El camino de nuestra joven democracia ha sido largo y plagado de puntos perfectibles. Desde las reformas electorales de 1977 se han conquistado triunfos que han permitido un mayor representatividad y pluralidad política.
Actualmente, existe una discusión sobre la sobrerrepresentación, promovida principalmente por la oposición y sus voceros para tratar de crear la falsa idea de agandalle por parte de Morena y del Presidente López Obrador; nada más falso.
Ante los desastrosos resultados obtenidos en las urnas por la oposición y los sectores e intereses que representan, vemos una nueva andanada basada en una narrativa que echa mano en mañosa interpretaciones legaloides y moralistas.
Hoy se pretende reinterpretar las reglas del juego, mismas que previamente fueron acordadas por todos los participantes.
El fondo del asunto radica en que la oposición pecó de soberbia antes de encarar el proceso electoral reciente. Tanto los actores políticos, como sus dirigencias y los encargados de la estrategia, jamás lograron o quisieron prever un escenario en el cual Morena y sus aliados pudieran obtener un respaldo popular tan contundente en el Poder Legislativo.
En su lógica, si bien la presidencia estaba perdida, el Congreso sería disputado y sería el campo de batalla para obstruir al próximo gobierno de Claudia Sheinbaum. La Cámara de Diputados en especial, resultaba prioritaria para frenar reformar prioritarias para la continuidad de la Cuarta Transformación, como es el caso de la Reforma al Poder Judicial.
Ahora, ante la falta de pericia política y de manera tramposa, echan a andar a sus voceros con el único objetivo de tergiversar la asignación de plurinominales para su beneficio.
Desde 1996, los diversos partidos políticos en México se han beneficiado de la sobrerrepresentación, término tan en boga para los Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Denisse Dresser, Aguilar Camín y otros.
Tan solo unos ejemplos recientes, en el año 2006, el PAN tuvo una sobrerrepresentación de 5.9 puntos porcentuales en la Cámara de Diputados sin que se pegaran gritos al cielo. Para el año 2012, el PRI y su entonces aliado Partido Verde, obtuvieron únicamente el 40 por ciento de los votos, pero terminaron con una sobrerrepresentación de 8.2 puntos porcentuales, esto por encima de lo que marca la propia Constitución.
El PAN y el PRI tuvieron 22 años para modificar el artículo 54 de la Constitución, pero nunca estuvo dentro de sus intereses realizar modificación alguna pues se veían constantemente beneficiados.
El año pasado, al presentar el llamado Plan A, el presidente López Obrador buscó erradicar el problema de la sobrerrepresentación con una modificación completa a la integración del Congreso y la asignación de plurinominales, sin embargo, fue la soberbia y la cerrazón de la oposición la que evitó discutir el tema. Esto llevó al presidente a plantear a sus seguidores la necesidad de salir a votar de manera contundente por el Plan C, es decir obtener la mayoría en el Congreso.
Los cálculos realizados por la oposición jamás llegaron a prever un escenario donde los aliados de Morena obtuvieran una votación tan grande. Los estrategas partidistas pensaron que la elección al Congreso se dividiría a tercios entre Morena, PAN y PRI. Como pudimos observar el pasado 2 de junio, el llamado de López Obrador por apoyar el Plan C hizo que el electorado mexicano votara de manera contundente no solo por Morena, sino también por sus aliados del Partido Verde y del Partido del Trabajo.
Frente a esta debacle, la oposición tramposamente busca que la asignación de plurinominales en la Cámara de Diputados de haga tomando a Morena, PVEM y PT como una coalición cuando el artículo 54 constitucional establece que será por partido político. No existe la figura de alianzas o coaliciones al momento de la asignación.
Como ha dicho la oposición, debemos cuidar y velar por nuestra democracia y para hacerlo debemos comenzar por respetar lo que estipula nuestra Carta Magna. Los mexicanos se expresaron en las urnas, respetemos la voluntad popular que acudieron a ejercer su derecho con reglas acordadas por todas las fuerzas políticas.
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