En 2022 quedó congelada una primera petición de desafuero contra “Alito” Moreno, cuando se desempeñaba como Diputado federal, proceso cubierto por el oscuro velo de una presunta complicidad, de un pago político al dirigente nacional del tricolor, lubricado por el respaldo del PRI a una iniciativa de Morena para mantener a las fuerzas armadas en las calles hasta el 2028, en apoyo a las tareas de seguridad pública. Ahora despierta las misma sospechas una injustificada dilación de cuatro meses para responder la solicitud de desafuero contra Alejandro Moreno formulada por la Fiscalía de Campeche en los últimos días del pasado mes de julio.
El violento y procaz “Alito” ha injuriado hasta la saciedad a Morena, a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al gobierno de la Cuarta Transformación, tildándolos de narcogobierno y narcopresidenta, ante audiencias en foros internacionales, ante gobiernos con los cuales México tiene serias diferencias y sobre todo, asumiéndose como una víctima perseguida por razones políticas, por un gobierno que falazmente califica de autoritario y dictatorial.
Que van por él
Este miércoles 26 de noviembre del 2025, en la red social “X”, la bancada de diputados de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, publicó un comunicado en el cual denunció que la dirigencia nacional y local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que encabeza Alejandro Moreno Cárdenas, alias “Alito”, “operó y contrató grupos de choque y porros para generar violencia durante la marcha del pasado 15 de noviembre”, cuando se manifestaron los presuntos y ausentes jóvenes de la denominada Generación Zeta.
En conferencia de prensa, la Diputada Xóchitl Bravo Espinoza, coordinadora de la bancada morenista en el Congreso de la Ciudad de México y el vocero de ese grupo parlamentario, el legislador Paulo Emilio García González, afirmaron que los priistas ofrecieron pago de 10 mil pesos a porros del más diverso origen para que participara en acciones violentas durante la marcha. Aseguraron que “Alito” Moreno pidió reunir unos 400 golpeadores, pero que sólo alcanzaron a conseguir 100. Señalaron, en particular, a los legisladores Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, presidente de la Comisión de Juventud en la Cámara de Diputados de la Federación, e Israel Betanzos Cortés, presidente del PRI en la Ciudad de México, de haber coordinado a esos grupos violentos.
La violencia, tanto verbal como física, siempre ha estado vinculada a la personalidad de “Alito” Moreno. Habría que recordar que el miércoles 27 de agosto del 2025 el Senador y presidente nacional del PRI golpeó al morenista Gerardo Fernández Noroña luego que concluyó una sesión en la Cámara Alta, en el momento en el que los legisladores cantaban el himno nacional. De paso, un enfurecido “Alito” también le soltó puñetazos y patadas a un colaborador de Fernández Noroña, el camarógrafo Emiliano González González. Se quejaba el dirigente nacional del PRI que durante la sesión Fernández Noroña, en su carácter de presidente de la mesa directiva del Senado, le negó la palabra.
Los pendientes
El jueves 31 de julio del 2025 se anunció que la Sección Instructora de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión analizaría el día siguiente, viernes 1 de agosto del 2025, por segunda ocasión desde 2022, si existían bases para iniciar un procedimiento legislativo que podría derivar en la Declaración de Procedencia de la Acción Penal en contra del Senador y presidente nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas y como consecuencia, la pérdida de la inmunidad constitucional.
La Fiscalía Anticorrupción de Campeche acusó a Moreno Cárdenas del presunto desvío de 83 millones de pesos. La pérdida del fuero permitiría que Moreno Cárdenas pudiera ser detenido por la Fiscalía y puesto a disposición de un Juez que valorara si debería quedar sometido a proceso penal.
Desde el jueves 25 de julio del 2025, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche publicó en la red social X, un escueto comunicado que informaba que había presentando y ratificado ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la solicitud de declaración de procedencia de la acción penal en contra del extitular del Poder Ejecutivo del estado en el periodo 2015-2019.
Las cuentas pendientes de “Alito” son muchas y variadas. El miércoles 6 de julio del 2022, en su portada, el periódico Reforma publicó en su nota principal que Alejandro Moreno, dirigente del PRI, declaró un valor de 5.3 millones por 15 propiedades que adquirió entre 2012 y 2015, las cuales tenían un valor real de casi 103 millones de pesos, pero que además había sumado 23 bienes inmuebles, según revelaban dos diferentes investigaciones de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía de Campeche, citadas por el periódico.
La información reseña también que en 2019, Alejandro Moreno fue denunciado ante la Fiscalía General de la República por el exgobernador de Oaxaca, el también priista Ulises Ruiz, por mentir en su declaración patrimonial 3 de 3 sobre los costos de 15 propiedades en Campeche. En 2022, en una segunda investigación que integró la Fiscalía estatal, Moreno Cárdenas sumaba ya 23 propiedades, sólo en Campeche, aunque algunos de los predios, sobre los que está construida su residencia, están a nombre de sus familiares, agregaba la nota de Reforma.
La primera ocasión en la que la Fiscalía de Campeche solicitó que le fuera retirada la inmunidad constitucional a “Alito” Moreno fue el 17 de agosto del 2022, cuando esa institución, que encabezaba entonces Renato Sales Heredia, promovió ese mismo trámite ante la Cámara de Diputados federal, apoyada en la presunción de que dirigente nacional del tricolor habría cometido los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, uso indebido de facultades, defraudación fiscal y lavado de dinero, durante su gestión como Gobernador en aquella entidad.
El 3 de septiembre del 2022 el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la integración de la Sección Instructora que debía analizar la procedencia de la acción penal y la pérdida del fuero de Moreno Cárdenas. Este órgano quedó integrado por Jaime Humberto Pérez Bernabé, de Morena, en carácter de presidente y como secretarios fueron designados el vicecoordinador de Morena, Leonel Godoy Rangel; el vicecoordinador del PAN, José Elías Lixa Abimerhi; y el coordinador del PRI, Rubén Ignacio Moreira Valdez.
El asunto no prosperó y se quedó en la congeladora debido a que una Diputada del PRI, Yolanda de la Torre Valdez, muy cercana a “Alito” Moreno, presentó la iniciativa que permitió la reforma constitucional, respaldada por el tricolor, para mantener la presencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública hasta el 2028, en apoyo de tareas y combate al crimen organizado, asunto prioritario para Morena y el Gobierno de la Cuarta Transformación. La referida reforma fue aprobada en la Cámara de Diputados y Senadores entre septiembre y octubre del 2022.
La Comisión Jurisdiccional, responsable de designar a la Sección Instructora que tendría que analizar la petición de desafuero contra “Alito” Moreno es encabezada por el legislador morenista Hugo Erik Flores. Sólo por oscuras y truculentas razones políticas se explica la dilación en el proceso para quitarle el fuero y la inmunidad al dirigente nacional del PRI, para ponerlo a disposición de la Justicia. Y sobre esa negligente, complaciente y cómplice actitud, tendría que rendir cuentas el coordinador de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal Ávila.
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