Esta cifra se estimó considerando que los productos como toallas sanitarias o tampones deben cambiarse aproximadamente cada cuatro horas. Si se toma como referencia un rango de edad de 12 a 50 años, las mujeres utilizan en promedio entre 20 y 30 toallas al mes, es decir, alrededor de 360 al año. En un periodo de 38 años, esto equivale a cerca de 13 mil 680 toallas. Con un costo promedio de entre 2 y 3 pesos por unidad, el gasto total asciende a más de 28 mil pesos a lo largo de la vida menstrual de una mujer.
La situación se complica aún más si se toma en cuenta que, según el informe, el 42.2% de las mexicanas que menstrúan viven en condiciones de pobreza, lo que dificulta su acceso a productos básicos para una gestión menstrual adecuada. Este problema, conocido como pobreza menstrual incluye las barreras económicas y estructurales que les impiden adquirir insumos de higiene, contar con agua potable o disponer de baños en condiciones dignas.
El informe también advierte que muchas mujeres deben priorizar gastos esenciales, lo que las obliga a tomar decisiones difíciles respecto a qué productos adquirir. Estas elecciones, aunque personales, impactan directamente en su bienestar físico, pues al utilizar una misma toalla o tampón por periodos prolongados aumenta el riesgo de padecer infecciones vaginales, de vías urinarias o incluso el síndrome de shock tóxico.
Asimismo, la falta de condiciones adecuadas para una gestión menstrual digna limita el uso de productos reutilizables como la copa menstrual, las toallas de tela o la ropa interior absorbente. Aunque son opciones más sostenibles y saludables, su costo inicial es más alto y requieren acceso constante a agua potable y materiales de limpieza, lo que las vuelve inviables para muchas mujeres. Así, las alternativas más ecológicas y seguras terminan siendo, paradójicamente, las menos accesibles para quienes más las necesitan.
Políticas públicas insuficientes
En México, en octubre de 2021 se aprobó una reforma para eliminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los productos de gestión menstrual. Con esta medida, artículos como una caja con 10 tampones redujeron su precio de 41.50 a 34.86 pesos. El cambio representó un avance importante en materia de derechos reproductivos y equidad de género, ya que reconoció que menstruar implica un gasto constante que afecta de manera diferenciada a las mujeres.
Para alcanzar esta reforma, diversas mujeres y colectivas de la sociedad civil impulsaron iniciativas, entre ellas Menstruación Digna México, que argumentó que el IVA del 16% aplicado a estos productos vulneraba el derecho a la no discriminación y profundizaba la desigualdad socioeconómica entre hombres y mujeres. Gracias a su activismo, el tema de la gestión menstrual logró colocarse en la agenda pública y legislativa.
Sin embargo, a pesar de estos avances, las acciones gubernamentales continúan siendo insuficientes. Si bien 22 estados del país han aprobado leyes que garantizan la distribución gratuita de productos de gestión menstrual en escuelas o centros de salud, en la práctica estas medidas no se han concretado de forma efectiva. Los programas carecen de seguimiento, presupuestos adecuados y coordinación institucional, lo que impide que las políticas se traduzcan en beneficios reales para las personas que las necesitan.
Anahí Rodríguez, integrante de Menstruación Digna México, explicó que en materia de políticas fiscales y sociales no basta con aprobar leyes, sino que es necesario diseñar una hoja de ruta clara que contemple la capacitación del personal encargado de implementar las medidas, la difusión de información pertinente y la creación de mecanismos de evaluación y rendición de cuentas que aseguren su cumplimiento.
Como ejemplo de las deficiencias en la implementación, Rodríguez mencionó el caso de Michoacán, primer estado en aprobar la gratuidad de productos menstruales en escuelas de educación básica. A pesar de la aprobación de la ley, los artículos entregados fueron insuficientes, y el personal docente no recibió orientación sobre cómo, cuándo o en qué cantidad distribuirlos entre las alumnas.
Esta situación evidenció que la existencia de leyes no garantiza su correcta aplicación, y que la falta de planeación puede convertir una política progresista en una medida simbólica sin impacto real.
Aunque en México se han dado pasos importantes hacia una gestión menstrual más justa y accesible, las acciones implementadas siguen siendo insuficientes para erradicar la pobreza menstrual y garantizar el derecho a la salud e igualdad de las mujeres.
La eliminación del IVA representó un avance simbólico, pero la falta de políticas integrales, presupuestos claros y estrategias de implementación efectivas limita su verdadero impacto.
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