El talón de Aquiles
en siete años y dos administraciones, los gobiernos de la 4T no han podido incrementar el PIB al 4 por ciento que prometió el ex presidente López Obrador. El Banco de México adelanta que con Claudia Sheinbaum apenas llegará a 0.3 por ciento este año. Es cierto que aun sin crecer la economía, el gobierno ha podido elevar el bienestar de la gente por medio de los programas sociales. Sin embargo, esos avances no podrán sostenerse indefinidamente sin que crezca el PIB. La inversión extranjera va bien, superará 40 mil millones de dólares este año. La presidenta Sheinbaum se propone realizar la tarea. Concertará un acuerdo nacional con el sector empresarial para promover la inversión, la clave mágica del PIB. De eso y otros temas trató su reunión con Carlos Slim; su hijo Marco Antonio, quien tiene a su cargo el brazo financiero del grupo, y Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Será promulgada una nueva ley de inversiones, con la finalidad de promoverlas.
Los nuevos hidrofundistas
La revolución mexicana acabó con los latifundistas, la 4T se propone hacer lo mismo con los hidrofundistas, los señores feudales del agua. Sobran tierras en la República, pero escasea el agua; mucha la acaparan pocas manos. En el sexenio de Enrique Peña Nieto se publicaron 10 decretos que eliminaron la prohibición de extracción del recurso en aproximadamente 300 cuencas hidrológicas, lo que equivale a 55 por ciento de los lagos y ríos del país. La justificación fue que esto permitiría un uso más eficiente del líquido, garantizaría el suministro para las futuras generaciones y protegería el medio ambiente. Nosotros advertimos que se estaba posibilitando que grandes empresas internacionales, como las embotelladoras de refrescos y las cerveceras, acapararan el agua, y así ocurrió. La nueva ley de aguas intenta darle su sentido original, como indica la Constitución: no es mercancía, es un derecho humano. No quieren entenderlo los hidrofundistas que promueven el bloqueo de carreteras.
Díselo a Claudia
Asunto: todos la quieren
Estados Unidos: dame mi agua; transportistas: no a la ley de aguas; pueblos y ciudades: no hay agua para las colonias; grandes empresas: déjennos seguir explotándola o dejamos de invertir; traidores: que venga Estados Unidos aunque haya desorden y roben nuestros recursos.
Pedro A. Miranda
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Baltazar Valdez se levantó de la mesa de negociación en la Secretaría de Gobernación: es parte del bloqueo negro. Ahora Baltazar amenaza con bloquear la CDMX. Valdez no es campesino, es empresario panista de Sinaloa.¿Cómo se ha hecho empresario? ¿De dónde su dinero?
David Vargas Araujo @DavidVargasA18
X: galvanochoa Facebook: galvanochoa
Con Alejandro Gertz Manero a la cabeza, un personaje cuyo historial de alta burocracia es nítidamente contrario a cualquier propósito de regeneración nacional, la FGR ha sido sumamente lenta en cuanto al procesamiento judicial en general ( TortuGertz), sumamente rápida en temas de interés político superior o de interés personal o familiar del titular de la oficina, y muy enfangada en arreglos zigzagueantes, finalmente propicios para la impunidad, en casos de alto interés público, sin combate auténtico a la corrupción en casos relevantes.
Hoy, el Senado tendrá una sesión plenaria y diversas versiones aseguraban anoche que un tema a tratar estaría relacionado con la FGR, eventualmente con un cambio de titular. También se mencionaban nombres de posibles relevos. Ya se verá si, en caso de darse los supuestos movimientos, lleguen a significar el inicio de un proceso de mejoría a fondo de las fiscalías, comenzando por la federal.
Un grupo de laicas, laicos y religiosos que promueve la teología latinoamericana en México y varios países de América Latina ha enviado una carta abierta a la Conferencia del Episcopado Mexicano en la que, entre otros temas relevantes, señalan: “Nos parece muy importante que nuestros obispos y sacerdotes estén convocando a la paz y al diálogo. Sin embargo, complementamos que es de igual importancia hacer un llamado a la unidad de los mexicanos ante las amenazas extranjeras y a defender la soberanía del país. Recientemente en la marcha de la Generación Z hubo varios portavoces que solicitaban y pedían directamente el apoyo de Trump para intervenir en asuntos internos que, en realidad, deben ser resueltos por los mismos mexicanos. Recordemos las palabras de nuestro querido papa Francisco: ‘La patria es un don, la nación una tarea’ (2010)”.
Añaden, bajo la firma del Grupo Teología Latinoamericana: Volviendo al Evangelio: “El solicitar apoyo extranjero tiene sus matices y contextos en los cuales es válido hacerlo, y hasta es necesario cuando se trata de estrechar relaciones internacionales. Sin embargo, quien pide ayuda externa para desacreditar un partido o administración ante una situación que compete a un órgano interno como lo es el Estado, no hace más que ignorar las enseñanzas de nuestro anterior pontífice; peor aún, significa traicionar a todas y todos aquellos miembros de la sociedad civil que históricamente buscaron consolidar la dignidad de las personas y el bien común del país mediante la independencia, la revolución y otras reformas que nos dieron patria y conforman la historia de México”.
Más complicaciones en el tema del concurso de belleza denominado Miss Universo. Un tema judicial se ha sumado a la polémica generada al triunfo de la concursante mexicana, Fátima Bosch, por presunto conflicto de intereses del padre de ella, alto funcionario de Pemex, y el dueño de 50 por ciento de las acciones de la empresa organizadora del concurso, Raúl Rocha Cantú, empresario beneficiado con contratos de la petrolera estatal.
Ya de por sí el asunto se ha ensuciado por las renuncias de tres jurados del concurso, uno de ellos asegurando que tiene pruebas grabadas de la presión ejercida por el empresario para que el triunfo se asignara a la representante mexicana, además de otras voces involucradas, igualmente críticas; y, ahora, un juez federal ha ordenado, a instancias de la Fiscalía General de la República, una orden de aprehensión contra el mencionado Rocha Cantú, bajo acusaciones de delincuencia organizada, tráfico de armas de fuego e hidrocarburos, todo relacionado con el cártel Jalisco Nueva Generación y la Unión Tepito. Nada bello el asunto. ¡Hasta mañana!
X: @julioastillero, Facebook: Julio Astillero, juliohdz@jornada.com.mx
El organismo especializado de la ONU divulgó ayer su Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025, del que se toman los siguientes pasajes: Colombia (con 43.9 por ciento para el decil más rico y 0.9 por ciento para el más pobre) es el país regional con mayor concentración del ingreso. México ocupa el peldaño número 9 entre las 16 naciones analizadas y Uruguay el último, aunque en ninguno de los casos dicha concentración es menor a 30 por ciento para la población más pudiente.
La desigualdad del ingreso en América Latina y el Caribe es una de las brechas estructurales más persistentes. Se trata de un fenómeno que refleja no sólo diferencias en la capacidad de generación de ingresos de las personas, sino también la histórica concentración del capital y de las oportunidades de desarrollo en manos de una minoría. En esencia, la desigualdad del ingreso se refiere a la magnitud de la diferencia entre los ingresos que perciben los segmentos más pobres de la población y los que se concentran en los estratos más ricos. No cabe duda de que la magnitud de la desigualdad en la región es particularmente alta: América Latina y el Caribe tiene un índice de Gini promedio que es inferior sólo al de los países de África Subsahariana, y algunos de sus países presentan los índices de desigualdad más altos a escala mundial.
Las sociedades con altos niveles de desigualdad tienden a desaprovechar el potencial productivo de grandes segmentos de la población, lo que se traduce en economías menos dinámicas e innovadoras. A su vez, la desigualdad excesiva debilita la cohesión social y la estabilidad, al percibirse como una situación injusta; reduce la eficiencia económica, al impedir que personas con potencial accedan a recursos para invertir, y deteriora las instituciones políticas, al facilitar su captura por élites que promueven políticas contrarias al interés general. La desigualdad del ingreso se vincula estrechamente con la concentración de los activos productivos, como la tierra y el capital físico y financiero, lo que limita aún más las posibilidades de movilidad social.
De acuerdo con los resultados de las encuestas de hogares de América Latina, la brecha del ingreso entre el decil superior (más rico) y el inferior (más pobre) supera las 20 veces. Este patrón de concentración extrema es característico de una forma de desarrollo que se asienta en profundas desigualdades estructurales, que difícilmente pueden reducirse sin políticas redistributivas más intensas y sostenidas.
En lo que respecta al componente de los ingresos por ocupado, los salarios de las personas dependientes contribuyeron, en casi todos los países, a una mejora distributiva. Destacan los casos de México, donde el ingreso asalariado tuvo efecto claro en la mejora distributiva.
En síntesis, el índice de Gini presenta una tendencia descendente en varios países, pero la reducción ha sido modesta y no refleja cambios profundos en los patrones de concentración de la riqueza. La marcada disparidad entre los deciles más ricos y los más pobres pone de manifiesto que el modelo de desarrollo vigente continúa reproduciendo brechas históricas que limitan tanto el crecimiento económico y la cohesión social como el avance hacia el desarrollo social inclusivo.
Las rebanadas del pastel
Resulta que entre los “apartidistas” prianistas dedicados, según dicen, a “rescatar el campo” también hay quienes se dedican al huachicoleo de agua. Detalla la presidenta Sheinbaum: “Hay distritos que tienen concesionada agua para riego y no pagan por el uso porque es para la producción de alimentos –como dice la ley, tratándose de distritos de riesgo–. Bueno, resulta que no la usan y la venden a los municipios y entonces los ves en sus carrazos, camionetotas a los agricultores de algunos distritos de riego porque ganan al año 300 millones de pesos por venderle agua a un municipio. Pues eso no, no puede ser”.
En cuanto a la desigualdad, es 14 por ciento menor que hace 10 años. Sin embargo, el 10 por ciento más rico de la población acapara 33.5 por ciento de los ingresos, mientras el 10 por ciento más pobre percibe apenas 2 por ciento de la riqueza generada. La inequidad extrema se refleja en fenómenos como el poco honroso título de tercer país con más jets privados del mundo, con casi 2 mil de estos aparatos, los cuales no sólo simbolizan el contraste entre la miseria y la opulencia, sino que muestran el carácter intrínsecamente nocivo de la acumulación de grandes fortunas. Como denuncia la Alianza por la Justicia Fiscal (AJF), el 0.1 por ciento de la población más rica en México contamina prácticamente lo mismo que el 40 por ciento más pobre y los negocios de los tres hombres más ricos del país ensucian el medio ambiente más que 17 millones de personas. El enfoque ecológico dista de ser una mirada romántica o nostálgica, pues el desequilibrio ambiental produce eventos meteorológicos que dejan millones de damnificados; principalmente, entre los más pobres.
De los datos anteriores pueden extraerse dos grandes conclusiones. Por una parte, queda claro que el producto interno bruto (PIB) es un indicador poco fiable para comprender la realidad económica: México ha tenido un crecimiento muy modesto en su PIB, lo cual no le ha impedido impulsar el bienestar de sus sectores más vulnerables en mucha mayor medida que países con aumentos del PIB que parecerían envidiables. Esta aparente incongruencia es resultado de un modelo económico diseñado no para crear, sino para acaparar la riqueza: entre 2020 y 2022, 63 por ciento de todo el nuevo capital generado en el planeta fue capturado por el 1 por ciento más rico de la población. La organización Oxfam ilustra de manera elocuente lo que significa esa disparidad: por cada dólar de nueva riqueza global que ganó una persona del 90 por ciento más pobre de la humanidad, un multimillonario ganó 1.7 millones de dólares. Así, de poco sirve una enorme aceleración del PIB si no se instrumenta un marco fiscal e institucional que evite la hiperconcentración de la riqueza.
En esta verdad radica la segunda conclusión: para sostener y reforzar el combate a la pobreza es ineludible gravar las grandes fortunas y el consumo suntuario de tal modo que la prosperidad no se traduzca únicamente en lujos, sino también en bienestar general. La AJF aporta algunas sugerencias de dónde iniciar la implementación de la justicia fiscal al señalar que en México los yates y los jets privados se encuentran subvencionados de facto por tarifas portuarias y aeroportuarias excepcionalmente bajas, hasta el punto de que el dueño de un avión paga la misma tarifa de uso de aeropuerto (TUA) que el pasajero de un vuelo comercial en clase turista, en tanto que quien posee una embarcación de millones o decenas de millones de dólares eroga por atracarla menos de lo que cuesta un estacionamiento en la Ciudad de México. Del lado de los ingresos, el gran pendiente es la progresividad fiscal, pues en la actualidad una microempresa paga el mismo impuesto sobre la renta que corporaciones trasnacionales.
Es necesario llevar a la arena pública el debate sobre una reforma fiscal que deje atrás el esquema hacendario heredado del neoliberalismo. Para hacerlo sin graves fricciones, el gobierno debe emprender un esfuerzo político y hasta pedagógico para explicar al empresariado que la desigualdad extrema, además de éticamente indefendible, supone un lastre al crecimiento. Las personas de negocios han de comprender que la existencia de una clase media amplia y pujante es incompatible con la captura de la riqueza en unas pocas manos.
Basta. Con una buena estrategia que no viole los derechos humanos, las autoridades federales pueden perfectamente encapsular a quienes realizan esos desesperantes cierres que afectan los derechos de miles de mexicanos, incluidos quienes se encuentran en las interminables filas de vehículos con necesidades a cuestas, como la entrega de paquetería.
José Lavanderos
Recuerda discurso de Fidel Castro en 1992
“Una especie está a punto de desaparecer: el hombre”, afirmó el gran Fidel Castro Ruz, a quien recordamos tras nueve años de su muerte, en su profético discurso pronunciado en 1992 sobre la crisis climática, el Medio Ambiente y el Desarrollo, en la Conferencia de Naciones Unidas de Río de Janeiro, Brasil.
Lejos de atenderse, la crisis climática se ha agravado, al grado de convertirse en el problema más grave de la humanidad y del planeta; amenaza especialmente a los países y comunidades más pobres y vulnerables, que paradójicamente no son los principales causantes del cambio climático.
Agustín Fernández Eguiarte
Reconoce atención en el Issste tras infarto
Martí Batres Guadarrama, director general del Issste: agradezco profundamente la atención que se me prestó el pasado 17 de noviembre durante el infarto que tuve ese día. Debido a la urgencia, no tuve la oportunidad de registrar los nombres de todos los médicos, enfermeras, paramédicos, asistentes y camilleros que me atendieron.
Quiero resaltar la calidez humana con la que fui recibido por el médico de guardia en urgencias del hospital Dr. Darío Fernández, quien inmediatamente me realizó un electrocardiograma e hizo todo lo necesario para que se me transfiriera al hospital 20 de Noviembre.
Durante el traslado en ambulancia fui cariñosamente cuidado por la paramédica responsable de la misma, quien todavía bromeó para aligerar el viaje. Al llegar al nosocomio me llevaron directamente al quirófano, donde un atingente grupo de cardiólogos me operó, salvando mi vida; por ello les estaré eternamente agradecido.
En mi estancia siempre tuve una excelente atención por parte de los médicos internistas y de las enfermeras, quienes en todo momento estuvieron pendientes de mi salud.
Agradezco enormemente la cálida, sensible, humana y sabia atención que recibí.
Rafael Gutiérrez Carbonell
Agradecimiento de lector de La Jornada
Ayer por la tarde, mis hermanas y yo tuvimos que llevar a mi papá, Rubén Cantú Chapa, de emergencia al hospital. Su situación médica es delicada, pero es un luchador y se aferra a seguir en el debate y aportando ideas.
Ayer, al ver publicada su carta recibió la mejor medicina y fue un gran estímulo para levantar su ánimo; esperamos que sea dado de alta en breve.
Estoy segura de que seguirá dando la batalla en este espacio, como lo ha hecho desde los 16 años en las luchas estudiantiles como internacionalista, acompañando el triunfo de la revolución cubana, las luchas urbanas clandestinas y abiertas, en su trinchera académica y ahora en los foros de opinión.
Citlalli Cantú Gutiérrez
Invitaciones
Proyección de documental
El Centro Académico de la Memoria de Nuestra América (Camena) invita a la presentación del documental Un canto de libertad y esperanza, dirigido por Óscar Carrillo y Fernando Morán. Presentan el director Fernando Morán; el músico León Chávez Teixeiro y el investigador y activista Alberto Híjar. La cita es hoy a las 18 horas, en el Camena, plantel Del Valle de la UACM (San Lorenzo 290, colonia Del Valle).
Testimonio de la vida de Enrique Dussel
El empresario tramposo, defraudador, embustero, ignorante y copión que es Ricardo Salinas Pliego llama “zurdos de mierda” a los militantes y funcionarios de la fuerza política identificada históricamente como de izquierda, imitando al presidente argentino de inclinaciones perrunas, Javier Milei.
¿Quiénes han sido, en todo caso, esos zurdos denostados en el vocabulario coprófono de Milei, Salinas y otros en la historia de México? Nada menos que los Padres de la Patria, los constituyentes más lúcidos de la Constitución de 1824, los hombres de la Reforma, así como los protagonistas de los cambios profundos que experimentaría el país con el movimiento armado de 1910-1917. De izquierda ha sido y es, a pesar de sus insuficiencias, ausencias e incluso desvíos –corregibles unos, quizá irremediables otros–, el gobierno de México bajo la conducción de Andrés Manuel López Obrador, seguido –un hecho ejemplar– del de Claudia Sheinbaum Pardo. La prueba de su definición ideológica es la de cualquier grupo o partido político: si son atacados por la derecha nacional y la de Estados Unidos es porque son de izquierda.
Los políticos, luchadores sociales e intelectuales y artistas de mayor estatura han sido de izquierda, bien que se haya llamado así o no a la fuerza desde la cual comprometieron sus esfuerzos, riesgos y vidas a lo largo de nuestra historia. Habrá incluso individuos cuya praxis sea de izquierda y que no se asuman como pertenecientes a sus filas. Pero los que se han asumido conscientemente como tales han dado a la nación sus referentes, contornos y significados culturales más definidos. De hecho, la identidad nacional se cifra en su legado y en ellos reconocemos a nuestras figuras tutelares. Figuras a las que la derecha ha repudiado, perseguido, encarcelado, asesinado a nombre propio y de los individuos y familias más privilegiados en México.
En sus iniciativas y estrategias, los insurgentes y quienes consumaron la Independencia lucharon por abolir la colonia, la esclavitud, la discriminación racial, la tortura, los tributos, las gabelas. Lucharon contra el despotismo imperial de Europa y el de México. Sentaron, igualmente, las bases democráticas, republicanas, populares y federales del orden constitucional del país. Se adelantaron más de un siglo a la reforma agraria que cobró cuerpo en las reformas entre 1917 y 1940, y a cerrar la enorme brecha entre la pobreza y la riqueza.
Los hombres que integraron la brillante generación de la Reforma reafirmaron el régimen republicano, la libertad y la soberanía del episodio independentista, en su lucha contra los conservadores vendepatrias, las fuerzas invasoras de Francia y la intolerancia religiosa de la Iglesia católica.
Los revolucionarios de 1910-1917 derrotaron dos dictaduras –la de Díaz y la de Huerta– y tras una violenta lucha por el poder, crearon una nueva institucionalidad que rescató de la sumisión, la gleba y el abuso patronal a los trabajadores del campo y la ciudad, y en la última etapa de su movimiento nacionalizaron la industria petrolera y dotaron al Estado de una gran fuerza modeladora del México contemporáneo.
Los nombres de quienes lucharon por la justicia en el ámbito laboral (en el campo, en las comunas indígenas, en las fábricas, en la infraestructura citadina) y por la democracia y los derechos humanos a lo largo del siglo XX se inscribieron en la izquierda.
En las letras y las ciencias humanas ocurriría algo similar. Los nombres más destacados en ese doble ámbito todos han sido de izquierda.
De los nombres de periodistas se llenarían planas enteras.
La caricatura y el umbral más creativo de la fotografía y la plástica mexicanas han sido obra de las y los artistas de izquierda.
La paradoja siniestra es que la beneficiaria de los esfuerzos, sacrificios, logros y avances de la izquierda ha sido la derecha mediante golpes de Estado e intentos desestabilizadores.
Detrás de todos ellos ha estado el poder del dinero y sus detentadores. Desde el Consulado del Comercio al Consejo Coordinador Empresarial y desde La Gaceta de México hasta Reforma, Televisa y Tv Azteca, sus organizaciones y medios han cobijado a la violencia cuando su propia legalidad les ha resultado adversa.
Lo terrible es que los gobiernos, sin distinción, han sido quienes les han entregado ese poder a los empresarios más ricos en bandeja de plata. Y no sólo eso, también les han otorgado impunidad. Con el tiempo, ellos han podido comprar candidatos, partidos, movimientos, líderes y sicarios que se volverán contra este o aquel hemisferio público del Estado (el gobierno), que no cuadre con su visión e intereses. Esto, por lo menos, hay que dejarlo claro.
Para observar qué ocurre con otras expresiones de violencia, es muy pertinente revisar los datos que ofrece el Programa de Derechos Humanos de la Ibero Ciudad de México, que documenta un incremento de 129 por ciento de casos de desplazamiento forzado interno entre 2023 y 2024, equivalente a 28 mil 900 personas que se vieron obligadas a huir de sus hogares en dicho lapso, principalmente por causa de la violencia. Por otra parte, los registros oficiales dan cuenta de 444 feminicidios en los primeros ocho meses de 2025, cifra que no incluye las muertes violentas de mujeres que no se tipifican como feminicidio. Por su parte, Artículo 19 registra ocho periodistas asesinados en lo que va del sexenio actual, e informes de distintas organizaciones, como el Cemda, reportan alrededor de 185 agresiones letales contra personas defensoras en los últimos cinco años. A estas cifras podríamos sumar otros delitos relacionados con el contexto de macrocriminalidad, como el aumento en el delito de extorsión, que se ha elevado 23 por ciento desde 2019. Si ampliamos la perspectiva temporal, no podemos menos que alarmarnos con el hecho de que la cifra de víctimas letales desde la declaratoria de guerra contra el narcotráfico en diciembre de 2006 supera ya medio millón de personas.
Si a los anteriores datos sumamos otras graves violaciones a derechos humanos que ocurren en el país y los altísimos niveles de impunidad –pues sólo 6 por ciento de los delitos se denuncian y 93 por ciento de ellos quedan sin sentencia–, no es una exageración decir que México es un país de víctimas, condición que urge a nuestras instituciones públicas a ponerlas a ellas en el centro de la agenda pública.
Recientemente, sin embargo, el Estado mexicano dio un nuevo revés a las víctimas. En la sesión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del 18 de noviembre, los ministros y ministras avalaron una reforma regresiva a la Ley General de Víctimas que desde noviembre de 2020 eliminó el mínimo presupuestal destinado a medidas de ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas, mínimo que estaba establecido en una cifra equivalente a 0.014 por ciento del gasto programable del Presupuesto de Egresos de la Federación del año anterior. Desde su eliminación en 2020, organizaciones como el Centro Prodh han documentado una reducción promedio en los recursos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de 200 millones de pesos anuales. El proyecto presupuestal 2026, por ejemplo, considera 692 millones de pesos para la partida de ayudas sociales de la CEAV, cuando la cifra que debería corresponder es de 913 millones de pesos de mantenerse el criterio original en la ley.
Sin embargo, con cuatro votos a favor de la constitucionalidad de dicha reforma regresiva de 2020, emitidos por las ministras Batres, Ríos y Herrerías y el ministro Espinosa, el pleno no alcanzó la mayoría calificada para ratificar la declaratoria de inconstitucionalidad que la primera sala de la SCJN había realizado en 2024.
Es real que no habrá políticas públicas robustas si no hay para su ejecución un presupuesto igualmente robusto, pues esa es una condición de posibilidad para que las políticas públicas sean eficaces. Sin presupuesto suficiente destinado a la atención y reparación de víctimas, se vulnera el compromiso del gobierno con ellas y se evidencia una vez más la inexistencia de voluntad política real para asumir la responsabilidad del Estado mexicano frente a tantas violaciones de derechos humanos.
La única manera de diseñar políticas públicas y programas de gobierno adecuados es partir de un diagnóstico que refleje la gravedad de la realidad para desde ahí diseñar las estrategias y disponer los recursos más apropiados, pero pareciera que los Poderes de la Unión se empeñan en operar de espaldas a la realidad, negándola reiteradamente como quedó plasmado en muchos de los argumentos utilizados en la discusión del pleno. Con esta decisión, la nueva SCJN da la espalda a las víctimas, acentuando la debilidad institucional en materia de Estado democrático de derecho que en los últimos años se ha agudizado.
Es cierto que las capacidades institucionales y presupuestales son limitadas para garantizar plenamente el conjunto de derechos humanos reconocidos constitucional y convencionalmente. Sin embargo, es precisamente por esto que la teoría de los derechos humanos advierte que muchos derechos son de realización gradual o progresiva. Desechar un criterio progresivo para el otorgamiento de recursos a las víctimas significa, materialmente, no tutelar derechos de asistencia para las víctimas que buscan justicia, verdad y reparación.
Poner en el centro a las víctimas es ese “recibimiento del rostro” del otro del que habla el filósofo Emmanuel Levinas y que es lo que nos permite establecer una relación de sensibilidad trascendente a partir de aceptar la interpelación que en su rostro nos hace el otro para que reconozcamos su dignidad y legitimidad. Eso es lo que las instituciones del Estado mexicano no han sido capaces de hacer al no implementar una disposición de escucha activa y reconocimiento de los “rostros concretos” de las víctimas de las dinámicas de violencia que atraviesan nuestra sociedad. En esta ocasión ha sido la SCJN la institución que se ha sumado a esta actitud indolente de los Poderes de la Unión, y así ha desperdiciado una oportunidad más para ponerse del lado de las víctimas.
Toda su historia –desde su privatización exprés hasta la consolidación de su retórica sensacionalista, doctrinaria y mercantil– es una crónica de cómo el capital mediático se fusiona con el poder político que manipula para fabricar consensos, disciplinar percepciones y naturalizar los privilegios. La frase “los favores del poder fueron televisados” no es un juicio moral, sino una descripción materialista: hubo beneficios, hubo pactos, hubo mecanismos de blindaje político, hubo propaganda disfrazada de entretenimiento, y todo ello se volvió espectáculo para que la relación entre la élite gobernante y la élite mediática pareciera algo normal, inevitable, incluso patriótico.
Un análisis semiótico-histórico exige revisar el origen del signo televisivo que reproduce Tv Azteca. No se trata sólo de imágenes: es un régimen de signos. La pantalla funciona como dispositivo de simplificación, dramatización y alineamiento. El signo televisivo empresarial se articula alrededor de tres operaciones semióticas: primero, la espectacularización, que convierte todo conflicto social en entretenimiento para neutralizarlo; segundo, la personalización, que reduce la lucha de clases a un drama individual y sentimental; tercero, la mercantilización, que convierte incluso la desgracia en una mercancía. Tv Azteca se especializó en estas operaciones desde su origen, porque así se correspondía con la exigencia política de su nacimiento, ofrecer estabilidad simbólica al mismo poder que le regaló concesiones, ventajas regulatorias y un mercado publicitario prácticamente cautivo. Mucho embute y mucho gasto propagandístico gubernamental.
Cuando en los años 90 el Estado mexicano transfirió parte de su poder televisivo a la nueva empresa, no estaba democratizando el espectro: estaba sustituyendo un monopolio estatal-privado por un duopolio funcional al modelo neoliberal emergente. Se reconfiguró la semiótica de la obediencia. Tv Azteca aparece como “competencia”, pero en realidad es un doble reforzado, dos bocas para una sola ideología dominante. El signo de la pluralidad operaba como una máscara. Al mismo tiempo, se vendía como un imaginario colectivo en el que la televisión ya no era sólo entretenimiento, sino árbitro moral, juez emocional y orientador político. Aunque la empresa se presentaba como la modernización mediática de México, en realidad actuó como amplificador de la política de despojo económico que avanzaba y como legitimadora de gobiernos que se beneficiaban de la violencia simbólica que ella misma producía. La semiótica del “país que avanza” fue construida a contracorriente de la realidad social que se deterioraba. Con mucho futbol.
En la pantalla de Tv Azteca, los favores políticos no solamente se mencionaban, se narraban como épica. Se disfrazaban de éxito empresarial, de patriotismo económico o de renovación generacional. El poder político necesitaba un medio que dramatizara la narrativa del nuevo México: competitivo, privatizado, “global”, obediente al capital financiero. Y Tv Azteca cumplió. Sus noticieros fabricaron una estética de la urgencia, en la que el conflicto social era minimizado o presentado como anomalía, nunca como consecuencia estructural. Sus programas de opinión funcionaron como dispositivos de persecución simbólica contra cualquiera que amenazara la estabilidad del régimen. La semiótica no es sólo contenido: es tono, es ritmo, es encuadre, es silencio. Tv Azteca dominó el arte de los silencios estratégicos, que son tan ideológicos como sus editoriales.
Su televisión privada no se limita a informar: codifica comportamientos. La historia semiótica de Tv Azteca es la historia de cómo una nación fue enseñada a mirar. Mirar con desconfianza al pobre, con fascinación al millonario, con sumisión al poderoso, con morbo al crimen, con indiferencia al origen social de la violencia. La pantalla construyó un país donde la desigualdad aparece como un paisaje natural, donde el sufrimiento se vuelve espectáculo y donde la corrupción es un escándalo momentáneo que no altera el orden jerárquico. En esa narrativa, el poder político siempre aparece como árbitro, nunca como responsable estructural. Así se televisan los favores: convirtiendo la complicidad en paisaje, la violencia en rating y la injusticia en costumbre.
Esa semiótica histórica de Tv Azteca incluye, necesariamente, la arquitectura legal que la sostiene. Leyes hechas a la medida, concesiones eternizadas, regulaciones laxas o inexistentes y una clase política que utiliza la pantalla como mercado negro de legitimidad. La reciprocidad es total, el poder garantiza el negocio; el negocio garantiza la narrativa. Así, la empresa se convierte en un ministerio no oficial de la ideología, uno que opera sin necesidad de uniformes ni discursos solemnes, porque su poder reside en la naturalidad, en que el espectador crea que lo que ve es “la realidad”. Esa es la victoria suprema de la semiótica burguesa, cuando ya no se siente como ideología, sino como sentido común. Y todo sin pagar impuestos.
Su historia semiótica como empresa está todavía presente. Cada noticiero, cada novela, cada reality reproduce un orden semiótico que invisibiliza las causas y exhibe las consecuencias, que culpabiliza al de abajo y disculpa al de arriba, que convierte la política en escándalo y el escándalo en mercancía. En ese circuito, el poder se televisa no para ser comprendido, sino para ser aceptado.
Es la empresa que el poder necesitó y que contribuyó a consolidar un modelo de control social en el que la obediencia es espectáculo. Los favores del poder fueron televisados, sí, pero no como excepciones, como normalidad. La pantalla no mostró la complicidad, la celebró. No la ocultó, la estetizó. No la denunció, la convirtió en parte de la identidad nacional.
Ese es el núcleo del problema: mientras la televisión siga siendo un aparato para anestesiar la conciencia crítica, cualquier proyecto emancipador deberá confrontar su semiótica, desmontar sus signos, revelar sus operaciones y disputar su hegemonía. Porque la historia de Tv Azteca es una lección sobre cómo el poder se transmite no solamente por decretos, sino por imágenes; no sólo por leyes, sino por narrativas; no sólo por coerción, sino por “seducción”. Y mientras esa maquinaria siga intacta, la democracia será una escenografía y la verdad una mercancía.
Sin ninguna evaluación del resultado de la destrucción de las instituciones y políticas agrícolas que llevó a cabo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que provocaron la caída de la producción y de la rentabilidad, así como el aumento de las importaciones y del precio de la tortilla, el gobierno actual pretende continuarlas en perjuicio de los agricultores y campesinos que producen para el mercado interno.
Quienes se movilizaron son los productores comerciales de granos, que aportan más de 60 por ciento de la producción nacional de maíz, 46 por ciento de la de frijol, 92 por ciento de la de trigo y 73 por ciento de la de sorgo, y son quienes alimentan a la población de las ciudades.
La respuesta del gobierno es la misma que los distintos partidos en el poder han dado en el pasado a quienes manifiestan inconformidad con sus acciones: tratar de dividir y deslegitimar los movimientos y a sus dirigentes, inventar intereses políticos oscuros, pero no revisar las verdaderas causas que obligan a los campesinos a dejar sus parcelas y manifestarse en la vía pública.
Desde hace siete años no existe financiamiento para la siembra de cultivos básicos debido a que el gobierno eliminó las instituciones que operaban como banca de desarrollo. Los campesinos comerciales no cuentan con los recursos necesarios para sembrar y por eso dependen de créditos de avío. La banca comercial ofrece crédito a tasas muy altas y exige condiciones y garantías que ellos no pueden cumplir. Tampoco hay seguros para las cosechas ante desastres naturales.
También eliminó los programas de comercialización que daban cierta certidumbre a los productores e impedían que las empresas redujeran los precios a su antojo. Existían coberturas de precios subsidiadas para garantizar un precio mínimo al productor a pesar de tener como referencia los precios internacionales. Operaban precios objetivo que regulaban el precio al productor y cuando el mercado ofrecía un precio menor, el gobierno aportaba la diferencia. Existía agricultura por contrato, que daba alguna certidumbre al productor y al comprador desde el inicio de la siembra.
Además de destruir este andamiaje institucional, el gobierno restringió los subsidios únicamente a los productores de autoconsumo con menos de 20 hectáreas de temporal y 5 hectáreas de riego.
Los resultados no fueron inmediatos, pues durante los primeros años del sexenio pasado, los buenos precios internacionales permitieron que el mercado por sí mismo ofreciera rentabilidad a los productores. Pero a partir de 2023, la situación cambió y el gobierno tuvo que apoyar a los agricultores con medidas emergentes.
También los resultados en la producción demostraron lo erróneo de la política de dejar a los productores comerciales sin ningún subsidio en el mercado abierto. En 2024, la producción del ciclo otoño-invierno se redujo en 3.7 millones de toneladas, principalmente en Sinaloa. Pero también se redujo la producción del ciclo primavera-verano en cerca de 400 mil toneladas, y en 2025 la producción de maíz de otoño-invierno disminuyó en 4.7 millones de toneladas respecto a 2023, lo que colocará la producción total de 2025 en niveles similares a los niveles bajos de 2024. Por eso los agricultores demandan una política agrícola completa, construida entre el gobierno y las organizaciones campesinas, que permita recuperar la producción y la rentabilidad de los granos básicos.
Actualmente, los precios de los granos en la Bolsa de Chicago han caído, y debido a la guerra comercial de Estados Unidos con China, México se coloca como uno de los compradores más importantes de las cosechas del vecino país. Las importaciones de maíz hasta septiembre ascienden a 18.1 millones de toneladas, de las cuales 820 mil son de maíz blanco.
Los campesinos mexicanos en el mercado abierto deben competir con cereales a precios internacionales deprimidos, sin subsidios ni instituciones que les garanticen una utilidad mínima por su trabajo. De ahí que otra de sus demandas sea sacar a los granos básicos del T-MEC en la renegociación en puerta.
Lo cierto es que los agricultores están sonando las alarmas. La agricultura nacional está en crisis, y si el gobierno no responde, la alimentación de los mexicanos quedará en manos de las trasnacionales.
* Directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam)
Como ejemplo, en octubre de 2024 la Organización Marítima Internacional iba a aprobar un impuesto mínimo sobre las emisiones contaminantes del sector marítimo, el cual fue pospuesto porque Trump amenazó con sanciones comerciales a los países que aprobaran las nuevas tasas. “Un drama diplomático que ilustra el poder de interferencia de Estados Unidos para torpedear las políticas ambientales, incluso fuera de sus fronteras” (Raphaël Morán, COP30…www.rfi.fr, 11/11/25).
Es cierto que la presencia del gobierno trumpista en la cumbre climática empieza a ser irrelevante, ya que ante su falta de liderazgo se formó una delegación de gobernadores y alcaldes estadunidenses que sí viajó a Belém para reafirmar sus políticas locales de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 24 por ciento por debajo de los niveles de 2005, “al tiempo que han aumentado el PIB colectivo en 34 por ciento (Morán, Rfi), también es cierto, a decir de Democracy Now!, que en el título de su relato de la cumbre resume los resultados: “El acuerdo climático excluye la eliminación gradual de los combustibles fósiles, mientras los países ricos imponen la carga a las espaldas de los pobres”. Cita a Brandon Wu, director de políticas y campañas de Action Aid USA, cuando dice: “Estoy indignado por un resultado tan débil… con los cabilderos de los combustibles fósiles (se habla de mil 600) que deambulan libremente por el recinto, mientras los activistas indígenas se enfrentan a una represión militarizada” (Amy Goodman, democracynow.org, 24/11/25).
Hay que recordar que uno de los ejes de la política trumpista es el vaciamiento del Estado, la desregulación de todo control sobre los grandes capitales, el enriquecimiento extremo de esta plutocracia y especialmente el sometimiento a la industria de los combustibles fósiles ( gas, petroleo y carbón) y a la industria de manipulación mediática.
Es interesante ver que no sólo las organizaciones de la sociedad civil, sino instituciones financieras y de inversión están tomando en cuenta el clima como factor de riesgo, como informa una de ellas: “El año 2024 se cerró como el más cálido jamás registrado, además de que la concentración atmosférica de dióxido de carbono marcó un nuevo record: mas de 50 por ciento respecto a los niveles de 1750, según datos de la Organización Metereológica Mundial (Mapfre, “La cuenta atrás climática entra en fase crítica”).
Quizá estos datos puedan sonar repetitivos, porque los medios corporativos no nos ayudan a relacionarlos con eventos trágicos –incendios e inundaciones–, como los consignados en un estudio de la red internacional de científicos World Weather Attribution, que concluyó que el cambio climático intensificó los 10 eventos metereológicos extremos mas mortíferos en el mundo en las dos últimas décadas, los cuales se cobraron al menos 576 mil vidas.( ibid).
Julia Steinberger profesora de Ecología Social y Economía Ecológica y coautora del sexto informe del IPCC ha venido señalando que la evidencia científica –cada vez más contundente– no es suficiente para concientizar a los y las ciudadanas sobre la urgente necesidad de actuar contra el cambio climático: “No hay victoria posible en la lucha climática en este contexto de desinformación”.
Si bien las campañas negacionistas no son nuevas, el acoso, las amenazas, los insultos acompañados de bulos y mentiras sobre asuntos que tienen que ver con la crisis climática y ambiental han convertido las redes sociales, especialmente X, en un espacio hostil para los ambientalistas. Científicos, investigadores, divulgadores y periodistas denuncian campañas premeditadas que tienen como objetivo desprestigiar sus mensajes sobre el cambio climático, coincidiendo con la catastrófica inundación de la dana en Valencia, la elección de Donald Trump y su alianza con Elon Musk, dueño de X (Tristán, La Vanguardia, 22/11/25).
El gobierno de Trump ha cancelado varios proyectos de energías alternativas, intentando retroceder al siglo pasado, a la era de los combustibles fósiles con todo y sus guerras por recursos y territorio, al mismo tiempo aislándose de un mundo que busca –más allá de que tan alta es la temperatura– un cambio de paradigma, de cómo nos relacionamos con la naturaleza. La presencia de las comunidades indígenas a pesar de estar fuera de los recintos donde se discutía su futuro, fue uno de los indicios más prometedores de que los actores de este proceso tienen que cambiar.
Michoacán es un territorio donde los cárteles han redefinido el coto de poder, en el que cada industria coexiste con los grupos criminales que diversificaron sus fuentes de ingreso, con la brillante ausencia de las autoridades. En este contexto, pretender que la infraestructura preceda al Estado de derecho no es un plan ambicioso, es ingenuo.
El primer punto ciego del Plan lo constituye la secuencia de implementación. Todo proyecto de infraestructura requiere, antes que excavadoras y cemento, contar con cimientos firmes de gobernabilidad. Sin un marco normativo sólido, los proyectos colapsan. Al no comenzar con restaurar el Estado de derecho y luego construir, el designio se traduce en una improvisación de obra pública, carente de estrategia. Simplemente, en un inicio los contratistas podrán sufrir del gravamen criminal de “derecho de piso”.
El segundo punto ciego es el debilitado aparato institucional estatal. La administración arrastra décadas de una mermada capacidad estructural, en el que se manifestarán las malas prácticas en contrataciones públicas, como los sobreprecios, la manipulación de licitaciones, la opacidad en la ejecución de los contratos, la corrupción, los conflictos de interés y deficiencias en la rendición de cuentas.
Se configura un ilógico fenómeno: mientras más recursos se inyecten sin gobernabilidad, mayor será el botín para las organizaciones criminales. Estos grupos no se dedicarán al bloqueo de obras, sino a su control sigiloso mediante la extorsión y la infiltración en las redes de suministro.
La experiencia en Guerrero y Tamaulipas debería servir de alerta: cuando la infraestructura llega a territorios sin ley, termina fortaleciendo a las asociaciones delictivas. Las carreteras terminan funcionando tanto para el transporte legal como para el ilegal. El derecho humano a una infraestructura suficiente y útil es de medular importancia, por ser un vehículo para alcanzar otros derechos humanos básicos. Los desastres naturales recientes mostraron la importancia de contar con una infraestructura que resista la embestida de los elementos naturales y, sobre todo, que sea manejable debidamente por entidades públicas del estado democrático.
El Plan Michoacán enfrenta un dilema que se replicará en otras zonas del país, ante los proyectos que vendrán: demostrar que el desarrollo puede vencer a la violencia, o ser un monumento a la improvisación propagandista. La historia indica que se apunta a lo segundo. A menos que se impongan los candados contractuales, la supervisión permanente y transparentada, y contar con órganos supervisores independientes a esos operarios. La idea de que una institución se revise a sí misma suele fallar.
Michoacán merece un desarrollo sustentado en estrategia, no solo propagado en el discurso. Merece infraestructura, pero no a costa de fortalecer a quienes someten a los operarios y a los otros usuarios. El riesgo del plan no es que falle, sino su éxito distorsionado: que funcione tan bien para las redes criminales que termine por consolidar su dominio en la economía formal. Esto sería un triunfo más para la delincuencia organizada y una derrota más para el Estado de derecho.
* Colegio Nacional de abogados en proyectos de infraestructura. CONAMAPI
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