LA JORNADA
Benefactores de Trump hacen gran negocio con cárceles para migrantes
Para muchos trabajadores u organizaciones que dependen del gobierno federal, el regreso del presidente Donald Trump al cargo ha significado recortes de empleos, fondos y agencias enteras. De hecho, el Departamento de Eficiencia Gubernamental afirma haber recortado 202 mil millones de dólares .
Pero una industria ha experimentado un desarrollo exponencial y se espera que siga creciendo aún más: la detención de inmigrantes .
“Las empresas de prisiones privadas han estado muy entusiasmadas desde noviembre pasado ante la perspectiva de ganar miles de millones de dólares a expensas de todos los estadunidenses”, dijo Stacy Suh, directora de Detention Watch Network.
Y las empresas se aseguraron de ayudar a que Trump fuera elegido.
Las dos principales empresas de detención de Estados Unidos, Geo Group y CoreCivic, estuvieron entre los donantes más notables de la campaña de Trump el año pasado: sus ejecutivos y subsidiarias proveyeron un total de 2.7 millones de dólares a la campaña del presidente y a los comités de acción política asociados.
CoreCivic incluso donó más de 500 mil dólares para la toma de posesión de Trump este año, mientras que Geo Group contribuyó para la misma ceremonia en 2016.
El “gran y hermoso proyecto de ley” de Trump destinó una suma sin precedentes de 45 mil millones de dólares al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para impulsar la detención de migrantes.
Como las dos mayores potencias de detención en Estados Unidos, tanto Geo Group como CoreCivic tienen grandes posibilidades de obtener grandes beneficios.
Tan pronto como Trump ganó las elecciones en noviembre pasado, el precio de las acciones de CoreCivic experimentó un aumento enorme de casi el doble al pasar de 13.63 dólares por acción a 22.13 en sólo una semana. El precio de las acciones de GeoGroup saltó de 15.13 a 25.05.
CONTRAPORTADA
Comida chatarra captura paladares de niños
La industria de los ultraprocesados –productos que, a partir de técnicas industriales, se modifican para añadir sodio, azúcares y grasas saturadas– “no tiene un compromiso con la salud, sino con el negocio”. Por décadas, “lo que han hecho es debilitar y oponerse a la aplicación de políticas públicas en beneficio de niñas, niños y adolescentes”, coinciden expertos e investigadores de la nutrición infantil.
Su participación en el diseño y aplicación de políticas orientadas a la salud alimentaria y el bienestar nutricional de la población representa, en realidad, un riesgo de conflicto de intereses, alertan al mismo tiempo, las organizaciones Mundial de la Salud y Panamericana de la Salud.
Incluso, los organismos de Naciones Unidas han recomendado establecer mecanismos de blindaje para que empresas del sector “no participen, financien, patrocinen o interfieran en el diseño y evaluación de políticas alimentarias”.
Ante la puesta en marcha en marzo pasado de los nuevos lineamientos que prohíben la venta y publicidad de los productos ultraprocesados en las escuelas; especialistas alertaron que dicha industria busca mecanismos alternativos para “seguir presente” en las escuelas.
Las estrategias, afirman, son diversas: la “donación” de básculas, obsequio de lentes para los alumnos o la promoción de programas deportivos como el Torneo Nacional de Futbol Escolar, que se realizó en todas las primarias públicas del país en el pasado ciclo escolar, así como con el fomento de “programas sociales y de apoyo comunitario”.
El doctor Simón Barquera Cervera, director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud (CINS) del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), advierte que en México una de cada tres niñas, niños y adolescentes enfrentan sobrepeso y obesidad, lo que “en años recientes está muy vinculado al cambio de dieta” en ese sector de la población.
EL UNIVERSAL
Guanajuato bebe veneno desde hace décadas
Los tambos con agua están por agotarse. Es el segundo sábado de julio y la pipa que habitualmente manda el municipio de San Miguel de Allende llegará hasta el lunes. En este terreno árido y poblado de mezquites viven cinco familias que dependen del servicio gratuito que reparte agua subterránea cargada de arsénico y fluoruro, dos elementos que en altas cantidades son nocivos para la salud.
En el hogar de Graciela Hernández ese impacto es desconocido. Su esposo, sus hijos y nietos beben el agua, la usan para cocinar y para quitarle la sed a borregas, marranos y vacas. Los habitantes de esta comunidad llamada Guerrero tienen derecho a llenar tres tambos por hogar cuando llega la pipa. No hay otra fuente de abastecimiento.
El agua saturada de arsénico y fluoruro ha dejado una huella visible en la sonrisa de Graciela. Unas manchas color marrón han poblado su dentadura y, con el tiempo, algunos de sus dientes se han adelgazado y fracturado. Tiene fluorosis dental, un trastorno del desarrollo del esmalte de los dientes que en etapas tempranas se muestra con manchas blancas, pero que con el paso del tiempo produce pigmentaciones oscuras, daños estructurales y facilita la aparición de caries. Es el síntoma más visible que la contaminación del agua ha dejado en la gente de siete municipios del norte de Guanajuato, en la región de la Cuenca Alta del Río Laja.
“Oímos que viene la pipa y bien gustosos la recibimos: ‘¡ahí viene la pipa, ahí viene la pipa!’. Porque a los ocho días ya no me queda agua. Así como llega, uno se la bebe”, dice Graciela, de 52 años, que pasa los días cuidando a sus animales en una comunidad rodeada de campos agrícolas que siembran frutas y verduras con fines de exportación.
Graciela recuerda que, cuando niña, sacaban agua de un pozo con una cubeta que descendía con ayuda de un mecate. Actualmente ella y su familia dependen del agua de pipa o de la que les regalan los empresarios agricultores de la zona cuando el servicio municipal no llega.
Para este reportaje se solicitaron los estudios realizados a los pozos de agua de los siete gobiernos municipales que conforman la Cuenca Alta del Río Laja. Aunque no todos entregaron la información, o la que ofrecieron tiene una década de antigüedad, fue posible determinar que hay 81 pozos, de 117 analizados, que han superado los niveles considerados seguros de arsénico y fluoruro al menos una vez en la última década.
El agua que se distribuye en los municipios San Miguel de Allende (SMA), Dolores Hidalgo, San Luis de la Paz, Doctor Mora, San José Iturbide, San Felipe y San Diego de la Unión, estado de Guanajuato, proviene de una cuenca sobreexplotada de la que se extrae más agua de la que es capaz de recargar de forma natural.
En este territorio el agua superficial es escasa, así que lo que se reparte surge de pozos cada vez más profundos. Muchos de ellos ofrecen agua que puede llegar a tener miles de años de antigüedad, según estudios de investigadores como el doctor en ciencias Marcos Adrián Ortega, académico del Instituto de Geociencias de la UNAM, especialista en el comportamiento de contaminantes en el agua subterránea.
EXCÉLSIOR
"El dinero sucio todavía entra a las campañas"
Aunque desde 1996 se estableció el financiamiento público a los partidos para reducir el dinero ilícito en las campañas y garantizar condiciones de competencia para la oposición, este fin no se ha cumplido.
Uuc-kib espadas defiende el financiamiento público a partidos, las diputaciones plurinominales, así como el costo de las autoridades electorales
El consejero del INE, Uuc-kib Espadas, defendió el financiamiento público entregado a partidos políticos, la existencia de las diputaciones plurinominales y el costo de las autoridades electorales, luego de que el oficialismo ha puesto en tela de juicio estos temas y pretende realizar una reforma electoral que “escuche al pueblo” y no a las “élites” expertas en temas electorales.
De acuerdo con reiteradas encuestas, siete de cada 10 mexicanos apoyan la pena de muerte. La voz del pueblo no es la voz de Dios”, advirtió, al señalar que la democracia requiere proteger derechos fundamentales que no pueden ser alienados por mayoritarios que busquen retrocesos.
Sobre el financiamiento público a los partidos, recordó que fue establecido en 1996 como un mecanismo para reducir la injerencia de dinero ilícito en campañas y garantizar condiciones mínimas de competencia.
El primer fin no fue logrado, el dinero ilícito ha seguido entrando en las campañas y nuestros informes de fiscalización lo demuestran. El segundo fin sí se logró: en este país las oposiciones compiten con un mínimo de recursos que ha permitido grandes victorias para la oposición”, sostuvo.
Como ejemplo, citó el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas en la primera elección de Jefe de Gobierno de la Ciudad de México: “Enfrentamos una campaña de gasto descomunal; sin embargo, gracias al financiamiento público y la decisión del pueblo, ganamos esa elección de manera abrumadora”.
En cuanto a las diputaciones plurinominales, afirmó que son un componente indispensable para la equidad del voto.
EL HERALDO
Bajan 91% cruces ilegales de México a EU
La cancillería de Juan Ramón de la Fuente registró que el 1 de octubre de 2024 al pasado 20 de agosto pasaron, de 3,649 a 285, la menor cifra en 50 años
La SRE anunció este viernes que el flujo migratorio en la frontera con Estados Unidos cayó un 91 % desde el 1 de octubre de 2024, fecha en que inició la administración de Claudia Sheinbaum. La directora general de Movilidad Humana y Desarrollo, Fátima Ríos, detalló que las detenciones pasaron de 3 mil 640 a solo 285 entre octubre y agosto de este año.
“Este registro es el más bajo de las últimas cinco décadas”, señaló Ríos en conferencia de prensa, al destacar que la disminución se refleja tanto en personas mexicanas como extranjeras.
El canciller Juan Ramón de la Fuente atribuyó estos resultados al “diálogo permanente” con autoridades estadounidenses y reiteró que México rechaza cualquier práctica que criminalice la migración o vulnere los derechos humanos. También reconoció que existen diferencias con quienes sostienen visiones contrarias sobre el fenómeno migratorio.
En ese contexto, precisó que desde el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, el 20 de enero pasado, más de 82 mil mexicanos han sido repatriados, de los cuales casi 48 mil recibieron asistencia consular. También informó que se han detectado más de mil 600 connacionales detenidos en operativos del ICE, aunque aún se buscan casos adicionales.
EL SOL DE MÉXICO
Investigaciones por aborto van al alza
Las investigaciones penales por la interrupción del embarazo en México van al alza. Durante los primeros siete meses de este 2025, fiscalías estatales del país han comenzado 522 carpetas de investigación o averiguaciones previas por el delito de aborto.
Dicha cifra representa un incremento respecto a las investigaciones iniciadas por este mismo tema entre enero y julio de 2024, cuando se registraron 459 casos indagados por autoridades estatales.
En México, las ocho entidades que aún no despenalizan el aborto voluntario son Durango, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala.
Pese a ello, según datos del Secretariado Ejecutivo federal —que recopila las carpetas de investigación o averiguaciones iniciadas por la Fiscalía federal y estatales—, la mayoría de investigaciones penales por abortar en 2025 se concentran en dos entidades: Ciudad de México, con 146 casos; y Nuevo León, con 144.
Hasta abril de este 2025, 24 de las 32 entidades del país han despenalizado el aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación (en Sinaloa, hasta las 13 semanas), según información oficial recopilada por organizaciones como el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
Por ello, aquellas personas gestantes que interrumpan su embarazo después de las semanas permitidas como máximo de gestación, pueden ser investigadas penalmente.
Otras entidades que registran un alto número de investigaciones por el delito de aborto en México durante estos primeros siete meses de 2025 son el Estado de México, con 66 casos; Baja California, con 34; y Tamaulipas, con 33.
De las entidades que lideran las indagatorias por aborto, la CDMX, el Estado de México y Baja California, tienen despenalizado el aborto en sus códigos penales hasta las 12 semanas de gestación.
Otros estados con la interrupción del embarazo voluntario despenalizado, y que mantienen investigaciones abiertas por esta acción a la fecha, son Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz y Zacatecas.
Mientras que solo Yucatán, Tlaxcala, Tabasco, Sinaloa, Querétaro, Nayarit, Durango y Campeche no tienen investigaciones abiertas por aborto en este 2025.
Es decir, en 24 de las 32 entidades hay carpetas de investigación abiertas contra mujeres por el delito de abortar, ya sea posterior a las 12 semanas de gestación, o porque en la entidad donde interrumpieron su embarazo aún no se despenaliza.
PIE DE PÁGINA
"Queremos ser ciudadano de calle, no habitantes de calle"
La exclusión que padecen las personas en situación de calle se manifiesta en la negación de sus derechos más básicos: identidad, salud, vivienda digna y un trato humano. Frente a la invisibilidad y la violencia sistemática, la organización y la protesta colectiva emergen como herramientas para exigir el reconocimiento pleno de su ciudadanía
El 19 de agosto decenas de personas en situación de calle se reunieron en Eje Central para dar inicio a una marcha que recorrió varias calles de la capital hasta llegar a la Unidad de Vinculación Artística en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco. Bajo consignas como: “¡Que no se calle la situación de calle!”, “No quiero un cartón, quiero un cantón” o “La calle no es un lugar para vivir, mucho menos para morir”. La movilización fue organizada por “Mi Valedor”, una institución de atención a personas en exclusión social. Se realizo en el marco del Día Internacional de las Luchas de las Personas en Situación de Calle, una fecha conmemorativa que tiene su origen en la Masacre de la Plaza de Sé en São Paulo, Brasil, en 2004.
Si de algo se tiene que hablar y visibilizar cuando hablamos sobre justicia social, no debemos olvidarnos de uno de los grupos de la población más vulnerables en nuestro país. Las personas en situación de calle son ciudadanos que se encuentran en una condición de exclusión social, con carencias de un hogar y que experimentan una ruptura de los vínculos de red de apoyo más primordiales, como lo son la familia y los amigos.
Ante este panorama de exclusión y vulnerabilidad, expertos e instituciones se han dedicado a la solución de este problema social, ante una urgencia de generar espacios de diálogo y acción que atiendan las causas estructurales de los ciudadanos en situación de calle, desde el respeto, la inclusión y la dignidad.
Zaira Y. Ramos Cisneros, coordinadora de los Laboratorios de Paz del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, comenta:
“La organización social Mi Valedor, que es una organización que trabaja con personas en situación de calle, tiene un proyecto que es de reinserción social. No tienen un modelo asistencialista, sino que dan un acompañamiento integral y personalizado a cada una de las personas que son beneficiarios del proyecto de Mi Valedor, y a través de la revista, que es un proyecto editorial, es que los valedores pueden generar recursos económicos para poder salir de la situación de calle».
“Nosotras, desde los laboratorios, conocimos a Mi Valedor en 2023 por una exposición colectiva que hicimos aquí, y uno de los valedores formó parte de la exposición colectiva, estuvo aquí expuesto por tres meses en el centro cultural, y a partir de ahí se creó un lazo de trabajo y un lazo de confianza con los compañeros que llevan la organización, y con algunos de los valedores que son beneficiarios del proyecto».
REFORMA
Ahorcan a OPLES ...y van por eliminarlos
Los gobiernos estatales y los Congresos de todos los partidos castigan cada año la petición presupuestal de la mayoría de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto en duda su continuidad.
La situación económica de estos organismos ha llegado a tal grado que el INE ha tenido que implementar un semáforo de alarma para identificar aquellos institutos que más dificultades tienen para cumplir con su obligación de organizar elecciones.
A mitad del año, en el semáforo del INE, dos entidades se encuentran en nivel alto (rojo), Zacatecas y Yucatán, pues no han recibido ampliaciones presupuestales, por lo que el Instituto federal considera que está en riesgo su operatividad.
Los OPLES de San Luis Potosí, Guerrero, Ciudad de México y Veracruz están en un nivel medio (amarillo) de alerta, pues presentaron también peticiones de ampliación presupuestal y aún no han obtenido respuesta.
La Comisión de Vinculación con los OPLES del INE reportó que 24 de los 32 institutos electorales de los estados sufrieron recortes entre el presupuesto total solicitado y el gasto finalmente aprobado en los Congresos locales para el 2025.
Ahorcados presupuestalmente por los gobiernos de Morena, los OPLES están en la mira de la Presidenta para desaparecerlos con la justificación de que son caros para la democracia.
UNOMASUNO
Operaciones antidrogas invisibles de EE.UU en costas mexicanas
La Guardia Costera de Estados Unidos intensificó su presencia en el Pacífico Oriental con la Operación Pacific Viper, destinada a frenar a los cárteles y a las redes de tráfico humano antes de que sus actividades alcancen territorio estadounidense.
En total, la Operación Pacific Viper había incautado hasta el 20 de agosto más de 13,000 libras de cocaína y detenido a 11 presuntos narcotraficantes, reforzando el papel estratégico del corredor marítimo frente a México.
Sin embargo, esta estrategia genera dudas sobre las incursiones sin el respaldo del Estado mexicano.
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