Más allá de slogans, frases hechas y narrativas creadas por estudios publicitarios ¿cuál es la diferencia fundamental entre los dos proyectos presidenciales que competirán en las urnas el próximo 2 de junio? Desde mi punto de vista: la visión que cada candidatura tiene del Estado, su función y estructura. Eso está en juego.
Sostengo que el proyecto que encabeza Xóchitl Gálvez es de corte neoliberal, con todo lo bueno y lo malo que esconde esa palabra, ya tan manoseada. Basta escuchar sus discursos, conocer a sus asesores y leer el fondo de sus propuestas de Gobierno. Su proyecto es el de un Estado pequeño que externaliza soluciones al dispersar recursos públicos a entes privados. Para muestra, dos botones: sus propuestas en materia de salud pública y educación.
En salud, la política estrella de Xóchitl Gálvez no pasa por construir infraestructura hospitalaria, sino distribuir una tarjeta (“Mi salud”) que garantice la entrega de medicamentos y acceso a clínicas privadas. La propuesta educativa es similar. No consiste en ampliar la oferta de escuelas, sino en asumir el costo de las colegiaturas de entidades privadas a jóvenes que no entren a las públicas. Es un proyecto que financia la oferta y no la demanda, es Javier Milei en el espejo mexicano.
El proyecto de Gálvez no solo rehúye una reforma fiscal para nutrir las arcas del erario; ofrece eliminar el pago del Impuesto sobre la Renta a quienes ganen menos de 15 mil pesos mensuales, el 49% de los trabajadores mexicanos.
En síntesis: el Estado que imagina Xóchitl Gálvez es uno que gestiona programas, externaliza servicios públicos, interviene en el mercado para subsanar sus poquitos errores y cobra menos impuestos. Es neoliberalismo 2.0. No está bien ni está mal. Es lo que está en juego.
Leo el programa de Claudia Sheinbaum en la dirección contraria. Un análisis de sus propuestas refleja no solo la intención de aumentar y consolidar capacidades estatales; subyace también la idea de un Estado cuyas políticas detonan crecimiento. El examen de sus planteamientos me recordó al libro ya clásico de Mariana Mazzucato y su noción de Estado Emprendedor. Es decir, un Estado que asume riesgos y facilita inversiones. El que perfila Mazzucato es un Estado que se aleja del Leviatán burocrático, perezoso e inercial y se acerca a uno que moldea y genera mercados. Es un Estado que no solo incentiva la inversión empresarial, sino que la dinamiza a través de inversión pública.
Así percibo, por ejemplo, el papel que pretende otorgarle a Infonavit para construir viviendas, el plan de política industrial en el sureste del país y la propuesta de construcción de corredores y parques industriales a mansalva. Pienso inevitablemente en Mazzucato y su Estado Emprendedor cuando leo con atención la propuesta de Sheinbaum sobre infraestructura ferroviaria y su énfasis en el papel que habrá de tener CFE en la modernización de hidroeléctricas, centrales fotovoltaicas, y en general, en dirigir el proceso de transición energética. Esa visión de Estado solo podría materializarse si Sheinbaum se compromete a aumentar la inversión pública, renunciar a la austeridad mal entendida y a emprender una reforma fiscal progresiva —fundamentos que, todo hay que decirlo, el Gobierno de López Obrador ni siquiera se planteó.
El 2 de junio se enfrentan dos visiones de Estado. Una que cree que éste debe limitarse a corregir distorsiones de mercado y otra más audaz que ve en el poder estatal la llave para la “prosperidad compartida”.
A no dudarlo: así como las propuestas tienen alcances distintos, también sobrellevan riesgos diferentes. Cada visión esconde experiencias históricas inenarrables y remite a proyectos fallidos del pasado. Cada una ofrece comparaciones que, según sea el caso, pueden resultar odiosas o muy iluminadoras. Cada una carga con mitos e imaginarios de los cuales resulta imposible desprenderse. Hay héroes y villanos en cada bando, tiros y troyanos.
A pesar de eso (o precisamente por ello) es tan significativo lo que ésta en juego.
Carlos A. Pérez Ricart
Carlos A. Pérez Ricart es Profesor Investigador del CIDE. Es uno de los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (COVeH), 1965-1990. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y una licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Entre 2017 y 2020 fue docente e investigador posdoctoral en la Universidad de Oxford, Reino Unido.
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