamos hablando de una callecita para un hospital; estamos hablando de un acto de arbitrariedad de un gobernante y el amparo sobre todas las normas jurídicas existe”. Y se preguntó Döring: “¿Qué dirían los habitantes de Texcoco si el Presidente Fox hubiese continuado durante 11 meses el trabajo del aeropuerto de Texcoco? Seguramente estarían agraviados y seguramente habría daños irreparables”. Lo que no dijo Dóring es que Fox paró las obras del aeropuerto de Texcoco porque se levantaron los pueblos en torno a San Salvador Atenco y que sufrirían una represión brutal menos de un año después, venganza de Fox ejecutada por el gobernador Peña Nieto. Döring siguió sin miedo al ridículo en tribuna: “Por eso, señor López, el Presidente Fox sí tiene calidad moral para hablar de este tema porque él sí respetó una suspensión provisional, que no definitiva, y no hubo, aunque pese al inculpado López, ningún recurso de queja porque ahí se cumplió la ley. ¿Qué diría un preso si se tardara 11 meses la autoridad en dar cumplimiento a un amparo contra un acto de formal prisión? Pues la gran ironía de la odisea que propone el señor López. ¿Qué diría si obtuviera el amparo que dice que va a buscar, para que no se lo priven sus derechos electorales, si la autoridad tardara 11 meses en restaurarse? Seguramente no diría lo que ha dicho aquí el día de hoy.

El Diputado Jorge Uscanga Escobar del PRI fue más filosófico. Dijo: “Popularidad no implica impunidad, y mucho menos para violar la ley. Si fuera el caso, de ninguna manera justifica ni puede justificar o facultar a un servidor público para desobedecer un mandato judicial fundado en la Constitución y en la Ley de Amparo; tampoco se puede alegar que un ilícito de esta naturaleza no debe ser perseguido y sancionado por cuestiones políticas.

Ante estas falsedades, intervino Horacio Duarte Olivares: “Lamento que en este Jurado una curul esté vacía, la curul del señor Emilio Chuayffet, que es jurado y no está en el debate, ni está escuchando los argumentos. ¡Lastima de Jurado! Por cierto, agradezco al secretario de Gobernación, Santiago Creel, que nos haya mandado su discurso a través de su vocero, el subprocurador, que vino a hacer uso de la tribuna, porque jamás el subprocurador trajo elementos jurídicos de acusación. Vino a hacer, vino a hacer elementos políticos, juicios de valor”.

Vino, entonces, el circo de Juan de Dios Castro del PAN. Leo lo que dijo sin hacer el menor comentario: “Un hombre soberbio, acostumbrado a que "a mí no me van a hacer absolutamente nada"? No, le voy a decir el pensamiento de don Andrés. Él tenía pensado…” El Zócalo, al unísono empezó a gritar que cómo sabía qué pensaba Andrés Manuel. Juan de Dios siguió: “Sí, porque hay una prueba, hay una prueba que se llama presuncional y la presun...¡Sí, don Pablo, órale! Estoy dando argumentos jurídicos contenidos en el expediente. Sí. El derecho penal establece que no puede castigar el pensamiento, pero cuando se traduce en actos externos, como –por ejemplo– tratándose del homicidio premeditado, el derecho penal permite saber qué pensaba el homicida”. Aquí ya hasta la Cámara de Diputados era un carnaval de mentadas de madre. “¡Está borracho!”, gritaba la gente en el Zócalo. Juan de Dios se defendió: “Señores, señores legisladores: pega, pero escucha; pega, pero escucha. Era el dinero, era el dinero”, y así se fue Juan de Dios Castro casi sacado por el cuello con el mango de un bastón.

Pablo Gómez, defensor de Andrés Manuel, lo dijo así: “El PRI ha venido aquí a acusar al Jefe de Gobierno de despojo. No, se le acusa de no obedecer una orden de un juez, pero no de despojar a una sociedad anónima de capital variable. Déjenselo al PAN o cámbiense de partido, lo que veo que ya están haciendo. Cámbiense del partido, para el PAN, puesto que son hoy día, en este Jurado de Procedencia, el cabús del Presidente panista, Vicente Fox, ustedes, los del PRI. Y el Ministerio Público ha venido aquí a hacernos una arenga política en contra de las manifestaciones públicas; sí, del ejercicio de la garantía de reunión y de petición, por boca del Ministerio Público, que debe representarnos y defender el ejercicio de nuestras garantías. Hablar de política, no de la aplicación de las leyes, Vega Memije, portavoz de un general, Macedo de la Concha, procurador de un gobierno panista, reciclados vergonzantes, puestos al servicio del poder. Ya tuvieron su oportunidad de ejercerlo; hoy hacen lo que les ordena tal y como fueron, tal y como fueron educados, tal y como fueron educados los que dijeron en un inicio “no al desafuero” y hoy van a venir a hablar aquí en favor del desafuero. Eso se llama "obediencia al poder", eso se llama "sometimiento", eso se llama "renuncia de la conciencia propia" para estar al servicio del jefe, eso se llama "politiquería", de la que está harta este país. Señoras y señores: ha quedado en evidencia completa que los accesos al predio El Encino no existían en el momento de la solicitud de amparo y, por tanto, tampoco en el momento en que el juez dictó la suspensión definitiva que ordenaba no bloquear dichos accesos. El corte del terreno ya se había hecho. Así, toda la causa del desafuero es inexistente. Señor: no hay causa porque no había accesos de predio alguno. Las obras se suspendieron, la resolución del juez se cumplió. Y esto, señores, es una farsa, iniciada por el Presidente de la República. Y yo dije alguna vez a ustedes, señores del PRI: "se les está haciendo agua la boca con lo del desafuero"; lo dije hace 9 meses en esta tribuna. El Presidente de la República inicia la aventura del desafuero y al PRI se le hace agua la boca, chorrean, les sale espuma por la boca”.

Así terminó la sesión. 360 votos votaron por desaforar a López Obrador; 127 en contra y 2 abstenciones. “Desaforaron a Andrés Manuel”, se decían incrédulos en el Zócalo. Una señora se enjugó las lágrimas, levantó su puño izquierdo, y empezó a gritar: “Si vas a la cárcel, vamos todos, vamos todos”.

Lo que siguió, el 24 de mayo, fue la marcha que juntó a más de un millón de personas de todo el país en el centro de la capital para evitar que metieran a la cárcel al dirigente político y el líder social más importante de la izquierda. Lo defendimos y Fox tuvo que recular. No por mucho tiempo: empezaría el diseño del fraude electoral que llevaría a Felipe Calderón a la Presidencia, la toma de posesión entre empujones, y la guerra contra el narco dirigida por un narco.

Pero ese día, hace veinte años, señala el inicio del movimiento que triunfará en 2018. Y por eso he hecho esta columna. Porque sin memoria no hay entendimiento de nuestro presente.

Fabrizio Mejía Madrid

Es escritor y periodista. Colabora en La Jornada y Aristégui Noticias. Ha publicado más de 20 libros entre los que se encuentran las novelas Disparos en la oscuridad, El rencor, Tequila DF, Un hombre de confianza, Esa luz que nos deslumbra, Vida digital, y Hombre al agua que recibió en 2004 el Premio Antonin Artaud.

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