No censuramos, dice Claudia a radio y tv // Día 13 en la Suprema Corte de Justicia // El
chavoFox convoca a la marcha Z
Un acercamiento, pero…
La corrección política reclamó su espacio y la presidenta Sheinbaum asistió a la convención de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT). Su mensaje: “Desde el gobierno de México lo decimos con claridad: no reprimimos, no censuramos, no limitamos nunca la libertad de expresión, creemos y confiamos en ella. Por el contrario, la defendemos porque entendemos que sin libertad no hay democracia y sin democracia no hay justicia”. Ninguno de los presentes podría negarlo. El presidente de la cámara, José Antonio García Herrera, la recibió con estas palabras: “Le reconocemos y agradecemos la apertura que tuvo para el diálogo frente a las reformas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, privilegiando siempre la libertad de expresión, información y opinión”. ¿Terminará la campaña de medios contra la Presidenta a partir de ese feliz encuentro? No. El problema es de pesos.
Hank, Salinas Pliego
Sorprendió a la gente de Baja California que entre las casas de juego y apuestas lavadoras de dinero que exhibió el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, no fuera mencionada ninguna de Jorge Hank Rohn, el ex alcalde de Tijuana. Es sabido que tiene presencia en varias ciudades. Trascendió que dos pertenecen al Grupo Salinas, pero el empresario Ricardo Salinas Pliego rechazó que estuvieran relacionadas con ilegalidades. Para algunos el número 13 es de mala suerte, para otros, no. Se espera que hoy la Suprema Corte de Justicia resolverá sin apelación varios litigios fiscales de Salinas Pliego contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Ha dicho que quiere pagar, pero que el SAT no le ha dicho cuánto debe. La presidenta Sheinbaum, a su vez, ha manifestado que el empresario tiene a su alcance, como cualquier otro contribuyente, los recursos para liquidar su adeudo que establece el Código Fiscal. Salinas Pliego es pesimista, no espera un fallo a su favor de la Corte. Es día 13.
Díselo a Claudia
Asunto: regularización de autos
La regularización de miles de vehículos está impedida por la disposición de no aceptar aquellos con “Repuve previo”; son unidades con “placas estatales”, pero sin importación, y que alcanzaron a generar un registro en Repuve. La necesidad social es que la Secretaría de Seguridad, que tiene control sobre Repuve, desbloquee la regularización de estos vehículos, sólo los modestos. Eso sería el reconocimiento de una enorme necesidad social y un acto de justicia para quienes su economía sólo les permite ese alcance. De paso se fortalecerá la recaudación pública, que más que buena falta hace a municipios y estados.
José Zavala Álvarez
Twiteratti
El 15 de noviembre marchemos por… los que siguen creyendo en un México justo.
Vicente Fox Quesada @VicenteFoxQue
R: Chente es uno de los chavos que convocan a la marcha del movimiento Z.
X: galvanochoa ,Facebook: galvanochoa, TikTok: galvanochoa, Instagram: galvanochoa
El aspirante a Bukele mexicano ha desarrollado en las horas recientes un libreto de atropellado aspiracionismo épico: apareció en un video con bandera mexicana a un lado y estandarte de la Virgen de Guadalupe del otro, cual Tío Richie Hidalgo y Deudilla, con un discurso más propiamente de desahogo emocional; en otra grabación quiso mostrarse como experto capitán marino en una nave sin indicios de estar activada, indicando el riesgo de girar a la izquierda pero moviendo un brazo a la derecha, citando los lados de la embarcación como izquierda y derecha y no como babor y estribor y, para colmo, con un viandante de camisa roja caminando a un lado a mayor velocidad, obviamente, que la nave estacionada (Salinas Pliego recomendó no entregar el timón a un pendejo y él mismo quedó como un… pensador maltrecho).
Las protestas y enojos de Salinas Pliego tienen como contexto que es un ángel caído del paraíso de los grandes capitales prósperos. Bloomberg publicó que cuatro de las cinco personas más ricas de México tuvieron en promedio 30 por ciento de mayores ganancias en el primer año del gobierno actual. Slim (28.9), Larrea (con 48.8; quién lo iba a decir: uno de los empresarios más confrontados con el obradorismo ha sido el más beneficiado en los siete años de la 4T), Bailleres (86) y Aramburuzabala (9.1 por ciento en seis meses) crecieron su patrimonio.
En cambio, la fortuna de Salinas Pliego ha tenido el infortunio de caer 33.2 por ciento de octubre del año pasado al martes 11 del mes en curso. Es decir, sin tomar en cuenta el impacto que tendrá la resolución de la Corte sobre los adeudos fiscales largamente litigados por el Grupo Salinas. Tampoco se consideran los pagos obligados que deberá hacer en Estados Unidos a acreedores a los que juzgadores de ese país han abierto la puerta para tales cobros.
Acentuado, pues, el infortunio de su fortuna (heredada y luego potenciada por arreglos con los Salinas de Gortari a partir de la privilegiada compraventa de Imevisión, ahora Televisión Azteca), el dueño del Grupo Salinas ha girado en busca de posicionamiento político que le abra puertas de resarcimiento patrimonial como el que en su tiempo tuvo otro entreguista a los intereses de Estados Unidos, Vicente Fox, quien llegó quebrado a Los Pinos y salió nuevamente enriquecido, al igual que su pareja, Marta Sahagún, y familiares de ambos.
Por ello, desde ahora promete ejercer, a imagen y semejanza de Bukele, una presidencia de mano dura, ajena al estado de derecho cuyo abatimiento en México tanto dice lamentar, orgullosamente violatoria de derechos humanos y sometida a Estados Unidos.
Tales tonalidades no le son extrañas. Apenas había dejado Luis Cárdenas Palomino de ser el segundo mando en importancia del equipo del narcopolicía Genaro García Luna, cuando, en enero de 2013, se integró como director de Adamantium Private Security Services, empresa de Salinas Pliego especializada en servicios de vigilancia y espionaje (reportaje de Mathieu Tourliere, en Proceso, 2019: https://goo.su/Nm5Yf). Cárdenas Palomino está preso por una pizca de su amplio historial delictivo.
Así que, en su desesperada búsqueda de convertirse en un gobiernícola compensatorio de infortunios actuales, Sardinas Friego sería la lúdica adaptación de tales apellidos que prometen amontonamientos carcelarios y captura sólo de peces pequeños; todo, a cargo de quien, además, libertario siempre en busca de lucro, probablemente se asignaría concesiones presupuestales para operar tales reclusorios, privatizados. ¡Bukele vive, Sardinas sigue! ¡Hasta mañana!
X: @julioastillero, Facebook: Julio Astillero, juliohdz@jornada.com.mx
Todo legal; no es persecución
El barón de los abonos chiquitos y los intereses de usura opera bajo una premisa: “Entre la patria y el patrimonio, nunca hay duda: primero el patrimonio y después, también”, y en consecuencia hoy se disfraza de “mártir de la democracia”, porque, tras 16 años de sucio litigio, le llegó la hora: este jueves, la Suprema Corte de Justicia de la Nación fallará en su contra, por lo que debe pagar hasta el último centavo de impuestos evadidos desde, cuando menos, 2008, y ya sin la protección de “impartidores de justicia” (como Norma Piña y Luis María Aguilar) y políticos a su servicio.
Y Ricardo Salinas Pliego, ahora declarado ferviente guadalupano, ya no siente lo duro sino lo tupido, porque ya no es sólo la voluminosa evasión fiscal y la gruesa factura que debe cubrir al SAT ni la posibilidad de que termine en una cárcel de Nueva York, sino que ahora acusan a un par de sus empresas (léase casinos) por presuntamente lavar dinero, lo que también son palabras mayores.
Sobre esto último, La Jornada (Dora Villanueva) lo informó así: “La Secretaría de Hacienda identificó 13 casinos donde se detectaron operaciones posiblemente relacionadas con lavado de dinero. ‘Por su alto riesgo financiero’ fueron bloqueados por la Unidad de Inteligencia Financiera ‘para evitar que sean usados por el crimen organizado’ y la Secretaría de Gobernación dispuso la suspensión inmediata de los establecimientos”.
De ese universo, dos son filiales de Tv Azteca (Ganador Azteca y Operadora Ganador Tv Azteca), cuyos permisos (por 25 años, renovables) fueron otorgados en 2018 como un regalo de despedida de Enrique Peña Nieto. Ello es similar a lo que, como secretario de Gobernación, hizo Santiago Creel Miranda, aunque con un matiz: en 2005 y poco antes de dejar esa cartera, otorgó más de 300 permisos para esa actividad (la mayoría a Televisa) como moneda de cambio para que la televisora lo promoviera, “vigorosamente”, en sus pantallas como candidato panista a la Presidencia de la República, algo que, por cierto, se le apestó. Por cierto, “Ganador Azteca también es parte acusada de la demanda que promovieron los acreedores de la televisora en la Corte Suprema del estado de Nueva York” ( ídem).
Y si el de los abonos chiquitos se retuerce y patalea con el pago de impuestos y la posibilidad de visitar la cárcel neoyorquina, entonces la presunción de que en esos dos casinos de su propiedad se lava dinero, pues de plano le da fiebre, y por ello se subió a su barquito de 150 millones de dólares para estar lo más alejado posible de territorio mexicano.
La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al tema Salinas Pliego: “Todas las investigaciones, tanto las que hace el SAT como las que hace la Unidad de Inteligencia Financiera, tienen sustento legal; no hay nada que tenga que ver con un asunto político. Incluso en el caso de la deuda fiscal son asuntos que vienen, algunos, desde 2008. Entonces, todo tiene sustento jurídico, tiene sustento legal”, incluyendo pruebas de lavado de dinero.
Las rebanadas del pastel
Más allá de maquillarse y vestirse como aspirante a Miss Universo, ¿qué hace la “gobernadora” Evelyn Salgado, en qué nube vive?, porque el ignominioso “homenaje” que rindió al asesino y corrupto Rubén Figueroa no sólo es algo inconcebible en un gobierno que dice ser progresista, sino una descarada falta de respeto a las miles de víctimas mortales de este despreciable cacique, represor y una de las cabezas de la guerra sucia en Guerrero. Bien lo advirtió el representante de la coordinadora de comisarios ejidales de esa entidad: “No conocen la historia del estado y todavía tienen el descaro de hacerle ese homenaje”.
Cabe felicitarse porque esta investigación de meses haya comenzado a rendir frutos en el desmantelamiento de lo que parece ser una red internacional de blanqueo de capitales por medio de empresas que siempre han estado bajo sospecha debido a la facilidad con que se prestan a la comisión de ilícitos, así como por la tenue línea que separa sus actividades del mundo criminal.
No puede olvidarse que el origen de los casinos tal como hoy los conocemos se remonta a la década de los 40 en Estados Unidos, donde el remoto pueblo desértico de Las Vegas fue súbitamente convertido en la capital mundial de las apuestas, el espectáculo y la prostitución como parte de un pacto tácito entre las autoridades estadunidenses y las grandes familias de la mafia, las cuales encontraron en los casinos la vía ideal para legalizar y multiplicar las ganancias obtenidas en sus actividades ilícitas (incluido, paradójicamente, el propio juego, que seguía prohibido en la mayor parte del país). En el caso mexicano, es inevitable señalar las múltiples sospechas y señalamientos de corrupción en la entrega de permisos para la operación de casinos en los sexenios de Vicente Fox y Enrique Peña Nieto, así como bajo el calderonato. En el primero de esos periodos, Fox y su secretario de Gobernación, Santiago Creel, otorgaron 340 licencias, más que las 229 concedidas entre 1970 y 2000.
Por estos motivos, la sociedad y las autoridades no involucradas en hechos irregulares siempre han tenido una mirada crítica hacia negocios que, siendo legales desde un punto de vista jurídico, resultan intrínsecamente nocivos para las comunidades donde se asientan, a donde llevan la adicción de la ludopatía, la bancarrota a personas de todos los estratos y una extracción de recursos que podrían tener mejores usos. Si a ello se añade su probable función de fachadas para el lavado de dinero, queda clara la importancia de proceder con toda la fuerza institucional del Estado, por más que los delincuentes de cuello blanco detrás de estas operaciones gocen de prestigio social al moverse en los círculos más altos del empresariado.
En cuanto a las voces que intentan desacreditar las investigaciones de la SHCP y la SSPC con la especie de que se encuentran motivadas políticamente, cabe recordar que las pesquisas cuentan con la colaboración del Departamento del Tesoro estadunidense, instancia a la que no se puede calificar de cómplice o simpatizante del gobierno mexicano. Asimismo, es necesario tener en cuenta que el lavado de dinero es una de las actividades criminales más nocivas, por cuanto es a través de ella que los delincuentes concretan las ganancias obtenidas en todos sus demás rubros, desde el narcotráfico, el secuestro, la extorsión y la trata de personas con fines de explotación sexual, hasta la evasión fiscal. Por ello, el combate al lavado golpea al corazón mismo de la criminalidad al privarlo del dinero en el que encuentra su razón de ser.
Carlos Fernando Cárdenas Amaro
No siempre el ritual o la fiesta son objeto de manifestaciones coloridas, nutritivas y sonoras, situación que se presenta cuando no se sabe dónde están los muertos, bien porque carecen de tumba conocida (los desaparecidos), bien porque ingresaron al doble mundo de lo ignoto por la vía de la fosa común.
Uno de nuestros muertos célebres, por no tener tumba conocida, es el clérigo lancinante que fue Servando Teresa de Mier. Al ser exhumados sus restos mortales se encontró con que estaban momificados. Tras cierto trasiego cayó en manos de un “mercachifle” –como dice Christofer Domínguez–, después en las de un empresario del entretenimiento. Nadie sabe para quién se muere. Pero de ese destino un tanto bochinchero, alguien más listo que aquel empresario parece haberla hurtado. Desde entonces se desconoce su paradero y viene a ser uno de los huéspedes ausentes de la Rotonda de las Personas Ilustres. Experto en fugarse de la decena de prisiones que le asignaron como castigo a su “herejía, apostasía y sedición”, permanece fugado hasta nuevo aviso.
Recientemente recordé al famoso dominico en una conferencia sobre su participación parlamentaria y en torno a la invitación que me hiciera el ayuntamiento de Arteaga, Coahuila, para hablar acerca de la historia de la familia Nuncio. Una familia que ha cobrado cierta notoriedad a raíz del hallazgo de sus ancestros documentados, hasta ahora, en calidad de momias. El motivo fue la celebración del decimoquinto aniversario del museo donde se las exhibe.
Antes de la celebración visité en Saltillo una empresa que climatiza la cultura mexicana de la muerte: el Museo de la Catrina. La bienvenida está a cargo de Petra Escamilla, mi tatarabuela, convertida en momia. Nadie sabe para quien se muere.
Todo empezó cuando unas abejas encontraron residencia en un túmulo cuyas gavetas se hallaban ocupadas por los cuerpos de varias momias: Juan Nuncio y Petra Escamilla (mis tatarabuelos), Pedro Nuncio y Paula Padilla (mis bisabuelos), Clara Nuncio Padilla (tía abuela) y Celia Nuncio Gaona (una tía). Después del hallazgo y el proceso bajo la autoridad del INAH, las momias encontraron acomodo en un museo de historia natural. El proceso de momificación de estos antiguos vecinos del villorrio de San Antonio de las Alazanas, en el municipio de Arteaga, Coahuila, se atribuye a la rápida desecación por las bóvedas de piedra caliza que absorbieron la humedad. A partir de 2015, cuando se le dieron al museo las características que hoy muestra, el pueblo ha experimentado un veloz crecimiento y hoy está convertido en un pequeño pero intenso centro turístico. El contagio citadino está presente en el paisaje humano y urbano: shorts, tatuajes, hoteles, un motel, cafés y restaurantes al aire libre, falta de estacionamientos.
En la historiografía local se conoce a los primeros Nuncio de San Antonio como “los fundadores”. A su genearca se le registra como testigo del movimiento de Independencia, a su hijo como partícipe en la guerra de Reforma (otro Nuncio, un general de nombre Jesús, que forma parte de la nomenclatura vial de Saltillo, combatió al imperio francés y a los filibusteros estadunidenses), y a los hermanos Abraham y Máximo Nuncio, y sus hijos, la tercera y cuarta generaciones, como milicianos constitucionalistas en la Revolución Mexicana.
La calle Reynaldo Nuncio cruza la de Pedro Nuncio y ésta a su vez con la de Abraham Nuncio. Un día le dije a un vecino que yo era el tal, y que estaba viendo la posibilidad de llevarme esa calle a mi casa. “No –me dijo–, apenas que hable con el municipio.”
Los Nuncio aparecen temprano en el Saltillo colonial, según varios expedientes legales en su archivo municipal. Esta ciudad fue fundada en 1577 y sus vecinos de tal apellido están registrados en documentos que datan del primer lustro del siglo XVII. Mi hipótesis: debieron venir de Portugal (allá existe, como referencia, una ganadería Branco Nuncio). Acaso entre las familias que reclutó Luis Carvajal y de la Cueva para “colonizar” el territorio norte de la Nueva España al cual dio el nombre de Nuevo Reino de León. Varios de los hombres de Carvajal fueron a dar a Saltillo, lugar fundado por otro portugués: Alberto del Canto.
Las más recientes generaciones Nuncio dejaron su huella en donde luego aparecerán sus ascendientes momificados. Arnulfo, hijo de Abraham y mi padre, promovió la electrificación de San Antonio y Óscar, mi hermano, levantó una gasolinería y cedió el predio donde se construyó la escuela secundaria del lugar.
La familia Nuncio, igual que muchas otras, se extendió y aparece en América, tanto en México como en Estados Unidos. En ella hay desde taqueros (en Monterrey los Tacos Nuncio son famosos por sus “tacos rojos”) hasta momias, y en medio un sinfín de profesiones.
Volviendo a la bochinchera y ladina, el festejo hace que en San Antonio, el Día de Muertos, como dijera Carlos Monsiváis, descanse en paz.
Las muertes individuales o en el marco de cierta contabilidad pueden ser materia de poetas, narradores y filósofos. Más allá, cuando los individuos mueren por genocidio o guerra en cientos de miles o millones, el ritual o el bochinche pierden todo significado. No hay lugar sino para la denuncia, la condena, el mal recuerdo de la barbarie, casi tan persistente como la muerte entre los seres humanos.
Esta edición número 30 se lleva a cabo en un panorama internacional complejizado por las posturas de diversos líderes mundiales, principalmente Donald Trump, quienes no sólo han dado la espalda a los compromisos medioambientales previamente asumidos por sus naciones, sino que han aprobado políticas de explotación de recursos que suponen el recrudecimiento del deterioro ambiental. Vale la pena recordar que, desde la COP21 de París, los países se comprometieron a la realización de planes quinquenales para limitar el calentamiento global a través de estrategias diferenciadas, pero menos de 10 por ciento han cumplido con dichos planes.
Mientras tanto, el calentamiento global y el cambio climático continúan su curso. El Índice de Riesgo Climático Global 2026 señala que en las últimas tres décadas (1995-2024) ocurrieron más de 9 mil 700 eventos climáticos extremos, con un saldo de más de 830 mil muertes en el mundo. El mismo índice señala que 40 por ciento de la población mundial vive en los 11 países más afectados por estos fenómenos, seis de los cuales se encuentran en Centroamérica y el Caribe.
Por su parte, el programa europeo de monitoreo climático Copernicus concluyó que 2024 fue el año más caluroso jamás registrado, con una temperatura 1.6 grados Celsius mayor a los niveles preindustriales. Se estima, además, que el incremento de la temperatura en el Ártico –cuya tasa de calentamiento es mayor al del resto del planeta– alcance 2.4 grados en los próximos cinco años. Con estos resultados y previsiones, y a reserva de las estimaciones pendientes para confirmar tales cifras, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha señalado que estamos próximos a rebasar el límite de 1.5 grados de calentamiento global acordado 10 años atrás en París. Rebasarlo, en sus palabras, representaría “una negligencia mortal” por parte de la comunidad mundial.
En México, cada año atestiguamos catástrofes socioambientales provocadas por los efectos del cambio climático y las deficiencias de muestras infraestructuras y sistemas de prevención. Este 2025, las inundaciones en el norte de Veracruz, Puebla, Querétaro e Hidalgo mostraron una vez más las consecuencias del calentamiento global y el rebasamiento de las instituciones del Estado para responder atinadamente ante fenómenos meteorológicos de esta magnitud.
En términos de la encíclica Laudato Si, lo urgente es refundar nuestra relación como humanidad con la Tierra. El reto es de tal magnitud que necesitamos reformular nuestros propios marcos teóricos y de acción climática. Teóricos como Jason F. McLennan sugieren que conceptos como la sustentabilidad son ya limitados. En el marco de sus proyectos de diseño y arquitectura regenerativa, McLennan plantea la construcción de edificios que no sean simplemente “menos malos para el medio ambiente, sino favorables para el medio ambiente”. Lo que necesitamos, agrega, es la adopción de una economía ya no sustentable, sino regenerativa, que activamente restaure los sistemas ecológicos y sociales.
En el marco de la COP30, las naciones y sus gobiernos tienen una nueva oportunidad para comprometerse efectivamente a la adopción de medidas ya no paliativas, sino integrales que propicien condiciones para una efectiva transición energética, una cooperación internacional justa en beneficio de los países más vulnerables y una apertura frontal al diálogo con organizaciones y comunidades defensoras de la casa común y el territorio.
No se puede perder de vista que son los países del Sur Global los más vulnerables ante los efectos del cambio climático, mientras que los países más ricos son los que más abonan a la generación de emisiones, sea dentro de sus propias fronteras o a través de sus capitales operando en otros territorios. En este sentido, un efectivo mecanismo de financiación para la prevención de desastres no podría estar desligado de una perspectiva de aportaciones diferenciadas entre las naciones y de un llamamiento urgente a revertir las tendencias de recortes a financiamientos de ayuda humanitaria a nivel global. Además, tal como han exigido quienes se manifiestan en las afueras de la actual sede de la COP, en su mayoría integrantes de comunidades indígenas, un efectivo compromiso socioambiental requeriría de la participación de los pueblos y comunidades en estos espacios, y no sólo de los empresarios y políticos representantes de las naciones.
La oportunidad está de nuevo sobre la mesa, y es urgente que los poderes representados en esta conferencia asuman la gran responsabilidad que está en sus manos antes de que sea demasiado tarde. Mientras tanto, a la ciudadanía global le corresponde la tarea de exigir la adopción y cumplimiento efectivos de los compromisos necesarios y urgentes en favor de nuestro planeta.
Sirva este espacio para honrar la memoria de una gran defensora de los derechos humanos, Blanca Isabel Martínez Bustos, fallecida el pasado 10 de noviembre, quien fuera directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios y referente de la defensa de los derechos fundamentales en México.
A Gregorio lo desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 1996. No llegó a la hora a la que puntualmente acostumbraba pasar por Norma Lorena, en las oficinas del IFE. Su esposa, durante un año, detectó que había gente que los seguía, que cerca de su domicilio los vigilaban. Ubicó los coches en que se desplazaban, sus horarios y hasta su desfachatez para entrar a su casa. Fueron muchos incidentes que Norma documentó, pero Gregorio no les prestó atención. Con la multiplicidad de actividades que desempeñaba como maestro y luchador social, no le daba la vida para detenerse a reflexionar sobre los riesgos que corría. De lunes a viernes viajaba a Cerro Pelón, en la sierra de Tlacotepec, para atender a sus alumnos y a su regreso programaba salidas a la Montaña.
Por su militancia partidista estableció vínculos con organizaciones sociales como el Consejo Guerrerense y la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (Ceteg), lo cual lo colocó en la mirilla de los agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y del Ejército. Con la aparición del Ejército Popular Revolucionario (EPR) se dio una segunda oleada militarista. La masacre ordenada por Rubén Figueroa Alcocer, azuzado por el estratega de la contrainsurgencia Arturo Acosta Chaparro, atizaron la rebelión armada en las costas y la Montaña de Guerrero. En agosto de 1996, el presidente Ernesto Zedillo amenazó con aplicar toda la fuerza del Estado. El Ejército respondió reditando su estrategia bélica, no sólo en Chiapas contra los zapatistas, sino también en Guerrero y Oaxaca contra el EPR.
Ante el abandono de las comunidades indígenas de la costa oaxaqueña, Gregorio no sólo atendía a los niños en la escuela: también tuvo tiempo para conformar la Unión de Campesinos Pobres en Tututepec. Buscó alternativas para crear empleos y mejorar la producción de maíz y frijol. Aprovechó la experiencia de los artesanos de tejas para conformar una cooperativa que elevara los precios y abriera nuevas rutas para su venta. Con los pescadores de Chacahua vislumbró el potencial de su actividad pesquera. Los apoyó para adquirir lanchas y comerciar sus productos. Gregorio se dejó moldear por los saberes de la gente del campo y del mar.
Oaxaca lo llevó en su corazón, pero por las tareas de su partido se fue a Guerrero para vincularse con las organizaciones de base y articular acciones estratégicas para contener la ola represiva protagonizada por el Ejército. Varios luchadores sociales fueron encarcelados y trasladados a penales federales, con la intención de desactivar el malestar social que se propagaba en varias regiones del estado. El Ejército se desplegó en la Montaña y cercó comunidades indígenas como Temalacacingo, municipio de Olinalá. Instaló un cuartel para desmovilizar a la población y capturar a varios maestros y comerciantes señalados de pertenecer al EPR. En 1997 el relator especial de la ONU contra la tortura, Nigel S. Rodley, visitó Guerrero y escuchó más de 30 testimonios de tortura que señalaron al Ejército como el principal responsable.
La desaparición forzada del maestro Gregorio en Chilpancingo se dio tres meses después de la irrupción del EPR, cuando el Ejército tomó el control de las acciones represivas. Encarceló a los líderes más visibles del FAC-MLN, cercó a las organizaciones sociales más combativas y de manera selectiva desapareció a dirigentes que abiertamente denunciaban las atrocidades cometidas por los militares. Gregorio fue víctima del terror implantado por el Estado, que acalló voces discordantes y causó el mayor daño posible a sus familiares. El poder militar y sus órganos de inteligencia siguen intocados.
La perversidad del sistema fue dejar en la indefensión total a las víctimas: los agentes del Ministerio Público no integraron la carpeta de investigación; se mofaron de la esposa al comentarle que ya no sufriera, porque seguramente Gregorio andaba con otra. La Comisión Estatal de Derechos Humanos no le dio importancia al testimonio de doña Norma ni dimensionó la gravedad de la desaparición de un defensor comunitario. Para los visitadores de Derechos Humanos, los incidentes de seguridad que denunció no representaban un riesgo inminente; por eso sólo recomendaron que no salieran tarde de su casa y que no tomaran bebidas alcohólicas. No valoraron el contexto de violencia y criminalización que enfrentan los luchadores sociales de Guerrero. La responsabilidad de los funcionarios es grave, porque a los tres meses desaparecieron a Gregorio. La desesperación de doña Norma ante la indiferencia de las autoridades no le dejó otra alternativa que declararse en huelga de hambre junto con varios compañeros de lucha. A pesar de esta medida extrema, nada ni nadie movió el muro de la impunidad.
Han transcurrido 29 años de la desaparición de Gregorio y el gobierno de la 4T sigue negando que los agentes del Estado fueron los responsables de esta grave violación. El caso se ventiló ante la Comisión Interamericana en 1997. Tuvieron que pasar 28 años para que el Estado mexicano firmara un acuerdo de solución amistosa donde reconoce su responsabilidad por la desaparición forzada del maestro Gregorio Alvarado. Para doña Norma Lorena, lo que el Estado hizo no tiene perdón.
* Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Unos días después de las elecciones históricas que favorecieron a las y los demócratas, pareciera que existe una pizca de esperanza entre la comunidad migrante de que todo estará bien, después de tanta persecución. Esta administración de Donald Trump ha sido peligrosa para todas las nacionalidades, pero para las y los mexicanos ha sido brutal. La retórica antimigrante y la criminalización se han concentrado en nosotros; ejemplo de esto es la cifra que da el ICE de 49 mil 341 personas mexicanas detenidas de enero a julio, muy por arriba de Guatemala, Honduras, Venezuela y El Salvador.
En este maremoto de emoción el triunfo de Zohran parece lógico. La crisis que se vive en Estados Unidos hizo que sectores que usualmente no se involucran en la política salieran a exigir un cambio. Zohran ganó cuatro de los cinco condados de Nueva York; ganó 33 por ciento del voto judío, obtuvo el voto joven, el las diásporas africana, latina y asiática, así como el de la población universitaria. Contrario a lo que ocurrió con la población blanca mayor de 60 años y en el condado de Staten Island –una de las zonas más privilegiadas de Nueva York–, donde ganó Andrew Cuomo. La gran pregunta es qué espera la comunidad migrante indocumentada ante el triunfo de Zohran. La respuesta es clara: justicia. Al cuestionar a Emiliano, del pueblo zapoteco, sobre qué opina del triunfo del próximo alcalde, menciona: “Ojalá detenga todo esto que estamos viviendo con la migración”.
A pesar de que nadie está seguro de lo que pasará en los próximos meses, algunos expertos mencionan que con la victoria de Zohran se tendrá que esperar una mayor presencia del ICE en las calles, así como una potencial llegada de la Guardia Nacional, como ocurrió en Washington, Los Ángeles o Chicago. Lo único cierto es que el triunfo de Zohran nos da esperanza, esa que ya parecía perdida por todas las atrocidades que hemos atestiguado en estos meses. De madres y padres arrestados frente a sus hijos, de mujeres arrojadas contra el piso por migración sólo por clamar misericordia, de hombres de la construcción manteniéndose por horas en los techos para evitar ser capturados, de gente caminando por la calle que es detenida sin razón alguna, y así podemos seguir por horas mencionando los atropellos a los que nos hemos enfrentado.
Por esa razones y muchas otras Zohran ganó; no importó que se nombrara comunista o que sea musulmán. Lo que sí es relevante es que la sociedad estadunidense está dolida, sobre todo la comunidad latina, que ha sido muy golpeada. Ha sido una gran traición la persecución que se está viviendo, pues después de ser el motor de esta economía, ahora somos perseguidos. Ya no vale ser los que todas las noches limpian los grandes edificios de Wall Street, el cocinero que trabaja en la zona exclusiva de Soho, el repartidor de comida que ayudó tanto durante el covid-19 o el conserje de los departamentos del Upper East Side que todos los días amablemente saludan. Ahora ya nada importa, pues somos el epicentro del odio de esta administración, a la cual le interesa hablar por horas contra los inmigrantes que tratar de arreglar la economía estadunidense, que se cae a pedazos. Por estas razones era inevitable la victoria de Zohran, que abre la esperanza para que en las próximas elecciones se haga justicia y, mientras eso llega, desde las comunidades celebramos la victoria de un migrante en Nueva York.
* Integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Con la llegada de Donald Trump a la presidencia y la actualización de la Doctrina Monroe (1823) se retoma el expansionismo territorial del siglo XIX, al estilo de aventureros y filibusteros como estrategia de dominación, amenazando a Canadá con anexar el país a EU, a Dinamarca con la toma de Groenlandia, a Panamá con reconquistar la zona del canal, con lo cual enfila sus baterías de manera temeraria hacia nuestra región, atacando al presidente colombiano, Gustavo Petro, a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y asediando a Venezuela con un despliegue militar inusitado, acompañado de bombardeos a lanchas que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, llama “buques cargados de drogas”, que ya se han tomado la vida de más de 70 personas, lo que laONU al fin califica de asesinatosextrajudiciales.
El Destino manifiesto, que atribuye el dominio de EU sobre el mundo como un designio divino, en realidad ha servido para justificar la geoestrategia de los monopolios bélico industriales y su codicia por los recursos naturales y materia prima estratégica como el gas natural, el petróleo, la energía eléctrica, las tierras raras, etcétera, por medio de políticas en extremo agresivas e intervencionistas.
Hay toda una historia bien documentada por parte de historiadores, investigadores y periodistas de investigación, como el realizado por Gregorio Selser (1922-1991) sobre las intervenciones, invasiones y golpes de Estado realizadas por Estados Unidos como parte de su diplomacia de fuerza, a lo que se añaden los estudios sobre el llamado regime Change o cambio de régimen, como el trabajo recomendado por Jeffrey Sachs de Lindsey O’Rourke llamado Cambio de régimen encubierto ( Covert Regime Change, 2018), el cual documenta 70 casos de operaciones realizadas entre 1947-1989, sólo durante el periodo de la guerra fría, así como 64 de las llamadas operaciones encubiertas.
El acoso a Venezuela, que es sobre todo una obsesión personal del secretario de Estado Marco Rubio, tiene una larga historia, remontándose a los gobiernos de Bush Jr. hasta Trump, pasando por Obama, quien empezó a imponer sanciones a Venezuela. Es como dice Sachs, una política nacida del Estado profundo, totalmente fuera de la ley.
En un sentido parecido, para el geopolitólogo Pepe Escobar, el recientemente fallecido Dick Cheney, vicepresidente en el gobierno de George W. Bush, era el verdadero líder del imperio durante esa época fatídica posterior al 11/S, quien tomó la invasión y destrucción de Irak como un proyecto personal. Aquello era una vicepresidencia aislada del resto del sistema, por lo que se le vincula con lo que es el Estado profundo repleto de ilegalidad.
Ahora, con dos derrotas estratégicas, ¿qué le queda al imperio?, un imperio fuera de control, qué se pueda lanzar contra el sur global, queriendo atacar a África, desestabilizando Libia, dividiendo a Siria en pedazos.
“La administración Trump 2.0 está en camino de perpetrar algo que, en términos de la ley internacional, es absolutamente demencial. ¿Que revela esa desesperación? Entre otras cosas, la interacción absolutamente tóxica entre dos guerra fallidas, la guerra contra las drogas y la guerra contra el terrorismo (Pepe Café “Distopia reina En Washington”, 8/11/25).
Hay cada vez más ciudadanos estadunidenses que rechazan la operación militar en el Caribe y la amenaza de invasión a Venezuela, pero a pesar de las guerras sangrientas y fallidas que EU emprendió desde Vietnam hasta Irak, sigue barajando posibles escenarios de guerra.
Según una encuesta de YouGov del 17 de octubre, 55 por ciento de los estadunidenses estarían contra el uso de fuerza militar frente a 15 por ciento que lo apoyarían; entre los demócratas, el rechazo llega a 73 por ciento frente a los republicanos que alcanzan por ahora 38 por ciento, mientras Time da cuenta de los esfuerzos de la oposición con información falsa para promover un cambio de régimen violento (La iguana TV, 11/11/25).
El despliegue del portaviones Gerald Ford en el Caribe añade incertidumbre. Gran Bretaña suspende el intercambio de información de inteligencia con Estados Unidos porque no quiere ser cómplice de los ilegales ataques militares en el Caribe y Pacífico, “lo que refleja el creciente escepticismo de la comunidad internacional sobre la legalidad de la campaña militar de Washington en America Latina (Noticiero Pulso, Radio Educación), 12/11/25).
En los hechos corresponde a una mera indemnización laboral. Se da el trato de trabajadores a los funcionarios públicos, como ciertamente lo son, pero con la diferencia de que los nombramientos para jueces y magistrados federales, una vez ratificados en el cargo, permitían laborar ahí hasta los 75 años, si no hubiera sanción administrativa. Muchos de los jueces separados del cargo tenían décadas por delante en la función. La indemnización se propuso sin tomar en cuenta los años que faltaban por laborar. El contrasentido deviene en que se paga lo laborado, pero sin establecer cómo se reparará lo que se dejó de trabajar con motivo de la reforma judicial.
Por tratarse de un proyecto de vida, hubo jueces y magistrados que ganaron los concursos respectivos entre los 30 y los 40 años, en espera de estar en la función hasta los 75. Muchos de los juzgadores no alcanzaron la edad para poder acceder a la jubilación: la falta del pago de la indemnización se traduce en la ausencia total de ingresos desde su salida del poder judicial federal, porque en la propia reforma se estableció el impedimento para litigar en el circuito donde estaban adscritos durante dos años. Para peor, el órgano de administración circuló un proyecto en el que se pretendía dejar sin efecto las pensiones compensatorias, aunque esto queda superado con el oficio mencionado donde se establece que se respetarán los derechos laborales, como lo es el pago de la pensión en su integridad, especialmente cuando ya fue determinada por resolución administrativa del entonces consejo de la judicatura federal. Es un derecho básico adquirido como cualquier trabajador.
El pago tardío de esta indemnización resulta un acto de mínima justicia, y debe ser ajustado al salario real, integrado, contemplando todos los ingresos de estos trabajadores judiciales. Así se desprende del inicio del oficio donde se refiere: “ Se cubrirán todas las prestaciones de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación”. Se espera del órgano de administración judicial que cumpla con la reforma constitucional haciendo pagos completos e integrados como una obligación gubernamental dentro del Estado de derecho.
El economista Dean Baker ha hecho una excelente exposición ( Sin Permiso, 8/11/25) sobre los temas involucrados. En primer lugar, demuestra que no ha sido el ACA, que ha presionado hacia arriba los precios de la atención médica. Demuestra que los precios en la década anterior a la aprobación de Obamacare, los costos sanitarios aumentaron 4 puntos como porcentaje del PIB, lo que equivale a más de 1.2 billones de dólares a precios de la economía actual. Por el contrario, en los 15 años transcurridos desde su aprobación, los costos sanitarios sólo han aumentado 1.4 puntos porcentuales del PIB. Así EU paga el doble que la media de otros países ricos, sin que esto se traduzca en mejores resultados. Baker calcula que el gasto en salud total ascenderá a más de 5.4 billones de dólares en 2025, lo que representa 40 mil dólares por hogar o 16 mil dólares por persona. En comparación, Alemania y los Países Bajos gastan alrededor de 6 mil dólares por persona en salud.
La diferencia se explica, según Baker, por el modelo médico vigente en EU. Un primer elemento es el alto costo de los medicamentos, cuya producción está controlada por la industria farmacéutica privada y altamente concentrada. Es así porque las reglas de patentes les permiten prácticamente poner los precios que quieren. Si tuvieran que competir con una industria farmacéutica pública con apoyos públicos a la investigación los precios caerían marcadamente.
Algo semejante ocurre con la industria de los equipos médicos, que han tenido considerables avances durante la pasada década. Promueven sus productos sin demostrar que su uso dé mejores resultados en salud. Para ello cuentan con muchos médicos especialistas, cuyos salarios han crecido aceleradamente y por encima de los de los médicos generales. Es decir, el modelo de atención estadunidense conlleva un alto costo, que además da altos rendimientos a la industria de los seguros, que es otro de los ganadores del modelo actual. Estos tres actores son además los que apoyan las campañas electorales, particularmente de los republicanos.
La preocupación sobre el costo en vidas llevó al senador independiente Sanders y colegas a solicitar a la Universidad de Pensilvania una estimación al respecto. Su respuesta fue que según sus cálculos, la ley de reconciliación, the Big Beautiful Law, resultaría en 42 mil 500 muertes al año. Esto incluye 11 mil 300 decesos debido a la pérdida de Medicaid y 18 mil 200 muertes debido a la pérdida de acceso a medicamentos subsidiados y 13 mil muertes entre personas con Medicaid en los asilos de ancianos debido a las nuevas reglas sobre los mínimos de personal.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario