Telefónica, Paco Gil
Telefónica Movistar acaba de anunciar su salida definitiva de México como parte de su plan 2026-2029, que incluye la venta de sus negocios en Argentina, Perú, Ecuador y Uruguay. El nuevo dueño será otra compañía de telecomunicaciones, Beyond ONE, propietaria de Virgin Mobile México. Paco Gil Díaz (@frangildiaz1), que fue presidente de Telefónica en México, hizo un comentario crítico en redes: “Se vende Telefónica México por un precio ínfimo resultado de la pésima actuación de la Comisión de Competencia, de la Cofetel y del IFT. Por su pobre gestión no se recuperarán varios miles de millones de euros invertidos, pero el daño a la competitividad del país es mucho mayor”. Para tranquilidad de los usuarios, la empresa asegura que el servicio continuará sin cambios.
Naco en Miss Universo
No quedó impune el trato grosero que dispensó Nawat Itsaragrisil a la mexicana Fátima Bosch. El presidente de la agrupación que organiza Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, anunció que queda eliminado del certamen de belleza de este año en Tailandia. Rocha resaltó que “Nawat ha olvidado el significado de lo que es ser un verdadero anfitrión”. Se comprometió a que ninguna de las 122 aspirantes a Miss Universo será atacada ni humillada, “ya que muchas de ellas han logrado llegar a esta plataforma precisamente tratando de superar situaciones como ésas”.
Díselo a Claudia
Asunto: su seguridad personal
Querida Presidenta: el 11 de septiembre le envié una carta a través de esta sección de La Jornada. Le decía lo siguiente: “El atentado en el que perdió la vida en un acto público el candidato presidencial de Colombia Miguel Uribe Turbay, y ahora el atentado contra el activista estadunidense Charlie Kirk, también en un acto público, deberían mover a los responsables de la protección de usted, presidenta Claudia Sheinbaum, a estrechar su vigilancia, en especial en sus recorridos por la República. Hay muchos enajenados, no sólo enemigos políticos”. El incidente ocurrido cuando caminaba a pie sin escoltas en las cercanías de Palacio Nacional y un sujeto la abrazó por la espalda justifica mi opinión. Necesita ser reforzada su seguridad personal y la de su familia.
Angélica Ruiz, Ciudad de México
Twiteratti
Presenté una denuncia por el episodio de acoso que viví ayer en la Ciudad de México. Debe quedar claro que, más allá de ser Presidenta, esto es algo que viven muchas mujeres en el país y en el mundo; nadie puede vulnerar nuestro cuerpo y espacio personal.
Revisaremos la legislación para que este delito sea sancionable en los 32 estados.
Claudia Sheinbaum Pardo @Claudiashein
X: galvanochoa, Facebook: galvanochoa, TikTok: galvanochoa
La aparición de una cascada de cuentas en redes sociales que promueven la mencionada concentración y marcha está enmarcada en escenas de fotografía y video que corresponden a lo sucedido en Nepal, con saldo de muertes, heridos, incendio de edificios públicos y violencia física contra funcionarios y sus familias. A esa convocatoria se han sumado personajes de la política opositora y despechados empresarios deudores; en el colmo del cinismo, diputados priístas llevaron a San Lázaro la imagen más representativa de la historieta japonesa One Piece, que ha sido usada como emblema promotor de acciones como la referida de Nepal y en otros países.
Las oposiciones, la nativa y la foránea, desarrollan en Internet y en medios aliados una retórica cuasiapocalíptica; describen a un México a punto del estallido social, con una población ansiosa por apoyar con gran entrega las acciones que desarrollarán tanto los señuelos de la llamada Generación Z como los relanzamientos panistas o las proclamas Elektricas de RiSa. Sobre todo, se busca incentivar la percepción de un ánimo nacional muy receptivo a la intervención directa del gobierno trumpista en los asuntos mexicanos. En las redes hay voces que ruegan al gobierno estadunidense que “salve” a nuestro país.
Los problemas de México están a la vista. Hay situaciones de grave inseguridad pública en amplias regiones del país (¿dónde no?), la política y los políticos han desarrollado alianzas con el crimen organizado y ello genera impunidad y abusos contra la población no involucrada en los negocios delictivos. Además, hay rubros de marcada insatisfacción social por los resultados ineficaces de los gobiernos, como sucede en los servicios de salud pública y en la persistencia de la corrupción.
Pero, ante ese cuadro difícil, que correspondería a los mexicanos resolverlo por sí mismos, se ofrece tramposamente la opción de la ayuda gringa, cerrando los ojos a conveniencia ante la evidencia histórica de que el imperio aún subsistente ha empeorado las cosas en los lugares que ha invadido a título de “ayuda”. Y que, en la especie, la administración Trump forcejea con la intención de agudizar su control de recursos naturales mexicanos, de energéticos y la economía en general.
La presidenta de la República resiste hasta donde es posible desde la terrible asimetría con el poder estadunidense. Su partido, Morena, no logra movilizaciones ni convencimientos genuinos, convertido en una prolongación gritona de los boletines de Palacio, sin discusión interna verdadera ni organización horizontal para resistir a los embates locales y extranjeros. Además, la putrefacción de muchos de sus cuadros rectores (ayer, Adán Augusto seguía viendo partidos de futbol en su tableta electrónica durante una sesión y, captado por cámaras informativas, se prohibió a los periodistas colocarse en sitios “indiscretos”).
Y, mientras la académica Leticia Calderón Chelius (Instituto Mora) reconoce que la elección de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York es una bocanada de aire fresco, pero advierte que “creer desde acá que eso implica un cambio estructural en un país como Estados Unidos, está lejos de ser verdad” (entrevista: https://goo.su/CRRizW), ¡hasta mañana, con las aguas michoacanas temporalmente apaciguadas, luego de que la viuda de Carlos Manzo tomó posesión como presidenta sustituta de Uruapan (un día antes se había reunido con la presidenta Sheinbaum) y la reunión de la secretaria Rosa Icela Rodríguez con el gobernador y los presidentes municipales!
X: @julioastillero, facebook: Julio Astillero, juliohdz@jornada.com.mx
La Jornada (Enrique Méndez y Fernando Camacho) lo reseñó así: “La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, que incluye fondos por 10 billones 193 mil 683 millones de pesos, y se prevé que se aplique un recorte de 17 mil 789.1 millones de pesos al Poder Judicial, el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República, fondos que se reasignarán a áreas prioritarias. El Poder Judicial sería el principal afectado por la reducción de su gasto, con más de 15 mil 800 millones de pesos”.
El monto que se recortaría a las instituciones mencionadas “se reasignaría a las secretarías de Agricultura, del Trabajo, de Educación –incluidos aumentos a bachilleratos y universidades, principalmente la de Guadalajara–, de Medio Ambiente, de Ciencia y Tecnología y de Cultura. En esta última se considera recuperar recursos para los institutos nacionales de Bellas Artes y de Antropología e Historia. En San Lázaro, el pleno aprobó el dictamen en lo general con 358 votos en favor de Morena y sus aliados y 133 en contra de la oposición. La mesa directiva anunció que las bancadas se reservaron la totalidad del documento y los anexos, y se informó que se presentaron mil 733 reservas con 216 oradores” ( ídem).
Entre las estimaciones del citado presupuesto para 2026, se cuentan una tasa de crecimiento del producto interno bruto de entre 1.8 y 2.8 por ciento, inflación promedio anual de 3.5 por ciento, tipo de cambio frente al dólar de 19.3 pesos, un precio de 54.9 dólares por barril de exportación y una plataforma de producción petrolera de un millón 794 mil barriles por día.
Para los programas sociales puestos en marcha por el gobierno federal, los diputados (únicos facultados por ley para aprobar o modificar el Presupuesto de Egresos de la Federación) autorizaron un gasto de 987 mil 160 millones de pesos, 14.2 por ciento más que en 2025.
Sobre este punto, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados señala que la Secretaría de Bienestar “desempeña un papel fundamental en la implementación de la política de desarrollo social y es la institución responsable de operar programas sociales estratégicos dirigidos a transformar las condiciones de vida de la población y elevar su nivel de bienestar. Los programas de esta dependencia del Ejecutivo facilitan el acceso directo a derechos fundamentales como seguridad social, alimentación, salud e inclusión productiva y forman parte de la Red de Protección Social que, conforme al Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, se busca conservar y fortalecer para promover el bienestar de las personas, la igualdad de oportunidades y la reducción de las desigualdades sociales”.
La economía social, señala el CEFP, “cobró relevancia a partir de la crisis económica de 2009, cuestionando los modelos tradicionales de producción y conformando una alternativa a los modelos de producción convencionales. En México, la economía social cuenta con un marco normativo robusto, basado en el artículo 25 constitucional, en el que se establece como obligación del Estado impulsar el desarrollo de este sector”.
Las rebanadas del pastel
El hígado de Donald Trump está a punto de explotar por la arrasadora victoria electoral (50.4 por ciento de los sufragios) del socialista, musulmán e inmigrante Zohran Mamdani, próximo alcalde de la Gran Manzana, quien dedicó su triunfo a los inmigrantes. En los comicios del pasado martes, la participación ciudadana fue la más alta de los últimos 56 años. Como bien dijo el senador Bernie Sanders, mentor del candidato triunfante, dicho resultado “es un mensaje que retumba a nivel nacional”. Además, el magnate y su pandilla republicana perdieron el estado de Virginia frente al Partido Demócrata, otro “mensaje contra las fuerzas del caos”, como dijo la ganadora, Abigail Spanberger. Nueva Jersey también quedó en manos de este último partido. Y ello se da en medio de la caída en picada del índice de aprobación del energúmeno de la Casa Blanca.
Durante las presentaciones del disco Jazzentiste, en 2001, a Juan José Calatayud le gustaba contar con lujo de detalles la manera como había conocido a Verónica 16 años antes, durante el Festival Mozart, y remataba diciendo “en verdad se me cayeron los calzones al escuchar la impresionante voz de aquella jovencita cantando las arias de Mozart”. Calatayud la invitó entonces a una de sus clases de jazz y desde entonces la joven vocalista se volcó de lleno en la música sincopada.
Al igual que su voz, su historia fue enorme y llena de anécdotas, hasta que en 2008 decidió dedicar la mayor parte de sus tiempos a la docencia en la Escuela Superior de Música del Inbal, donde tuvimos el lúdico honor de conocerla personalmente allá por 1999. Y ahí se mantuvo hasta el último momento, luchando contra el cáncer que se le diagnosticó en 2023.
Verónica Ituarte nació en la Ciudad de México el 8 de diciembre de 1956 y aquí mismo falleció el 23 de octubre de 2025.
Hace apenas medio año, el pasado 9 de mayo, después de un prolongado retiro de los escenarios, ofreció un último concierto en el Multiforo Alicia, con Baldomero Jiménez al piano (su cómplice musical en los últimos años), Arturo Luna en el contrabajo (como lo hiciera él desde hace tres décadas) y Luis Huerta en la batería.
Su producción fonográfica no fue muy abundante. Su debut fue en 1996 con el casete En vivo desde el Museo del Chopo, con Irving Flores al piano, Gabriela Luna en percusiones y Federico Luna en la armónica. Después vino Alucinaciones (1998), Francisco Téllez al piano, Luri Molina en el contrabajo y Pablo Salas en el sax tenor. Jazzentiste (2001) fue el rencuentro con su maestro Calatayud al piano, Arturo Luna en contrabajo y Alejandro Pinocho López en la batería. Juguetería (2004) lo grabó junto con el trío Ethos: Arturo Luna (contrabajo), José Gurría (batería) y Javier Reséndiz (piano), y de igual forma se presentaron en 2005 en el Palacio de Bellas Artes. Finalmente llegó Enteramente para mí (2007), con Baldomero Jiménez (piano), Fabián Cocho (batería), Omar Anguiano (contrabajo) y Arturo Luna como contrabajista invitado en dos temas.
Antes de que apareciera el disco, la Ituarte ya presentaba este proyecto en concierto. Nosotros pudimos estar en uno de ellos y escribimos:
Verónica Ituarte se ha redescubierto como intérprete, y a través de un espectáculo con el contundente título de Enteramente para mí, se presentó en un abarrotado, desbordado auditorio del centro cultural Jaime Torres Bodet, mejor conocido desde hace varias generaciones politécnicas como El Queso.
Este feliz retorno a las rutas esenciales de su decir y su cantar se inicia en agosto de este año, en el teatro Benito Juárez, con la Ituarte echando mano de una serie de canciones mexicanas que antes de ella, de Verónica, poco o nada tenían que ver con el jazz, pero que ya en el abordaje vocal y los arreglos instrumentales se dejan deslizar por el entramado jazzístico que las reinventa, para nuestro bien y el de toda su santa identidad.
Nos emocionamos, por supuesto; desde la trova de Armando Rosas, Carlos Arellano, Rafael Mendoza, Patricia Carrión, Laura Avitia o Armando Manzanero, hasta las cátedras scateantes de Tema de Biringo y Mujer herida. Esta última es una enorme composición con aroma a tango de Olivia Revueltas, a la que Verónica añadió una introducción de contrabajo con arco, y que la gente recibió, en estreno mundial, con carretadas de aplausos y ovaciones. Al finalizar el tema, la Ituarte presenta y agradece el obsequio a Olivia, que coincidentemente andaba de vacaciones familiares en esta ciudad (ella radica en San Antonio, Texas), y la célebre pianista mexicana se puso de pie para agradecer la nueva ovación del emocionado respetable.
Otro gran momento en la noche llegó con El sonsonete, un tema de Alfonso Maya que entre cumbia, salsa y huapango ocultaba lo intrincado de su esquema, pero que logró dibujar con muy buen humor las angustias que nos aquejan cuando algún nefasto sonsonete toma por asalto nuestro cerebro para brincar impunemente ante la total impotencia de nuestras gastadas defensas neuronales.” ( La Jornada 01 /11 / 05)
Salud
Lógicamente, la atención se centró en la carrera por la alcaldía de Nueva York, donde el socialista democrático Zohran Mamdani derrotó no sólo al ex gobernador Andrew Cuomo, sino a toda la red de intereses políticos y financieros que cerraron filas en torno a la propuesta continuista, incluidos grandes nombres de la cúpula demócrata que no disimularon su sabotaje a quien será el primer inmigrante y musulmán en gobernar la ciudad más poblada y rica del país.
En este sentido, los comicios mostraron tanto las posibilidades como los límites de los intentos por trascender el progresis-mo corporativo del Partido Demócrata: mientras en Nueva York Mamdani venció todos los esfuerzos cupulares para descarrilarlo, en Minneapolis y en la muy liberal Seattle se impusieron los candidatos del statu quo neoliberal, quienes usan las banderas de la diversidad no para complementar los reclamos de bienestar social, sino para sustituirlos.
Más allá del hecho de que el único punto en común entre Mamdani, Spanberger, Sherrill y Newsom sea su oposición frontal al trumpismo, cabe saludar todos sus triunfos en tanto simbolizan el rechazo de una parte de la sociedad estadunidense al abismo de desmesura y autoritarismo al que conduce el magnate. Si todavía está por verse quién o quiénes podrán capitalizar los resultados de ayer para construir proyectos nacionales (por ejemplo, se da por sentado que el mandatario californiano buscará la nominación presidencial en 2028), queda claro que el gran derrotado en las urnas es Donald Trump.
En buena medida, se trata de un fracaso autoinfligido, pues fue el propio presidente quien empeñó su capital político en denostar a los candidatos demócratas y hacer campaña por sus correligionarios o afines. El varapalo al inquilino de la Casa Blanca es particularmente severo en Nueva York, ya que convirtió su rechazo a Mamdani en un asunto personal, atacándolo de forma constante y endosando a Cuomo, un hijo de ex gobernador que encarna todas las razones del desencanto ciudadano con la élite demócrata.
El magnate dejó traslucir su frustración por el triunfo del discípulo político de Bernie Sanders al expresar que el país se enfrenta a una elección entre “comunismo y sentido común”, un disparate no exento de cierta gracia si se considera que el comunismo se encuentra ausente del escenario y que Trump no se halla lejos de las antípodas del sentido común, como lo indica el caos en que se ve hundida la nación por la incapacidad para lograr la aprobación del presupuesto pese a que su partido y su corriente controlan ambas cámaras del Congreso.
Vista desde el exterior, la jornada electoral del domingo alimenta cierta esperanza en que la recuperación de la institucionalidad estadunidense no es imposible a pesar de la demolición trumpista y del culto en torno al mandatario por parte de una porción significativa de la sociedad estadunidense.
Como hombre estoy profundamente indignado, porque usted, mandataria, sufrió acoso sexual por parte de un señor que se encontraba alcoholizado.
Es un buen momento para que los hombres que tenemos familia, que vivimos en comunidad y que creemos en el respeto nos pronunciemos con claridad: debemos separarnos, diferenciarnos y jamás hacer pactos de silencio con los agresores sexuales.
No podemos ni vamos a tolerar que esto le vuelva a suceder a una mujer. Voy a hablar, denunciar y auxiliar a quien lo viva. Los hombres repudiamos y denunciamos la violencia sexual contra las mujeres.
Presidenta, según un reporte tiene usted una aprobación digital de 75 por ciento, porque la vemos fuerte y decimos que, así como usted trabaja por nuestro bienestar todos los días desde temprano, nosotros caminaremos a su lado en cada recorrido, como el pueblo que la eligió y que admira sus acciones.
César Yáñez, Fernando Corzo, Aureliano Martínez, César Reyes, Rogelio García, David Barajas, Erik Garduño, Francisco García, Juan Carlos Nájera, Issac Osorio, José Copertino y Julio César Romero. Se pueden leer todas las firmas en https://bit.ly/3WGOOet
Saluda acciones de la jefa del Ejecutivo para combatir el acoso
Mi apoyo irrestricto y reconocimiento a la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo por no haber dejado pasar por alto el acoso sexual que hacia ella cometió un hombre justo cuando estaba saludando y hablando con distintas personas. ¡Gracias, Presidenta! Me siento orgullosa de que nos representes bien.
Mis hermanas y yo, además de muchas mujeres, si no es que todas, hemos sido víctimas de ese tipo de agresiones en la calle y en el transporte público. De ninguna manera deje de salir a la calle, como lo hizo el día de la agresión; las mujeres tenemos el derecho de caminar, a la hora que sea, sin que haya razón de ser víctimas de ese y de ningún tipo de violencia.
Rosa María González Victoria
La oposición está condenada a desaparecer, asegura
En la Cámara de Diputados, con motivo del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, se dejó la última esperanza de sobrevivencia útil de la oposición PRI-PAN.
La mató su barbajanería y su tremenda desesperación de no entender los tiempos que marca la historia; además de su incapacidad absoluta para operar políticamente o al menos con cierta congruencia con la realidad. Una oposición inexistente no ayuda mucho a un Estado democrático, que en principio requiere un debate inteligente, bien planteado, con una que no se avergüence de sus principios y doctrina ideológica, y que no la sustituya con imprecaciones que reflejan odio y un profundo resentimiento. Los excesos en política se pagan con la desaparición.
Carlos César Cárdenas Márquez
N de la R
En la carta publicada ayer con el título “Globe Chemicals SA de CV rechaza vínculos con crimen organizado” hubo un error en el nombre del apoderado legal, ya que se asentó Peter Hans Ozypiorski, debiendo ser lo correcto Peter Hans Czypiorski. El descuido fue en la primera letra del apellido Czypiorski. Ofrecemos una disculpa.
Invitaciones
Película Nómadas de la 57
El Centro Cultural El Albergue del Arte y Emergentemx invitan al cineclub con la proyección de la película Nómadas de la 57, de los directores Alberto Arnaut Estrada y José María Castro, México, 2023, 83 minutos. Adelanto en https://youtu.be/Zip5oRRY?si=wlQBkqzbGr6gYnpI
Luz de Luna se convirtió en camionera escapando de un matrimonio violento. En este camino se encontró con un mundo de explotación laboral y diversas violencias que la hacen dudar si continuar.
La proyección del filme se llevará acabo hoy, acceso a las 18 horas e inicio a las 19 horas en el Foro El Albergue del Arte, ubicado en Alberto Zamora número 32, colonia Villa Coyoacán. Informes y reservaciones al 55-5554-6228. Entrada libre.
Presentación de libro
Se invita a la presentación del libro Transición hegemónica y gobiernos alternativos: Del populismo al progresismo en América Latina, de Blanca Rubio, con los comentarios de Massimo Modonesi y Lucio Oliver, además de la moderación de Gerardo Torres.
La cita es en el auditorio Leopoldo Zea del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, Torre II de Humanidades, Ciudad Universitaria, hoy a las 17 horas.
Se Buscan lectores
En esta oportunidad leeremos los últimos comentarios a Libre. El desafío de crecer en el fin de la historia, de Lea Ypi. Anfitrión: Maestro David Batista.
Y continuaremos con la lectura de El ocaso de los dioses de la estepa, de Ismaíl Kadaré. Anfitrión: Maestro Julio Castañeda.
Jueves 6 de noviembre de 2025, a las 19 horas (horario de la Ciudad de México).
ID de reunión: 305 518 6688
Zoom: https://cutt.ly/oeFlcawK
Código de acceso: galatea24
Convocan: UACM, Programa Galatea y Lectores en activo.
El problema del campo mexicano es severo y profundamente estructural, de ahí que la deuda con el sector sea histórica. Aunque los ejidatarios y productores exigen un precio de garantía de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz, el gobierno encabezado por la Secretaría de Agricultura ofreció un acuerdo de 6 mil 50 pesos. Además, se acordó un apoyo directo de 950 pesos por tonelada que proviene de subsidios federales y estatales para productores con hasta 20 hectáreas y un límite máximo de 200 toneladas; si bien representa un alivio, sigue sin resolver plenamente la rentabilidad de los campesinos.
Este escenario refleja la falta de reconocimiento que históricamente los gobiernos han tenido por el campo y por quienes lo trabajan, cuyo papel esencial no es debidamente valorado ni apoyado. Cada año, a pesar de producir el maíz que alimenta a México, los campesinos reciben pagos inferiores y deben competir con importaciones de grano transgénico que desplazan a la producción nacional. Además, enfrentan condiciones injustas en el mercado, con acaparadores y coyotes que venden el maíz comprado al productor hasta cinco veces más caro. Los precios que reciben, de dos a cuatro pesos por kilo, apenas superan los niveles de hace 30 años, mientras los insumos aumentan su costo exponencialmente.
La protesta campesina también demanda la exclusión de granos básicos (maíz, frijol, trigo y sorgo) del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pues consideran que dicho acuerdo ha afectado gravemente la producción nacional. Solicitan, asimismo, una reforma al artículo 27 constitucional para reconocer la propiedad social y la categoría de clase campesina, elementos vitales para garantizar justicia y dignidad.
No podemos perder de vista que el sector obrero del campo es la base y fuerza que sostiene toda la cadena productiva: su lucha y protesta son parte de un reclamo urgente que no debe ser ignorado. Esta situación es una oportunidad para implementar estrategias distintas a las usuales. En ese caso, podemos retomar bastantes cosas del manejo en el sector agrario que tiene el Reino Unido. Un buen ejercicio de política comparada comienza, entonces, con un contraste de estrategias. Comparando el caso con el país europeo, es evidente que México posee un mayor potencial agrícola, pero parece que falta voluntad política para explotarlo adecuadamente. Así, tras la salida de la Unión Europea, el Reino Unido implementó el esquema ELMS (Environmental Land Management Scheme), que remplaza los subsidios anteriores por pagos directos a los agricultores para conservar el medio ambiente, mantener la biodiversidad y garantizar la seguridad alimentaria. Esto permite a los productores británicos mantener rentabilidad incluso si el mercado cae. En contraste, en nuestro país los apoyos como Producción para el Bienestar o Precios de Garantía no cubren el costo real, y su entrega es limitada y desigual.
En esa línea, la estructura de mercado agrícola en el Reino Unido se basa en cooperativas y contratos fijos con supermercados regulados, lo que ofrece estabilidad y negociación colectiva para los agricultores. En México, el productor depende de intermediarios que imponen precios bajos y pagos retrasados. La falta de valor agregado también afecta a los campesinos nacionales, quienes sólo venden materia prima, perdiendo los márgenes que generan los procesos industriales en otros países.
El caso de los productores de caña de azúcar ilustra con claridad esta injusticia estructural, y aunque el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar fija cada año un precio de referencia basado en el valor del azúcar que se obtiene de la molienda, en la práctica los cañeros reciben mucho menos por cada tonelada entregada. La incongruencia es que en el proceso de industrialización que convierte la caña de azúcar, los costos y los riesgos recaen sobre el agricultor, mientras las utilidades se concentran en los ingenios y en los intermediarios. Es un modelo que traslada el peso de la producción al trabajador del campo sin permitirle participar en las ganancias del valor agregado.
La política de precios en el Reino Unido incluye la vigilancia y posible intervención para proteger los ingresos mínimos del agricultor, mientras en México los precios de garantía son parciales y no garantizan estabilidad ni rentabilidad. Finalmente, aunque el Reino Unido produce menos alimento en volumen, mantiene políticas sólidas de sostenibilidad y consumo local, asegurando seguridad alimentaria y protección ambiental, mientras México no logra garantizar condiciones justas ni estables para su productor.
México podría aprender del modelo británico ELMS para implementar un esquema nacional de ingresos mínimos agrícolas que garantice un piso económico para los campesinos, independientemente de las fluctuaciones del mercado. Esta política permitiría que los productores agrícolas tengan estabilidad y certidumbre, disminuyendo la vulnerabilidad económica que hoy enfrentan a causa de precios bajos y la falta de un sistema de precios mínimos efectivos.
Fortalecer las cooperativas agrícolas en México es otra vía fundamental para mejorar las condiciones del sector campesino. Las cooperativas permiten a los agricultores compartir recursos, conocimientos y costos, reducir gastos individuales y fortalecerse como un bloque con mayor poder de negociación. Esto es especialmente importante ante la dependencia actual de intermediarios que vulneran el ingreso del productor. Además, las cooperativas facilitan el acceso a financiamiento, capacitación técnica y canales directos de comercialización, lo que contribuye a elevar la rentabilidad y sostenibilidad de las explotaciones agrícolas. Sin embargo, para que éstas sean exitosas, es necesario impulsar capacitación en administración, liderazgo y gestión, además de fomentar alianzas con universidades, centros de investigación y programas gubernamentales que apoyen su consolidación. En suma, un proyecto tal debe ser integral e involucrar a diversos sectores de la sociedad, del mercado y del gobierno.
La creación de contratos directos entre productores agrícolas, la industria alimentaria y las cadenas de distribución puede ayudar a eliminar intermediarios abusivos y garantizar precios justos y estables. Este tipo de acuerdos contractuales, regulados y transparentes, permitiría a los campesinos planificar mejor su producción y acceder a mercados con reglas claras, superando la actual desventaja en la que venden su materia prima a precios bajos y con pagos tardíos. Es indispensable que el gobierno facilite este proceso, estableciendo políticas que promuevan y regulen estos contratos para proteger a los productores.
Finalmente, sería interesante considerar la creación de un observatorio independiente de precios agrícolas que transparente los costos reales de producción, los márgenes de ganancia y la fluctuación de precios en el mercado. Esta instancia actuaría como una herramienta de vigilancia y regulación necesaria para evitar abusos y distorsiones en los precios, a la par de proporcionar información oportuna para la toma de decisiones gubernamentales, empresariales y campesinas. Un sistema así incrementaría la equidad y la justicia en la cadena agroalimentaria.
Es urgente que el gobierno y la sociedad reconozcan que sin campesinos no hay país, ni desarrollo ni alimentación digna. Es así de radical el asunto. El sector agrario es la base que sostiene la economía rural, la seguridad alimentaria y la cultura del país. Garantizar equidad, justicia y dignidad para quienes trabajan la tierra es una prioridad imprescindible que no puede seguir postergándose. Defender sus derechos es defender el futuro de toda la nación, porque la fortaleza y soberanía de México descansan en quienes producen la tierra. Estas acciones conjuntas contribuirían a un campo mexicano más justo, sostenible y próspero capaz de competir y desarrollarse en un mundo globalizado, sin dejar de proteger a sus actores fundamentales: las y los campesinos.
Dos meses después se sabrá, por la declaración oficial del Departamento del Tesoro estadunidense, que los laboriosos hombres que bajaban de las pipas pertenecían al cártel Jalisco Nueva generación y estaban coludidos con Ikron Meadstream, una empresa domiciliada en Houston (que fletó el barco danés). Una operación multimillonaria de contrabando destinada a surtir combustible a gasolineras y empresas mexicanas a un precio por debajo de las tarifas establecidas por Pemex. En el registro oficial de aduanas, la carga del Tom Agnes aparecería como “material de deshecho”.
Desde principios del siglo XXI, el crimen organizado en México inició su incursión en el mercado ilegal de los combustóleos. Primero fueron desvíos directos de Pemex; después las tomas clandestinas en sus ductos (el año pasado ascendieron a la estratosférica cifra de 18 mil) y, por último, ya recientemente, el contrabando masivo provisto por una flota fantasma. Hoy se calcula que dominan, por lo menos, la quinta parte de ese mercado. Se trata acaso del negocio más redituable de los cárteles mexicanos; sobre todo, del más predecible y sistemático. Si los estados de Puebla y Guanajuato se debaten hoy en el peor grado de criminalidad y violencia de su historia, esto se debe, en parte, a que los grupos criminales necesitan controlar los territorios de una industria ilegal que trabaja sin reposo.
El negocio resulta prácticamente redondo. El CJNG, las gasolineras y las empresas se benefician de la evasión de impuestos. El costo de la quinta parte de los combustibles robados que consumen cada día 44 millones de vehículos automotores en toda la República aparece como “deuda” en la contabilidad de Pemex. El déficit de Pemex eleva las utilidades de los bancos de Wall Street, que son los acreedores de la compañía.
La del Torm Agnes es algo más que la historia de un barco cargado con diésel robado. Es la microanatomía de un nuevo poder híbrido. Un poder que reside en una alianza fluida entre la violencia criminal y la racionalidad financiera. Así, entre el crimen organizado en México y Wall Street se ha establecido un sólido complejo narcofinanciero, que desangra al país día con día. El crimen organizado ha aprendido a no desafiar al poder soberano, sino a infectar sus sistemas, a mimetizarse en sus procedimientos y a utilizar sus herramientas (la empresa offshore, la deuda, la banca) para crear una máquina de extracción de riqueza que es, al mismo tiempo, enormemente violenta y burocráticamente impecable. Mientras tanto, la deuda de la empresa petrolera mexicana nunca se reduce. Y quienes pagan los costos de este histórico atraco son los contribuyentes que día con día entregan sus impuestos al fisco.
Meses después del affaire de Ensenada, la respuesta de la administración de Morena fue inculpar y detener al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y a siete empresarios y funcionarios públicos (acusados por huachicol fiscal en los puertos de Tamaulipas). Un acto en sí sorprendente. Con ello se derribaban dos mitos (fomentados por el sexenio anterior): el de la supuesta “incorruptibilidad” de las fuerzas armadas, así como el de su “absoluta impunidad”. Por primera vez, un alto rango militar era acusado de delitos del fuero común.
La pregunta es bastante sencilla: ¿por qué el Departamento del Tesoro no procedió de la misma manera contra Ikron Meadstream? ¿Acaso la redefinición del CJNG como “organización terrorista” no implica que cualquier empresa que facilite sus actividades es sujeto de un delito equivalente? Hasta la fecha no se ha escuchado ni una palabra al respecto. Y, sin embargo, si el asunto llegó hasta las alturas del Departamento del Tesoro es porque alguien ejerció una presión correspondiente en Estados Unidos. Ese alguien fueron las empresas que exportan legalmente combustible a México y que han visto sus ventas mermadas.
Al parecer, la múltiple figura del CJNG (como ejército del narcotráfico y, ahora, corsario del petróleo ilegal) crea dilemas en la retórica oficial de Washington en torno al combate contra los cárteles. Se trata de un nuevo dilema del prisionero. La parte formal de la economía estadunidense ya no puede soslayar a su parte ominosa. De lo contrario, el complejo narcofinanciero, que actúa silenciosamente, quedaría desnudo a la intemperie.
Y cuando algo que debe quedar oculto sale a la luz, aparece el rostro de lo insoportable.
La diferencia no es accesoria. Se explica por la capacidad de organización de un país entrenado para enfrentar anualmente la temporada ciclónica, cada vez más feroz bajo el impacto del cambio climático. En el Caribe, una región castigada en exceso por los fenómenos naturales, siete de cada 10 personas viven cerca de la costa y casi todas sus ciudades importantes están a menos de 1,5 kilómetros del mar.
“La maldita circunstancia del agua por todas partes”, a la que se refería el poeta Virgilio Piñera al evocar a Cuba, se hizo dolorosamente cierta. Una semana después del paso de Melissa, el saldo material es demoledor. El este de la isla, donde están las provincias de Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín, Granma y Las Tunas, concentra las redes fluviales más densas del país –como las cuencas del río Cauto y del Toa– en áreas montañosas donde confluyen decenas de corrientes menores que, en estos días, tienen crecidas históricas.
En apenas 24 horas, los embalses de esa zona recibieron más de 100 millones de metros cúbicos de agua. El Cauto salió de su cauce y subió hasta los techos de las viviendas. Más de 240 comunidades quedaron incomunicadas por las inundaciones, los deslizamientos y los cortes de las redes de telecomunicaciones. Con vientos máximos sostenidos de alrededor de 195 kilómetros por hora, miles de casas perdieron sus cubiertas y estructuras, mientras carreteras destruidas en la costa sur de Santiago –incluido el puente de Uvero, arrastrado por el mar– dejaron caseríos aislados durante días.
Muchos coinciden en que Melissa es el huracán más devastador desde Flora (1963), cuando mil 800 personas murieron bajo las lluvias torrenciales. Hoy, gracias al sistema nacional de Defensa Civil, reconocido por la ONU como uno de los más eficientes del mundo, Cuba ha logrado reducir las víctimas mortales a cero. En sólo 48 horas, más de 700 mil personas fueron evacuadas de manera ordenada, mientras escuelas, centros laborales y viviendas particulares se transformaban en refugios, y las comunicaciones de emergencia y los simulacros previos permitían anticipar los escenarios.
A pesar de esa eficacia, la catástrofe es visible. El coordinador residente de la ONU para Cuba, Francisco Pichón, informó que alrededor de 2 millones de personas enfrentan grandes necesidades: refugio, alimentos, agua potable y atención médica. “Cuba necesita un amplio apoyo internacional –dijo–, pero ha sido excluida de las instituciones financieras internacionales debido al bloqueo y a las sanciones estadunidenses. Esto dificulta enormemente el financiamiento de la respuesta ante el desastre”. Sus palabras reflejan que sobre la nación caribeña no ha pasado un solo huracán, sino dos – Melissa y el bloqueo–, uno natural y otro político y económico, ambos devastadores.
Sin embargo, frente al aislamiento que pretende Washington, la solidaridad se mueve. Numerosos países y organizaciones internacionales, además de los gobiernos locales, los familiares dentro y fuera de la isla y la ciudadanía en general se han movilizado para hacer llegar ayuda a los damnificados. En muchos barrios del occidente y el centro de Cuba aún están activos los puntos de recogida de ropa, medicinas y alimentos, y la vecinería comparte con sus hermanos del oriente lo poquito que tiene.
Mientras tanto, del otro lado del estrecho de la Florida, el discurso ha sido tan predecible como cínico. Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, publicó inicialmente un mensaje sobre los estragos de Melissa en Jamaica, Haití y República Dominicana. No mencionó a Cuba. Al día siguiente, ante la evidencia de la devastación y la presión mediática, el Departamento de Estado anunció una “declaración de asistencia humanitaria para Cuba”, aunque sin precisar cómo se haría efectiva. Demoró varios días en aclarar que canalizarían la ayuda únicamente a través de la Iglesia católica cubana y Cáritas, con lo cual negó toda cooperación con las autoridades cubanas bajo el pretexto venenoso de “tender una mano al pueblo, no al régimen”. Una ayuda tardía y condicionada, que ha recordado a los cubanos que hasta el más elemental gesto de humanidad puede tropezar con el sinsentido del bloqueo.
Cuando Melissa iba ya en retirada, un reportaje de la Televisión Nacional mostró a varios vecinos de Santiago de Cuba, que habían sido albergados preventivamente, ante los escombros de lo que fueron sus casas. Unos a otros se consolaban con un “¡Estamos vivos!”. Y en una isla golpeada por un huracán de paso y otro estacionario, esas dos palabras son una formidable victoria.
La sincronía de los ataques y la uniformidad de la retórica son alarmantes. En Estados Unidos, Donald Trump ha acusado a las universidades de estar “dominadas por maniacos marxistas” y de ser “patéticas”. Este año se relanzó el Proyecto 2025, que busca eliminar el Departamento de Educación, privatizar los préstamos estudiantiles y cancelar programas de diversidad. La intención es clara: “Las universidades estadunidenses están bajo asedio. Harvard es un foco de liberalismo que debe rendirse a nuestras exigencias políticas e ideológicas”. La hostilidad apunta directamente al personal académico; su vicepresidente, JD Vance, ha declarado categóricamente que “Los profesores son el enemigo. Debemos atacar de forma honesta y agresiva a las universidades”. Estas declaraciones se tradujeron en castigos financieros concretos: en abril de 2025 se congelaron 2 mil 200 millones de dólares en fondos federales destinados a Harvard, y en mayo Columbia perdió 400 millones en subvenciones. Además, estudiantes internacionales fueron arrestados y deportados por participar en protestas propalestinas.
El caso de Hungría ilustra una transformación institucional radical impulsada por el primer ministro Viktor Orbán desde 2010. En 2017, Orbán aprobó la Ley CEU para expulsar a la Central European University (CEU), fundada por George Soros, bajo la acusación de promover valores liberales contrarios a la soberanía nacional. Orbán justificó la medida afirmando que “La CEU representa una amenaza para nuestra soberanía cultural”. Esta estrategia de control se consolidó en 2021, cuando el Parlamento húngaro transfirió 21 universidades públicas a fundaciones privadas controladas por aliados del partido Fidesz. Para 2023, la mayoría del sistema (sólo seis universidades permanecían bajo control estatal) había sido reconfigurado. Orbán justificó estas reformas con una visión ideológica clara: “El orden mundial liberal ha llegado a su fin. Los ganadores de la nueva era serán aquellos que desarrollen plenamente su potencial nacional”.
En Argentina, la estrategia se centró en la deslegitimación económica y social. El presidente Javier Milei ha cuestionado abiertamente el valor de la universidad pública, afirmando que ésta “no le sirve a nadie más que a los hijos de la clase alta y los ricos”. Además, calificó el concepto de gratuidad como un “subsidio de los pobres hacia los ricos”. Esta narrativa facilitó acciones concretas, como el veto a la ley de financiamiento universitario en 2024 y la promoción de la apertura de universidades privadas con orientación libertaria en 2025.
De igual manera, en España, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dirigido sus críticas específicamente a la Universidad Complutense, acusándola de estar “colonizada por la izquierda” y afirmando que esta institución otorga “títulos como churros”. La deslegitimación retórica se acompaña de acciones que impiden el fortalecimiento financiero de la educación superior; en octubre pasado, su gobierno rechazó participar en la comisión nacional destinada a incrementar el financiamiento universitario hasta alcanzar uno por ciento del PIB, calificando la propuesta de “ajena a la realidad financiera”.
La cronología de reformas revela un patrón indiscutible de ofensiva coordinada. El discurso que se repite en medios conservadores y plataformas políticas es uniforme: las universidades son espacios dominados por el pensamiento progresista, especialmente en las facultades de ciencias sociales y humanidades. Más allá de las diferencias nacionales, el objetivo fundamental de estos discursos es común: deslegitimar el conocimiento crítico, reducir la autonomía académica y reconfigurar la educación superior para alinearla estrictamente con valores conservadores.
En este contexto global de ofensiva ideológica, la defensa de los principios fundamentales de la educación superior pública –la autonomía, la laicidad, la pluralidad y la libertad académica– se convierte en una tarea urgente e inaplazable. La lucha por el financiamiento y la estructura de las universidades públicas es, en esencia, la defensa de los espacios donde las sociedades aprenden sobre sí mismas y sobre la naturaleza, cuestionan su propio funcionamiento y a forman una ciudadanías libres, informadas y reflexivas.
* Especialista en sociología política de la educación superior y de los movimientos sociales
Rosa estaba preparando café cuando escuchó en la radio que “los hospitales públicos están colapsados y ya no hay medicinas”. Se le heló el estómago. Padece diabetes y depende de sus pastillas para mantener el azúcar a raya. Esa tarde fue directo al centro de salud.
–¿De verdad ya no hay medicamentos? –preguntó.
La enfermera sonrió.
–No crea todo lo que dicen. Aquí los surtimos como siempre.
Pero Rosa se fue con la duda. Compró en la farmacia privada, no por necesidad, sino por miedo. Gastó la mitad de su pensión. Al día siguiente, en su barrio todos hablaban de lo mismo, que el sistema se había caído, que los doctores ya no querían trabajar, que “antes era mejor”.
La infodemia funciona así. Toma un dato, lo estira, lo tuerce y lo convierte en una verdad que asusta. Mientras tanto, el servicio sigue ahí, aunque con salas llenas de desconfianza.
Juana recibió por WhatsApp una imagen con letras rojas: “¡No te atiendas en hospitales del gobierno! Usan medicamentos vencidos”. La mandó a sus hermanas, que la renviaron a sus grupos de la iglesia.
A la semana siguiente, su hija menor tuvo fiebre alta. En lugar de ir al hospital, Juana la trató en casa con remedios. Dos días después, la niña convulsionó y terminó en urgencias. El médico le explicó que era una infección común, tratable, pero que el retraso la había complicado.
Juana lloró en silencio. “Yo sólo quería cuidarla”, dijo. Y tenía razón. No era ignorancia, era miedo.
Cuando una mentira circula sobre los servicios públicos, no sólo daña la reputación de una institución, también daña la confianza que mantiene vivo el sistema. La salud pública se construye sobre algo invisible, pero vital: la creencia de que hay alguien que cuida de todos.
La infodemia no se combate con más discursos, sino con hechos visibles. Con el médico que atiende sin mirar el reloj, la enfermera que explica con paciencia y la farmacia que entrega el medicamento sin pedir dinero. Cada acto de verdad, repetido miles de veces, va curando el daño que dejan las noticias falsas.
Rosa volvió al centro de salud dos meses después. Esta vez no por miedo, sino para su control habitual. Le dieron sus medicinas y una enfermera le explicó cómo ajustar la dosis. Juana también volvió. La niña estaba bien y el pediatra la recibió con una sonrisa.
–No crea todo lo que circula –le dijo–. Aquí curamos, no engañamos.
Ambas salieron con una receta en la mano y una certeza distinta. La confianza también se recetaba.
En los tiempos del cólera, escribía García Márquez, el amor era la fuerza que mantenía viva a la gente. En los tiempos del miedo, esa fuerza se llama confianza. Y como toda medicina, sólo funciona cuando se comparte.
Ese uno por ciento más rico, en promedio, aumentó su riqueza en 1.3 millones de dólares; en tanto, el 50 por ciento más pobre distribuido en todos los países la aumentó sólo en 585 dólares. En términos llanos esto significa que la mitad del mundo, la más pobre, en el último cuarto de siglo ha vivido un estancamiento de su nivel de vida. Esta imagen general del mundo se repite en 83 por ciento de los países, que representan a 90 por ciento de la población mundial. El estudio se basa en consultas directas con 80 economistas expertos en desigualdad y en la World Inequality Database.
En México hemos celebrado que la desigualdad ha disminuido. El dato de la última ENIGH de 2024 indica que la relación entre los ingresos del 10 por ciento más rico y el 10 por ciento más pobre pasaron de ser 20.75 veces mayores en 2016 a 14.12 veces en 2024, una disminución importante. Si hacemos la comparación entre los ingresos de ese 10 más rico y el 50 por ciento más pobre tendríamos un cociente de 1.81, es decir, fueron 81 por ciento mayores en 2016 y en 2024 fueron 30 por ciento mayores. La disminución de la desigualdad es notoria.
Si hacemos estas comparaciones para México usando la World Inequality Database (WID), los resultados son diferentes. Como en esta base de datos el último año con información es 2022, usamos el periodo 2000-2022. La comparación para México es la siguiente: el uno por ciento más rico en 2000 se apropiaba de 11.7 por ciento del ingreso nacional; en tanto, el 50 por ciento más pobre ganaba 7.6 por ciento de ese ingreso. Veintidós años después, el uno por ciento más rico se apropió de 21.6 por ciento del ingreso nacional; en tanto, el 50 por ciento más pobre disminuyó su participación a 6.2 por ciento.
La conclusión que resulta de la comparación para México en los ingresos de los más ricos con la de los más pobres, con información de la WID, es la misma que para el mundo. Nuestros superricos, el uno por ciento, prácticamente se apropiaron del doble del ingreso nacional en 22 años, pasando de 11.7 a 21.6 por ciento. El mismo proceso de concentración del ingreso se muestra con la evolución de la participación en el ingreso nacional del 50 por ciento más pobre, que disminuyó de 7.6 a 6.2 por ciento. Seguramente estos números mejorarían con información a 2024, pero la imagen gruesa no cambiaría.
Los economistas que trabajaron para el estudio del G-20 proponen tres acciones para combatir global y nacionalmente la desigualdad. Primero, reformar globalmente las reglas económicas: las normas de propiedad intelectual, las fiscales para que las trasnacionales y los grandes ricos tributen justamente. Segundo, nacionalmente promover reglas favorables a los trabajadores, reducir la concentración empresarial, gravar más las grandes ganancias de capital, invertir en mejores servicios públicos y una fiscalidad más progresiva. Tercero, promover nuevos modelos de cooperación fiscal, comercial y de transición verde entre países.
Las acciones que serán propuestas por el G-20, del que forma parte México, son pertinentes para nuestro país. Proponen crear un panel internacional sobre la desigualdad que aporte conocimiento técnico para evaluar las evidencias y apoyar las políticas que pudieran instrumentarse. A México le convendría que, por ejemplo, ese panel señalara que las trasnacionales bancarias tributen justamente en los diferentes países en los que operan, contribuyendo en la misma proporción que en los países en los que están domiciliadas sus matrices.
Lo que proponen los autores del estudio para pensarse nacionalmente es claramente pertinente, incorporando las consideraciones políticas que sean necesarias para escoger el momento oportuno para hacerlo, pero es indudable que al país le sirve una mayor progresividad fiscal, que se siga favoreciendo a los trabajadores y aumenten los gravámenes a las ganancias de capital. Además, en las condiciones que ha abierto el gobierno de Trump, apoyar la cooperación global en las relaciones comerciales y en la búsqueda de una transición verde es excepcionalmente útil.
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