.-La
presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tiene una gran
oportunidad en materia de derechos humanos en México para mostrar el
temple de estadista, y, por fin, abrir el camino a la solución de este
mal que en la historia reciente de nuestro país ha sembrado el dolor: la
desaparición de personas.
EL Comité de Desaparición de la ONU, le brinda la oportunidad para aterrizar su compromiso del 17 de marzo de este año “Siempre estaré del lado de las víctimas y de la justicia”.
Y qué mejor que de la mano de la ayuda internacional.
La resolución del Comité de desaparición de la ONU de activar el artículo 34°, está siendo mal leída, y las tribus morenistas han abierto el cuadrilátero para el box de sombras, nadie está atacando ni al gobierno ni a la nación.
La página nuevamente la han corregido las madres buscadoras y las organizaciones que les acompañan, en su comunicado público del 9 de abril, recuerdan que desde hace 14 años vienen proporcionando información al Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (CED) sobre la crisis de desaparición la cual ocurre de manera generalizada y sistemática en nuestro país.
Es decir, las colectivas de búsqueda han documentado la situación en por lo menos tres sexenios, de tres gobiernos políticamente diferentes. El panismo de Calderón, el priismo de Peña Nieto y el morenismo de Andrés Manuel López Obrador. Por tanto, no es una acción hacia un gobierno, sino hacia un fenómeno violatorio de derechos humanos.
Aún más les recuerda que la “obligación de investigar y sancionar estos delitos, así como esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales de funcionarios públicos e integrantes del crimen organizado que han cometido estos abominables delitos, corresponde únicamente al Estado, y no a las familias.”
De acuerdo con la iniciativa Impunidad cero, Entre 2019 y 2022, se registraron 35 mil 669 desapariciones, pero solo se reportaron 141 sentencias condenatorias.
En algunos estados, como Aguascalientes, Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán, no se reportaron sentencias condenatorias por desaparición forzada, es decir aquí la impunidad fue del 100%.
Jalisco donde las madres buscadoras dieron con el Rancho Izaguirre, muestra una vez más la irresponsabilidad estatal, 15 mil 288 personas han desaparecido, según el Registro Estatal de Personas Desaparecidas (REPD Jalisco), razón por la cual ocupa el primer lugar en el país por este delito.
De acuerdo con Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) hasta agosto 2021 solo existían 5 sentencias condenatorias por este delito.
No hay entidad federativa donde no ocurra la desaparición, aun cuando en algunas entidades sea más alarmante.
En cuanto a las mujeres, el estado de México presenta cifras alarmantes respecto a las desapariciones de mujeres y niñas. En 2019, ya era la entidad con el mayor número de desapariciones en el país, con mil 790 casos oficialmente registrados. Desde entonces, la situación no ha dejado de empeorar. Entre enero de 2018 al 25 de noviembre de 2024, 2 mil 322 mujeres y niñas desaparecieron, representando casi el 40% de las desapariciones registradas en la región, según la organización IDHEAS.
El análisis de México Evalúa, señala que las mujeres representa 24% del total de las desapariciones siendo las edades de 10 a 19 en donde se concentran el delito.
A la clase política actual, de corazón guinda, se le olvida que en el informe del Comité tras su visita en el año 2021 reportó que “el Comité recibió información preocupante tanto de autoridades como de víctimas sobre la existencia de diversos patrones en la comisión de desapariciones forzadas que afectan a la gran mayoría de las entidades federativas (anexo 4). Las desapariciones forzadas continúan siendo cometidas directamente por agentes públicos del ámbito federal, estatal y municipal. Además, la delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones, con diversas formas de connivencia y diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos”.
Por ello las madres buscadoras señalan en su comunicado que “Negar a las familias el derecho de contar con mecanismo internacionales –como el anunciado por el CED- y hacerlo además en un contexto donde el país ha sido nuevamente confrontado por el horror, evidenciado por el hallazgo del Rancho Izaguirre en Jalisco, no contribuye a generar un clima de confianza, ni demuestra una verdadera apertura a soluciones, como se ha anunciado desde la presidencia. Lo que necesitamos no son negaciones ni discursos evasivos, sino cooperación, verdad y justicia”.
Presidenta, su compromiso de “nunca ocultaremos nada y la verdad debe prevalecer siempre (…) En mi gobierno no habrá construcción oscura de verdades históricas”, puede concretarlo con acciones auténticas, con aceptación y de lado siempre de las madres y familias buscadoras. No se niegue a ello.
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