Miradas que matan

Miradas que matan

Fabrizio Mejía Madrid

"La gente que padece esta dismorfia corporal, por supuesto, vive en una eterna frustración consigo misma y en el 80 por ciento tienen ideas suicidas".

El pasado 25 de marzo un jurado en Los Ángeles encontró culpables a Meta, es decir, Facebook, Instagram y WhatsApp, y a Google, es decir, YouTube, de negligencia. Habían sido demandados por una joven de 20 años que se identifica como K.G.M. por hacerla adicta al scrolling hasta llevarla a separarse de su propia familia, por provocarle una terrible ansiedad compulsiva por su propio cuerpo, y por orillarla al suicidio. Lo que se juzgó no fue el contenido de estas plataformas sino su diseño que está hecho para que permanezcas el mayor tiempo posible conectado y, por lo tanto, te satura de lo que el algoritmo cree que son tus deseos. Esta es la primera vez que se juzga a las plataformas como un producto y no como un supuesto terreno neutral en donde son los usuarios los responsables de lo que suben y comparten. Se juzgó la reproducción automática de contenido que no pides. Se juzgó que no exista una advertencia para el scroll infinito. Se juzgó la tendencia a crearle a las personas una sobrevigilancia sobre supuestas imperfecciones de tu rostro y cuerpo. En otros momentos, plataformas como Tik-Tok o Snap han desembolsado indeminizaciones millonarias para mantener el silencio de las víctimas. Ahora no. Lo que esta decisión implica es de lo que trata esta columna.

Desde la introducción masiva de los teléfonos inteligentes con cámaras frontales, Facebook, Tuiter, Google y Youtube se han escudado en que no son medios sino plataformas. La implicación legal de esto es que no se hacen responsables de los contenidos. Así, una red como X dice que es libre porque deja pasar cualquier comentario misógino, racista, y hasta nazi. No es X. Es libertad de expresión y esa es responsabilidad de sus usuarios. Si las plataformas fueran un medio, como la televisión o un libro, tendrían que cumplir con ciertos criterios de responsabilidad, pero fueron cobijadas por las leyes, como la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996 en Estados Unidos que protege a las empresas de internet de la responsabilidad por el contenido generado por los usuarios. En lugar de considerar a Instagram o YouTube principalmente como plataformas para la expresión de otras personas, la demanda de la joven K.G.M considera algunas de sus funciones principales como decisiones de diseño con daños previsibles, especialmente cuando las utilizan menores de edad. De hecho, un día antes del veredicto en Los Ángeles, otro jurado en Nuevo México había encontrado responsable a Facebook, Instagram y Whatsapp de negligencia para proteger a los niños y niñas de explotación sexual. Son un medio de comunicación. No un simple foro para que los demás hagan lo que les dé en gana. Es como cuando los servicios de taxis por aplicación no se querían hacer responsables de sus choferes porque ellos sólo ponían en relación al usuario con el viaje. Es lo mismo que cuando las empresas de cigarros o vapeadores dicen que es decisión del fumador el hacerse adicto y que le dé cáncer. En todos estos casos, el diseño y el producto no están separados, sino que son parte de un mismo modelo de negocio, es decir, de la forma en que ganan dinero. Mucho dinero.

En el caso de estas plataformas, el diseño para ganar dinero es que todo mundo permanezca conectado a toda hora, que no pueda parar, y que vaya normalizando como deseos suyos lo que la reproducción automática le vaya diciendo que desea. Esto ha llevado a una enorme cantidad de personas a tener problemas de ansiedad, soledad, desconexión con la realidad, creación de fantasmas interiores, automutilación y suicidios. Entrevistado por el veredicto del jurado para Scientific American, el profesor Gregory Dickinson de la Universidad de Nebraska hace esta comparación que creo que es muy útil para entender la decisión. Dice el profesor Dickinson: “Imaginen una máquina tragamonedas que conociera todos tus juegos favoritos, hiciera vibrar las monedas en tu bolsilo cuando tus amigos empezaran a jugar y girara automáticamente la siguiente ronda a menos que decidieras no hacerlo. El problema no es el juego, ni el jugador, ni las monedas. El problema es la máquina en sí”.

Las redes sociales no nacieron como son ahora habitantes del teléfono que traemos a toda hora en la mano. Hubo una decisión corporativa de privilegiar el negocio por encima de las consecuencias para la salud mental, los intercambios provechosos, y el conocimiento a favor de la ansiedad, la disputa para extinguir al oponente, y la conspiranoia que generan las mentiras, las verdades como si fueran personales, y la falsificación del pasado, reciente o lejano. Las características que hoy llegan a los tribunales son los sistemas de clasificación optimizados para mantenerte retenido, los feeds interminables, las configuraciones predeterminadas que favorecen el consumo pasivo y las notificaciones no pedidas fueron decisiones de producto diseñadas para secuestrar nuestra atención. Sicentific American cita a Arturo Béjar, quien trabajó en Facebook de 2009 a 2015 y fue consultor de Instagram de 2019 a 2021, y que fue llamado a testificar en el caso de la joven K.G.M. Él confesó que algunos ingenieros preocupados por la seguridad y salud de los usuarios habían incluido una ventana que avisaba que habías estado demasiado tiempo en la plataforma o que te decías: “Ya estás al día”, para que pudieras desconectarte sin la ansiedad del famoso FOMO, es decir, del miedo a quedarse fuera o perderse de algo. Se diseñó incluso un botón que te permitía tomarte un descanso de estar conectado. Pero que estos diseños más amables fueron borrados porque iban en contra de hacer dinero. Lo dijo Béjar con una comparación de sus años en Meta “Mientras había 30 mil ingenieros dedicados a optimizar la captura de la atención, la oficina de salud mental y suicidio tenía menos de 20 empleados”. No es que estas corporaciones de redes sociales no sepan que sus diseños de “likes”, sus algoritmos, y sus reproducciones automáticas generan dopamina en el cerebro, de igual forma como un adicto al juego. Lo que sucede es que no les importa. La cosa es que, en personas menores de edad, sus cerebros no cuentan siquiera con la forma de negarse voluntariamente a desconectarse, por lo que son presa fácil de esta industria.

Dice el reportaje de Scientific American: los investigadores del Instituto de Interacción Humano-Computadora de la Universidad Carnegie Mellon, entre ellos Hank Lee y su director de tesis doctoral, Sauvik Das, han intentado medir qué sucede cuando se eliminan algunas de esas decisiones de diseño. Su equipo creó Purpose Mode, es decir, “Modo Propósito”, una extensión para navegadores que elimina los elementos que captan la atención —desplazamiento infinito, reproducción automática, recomendaciones algorítmicas— de las plataformas de redes sociales. Lee afirma que los participantes en un estudio sobre el Modo Propósito se sintieron menos distraídos, pasaron menos tiempo en los sitios web (una media de 21 minutos menos al día) y, en algunos casos, les gustaron más las plataformas cuando se redujeron estas funciones”. Le pusieron ese nombre, “Modo Propósito” porque muchas veces los usuarios de redes sociales no tenemos un objetivo, una finalidad, para conectarnos, salvo estar conectados y, de esa manera, estamos expuestos al diseño de la máquina, su fantasma interior, que está pensado para secuestrarnos.

La joven K.G.M empezó a usar Instagram cuando tenía seis años y Youtube cuando tenía nueve. En muy pocos meses, no podía dejar de estar vigilante a los contenidos y pasaba más de 16 horas diarias en esas redes. Empezó a ver transmisiones en vivo de autolesiones y de suicidios. En concreto, se alega que las empresas no aplicaron restricciones de edad, no advirtieron a padres y usuarios sobre los riesgos de adicción y no frenaron la amplificación algorítmica de contenido dañino, como la promoción de la autolesión, el ciberacoso, el contenido que promueve una imagen corporal irreal y el material de extorsión sexual.

La segunda semana del juicio produjo su momento más significativo cuando el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, testificó el 18 de febrero, en su primera comparecencia ante un jurado sobre cuestiones de seguridad infantil. El abogado de los demandantes, Mark Lanier, confrontó a Zuckerberg con un documento interno de Meta de 2020 que revelaba que los niños de 11 años tenían cuatro veces más probabilidades de seguir utilizando las plataformas que los usuarios mayores, lo que planteaba la inferencia de que la empresa estaba fomentando deliberadamente la participación de menores de edad. Por supuesto que el dueño de Meta sabía de ese estudio interno pero decidió no prestarle atención, tal y como hicieron las tabacaleras cuando supieron desde 1953 que existía una relación entre su producto y el cáncer. No obstante, fueron tan cínicos que un año después, en 1954, hicieron una declaración formal en la que sostuvieron que el cigarro era anodino para la salud. Su intención no era que les creyeran sino sembrar la duda. Internamente, en un memorádum, las tabacaleras dijeron que “la duda era su negocio” en 1969. En el caso de las redes sociales usadas desde el teléfono con cámara frontal, los datos son sabidos: entre 2010 y 2018, la incidencia de ansiedad aumentó un 134% y la de depresión un 106% en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido.

En México, el INEGI le ha llamado a la tasa de autolesiones y suicidios juveniles, “el salto estadístico” cuando, coincidiendo con el uso del teléfono inteligente y la aparición de Instagram, entre 2020 y 2023, el suicidio se convirtió en la segunda cusa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años. En esa década, pasamos de 4 suicidios por cada 100 mil habitantes a 6. No fue, como se ha dicho, una reacción sólo de la pandemia de Covid, sino que tiene que ver con el ciberacoso que afecta al 30% de las mujeres jóvenes conectadas a redes sociales. Además, México es un país que mira esos contenidos por mucho tiempo: 4.5 horas diarias, frente a otros países como Japón que no llega a la hora al día, Europa a la hora y media, y hasta Estados Unidos en 2 horas y cuarto. Pero el 15% de los jóvenes mexicanos entre 15 y 29 años lo usa más de cinco horas diarias y desbloquea su teléfono 150 veces veces al día, lo que expresa una ansiedad tremenda y una falta de concentración crónica.

Este uso adictivo que tienen las redes sociales por diseño de sus dueños ha traído muchas consecuencias negativas para la salud mental. Una de las más preocupantes y que Ana Lilia Pérez aborda en su nuevo libro sobre las cirugías estéticas en México, El cuerpo perfecto, es la epidemia de, sobre todo, mujeres jóvenes que se miran defectos de apariencia compulsivamente. Esto ha dado lugar a la llamada “cara de flitro”, que es que las personas buscan parecerse a su propia fotografía generada por flitros del teléfono y buscan hacerla permanente en la realidad. La gente que padece esta dismorfia corporal, por supuesto, vive en una eterna frustración consigo misma y en el 80% tienen ideas suicidas. Este índice es de nuestras jóvenes entre 12 y 15 años de edad. Esta frustración se llama clínicamente “ciclo adictivo de autodesprecio”, que es responsabilidad de un grupo de ingenieros y de su patrón que elaboraron un algoritmo que detecta la vulnerabilidad del usuario para bombardearlo con contenidos de belleza que exacerban la frustración. La otra adicción en juego es la de la validación digital, es decir, de los “likes” y el número de comentarios aprueban la apariencia.

Todo esto ha llevado a que se extiendan las cirugías para tener cara de gato. Ese es el término que se usa para los flitros que Instagram, Tik-Tok, y Snap popularizaron hace unos años como signo de belleza homogénea: los ojos alargados, cejas levantadas, pómulos marcados, nariz de respingo, y boca pulposa. Las personas quieren cara de gatos, no porque les pareciera que es era atractivo, sino porque el algortimo de las redes, sus filtros integrados en la aplicación de teléfono, así lo diseñaron y queda en la conciencia de los ingenieros y dueños de esas plataformas. El problema es que pasó de las fotos a la realidad y, como dice Ana Lilia, se trata ahora de que las cirugías plásticas sean las que lleven a cabo ese supuesto ideal de lo bello. Aquí seguimos un problema que, como cultura, no hemos abordado siquiera: el de la disparidad en la apariencia. Como cultura seguimos juzgando a los demás, primero, por su apariencia, por sus rasgos físicos, su color de piel, su tipo de ropa. Y eso ha sido exacerbado por las redes, los likes, el número de los seguididores. No importa que haya llegado a la Preidencia de la república una mujer, seguimos juzgando a las mujeres, en primera instancia, por su aspecto. Somos uno de los pocos países donde aún no se legisla sobre el uso de flitros en las fotografías de uno mismo. En Francia, la ley obliga a las plataformas a decir si una fotografía ha sido manipulada con herramientas virtuales.

Pero ese es ya tema de otra columna: las estratificaciones sociales debido a la apariencia física. Por lo pronto aquí los dejo.

Saqueadores del Infonavit

 Ana Lilia Pérez

"El gasto principal era la nómina y lujos de su burocracia dorada y la contratación de despachos de cobranza".

Cuando se creó, en el año 1972, fue para dar cumplimiento al derecho constitucional a la vivienda.  Al Infonavit (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores) se le concibió como una institución de seguridad social que operara un fondo tripartita –Gobierno, empresa, trabajadores– al cual se hacen aportaciones para que otorgue créditos hipotecarios a los trabajadores como una prestación laboral.

Como institución de seguridad social, su estructura administrativa debía priorizar cumplir su misión y obligación para con su derechohabiencia: administrar con transparencia y eficiencia las aportaciones patronales, que son patrimonio de los trabajadores, y facilitar que el trabajador ejerza su derecho constitucional a una vivienda digna y decorosa; pero en el modelo de administración con que se condujo el Infonavit desde finales de los años noventa y hasta 2018, se le convirtió en cueva de saqueadores, dirigida por una burocracia dorada.

Sus directivos gozaban de sueldos exorbitantes de más de medio millón de pesos al mes, vehículos blindados, vuelos privados contratados para que el director simplemente ordenara a dónde quería que la aeronave lo trasladara, así fuera sus asuntos privados y acompañado de quien él quisiera. A su disposición también tarjetas de crédito corporativas sin límite para supuestos viáticos y gastos de “representación”; en su oficina -la del director general- una caja chica a la que diariamente se le abastecía de 20 mil pesos en efectivo para sus antojos, así fuese una corbata que le hiciera juego con el traje.

Al terminar su cargo, sin importar su desempeño, al director se le pagaba un millonario finiquito que llamaban Plan Especial de Retiro.

Habituada esa burocracia dorada a pactar contrataciones tan multimillonarias como discrecionales en las cuales se favorecía a particulares, en detrimento del patrimonio del Infonavit, que es el patrimonio de los trabajadores.

Como parte de esos negocios que se hacían en el Infonavit en los años del prianismo, se auspiciaron esquemas de vivienda de baja calidad que los constructores hacían en zonas aisladas, sin servicios ni infraestructura, y que le imponían a los derechohabitentes a precios exorbitantes mediante créditos leoninos, en los que los constructores eran los intermediarios y beneficiarios de ese sistema.

Para los créditos las inmobiliarias obtenían bases de datos de clientes-derechohabientes, armaban expedientes y llegaban a que Infonavit les aprobara, por miles, a partir de eso hacían esas unidades habitacionales con materiales de bajísima calidad en medio de la nada.

En consecuencia, miles de viviendas y unidades habitacionales fueron incluso abandonadas antes de que sus dueños pudieran siquiera finiquitar el pago de su crédito. En otros casos, para muchos derechohabientes sus créditos se volvieron impagables, y entraron en moratoria y cartera vencida.

En ese mecanismo pernicioso, el Infonavit gastaba más en despachos de cobranza que en eficientar su modelo de operación. El gasto principal era la nómina y lujos de su burocracia dorada y la contratación de despachos de cobranza. Todo se tercerizaba.

Pero demás, los despachos de cobranza operaban con muchas irregularidades y arbitrariedades, sin respetar los derechos de los afectados. Hacían los procesos exprés en juicios hipotecarios también de manera exprés, y así mismo se ejecutaba el fallo, muchas veces sin que se hubiese ni siquiera notificado a la persona. Así de arbitrario.

Como la “cobranza” era un negocio tercerizado, al que el Infonavit destinaba multimillonarios contratos, apenas un derechohabiente tuviera atrasos en sus pagos, a los 90 días se le clasificaba como cartera vencida.

Algunos de esos despachos de cobranza fueron más allá en sus tropelías: en contubernio con funcionarios del Poder Judicial y algunos notarios en diversos estados empezaron a simular juicios, en los que supuestamente notificaban a la persona, pero en entidades diferentes a donde se ubicaban las viviendas con la intensión de que en realidad el derechohabiente no se enterara hasta que al concluir el juicio le quitaban la vivienda, sin la posibilidad de defenderse, usando también documentación falsa.

En ese esquema de defraudación, más de 65 mil derechohabientes fueron víctimas en los años 2013, 2014 y 2015 en varias entidades.

El periodo corresponde a los años de Gobierno de Enrique Peña Nieto, Administración en la que en el Infonavit también se hicieron otras contrataciones irregulares y fraudulentas para favorecer a particulares mediante simulaciones contractuales.

Uno de esos casos es el de la empresa Telra Realty, de los hermanos Rafael y Teófilo Zaga Tawil, a quienes en el año 2014 de manera irregular se les favoreció con contrataciones directas supuestamente para que desarrollaran programas de movilidad hipotecaria y regularización de cartera. Se trataba de una empresa de entonces reciente creación que no cumplió con lo contratado, pero en lugar de que se le penalizara a la empresa, en el año 2017, en el mismo Gobierno de Peña, el Infonavit les favoreció con cinco mil 088 millones de pesos como supuesta indemnización por conclusión anticipada de contrato, una supuesta indemnización que no procedía.

Al llegar la Administración del Presidente López Obrador, detectaron el fraude que habían cometido sus antecesores en detrimento del patrimonio del Infonavit, y se presentaron las denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).

En esos años en las oficinas de ese Instituto entrevisté al director Carlos Martínez –quien dirigió el Infonavit del año 2019 a 2024– y me detalló todas las irregularidades con que se encontraron y las denuncias penales que habían presentado.

Hoy recuerdo esa entrevista, a propósito de la detención que en Estados Unidos se hizo de Rafael Zaga Twail, uno de los dueños de Telra Realty, la empresa involucrada en la supuesta “indemnización” ilegal.

En Estados Unidos a Zaga se le detuvo por autoridades migratorias. El registro de localización de detenidos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) indica que se encuentra en el Glades County Detention Center, en Florida.

Se le detuvo en Estados Unidos por cuestiones migratorias, pero en México, desde hace ya varios años se emitieron órdenes de detención por su probable responsabilidad en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La FGR no ha informado si las órdenes de detención siguen vigentes ni tampoco si pedirá la extradición de Zaga Tawil. Pero sin duda es para la FGR la posibilidad de una indagatoria a profundidad sobre este caso en que se debería indagar también a cada uno de los exfuncionarios responsables de esos fraudes, la burocracia dorada del Infonavit que en tiempos de Peña Nieto provocaron tantos quebrantos enriqueciéndose impunemente desde el cargo público, a costa del patrimonio del Infonavit.

Austeridad republicana en la Suprema Corte

Utopía

Eduardo Ibarra Aguirre

La austeridad republicana es uno de los ejes de las “políticas públicas” –todas lo son, aclaró alguna ocasión el constitucionalista Diego Valadés al desaparecido Grupo María Cristina– y en el Ejecutivo federal se predica con el ejemplo al pujar constantemente por ellas hasta rayar, a veces, en la exageración presidencial de congelar sueldos y disminuir prestaciones a los funcionarios de primera línea por años completos.

Hasta el 1 de septiembre de 2025, la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación fue la más notable excepción con los sueldos exclusivos que disfrutaban los ministros y las escandalosas prestaciones que gozaban: comidas ilimitadas en restaurantes de cinco estrellas a pesar del excelente que tenían o todavía tienen en la SCJN; servicios de jardinería y tintorería en sus domicilios privados; dos camionetas blindadas que podían formar parte de su patrimonio personal al concluir su mandato; trabajadores de la Corte para muy diversos servicios privados del ministro y su familia y un largo etcétera. Todo bajo la corruptísima presidencia de Norma Lucía Piña que convirtió al máximo tribunal en reducto del gran capital y los hombres y mujeres del viejo régimen.

Con la elección de los ministros por una minoría ciudadana de 13.5 millones que son un poquitito más que la autocrática designación presidencial avalada por un centenar de senadores, la Corte inició un proceso de cambios que apenas está en sus primeros 7.5 meses, pero con resultados alentadores en el magno propósito de abatir la impunidad e impartir justicia sin venderla a los que pueden y quieren comprarla.

Resulta que la austeridad en la SCJN tiene dos varas para practicarse y ser medida, pues los ministros, magistrados y titulares de órganos conservan los esquemas de viáticos y pasajes de sus principescos antecesores, así como la facultad de autorizar sus propias comisiones oficiales en México y el extranjero, sin transparentar sus facturas por razones de “seguridad nacional”. 

Mientras tanto desde el pasado marzo, los trabajadores administrativos de del Poder Judicial redujeron al menos 50% sus viáticos para viajes de trabajo, conforme a los nuevos lineamientos del Acuerdo General del Pleno del Órgano de Administración Judicial sobre políticas de racionalidad, gasto eficiente y disciplina presupuestaria para 2026; de acuerdo con el reportero Iván Evair Saldaña. 

En agudo contraste, los titulares de la SCJN, el Tribunal de Disciplina Judicial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Órgano de Administración Judicial –electos por voto ciudadano– autorizan sus propias comisiones nacionales e internacionales, así como las de su personal, sin límites en acompañantes, pasajes u hospedaje. También establece como única obligación rendir informes trimestrales a la Comisión de Administración.

El acuerdo entró en vigor el pasado 28 de febrero y dos empleados de la Corte, bajo condición de anonimato, afirmaron al reportero que en la práctica se extralimitaron sobre la norma para garantizar todavía mayores ahorros. Afirman que desembolsan recursos propios ante la falta de anticipos de viáticos, bajo la promesa de rembolso; sin embargo, éste suele ser parcial, con el argumento de irregularidades en la comprobación o falta de justificación. Experiencia semejante me compartió un investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México que trabajó en la Secretaría de Gobernación y quien terminaba por cubrir de su bolsillo una parte de los viáticos. ¡No se vale! ¿O sí?

Acuse de recibo 

Televisión Azteca recibió en 2018, con Enrique Peña Nieto en Los Pinos, 1 654 millones de pesos en publicidad pagada, ahora cero centavos. Televisa percibía entonces 2 132 millones de pesos y en 2025 recibió 53 millones de pesos. “El gran diario de México”, El Universal, recibió con EPN 470 millones de pesos en 2018 y en 2025 sólo 911 000 pesos. Radio Fórmula no se quedó atrás porque obtuvo 549 millones de pesos el último año de Peña y el año pasado solamente 65 millones de pesos. ¡Ay, qué tiempos, señor don Simón! (con el permiso del gran Joaquín Pardavé), dirían los Azcárraga (Jean y Romandía), Salinas Pliego y EaIy Ortiz. Durante años se presentaron como periodismo independiente, pero dependían del

dinero del gobierno. Queda claro que su modelo no era informativo sino financiero. (…) Bajo el título de “Natura Olivé (15 de marzo de 1930-11 de abril de 2016) se publicó en el número 681 (11-IV-26) de Tribuna Comunista, semanario digital, una nota sobre la maestra y recibí un agradecimiento que corresponde a los editores de la publicación del Partido Comunista: “Gracias por el recuerdo. Abrazos. Alba Martínez Olivé”. (…) A 21 años del desafuero del jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, comparto el enlace a una larga crónica en forma de libro, prologado por el periodista, escritor y enciclopedista Humberto

Musacchiohttps://forumenlinea.com/libros/complot_contra_el_proyecto_de_nacion. pdf

http://www.forumenlinea.com/ X: @forumenlinea forum@forumenlínea.com

Semiótica de la tregua

Fernando Buen Abad Domínguez

¿Todo es mentira, Donald? ¿Esta pausa pactada es un circo de falacias o una esperanza cierta de pacificación? Se perciben tufos a fake. Nos ha pasado tantas veces. Toda tregua es también una operación ideológica.

Ésta especialmente, y no porque parezca falsa en un sentido absoluto, sino porque su “verdad” está intoxicada por intereses mercantiles concretos que sólo se declaran abiertamente a sangre y fuego. Su tregua, en este sentido, no es una negación de la guerra, sino una de sus formas.

Suspende el estruendo de las armas mientras intensifica el murmullo de los negocios que buscan domesticar la conciencia de las mayorías. Se construye un relato de racionalidad, de prudencia, incluso de humanismo, que oculta las condiciones estructurales que hacen posible la violencia y ocultan a los muertos adultos e infantes.

Ahora la palabra “tregua” aparece, en el teatro contemporáneo de la geopolítica, como un signo de alta densidad semiótica que encubre una compleja red de intereses mercantiles, correlaciones de fuerza y operaciones ideológicas.

Cuando Donald Trump enuncia o avala una “pausa” en el conflicto que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán, no se trata simplemente de un gesto diplomático hipócrita, sino de una construcción discursiva que debe ser interrogada desde sus condiciones de producción, circulación y recepción.

La tregua, como signo, no existe en el vacío: es parte de un sistema de significaciones donde cada palabra, cada imagen mediática, cada gesto institucional, contribuye a jerarquizar la percepción social de la dominación imperial.

No se trata de dictaminar, en términos ingenuos, si “todo es mentira” o si estamos ante una “esperanza real” de paz, sino comprender qué función cumple la idea misma de tregua en la reproducción de un orden mundial atravesado por la guerra cognitiva, la dictadura de las fake news y la retahíla infinita de falacias lenguaraces perpetradas por Trump. La tregua puede operar simultáneamente como suspensión táctica de hostilidades materiales y como intensificación de la guerra en el plano simbólico.

De hecho, la historia reciente muestra que los momentos de aparente distensión suelen coincidir con reconfiguraciones estratégicas que permiten a las potencias reordenar sus dispositivos de dominación, optimizar recursos y rearticular legitimidades. Y profundizar la ofensiva mediática.

Así es el capitalismo, en su fase imperial de acumulación globalizada y financiarizada, que no puede prescindir de la guerra como mecanismo de regulación.

La guerra no es un accidente ni una desviación moral, sino una herramienta de saqueo de recursos naturales, explotación de seres humanos, subordinación de mercados, control de recursos estratégicos y disciplinamiento de poblaciones.

En este contexto, la tregua funciona como un dispositivo de gestión de la violencia: no la elimina, la administra. Ya no se trata de si la tregua es “verdadera” o “falsa”, sino de a quién sirve y qué oculta.

¿Suspende la violencia para proteger a las poblaciones o para reorganizar la capacidad ofensiva de los aparatos militares? ¿Abre espacios para una transformación estructural o consolida las condiciones que harán inevitable el próximo ciclo de confrontación?

Nuestra semiótica crítica obliga a leer la tregua no como hecho aislado, sino como un momento dentro de un proceso histórico más amplio donde la guerra y la paz son dos caras de una misma lógica del engaño burgués.

Así, la figura de Trump resulta paradigmática, no por su excepcionalidad, sino por su capacidad de condensar en un estilo discursivo monstruoso que en otros contextos se presenta como un arma de aberraciones y dislates al servicio de la confusión programática. Por más imbécil o sicópata que parezca, más velada.

Su retórica oscila entre la amenaza abierta y la promesa de negociación, entre la exaltación del poder militar y la apelación a acuerdos de negocios. Esta oscilación esquizofrénica no es incoherente: es funcional a una estrategia que combina coerción y consenso, intimidación y seducción.

La tregua, en su discurso, puede aparecer cual gesto magnánimo, pero también como advertencia implícita de que la violencia y el horror siguen disponibles.

Desde una mirada humanista rigurosa, la evaluación de la tregua no puede limitarse a sus efectos inmediatos, aunque estos sean cruciales en términos de vidas humanas.

Toda pausa en la violencia que evite muertes es, en ese plano, valiosa. Pero el humanismo no puede reducirse a una ética de la urgencia que ignore las condiciones estructurales. Un humanismo de nuevo género exige interrogar las raíces de la violencia y no contentarse con su administración temporal.

De lo contrario, se corre el riesgo de convertir la tregua en un ritual recurrente que legitima la continuidad del sistema que produce la guerra.

Así la dimensión semiótica de este problema se vuelve evidente cuando se analizan las narrativas mediáticas que acompañan la tregua. Se construyen imágenes de líderes dialogando, de acuerdos firmados, de declaraciones optimistas.

Estas imágenes funcionan como signos de estabilidad, como promesas de normalidad. Sin embargo, detrás de ellas persisten las estructuras de poder que hacen posible la violencia: bases militares, alianzas estratégicas, sanciones económicas, operaciones encubiertas. La tregua, en este sentido, puede ser leída como una superficie tranquila que oculta un subsuelo criminal en ebullición

Hay que romper con toda ilusión y desnaturalizar esta tregua como conquista civilizada. Hay que transparentar sus condiciones materiales.

Esto no implica adoptar una posición cínica que niegue toda posibilidad de paz, sino construir una comprensión más compleja que permita distinguir entre una paz negativa –ausencia temporal de violencia directa– y una paz positiva –transformación de las condiciones que generan la violencia.

Mientras persista un sistema basado en la acumulación militarizada de riqueza, la competencia monopólica entre potencias y la subordinación de la vida a la lógica del capital, toda tregua estará atravesada por ambigüedades irresolubles.

Podrá aliviar el sufrimiento en el corto plazo, pero difícilmente podrá garantizar una paz duradera liberada del capitalismo.

Así, la tregua no es simplemente un alto al fuego ni un engaño total: es un signo en disputa, un momento de condensación de contradicciones donde se juega, en última instancia, la posibilidad de transformar la guerra administrada en una paz verdaderamente humana.

Enemigo de la humanidad

Abraham Nuncio

“Si en Europa, como suele decirse, el siglo XX empezó con la Primera Guerra Mundial, en Améríca Latina justo comenzaba en ese momento (la guerra de Estados Unidos contra España), 1898… porque los problemas políticos y culturales que engendraba la presencia estadunidense se enquistarían y afectarían a la vida entera del continente desde ese momento hasta el presente.”

Así describe Carlos Granés ( Delirio Americano) el corolario del movimiento de independencia cubana iniciado por José Martí en 1995 y el triunfo estadunidense sobre el reino español –se inició con un bloqueo– por el control colonial de Cuba. Si Cuba la revolucionaria, la heroica, la ejemplar, llega a caer también a partir de un bloqueo, según el anuncio terrorista y el bloqueo total de Trump, América Latina habrá inaugurado su entrada al siglo XXI de la peor manera posible.

Ese acto siniestro confirmaría lo que hoy se sabe pero ningún gobierno se atreve a expresar: que Estados Unidos, en su decadencia como imperio, se ha erigido en el enemigo más peligroso que la humanidad haya tenido jamás. Y no es por las actuales guerras de agresión y crímenes de guerra que se suman a todos los anteriores cometidos impunemente, ni por su propensión genocida, ni sus actos de corrupción (en el primer año de su gobierno la familia Trump, según The New York Times, se embolsó 4 mil millones de dólares), despojo y robo descarado a otros países; tampoco por sus amenazas e insultos a gobernantes de diversos estados (Brasil, Venezuela, Canadá, Inglaterra, Francia, Cuba, el Vaticano, Irán etc.), o los denuestos viles contra pueblos y naciones: los países de la Unión Europea, cobardes vasallos; los iraníes, animales; los inmigrantes somalíes, basura; los países de América Latina que no se alinean con el humor de la Casa Blanca, fallidos.

El carácter de enemigo de la humanidad le viene a Estados Unidos de su estructura productiva vinculada a la política y ambas lo deben a la necesidad de mantener un estado de guerra permanente. Una cronología mínima de las guerras en las que ha participado este país durante los siglos XX y XXI bastaría para confirmar este fenómeno metabólico de su sociedad. Veamos. Sólo apunto, de más de 70, algunos movimientos bélicos estadunidenses, por países y regiones. Varios de ellos se han reproducido varias veces en un mismo país. Panamá (1903, 1989); Cuba (1906, 1912, 1917, 1953, 1961- ); México (1910-1917), Nicaragua (1912, 1933); Haití (1915,1934); República Dominicana (1916-1924); Primera Guerra Mundial (1917-1918); Rusia (1918-1920, 2022); Segunda Guerra Mundial (1941-1945); China (1945-1949); Siria (1949, 2011-2019); Corea (1950-1953); Puerto Rico (1950); Irán (1953, 1987, 2025- ); Guatemala (1954); República Democrática del Congo (1960-1965); Vietnam (1955-1975); Camboya (1970); Angola (1975, 2002); Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, Perú y Ecuador mediante el Plan Cóndor (1970-1980); Líbano (1975-1990); Granada (1983); Libia (1986, 2011); Somalia (1993); Haití (1994); Bosnia y Herzegovina (1995); Kosovo (1998-1999); Irak (1990-1991, 2003-2011), Yemen (2014- ); Afganistán (2001, 2021); Palestina (2023) y Venezuela (2026- ).

El negocio fundamental de Estados Unidos no se constriñe a la industria armamentista, pues esta se nutre de otras industrias: la acerera, la nuclear, la de energía, la automotriz, la náutica, la aeronáutica, la digital en diversas ramas, la de aparatos y medios de comunicación, la cinematográfica, la de confección de uniformes y equipos y otras. Ninguna puede parar su actividad ni rendir bajos dividendos a sus accionistas, menos aún pérdidas. Ni todo lo fabricado para la guerra va a parar a los museos. Tiene que ser empleado para ser sustituido por nuevos productos hechos con la misma finalidad: ser usados y consumidos. Por ello es que la política estadunidense implica necesariamente la guerra.

Todas las industrias y servicios vinculados a la actividad bélica tienen bajo su control segmentos dominantes de los partidos republicano y demócrata, pues estos son los beneficiarios de sus aportaciones dinerarias para la realización de campañas electorales y, en general, para su gestión burocrática. Pero no sólo la industria armamentista extiende tal control al Congreso de Estados Unidos; se calcula que entre 15 y 20 por ciento de la Cámara de Representantes responde a sus intereses. Las principales industrias vinculadas a la de las armas también tienen porcentajes mayores o menores de control sobre este órgano legislativo. Se infiere que algo similar ocurre en el Senado. No hay político que no deba parte o toda su carrera a alguna de esas industrias.

El régimen presidencialista de Estados Unidos hace que el titular del poder ejecutivo, como se ha visto de manera muy evidente con Trump, sea el agente cumbre de venta de armas como conductor de las guerras emprendidas por este país. Durante el mandato trumpista, los intentos del Senado por sujetar las decisiones bélicas del presidente a las del Congreso apenas si logran sumarse a la pedacería de la división de poderes tan objeto de jactancia de propios como de torpeza de extraños en la potencia guerrera. Quizá ni siquiera baste que un megalómano como Trump llegue a la presidencia de Estados Unidos para que este país provoque, si no es que promueva directamente, una guerra de destrucción mundial. Este breve análisis no puede concluir sino de una manera tajante. O la humanidad logra desarticular a Estados Unidos y su amenaza de un armagedón o Washington la destruye con algún motivo banal.

Edición génica, un hacha desafilada

Silvia Ribeiro

La edición génica (o edición genética o genómica) refiere a un conjunto de nuevas biotecnologías para manipular el genoma de los seres vivos: plantas, animales y microorganismos. Pese a que las empresas de transgénicos y sus promotores la presentan como una tecnología “más exacta”, que permite alterar con precisión los genomas, la realidad contradice esta afirmación. Pero aun si así fuera, no significa que estas alteraciones sean inocuas. Los organismos manipulados con edición génica conllevan una enorme cantidad de incertidumbres y nuevos riesgos: al medio ambiente y a la biodiversidad, a la salud de plantas, animales y humanos, a los sistemas de alimentación campesinos, a la seguridad y soberanía alimentarias. Aquí siguen algunas de las razones para ello.

Toda edición génica es ingeniería genética. La técnica más usada es CRISPR, una construcción sintética que imita la de una bacteria, a la que se le adosa un sistema asociado para alterar el genoma (Cas). Se le ha llamado “GPS con tijeras”, porque puede reconocer un sitio específico en un genoma y cortar las dos hebras del ADN. Ese corte daña al gen y puede silenciarlo, o si se inserta nuevo material genético es un transgénico. En todos los casos altera las funciones naturales del organismo.

La edición génica no es precisa. Aunque con CRISPR-Cas se pueda intervenir en un sitio elegido como objetivo, ahí termina la supuesta precisión. La “reparación” de esa rotura no puede ser controlada por quien usa la técnica y en muchos casos es defectuosa, con impactos imprevistos. Además, es frecuente que CRISPR-Cas cause mutaciones no intencionales en otras partes del genoma, con efectos potencialmente peligrosos y alterar funciones vitales de los organismos. Por ejemplo, se han encontrado vértebras extras en cerdos manipulados con CRISPR para tener más músculo, para lo cual los científicos no tienen explicación. Los cambios inesperados en el genoma derivados de CRISPR son tantos que Georges Church, de Harvard, llamó a CRISPR “un hacha desafilada”. Agregó: “Le llaman edición, pero en realidad es vandalismo genómico”. (https://tinyurl.com/bdemuzps).

Es riesgosa y los productos no son seguros. Por las incertidumbres y falta de control de la edición génica, los productos resultantes pueden ser riesgosos para el consumo. Las alteraciones genómicas, intencionales o no, pueden ser origen de alergias, toxicidades y/o exacerbar esas propiedades en productos de consumo. También pueden producir resistencia a antibióticos en humanos y animales, un grave problema de salud en el mundo. Esto debido a que usan plásmidos para introducir CRISPR-Cas a los organismos, una molécula de ADN de bacterias que se ha asociado a la trasferencia de genes con resistencia a antibióticos. (https://tinyurl.com/CortandoGenes).

Expande el uso de agrotóxicos. Se afirma que los productos de edición génica tendrían beneficios nutricionales, resistencia a la sequía, a plagas, etc. Pero un gran porcentaje está manipulado para hacerlos tolerantes a nuevos agrotóxicos aún más peligrosos, porque las malezas se han hecho resistentes a los más usados por los transgénicos. Adicionalmente, la industria quiere desarrollar con CRISPR-Cas “impulsores genéticos”, una técnica de edición génica de alta peligrosidad, para que las malezas vuelvan a ser susceptibles a glifosato y otros agrotóxicos, o para extinguir especies enteras de malezas y plagas.

No es “mejoramiento” convencional. La industria y científicos afines afirman que si no detectan material genético foráneo en una planta “editada”, sería igual que una de mejoramiento convencional y no es transgénica. Esto es una falsedad, ya que las alteraciones que se provocan en el genoma nunca ocurrirían de forma natural. También es falso que no se puedan detectar los cambios genómicos y que no se introduce nuevo material genético, intencional o no, por ejemplo, de plásmidos. Para supervisarlos, habría que adecuar los métodos de detección y análisis de riesgo, pero eso es lo que la industria quiere evitar.

No hay bioseguridad ni información a productores y consumidores. Con el falso argumento de que los organismos editados no serían transgénicos si no se detecta ADN ajeno en el producto final, la industria ha conseguido cambiar las normas de bioseguridad de 11 países en América Latina para evadir las evaluaciones de riesgo y bioseguridad. También que no se informe al público, porque se comercializan como cultivos convencionales. Es muy grave, porque son productos manipulados genéticamente que acarrean nuevos riesgos.

Asalto a productos básicos de la alimentación humana. La mayor parte de la manipulación edición génica en nuestro continente se está haciendo con arroz y varios países lo han liberado para siembra y venta como “cultivo convencional”, también con trigo manipulado genéticamente, bajo las falsas premisas descritas arriba. Son cultivos que van directamente a la alimentación humana y que pueden llegar a nuestra mesa sin que sepamos de sus riesgos.

Controlada por grandes de agronegocios y transgénicos. Corteva, Bayer-Monsanto y Syngenta controlan la vasta mayoría de patentes de CRISPR-Cas en agricultura. Aunque surjan nuevos nombres, de empresas que parecen “nacionales”, como Bioheuris en Argentina o Neocrop en Chile, en realidad dependen de las trasnacionales de agronegocios para comercializar sus productos.

Fuente: GMWatch, Mitos y riesgos de la edición génica (https://tinyurl.com/zruy9wrc).

¿Pero qué hace Claudia Sheinbaum en Barcelona?

 

VIDEOCOLUMNA

Un Quijote en Tenochtitlán

Juan Carlos Monedero

"Sheinbaum pone fin a ocho años de congelamiento democrático en un momento en donde Sánchez ha decidido asumir el papel de defensor de la paz ".      

Pero ¿la mejor política exterior no era la política interior? Antes de Trump esta afirmación tenía algo más de sentido. Hoy sería irresponsable. Por eso, si Trump crea el Escudo de las Américas, se van a reunir en Barcelona los que no estaban invitados al club de golf del Presidente norteamericano.

Claudia Sheinbaum ha confirmado su presencia el 18 de abril en Barcelona para la cumbre progresista "En Defensa de la Democracia".  Compartirá mesa con los líderes de la izquierda en ejercicio más relevantes del hemisferio occidental sobre el que Trump se siente emperador: el español Pedro Sánchez, el colombiano Gustavo Petro,  el brasileño Lula da Silva, y Yamandú Orsi, el Presidente de Uruguay.

Al mismo tiempo que se anuncia que Sheinbaum va a tomar un avión, se aprueba le Reforma Laboral en México y también una Ley por la que todos los mexicanos tendrán acceso a la seguridad social. Es decir, que ni un mexicano ni mexicana carecerá de atención sanitaria en el país. Y como siempre que se hacen bien las cosas, arrecian los insultos desde la derecha nacional -e internacional- a Claudia Sheinmbaum. Ladran, señal de que cabalgamos, podría decir la Presidenta. Una frase que no está en verdad en El Quijote, pero que podría perfectamente estar en boca de Alonso Quijano despreciando a los despreciadores profesionales. Porque cuando comienza la marcha, cuando se emprende el camino, cuando se enfila el rumbo, los perros, ociosos, se levantan y ladran.

¿Por qué va Claudia Sheinbaum a Barcelona? Antes tenemos que hacernos una pregunta previa: en una "mañanera" reciente le preguntaron a la Presidenta: ¿quién le puede poner freno a Donald Trump cuando ni siquiera respeta las leyes en su propio país? Contestó Sheinbaum: “Los pueblos y la fortaleza de México. Por eso en México hay que mantenernos unidos”.

Pero de inmediato viene otra pregunta: ¿basta con la unidad de los mexicanos? Es evidente que no. Con Trump no es cierto que la mejor política exterior es la política interior. Porque en la Estrategia de Seguridad Nacional Trump, publicada hace cuatro meses, dice que el Golfo de México es el Golfo de los Estados Unidos (EU), que puede cruzar el Río Grande cuando le venga en gana o que puede tratar como a animales a los migrantes mexicanos en los EU. Por eso, la Presidenta Sheimbaum ha dado un enorme salto y la unidad de los mexicanos la ha trasladado al conjunto de la región:

“Mantenernos juntos nos parece muy importante en la defensa de las leyes internacionales, de los tratados internacionales, y sobre todo de la Carta de Naciones Unidas y de la soberanía de los pueblos”.

Porque EU, como han recordado los chinos hace un par de días, en sus 240 años de historia, sólo ha logrado pasar 16 años sin guerra y ha establecido 800 bases militares en más de 80 países de todo el mundo. EU tiene muchos aliados. Ha creado el Escudo de las Américas y para que se demuestre quién manda, reunió en el Trump National Doral Miami, el resort con campo de golf de su propiedad, a Milei (Argentina), Bukele (El Salvador), Noboa (Ecuador), Kast (Chile), Chaves (Costa Rica), Mulino (Panamá), Paz (Bolivia), Peña (Paraguay), Abinader (República Dominicana), Asfura (Honduras), entre otros.

Y tiene aliados dentro de los países que no fueron invitados. Esta semana, la Senadora Lilly Téllez a ido a EU a decir que en el flanco sur de EU hay un narcogobierno socialista que amenaza la paz de los norteamericanos, que la culpa del fentanilo en las calles de EU es de México y que el Gobierno de Morena da soporte al Cártel Jalisco Nueva Generación (por supuesto, sin presentar pruebas). Más allá de que esta señora estaría presa en España por llamar a una intervención armada en el país y acusar sin pruebas de enormes delitos, el problema es que demuestra que la derecha mexicana, como la colombiana, la brasileña, la uruguaya o la española, están más cerca de Donald Trump y sus intereses que de los gobiernos de sus países.

En Barcelona se ha convocado la Movilización Progresista Global, donde México se reúne con Brasil, Colombia, España y Uruguay en un bosquejo de alianza que suma a 450 millones de personas y un nada despreciable PIB. El Presidente Pedro Sánchez, el anfitrión, ha venido haciendo méritos con México después del desencuentro por la disculpa que López Obrador pidió en 2019 por la Conquista, algo que subió de tono cuando Pedro Sánchez publicó fragmentos de la carta y posteriormente Obrador acusó en 2022 a empresas españolas de corrupción (recordemos que Iberdrola contrató a Felipe Calderón como una señal de prepotencia). Sheinbaum pone fin a ocho años de congelamiento democrático en un momento en donde Sánchez ha decidido asumir el papel de defensor de la paz y de enemigo de la guerra, no tanto por sus propias convicciones, sino porque Trump y Netanyahu, acostumbrados a tener a todo el mundo en Europa de rodillas, la más mínima desobediencia se vive como un insulto personal. Pero la verdad es que da igual que Pedro Sánchez haya sido siempre un hombre del bipartidismo, del banco central europeo, de la OTAN y de la España arrogante. Como decía Goethe, hay virtudes que, aunque se finjan, se realizan, como la cortesía, la generosidad o el izquierdismo de Pedro Sánchez. Los líderes de la izquierda latinoamericana llegan a España en un momento donde se acaban de regularizar a más de medio millón de personas que pasan a ser ciudadanos con derechos. Y muchos de ellos son latinoamericanos.

En Barcelona, todos los líderes se van a encontrar compartiendo respuestas al comportamiento intolerable de Trump. No en vano, Sánchez regresó esta semana de China, donde se ha reunido con Xi Jinping y ha firmado un acuerdo de inversión de alta calidad con China. Al igual que la Internacional del Odio y la Mentira de la extrema derecha reúne constantemente a los directores y equipos de Milei, Abascal, Verastegui, Salinas Pliego, Kast y demás ultras de la derecha, ya iba siendo hora de que la izquierda se reuniera para compartir complicidades y unir fuerzas.

La cumbre de Barcelona se llama Global Progressive Mobilisation (GPM) y su agenda formal incluye la defensa de instituciones democráticas, la regulación de las plataformas digitales (Musk ha insultado a Sheinbaum, a Lula, a Petro y a Sánchez. Al Presidente de Uruguay todavía no porque no tengo claro que sepa dónde está Uruguay), el fortalecimiento del multilateralismo y la lucha contra la desigualdad. Hay también una agenda informal urgente: cómo responder a la guerra arancelaria y geopolítica de Trump, a la crisis energética, a las migraciones, y el giro a la derecha en América Latina y Europa.

Para Sheinbaum, ir a Barcelona no es rebelarse contra Trump. Pero sí que es un movimiento propio de quien quiere mejorar su posición antes de sentarse a la mesa: esto es, construir opciones alternativas visibles. Si México demuestra que puede activar relaciones con Europa, que España puede ser puente hacia la UE, que hay un mercado alternativo creíble, que negociar con China es una opción, que el trato a los migrantes une a los países, etc., su posición en la renegociación del T-MEC es menos encarnizada. El vínculo con España es clave como puente para impulsar el acuerdo modernizado de México con la Unión Europea (UE), diversificando mercados, y obteniendo cooperación tecnológica, educativa y ambiental, así como en términos de seguridad.

Un México que sale fuera reduce el coste de oportunidad real de romper con EU. Es un movimiento de señalización. Como el del Papa, el de Canadá, el de Naciones Unidas, el de la Unión Europea, etc.

Además, el hecho de que el rey Felipe VI reconociera que en la Conquista de América hubo "mucho abuso", le da a Sheinbaum la cobertura política interna para ir sin parecer que abandona el principio que defendió AMLO. Es evidente que si Sánchez pierde las próximas elecciones y llega la derecha española al gobierno, la ventana de Barcelona desaparece. Ir ahora es racional.

Sheinbaum sigue construyendo silenciosamente su propio perfil diferente al de Obrador. Claramente continuista en lo esencial, pero con voz propia, Contrario a la postura de López Obrador de casi no salir de México, Sheinbaum ya acumula varios viajes en casi año y medio de Gobierno: el G20 en Brasil, una reunión de la Celac en Honduras, la Cumbre del G7 en Canadá, y el sorteo del Mundial 2026 en Washington junto a Trump y Carney.

Lo que Sheinbaum está construyendo no es una política exterior distinta de la de AMLO en términos ideológicos —sigue siendo no-intervencionista, progresista, soberanista— sino en términos de estilo operativo. La presencia física importa. Las redes de confianza entre líderes se construyen en persona. AMLO gobernó con la agenda internacional mínima viable. Sheinbaum está descubriendo que en el mundo de 2026 eso es un lujo que México no puede permitirse.

No en vano, la revista Time ha incluido a Sheinbaum entre las 100 personas más influyentes del mundo, destacando su capacidad de "combinar populismo con pragmatismo". Es el Time y, obviamente, siempre estará más cerca de Salinas Pliego que de Sheinbaum. El perfil de estadista internacional también va a servir para la audiencia interna, porque sigue incrementado su autoridad, su independencia de AMLO y sus credenciales propias.

No deja de ser relevante señalar que, como Sheinbaum recordó, la iniciativa fue idea original del expresidente chileno Boric, apuntando a fortalecer la cooperación entre gobiernos que comparten una agenda progresista. Boric, sin embargo, cometió errores de coherencia ideológica que han llevado a que hoy, no sólo no sea Presidente, sino que ha dejado en la Moneda a un pinochetista. Si los líderes progresistas que quedan no se coordinan ahora, cuando queden tres o dos, ya no habrá masa crítica suficiente para articular una posición común en los organismos internacionales. Barcelona es menos una cumbre de ideas que un ejercicio de conteo de fuerzas antes de que el mapa cambie más. Por eso también va a estar en Barcelona Axel Kicillof, que es quien más oportunidades tiene de sacar a Milei de la Casa Rosada.

A Trump le va a gustar, al tiempo que le va a enfadar, la reunión de Barcelona. Demuestra que hay un México independiente y con criterio con el que puede negociar. Un socio sin opciones es un socio que pide ayuda, no uno que firma acuerdos de igual a igual. El T-MEC le conviene a Trump y negociar le gusta.

El arte de la cumbre para Sheinbaum es estar presente sin quedar atrapada en marcos ajenos. Trump está interviniendo en las elecciones en Colombia a través de Ecuador y ha querido intervenir en las elecciones en Hungría, dentro de la Unión Europea, apoyando a Viktor Orbán. Trump ha insultado a Sánchez y a Petro. Algo dirán del presidente del pelo naranja.

Sheinbaum va a Barcelona porque sabe algo que AMLO nunca terminó de asumir: la mejor política interior necesita política exterior. No porque México dependa del mundo, sino porque el mundo está reorganizándose —aranceles, guerra comercial, derecha en ascenso, debilitamiento del multilateralismo— y un país que no tiene presencia en esas conversaciones cuando se toman las decisiones tampoco puede defenderse cuando las decisiones lo afectan. Sin olvidar que expresidentes como Felipe Calderón, radicado en Madrid está constantemente conspirando con la Presidenta madrileña Díaz Ayuso contra Claudia Sheinbaum. Para parar los ataques internacionales hace falta una agenda internacional.

Al final, Sheimbaum va en la dirección correcta porque se mueve en la paradoja de este siglo XXI, donde casi todo, como la luz, va a ser al tiempo onda y partícula: independencia respecto de Washington sin ruptura con Washington, independencia respecto de AMLO sin negación de AMLO, presencia en un foro progresista en un momento cargado de oportunidad y oportunismo sin quedar prisionera ni de sus socios más confrontados con Trump ni tampoco de los más neoliberales.

Para la vieja Europa, la visita de Sheibaum es una enorme bocanada de aire fresco.   

En seguridad pública hay estrategia y esperanzas

 

VIDEOCOLUMNA Puntos y Contrapuntos

Pedro Mellado Rodríguez

"La estrategia de combate a la delincuencia se ha ido fortaleciendo con el paso de los meses durante el Gobierno de la Presidentas Claudia Sheinbaum".

El proceso ha sido lento, pausado, pero con pasos seguros y con una idea concreta de utilizar la inteligencia y la investigación de calidad en el combate al crimen organizado, tanto el que sustenta su poder en el tráficos de drogas y en delitos de alto impacto, como aquel que soterradamente se lubrica y fortalece con la corrupción dentro de las mismas estructuras en los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Y también avanza el proceso para regresar a mandos civiles bien capacitados todas las estrategias de investigación y operación de las tareas de seguridad preventiva, investigación del delito y captura de los generadores de violencia.

Cuando Andrés Manuel López Obrador llegó al gobierno en diciembre del 2018, recibió una estructura de seguridad podrida, envilecida por la corrupción, como secuela de los seis años de desvergonzada complicidad de Genaro García Luna, el Secretario de Seguridad Pública federal de la administración del panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, con el crimen organizado, que trascendió al sexenio del priista Enrique Peña Nieto, en el cual la perversa estructura de complicidades con el narcotráfico permaneció intacta. Inclusive su creador y operador, García Luna, siguió haciendo jugosos negocios con la administración priista de Enrique Peña Nieto.

Habría que recordar que el 25 de enero del 2023 el periódico español El País publicó que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda denunció ante una corte de Florida, Estados Unidos, que el exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón construyó su imperio criminal también con recursos públicos desviados de dependencias gubernamentales que luego fueron blanqueados en el extranjero. García Luna amasó una fortuna de 745 millones de dólares a partir de 30 contratos simulados con la Policía Federal, la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía de la Ciudad de México entre 2009 y 2018. 

Por eso fue muy largo el proceso para cimentar las bases de una nueva corporación de policía preventiva, la Guardia Nacional, a la que había que blindar de la manera más amplia posible, para que no fuera alcanzada por el largo brazo de la corrupción. Eso obligó que el proceso de formación y consolidación de la Guardia Nacional quedará tutelado por la Secretaría de la Defensa Nacional y que muchos de sus nuevos cuadros surgieran del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina.

Al 31 de diciembre de 2025, la Guardia Nacional estaba integrada por 121 mil 247 elementos; lo que representó un aumento de 54.6 por ciento respecto a los 78 mil 699 integrantes que formaban parte de esta institución en 2019, año de su creación. Con presencia en todo el país, las entidades de la República que reciben un mayor apoyo de la Guardia Nacional, por el despliegue de sus elementos, son Estado de México, Guerrero, Jalisco, Oaxaca y Chiapas.

Tiene mucho sentido el anuncio que hizo el  pasado martes 14 de abril del 2026 el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sobre la creación de la Escuela para Mandos en la Academia Nacional de Seguridad Pública, a la cual se incorporaron, como parte de la que será la primera generación, 34 servidores públicos surgidos de la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que estarían perfilados para encabezar corporaciones en cualquiera de las 32 entidades del país.

Durante la conferencia mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que este modelo permitirá homologar, por primera vez, la formación de mandos federales, estatales y municipales, fortaleciendo un lenguaje común, criterios operativos compartidos y una visión integral del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La formación de los nuevos mandos en las instituciones de Seguridad Pública estará a cargo de docentes de las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad Nacional e invitados externos. Contempla una capacitación teórico-práctica dirigida a personas servidoras públicas que ocupan o están perfiladas para cargos de alta responsabilidad, con el propósito de desarrollar herramientas para la toma de decisiones estratégicas basadas en evidencia, el fortalecimiento de la coordinación operativa y técnica entre autoridades, la implementación de instrumentos metodológicos y capacidades tecnológicas de vanguardia, así como el ejercicio de una gobernanza en seguridad pública con estricta legitimidad institucional.

También habría que considerar que el 31 de marzo de 2025 la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana lanzó la convocatoria para formar la primera generación de agentes de investigación e inteligencia, El sueldo mensual que se les ofrecía a los interesados era de 32 mil pesos mensuales, servicios de atención médica en el ISSSTE, programa de vivienda, seguro de vida, estancias infantiles para sus hijos y aguinaldo de 40 días.

El rumbo

Los detalles de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 fueron publicados el 13 de mayo del 2025 en el Diario Oficial de la Federación. Se articula en torno a cuatro ejes rectores: 1.- Atención a las causas; 2.- Consolidación de la Guardia Nacional; 3.- Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y 4.- Coordinación absoluta en el Gabinete de Seguridad y con las entidades federativas.

El Eje Atención a las causas está encaminado a desarrollar acciones para el bienestar y la prosperidad de la población, y garantizar su acceso a la educación, el trabajo, la salud, la vivienda, el deporte, la cultura, entre otros servicios y derechos, principalmente a las personas jóvenes y a los grupos considerados prioritarios por su grado de vulnerabilidad, con el propósito de ayudarles a construir un mejor proyecto de vida, eliminar las brechas de desigualdad social y prevenir que se involucren en actividades delictivas.

El Eje Consolidación de la Guardia Nacional implica que esta fuerza de seguridad pública continuará su desarrollo, adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), bajo una estricta supervisión, disciplina, formación y profesionalización en doctrina policial civil, buscando garantizar en todo momento que su actuación sea respetuosa de los derechos humanos.

En cuanto al Eje Fortalecimiento de la Inteligencia e Investigación, se pretende crear y consolidar el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación en Materia de Seguridad Pública. Para tal propósito se creó la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial dentro de la estructura de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal.

En el Eje Coordinación absoluta en el Gabinete de Seguridad y con las entidades federativas, se han realizado acciones para cumplir con las políticas y estrategias establecidas, mediante los acuerdos y las decisiones del Gabinete de Seguridad, a partir del análisis de los índices delictivos, la implementación de operativos focalizados, el intercambio de información y el desarrollo de investigaciones que concluyan en la detención de generadores de violencia y la desarticulación de redes criminales con la colaboración de los gobiernos estatales y municipales.

Para cumplir estos propósitos se estableció en el Artículo 21 de la Constitución General de la República que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público  (dependiente de la Fiscalía General de la República y de las Fiscalías estatales), a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Ejecutivo Federal, a la Guardia Nacional y a las policías, estatales y municipales en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando del Ministerio Público en el ejercicio de esta función.

El mismo Artículo 21 constitucional fue reformado el noviembre del 2024, ya en el mandato de Claudia Sheinbaum Pardo, para establecer que “la Secretaría del ramo de Seguridad Pública formulará, coordinará y dirigirá la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como los programas, las políticas y acciones respectivos; auxiliará a la persona titular de la Presidencia de la República en el ejercicio de las funciones en materia de seguridad nacional”.

Agrega además que al titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal “le corresponderá la coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia en materia de seguridad pública, en los términos que señale la ley, y podrá coordinar las acciones de colaboración de los tres órdenes de gobierno, a través de las instituciones de seguridad pública, los cuales además deberán de proporcionar la información de que dispongan o que recaben en la materia conforme a la ley. Podrá solicitar información a las instituciones y dependencias del Estado para la identificación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delitos”.

Cuerpo de élite

Como parte del fortalecimiento de esta estrategia, el lunes 1 de diciembre del 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que establece que “se delega en la persona titular de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial (de la Secretaría de Seguridad Pública federal), en el ámbito de su competencia, la facultad de constituir un cuerpo de agentes para organizar, dirigir y supervisar la investigación y persecución de delitos basada en inteligencia, información estratégica, análisis, colaboración, práctica de operaciones especiales y aprovechamiento de la tecnología informática”.

Este cuerpo de élite está destinado a planear y ejecutar acciones de inteligencia, investigación y estrategias tácticas operativas para la identificación y captura de generadores de violencia; establecer procedimientos para atender incidentes potenciales que pongan en riesgo la seguridad de las personas, bienes y el medio ambiente;determinar los mecanismos orientados al acompañamiento, prevención y reacción ante emergencias que requieran la protección a personas servidoras públicas que sean propensas a agresiones o actos delictivos.

Además, este cuerpo policiaco de élite está orientado a diseñar esquemas de entrenamiento y capacitación especializada en tareas conjuntas y operaciones especiales, en coordinación con otras instituciones de seguridad; instrumentar mecanismos de colaboración con las áreas de investigación de la Secretaría, las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno y las instancias competentes a nivel internacional, y a garantizar la atención de objetivos prioritarios y dar cumplimiento a mandamientos ministeriales y judiciales. Este cuerpo especializado está bajo el mando del titular de la Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas (UNO), directamente adscrita a la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial.

El martes 24 de febrero del 2026 el Diario Oficial de la Federación publicó otro acuerdo del Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, mediante el cual se crea la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional, como una institución educativa del Centro, con capacidad académica en materia de inteligencia civil para la seguridad pública y seguridad nacional. 

En esta estrategia de seguridad están involucrados los cuerpos de inteligencia de el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. Y con respecto al dinero sucio y a los bienes de procedencia ilícita, existe amplia coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que sigue la pista a los recursos tanto del crimen organizado como de la delincuencia de cuello blanco. Como puede observarse, la estrategia de combate a la delincuencia se ha ido fortaleciendo con el paso de los meses durante el Gobierno de la Presidentas Claudia Sheinbaum Pardo.

          

“Del sueño americano a la pesadilla Trump”

Juan Becerra Acosta

Al igual que el ocaso necesita de un amanecer para existir, o el declive de un ascenso, la decadencia no lo puede ser sin un pasado con esplendor. Algo viejo e inservible no es decadente si antes no fue joven y de utilidad. Un lugar feo abandonado y triste no es decadente si en el pasado no fue hermoso, concurrido y alegre; sin esto último simplemente es un lugar desolador. La decadencia es el deterioro de aquello que gozó una época de gloria, ejemplo: Estados Unidos, nación víctima de sí misma, que eligió como presidente –por segunda vez– a su enterrador.

Donald Trump no es la causa de la decadencia, sino sólo un síntoma. No era secreto para los electores en 2016, menos en 2024, que el republicano es, al menos, un chivo en cristalería.

Entre 1991 y 2009 sus casinos sufrieron múltiples bancarrotas y crisis financieras, pero el impacto en su fortuna personal no. Las empresas de sus casinos se acogieron a la protección por quiebra en al menos cuatro ocasiones, Trump logró mitigar sus pérdidas personales trasladando deudas a las empresas públicas y cobrando salarios millonarios, pero sus proveedores contratistas y accionistas perdieron gran parte de su dinero, o quebraron.

¿Quién quiebra un casino?, ¿cómo lo logra? Este tipo de negocio cuenta con estructuras diseñadas para que las probabilidades siempre jueguen a su favor a largo plazo, todos los juegos tienen un margen matemático a favor del establecimiento. Pero ,tal vez la pregunta aquí es: ¿Quién vota para presidente por alguien que logró quebrar sus casinos?

El nombre de Donald Trump aparece más de mil veces en los millones de documentos del caso Epstein, detenido el 6 de julio de 2019 por tráfico sexual de menores.

La reacción de la opinión pública fue de indignación y desconfianza hacia las élites, el arresto puso el foco sobre figuras políticas vinculadas a Epstein, los primeros en la lista fueron Donald Trump y Bill Clinton. A pesar de la desconfianza de una mayoría de estadunidenses insatisfechos con el manejo del caso, Donald Trump y el Partido Republicano arrasaron en las elecciones de 2024.

¿Cómo llega Trump a la Casa Blanca por segunda ocasión? Pronunció lo que la gente quiso escuchar. A diferencia de Kamala Harris, quien en campaña evadió todos los problemas ocurridos durante su administración como vicepresidenta, Trump nombró una por una las exigencias de los ciudadanos. Simplemente las mencionó, no dijo cómo iba a resolverlas, pero prometió hacerlo.

Aprovechó la pérdida de confianza en las instituciones tradicionales para vociferar discursos populistas que cuestionaron las reglas del juego democrático, lo hizo con las palabras que las mayorías querían escuchar. No creó ninguna división, aprovechó la ya existente para profundizarla, utilizó a su favor décadas de fractura social.

Estados Unidos (que bien haría alguien en ponerle un nombre de verdad) fue un país admirado, envidado y hasta emulado, que hoy rompe con sus propias reglas para intentar mantener un control social. Lejos están las políticas trumpianas del discurso demócrata liberal y de derechos humanos que presumía una nación que se adjudicó el nombre de “tierra de las libertades”, pero que realiza cacerías humanas con la intención de eliminar a grupos considerados enemigos, o incluso inferiores, de la misma manera en la que el nazismo de Hitler llevó a cabo la persecución sistemática, captura y exterminio de millones de personas.

Países como China y Rusia, junto con el bloque de los BRIC, buscan alternativas para desvincularse del dólar estadunidense, lo que amenaza el control financiero global de Washington.

China, India y Brasil vendieron más de 180 mil millones de dólares en bonos del Tesoro estadunidense entre octubre de 2024 y octubre de 2025, lo que aceleró el uso de alternativas al dólar en el comercio y reservas, por lo tanto debilitó el dominio financiero estadunidense y su capacidad de ejercer sanciones económicas.

Donald Trump sin empacho o eufemismo interviene naciones y crea guerras cuyo rechazo –no sólo en el resto del mundo sino en su propio país– lo han llevado a cifras récord de impopularidad; la mayoría de los estadunidenses repudia el envío de tropas a Medio Oriente, y cada vez más militares se oponen a pelear una guerra a la que acusan de no ser suya sino del gobierno de Israel.

Al tiempo en el que millones de personas se manifiestan contra Trump en Estados Unidos y fuera de sus fronteras, miembros de la OTAN se deslindan y reprueban su belicismo, o el papa León XIV es víctima de sus insultos, y cristianos y católicos, de chistes blasfemos desde la Casa Blanca. Mientras Trump, como la leyenda de Nerón, toca un arpa y el imperio en decadencia arde con las llamas que encendió un pueblo al votar por él.

Es hora de gravar la riqueza extrema en México y América Latina

Gabriel Zucman*

Cuando Brasil puso la tributación de los ultrarricos en la agenda del G-20 (https://t.ly/sPat-) en 2024, convirtió una pregunta largamente postergada en una prioridad política. La propuesta –en la que tuve el honor de participar– planteaba un impuesto mínimo efectivo de 2 por ciento para los individuos con patrimonios superiores a 100 millones de dólares. Por primera vez, las principales economías del mundo reconocieron conjuntamente que los superricos no están pagando su justa cuota de impuestos y que era necesario considerar formas de abordar la situación.

Desde entonces, el tema ha escalado rápidamente en la agenda política global. Países como Francia, España, Países Bajos, Dinamarca y Suecia debaten sobre una tributación más justa para las grandes fortunas. En Estados Unidos, California podría someter a un impuesto a los ultrarricos a referéndum en noviembre, mientras en Nueva York, Zohran Mamdani ha propuesto gravar a los millonarios.

Brasil, por su parte, recientemente aprobó una reforma tributaria histórica para los superricos. Lo que hace apenas unos años parecía políticamente inalcanzable, hoy está sobre la mesa como una posibilidad real.

Esto importa especialmente en América Latina, una de las regiones más desiguales del mundo (https://t.ly/BkThI), junto con Medio Oriente y el Norte de África. El 10 por ciento más rico (https://t.ly/yogyb) posee alrededor de 50 por ciento del ingreso nacional, mientras la mitad más pobre se queda con sólo 8 por ciento. En el último cuarto de siglo, las fortunas de los milmillonarios de la región se han multiplicado más de seis veces, alcanzando máximos históricos. En México, los milmillonarios concentran una fortuna combinada de cerca de 300 mil millones de dólares. Si se amplía el umbral a las personas con fortunas superiores a 100 millones de dólares, la riqueza acumulada supera 500 mil millones de dólares, más que el PIB total de Colombia (https://t.ly/eSazV).

Este resultado no es inevitable; es fruto de decisiones políticas. Un nuevo análisis encargado por Brasil al Observatorio Internacional de Tributación, que dirijo, en nombre de la Plataforma Regional de Cooperación Tributaria en América Latina (PTLAC) (https://t.ly/y3Jim), muestra que la política fiscal es parte central de esta historia.

En toda la región, los sistemas tributarios hacen poco para reducir la desigualdad y, en muchos casos, la agravan. El 50 por ciento más pobre de la población latinoamericana paga cerca de un tercio de sus ingresos, principalmente mediante gravámenes al consumo. En contraste, el uno por ciento más rico paga, en promedio, alrededor de 22 por ciento. Este patrón no es exclusivo de la región: en varios países (https://t.ly/0TMeo) los multimillonarios enfrentan tasas efectivas más bajas que las del resto de la población, porque pueden estructurar su riqueza para generar pocos ingresos imponibles.

Por eso se necesita un nuevo instrumento: un impuesto mínimo efectivo sobre la riqueza de los súper ricos. La lógica es sencilla: dado que la renta imponible puede manipularse fácilmente, ese mínimo debería definirse como una fracción de la riqueza, que es mucho más difícil de ocultar. La regla se aplicaría sólo a personas con activos por encima de un límite determinado, por ejemplo, de 100 millones de dólares.

A diferencia de los impuestos sobre la fortuna tradicionales, el impuesto mínimo, por ejemplo, de 2 por ciento sobre el patrimonio, funciona como un “piso”. Si los impuestos ya pagados sobre la renta y el patrimonio no alcanzan ese 2 por ciento, se cobrará la diferencia. Si los impuestos pagados alcanzan ese 2 por ciento, no se deberá ningún importe adicional.

La propuesta simplemente garantiza que los multimillonarios contribuyan, en relación con su riqueza, al menos tanto como los ciudadanos comunes.

En el informe encargado por Brasil, mis colegas muestran que un impuesto mínimo de 2 por ciento sobre fortunas superiores a 100 millones recaudaría alrededor de 24 mil millones de dólares al año –aproximadamente 0.6 por ciento del PIB de las siete economías más grandes de la región. Con una tasa de 3 por ciento, los ingresos alcanzarían 36 mil millones. En México, un impuesto mínimo de 2 por ciento sobre la riqueza de individuos con más de 100 millones de dólares podría generar alrededor de 10 mil millones de dólares, lo que podría financiar una expansión de los servicios públicos de salud y educación en el país.

La propuesta es viable. En la última década, la cooperación internacional ha transformado la transparencia sobre la riqueza global. El intercambio automático de información ha reducido drásticamente la opacidad de los activos offshore. Además, muchas formas de riqueza –como bienes inmuebles, acciones cotizadas y herencias– ya se declaran o gravan, y los métodos de valoración de las empresas privadas se utilizan ampliamente en las finanzas y en la administración tributaria.

América Latina tiene razones de peso para tomarse en serio este debate ahora. La relación promedio entre impuestos y PIB (https://t.ly/R-ncn) de la región es de 21.3 por ciento, frente a 34.1 por ciento de los países de la OCDE. La brecha es aún mayor en algunas de las economías más grandes de la región: la carga tributaria de México, equivalente a 17.7 por ciento del PIB, (https://t.ly/AHb0H) está por debajo incluso del promedio regional, y es el país con la menor recaudación entre todos los miembros de la OCDE. Además, el crecimiento no ha aumentado lo suficiente y las presiones por el servicio de la deuda van en aumento. Los estados necesitan recursos para invertir en salud, educación, adaptación al cambio climático y transformación productiva.

Pero también necesitan legitimidad. Un sistema tributario pierde legitimidad cuando los trabajadores, los maestros y los pequeños empresarios pagan más, proporcionalmente, que las grandes fortunas.

Datos de la OCDE (https://t.ly/dk6dZ) muestran que sólo 29 por ciento de los mexicanos creen que el sistema los grava de forma justa. Cuando el poder económico se acumula sin una contribución correspondiente al bien público, las instituciones democráticas comienzan a erosionarse.

América Latina no necesita esperar una coordinación global perfecta para actuar. La cooperación internacional es deseable y Brasil ha liderado el camino al poner el tema en el escenario internacional. Pero los países de la región también pueden avanzar a nivel doméstico y regional, construyendo sobre el creciente consenso de que la desigualdad extrema no es ni inevitable ni intocable. La propuesta es nueva. Implementarla no está fuera de alcance. Lo que falta es la voluntad política para actuar.

* Profesor de economía en la Paris School of Economics, en la École Normale Supérieure y en la Universidad de California, en Berkeley. Director fundador del Observatorio Fiscal Internacional