"El gasto principal era la nómina y lujos de su burocracia dorada y la contratación de despachos de cobranza".
Cuando se creó, en el año 1972, fue para dar cumplimiento al derecho constitucional a la vivienda. Al Infonavit (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores) se le concibió como una institución de seguridad social que operara un fondo tripartita –Gobierno, empresa, trabajadores– al cual se hacen aportaciones para que otorgue créditos hipotecarios a los trabajadores como una prestación laboral.
Como institución de seguridad social, su estructura administrativa debía priorizar cumplir su misión y obligación para con su derechohabiencia: administrar con transparencia y eficiencia las aportaciones patronales, que son patrimonio de los trabajadores, y facilitar que el trabajador ejerza su derecho constitucional a una vivienda digna y decorosa; pero en el modelo de administración con que se condujo el Infonavit desde finales de los años noventa y hasta 2018, se le convirtió en cueva de saqueadores, dirigida por una burocracia dorada.
Sus directivos gozaban de sueldos exorbitantes de más de medio millón de pesos al mes, vehículos blindados, vuelos privados contratados para que el director simplemente ordenara a dónde quería que la aeronave lo trasladara, así fuera sus asuntos privados y acompañado de quien él quisiera. A su disposición también tarjetas de crédito corporativas sin límite para supuestos viáticos y gastos de “representación”; en su oficina -la del director general- una caja chica a la que diariamente se le abastecía de 20 mil pesos en efectivo para sus antojos, así fuese una corbata que le hiciera juego con el traje.
Al terminar su cargo, sin importar su desempeño, al director se le pagaba un millonario finiquito que llamaban Plan Especial de Retiro.
Habituada esa burocracia dorada a pactar contrataciones tan multimillonarias como discrecionales en las cuales se favorecía a particulares, en detrimento del patrimonio del Infonavit, que es el patrimonio de los trabajadores.
Como parte de esos negocios que se hacían en el Infonavit en los años del prianismo, se auspiciaron esquemas de vivienda de baja calidad que los constructores hacían en zonas aisladas, sin servicios ni infraestructura, y que le imponían a los derechohabitentes a precios exorbitantes mediante créditos leoninos, en los que los constructores eran los intermediarios y beneficiarios de ese sistema.
Para los créditos las inmobiliarias obtenían bases de datos de clientes-derechohabientes, armaban expedientes y llegaban a que Infonavit les aprobara, por miles, a partir de eso hacían esas unidades habitacionales con materiales de bajísima calidad en medio de la nada.
En consecuencia, miles de viviendas y unidades habitacionales fueron incluso abandonadas antes de que sus dueños pudieran siquiera finiquitar el pago de su crédito. En otros casos, para muchos derechohabientes sus créditos se volvieron impagables, y entraron en moratoria y cartera vencida.
En ese mecanismo pernicioso, el Infonavit gastaba más en despachos de cobranza que en eficientar su modelo de operación. El gasto principal era la nómina y lujos de su burocracia dorada y la contratación de despachos de cobranza. Todo se tercerizaba.
Pero demás, los despachos de cobranza operaban con muchas irregularidades y arbitrariedades, sin respetar los derechos de los afectados. Hacían los procesos exprés en juicios hipotecarios también de manera exprés, y así mismo se ejecutaba el fallo, muchas veces sin que se hubiese ni siquiera notificado a la persona. Así de arbitrario.
Como la “cobranza” era un negocio tercerizado, al que el Infonavit destinaba multimillonarios contratos, apenas un derechohabiente tuviera atrasos en sus pagos, a los 90 días se le clasificaba como cartera vencida.
Algunos de esos despachos de cobranza fueron más allá en sus tropelías: en contubernio con funcionarios del Poder Judicial y algunos notarios en diversos estados empezaron a simular juicios, en los que supuestamente notificaban a la persona, pero en entidades diferentes a donde se ubicaban las viviendas con la intensión de que en realidad el derechohabiente no se enterara hasta que al concluir el juicio le quitaban la vivienda, sin la posibilidad de defenderse, usando también documentación falsa.
En ese esquema de defraudación, más de 65 mil derechohabientes fueron víctimas en los años 2013, 2014 y 2015 en varias entidades.
El periodo corresponde a los años de Gobierno de Enrique Peña Nieto, Administración en la que en el Infonavit también se hicieron otras contrataciones irregulares y fraudulentas para favorecer a particulares mediante simulaciones contractuales.
Uno de esos casos es el de la empresa Telra Realty, de los hermanos Rafael y Teófilo Zaga Tawil, a quienes en el año 2014 de manera irregular se les favoreció con contrataciones directas supuestamente para que desarrollaran programas de movilidad hipotecaria y regularización de cartera. Se trataba de una empresa de entonces reciente creación que no cumplió con lo contratado, pero en lugar de que se le penalizara a la empresa, en el año 2017, en el mismo Gobierno de Peña, el Infonavit les favoreció con cinco mil 088 millones de pesos como supuesta indemnización por conclusión anticipada de contrato, una supuesta indemnización que no procedía.
Al llegar la Administración del Presidente López Obrador, detectaron el fraude que habían cometido sus antecesores en detrimento del patrimonio del Infonavit, y se presentaron las denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).
En esos años en las oficinas de ese Instituto entrevisté al director Carlos Martínez –quien dirigió el Infonavit del año 2019 a 2024– y me detalló todas las irregularidades con que se encontraron y las denuncias penales que habían presentado.
Hoy recuerdo esa entrevista, a propósito de la detención que en Estados Unidos se hizo de Rafael Zaga Twail, uno de los dueños de Telra Realty, la empresa involucrada en la supuesta “indemnización” ilegal.
En Estados Unidos a Zaga se le detuvo por autoridades migratorias. El registro de localización de detenidos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) indica que se encuentra en el Glades County Detention Center, en Florida.
Se le detuvo en Estados Unidos por cuestiones migratorias, pero en México, desde hace ya varios años se emitieron órdenes de detención por su probable responsabilidad en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La FGR no ha informado si las órdenes de detención siguen vigentes ni tampoco si pedirá la extradición de Zaga Tawil. Pero sin duda es para la FGR la posibilidad de una indagatoria a profundidad sobre este caso en que se debería indagar también a cada uno de los exfuncionarios responsables de esos fraudes, la burocracia dorada del Infonavit que en tiempos de Peña Nieto provocaron tantos quebrantos enriqueciéndose impunemente desde el cargo público, a costa del patrimonio del Infonavit.
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