En enero de 2025 Donald Trump anunció la suspensión de los fondos de cooperación internacional que Estados Unidos canalizaba hacia un centenar de países. Seis meses más tarde, en julio, el presidente estadounidense selló su decisión cerrando oficialmente USAID, la mayor agencia humanitaria del mundo, a la que calificó de “organización obscena y peligrosa, un despilfarro”.
Estas medidas han desatado un caos de consecuencias aún imprevisibles, aunque ya la revista científica The Lancet ha advertido que podrían provocar hasta 14 millones de muertes prevenibles hasta 2030. La irracionalidad alcanza cotas grotescas: un cargamento de anticonceptivos destinados a la cooperación humanitaria en África, que podría beneficiar a 1,4 millones de mujeres y niñas, permanece sin uso en un almacén en Bélgica a la espera de ser destruido, incinerado, porque sí. Porque la deriva que tomó Trump al comenzar el año ha provocado despidos en las organizaciones, cancelación de proyectos y también, paralización de cadenas de suministros. Porque las decisiones tienen consecuencias.
La orden de Washington era que las píldoras fueran incinerados en Francia
Los fármacos se encuentran en suelo europeo, lo que no deja de ser una paradoja. En concreto, en Geel, un municipio de la región de Flandes. La orden de Washington era que las píldoras, dispositivos intrauterinos e implantes hormonales fueran incinerados en Francia. Pero las organizaciones dieron la voz de alarma y de momento, el cargamento, valorado en 10 millones de dólares -recursos obtenidos con fondos de los y las contribuyentes estadounidenses-, no ha sido destruido.
En Flandes existe una prohibición de incineración de materiales aún utilizables o reciclables, como suministros médicos. Esto significa que el Gobierno estadounidense debe solicitar una exención a la prohibición ante el ministro flamenco de Medio Ambiente. El ministro ha reiterado que no ha recibido ninguna solicitud de exención y que, si así fuera, no la autorizaría. Sin embargo, aunque puede impedir la destrucción de la carga en territorio flamenco, no puede bloquear su transporte ni su reubicación.
Francia argumenta que no tiene argumentos jurídicos para actuar contra la decisión de EEUU
Heleen Heysse, responsable de SENSOA, el centro de la región especializado en salud sexual, asegura que el gobierno belga “ha optado claramente por la vía diplomática y ha intentado negociar sobre el cargamento con la Administración estadounidense”.
En Francia, la situación es un tanto diferente. Por un lado, la caída del gobierno ha dificultado su reacción pública al respecto. Además, Médicos del Mundo, junto a otras organizaciones francesas, interpeló al Gobierno francés en agosto, pero este argumentó que no tenía argumentos jurídicos para actuar contra la decisión de Estados Unidos, propietario de los medicamentos.
Los derechos sexuales y reproductivos no son una mercancía como cualquier otra
Sarah Durocher, presidenta de Le Planning famille, recuerda que “Francia tiene la responsabilidad moral de actuar. Un gobierno que consagra con orgullo el derecho al aborto en su Constitución también debe trabajar para proteger la anticoncepción y los derechos de las niñas más allá de sus fronteras. Con su voz respetada a nivel internacional, el Gobierno francés no puede permanecer en silencio mientras se destruyen los suministros anticonceptivos y miles de personas corren peligro”.
Las organizaciones también apelan a la empresa francesa responsable de la destrucción de estos anticonceptivos para que reconsidere su papel. “Tiene una enorme responsabilidad moral y social. La empresa tiene el poder de rechazar este acuerdo. Los derechos sexuales y reproductivos no son una mercancía como cualquier otra que pueda desecharse” argumentan.
Un “ataque ideológico” ejecutado en nombre de la política ultraconservadora
La Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF), una organización no gubernamental que trabaja en 172 países, ofreció hacerse cargo de las existencias para su redistribución sin coste alguno, pero esta oferta fue rechazada. “Esto no es un accidente ni un descuido burocrático. Esta acción es deliberada y forma parte de un plan a largo plazo para desmantelar las iniciativas de salud pública mundial. Se trata de control: de nuestros cuerpos, nuestra salud y nuestras decisiones sobre nuestras vidas”, sostiene Micah Grzywnowicz, responsable regional de la Red Europea de IPPF.
Todas las organizaciones consultadas coinciden en que bloquear los suministros y sembrar la confusión “es intencional”, y aseguran que la decisión final de la Administración Trump de destruir estos anticonceptivos vitales es un “ataque ideológico”, ejecutado en nombre de la política ultraconservadora.
En los palés detenidos hay anticonceptivos reversibles de acción prolongada (LARC). Los LARC previenen un embarazo no planificado, y es científicamente incorrecto llamarlos abortivos. Sin embargo, el Gobierno estadounidense asegura que el cargamento en cuestión contiene “productos abortivos” y apela a la “norma de Ciudad de México”, también conocida como la ley mordaza global, que restringe, desde su instauración en 1984 por el Gobierno de Ronald Reagan, la ayuda exterior de Estados Unidos a organizaciones que prestan, asesoran o promueven servicios de aborto legal, y también a la enmienda Kemp-Kasten, que prohíbe la asistencia a “cualquier organización o programa que apoye o participe en la gestión de programas de aborto coercitivo o esterilización involuntaria”.
«Destruir los suministros de USAID almacenados en Geel es un desperdicio inmenso»
Cuando Trump reinstauró la ley mordaza global en 2017, diferentes países de la Unión Europea reaccionaron creando SheDecides e invirtiendo fondos específicamente en proyectos de salud y derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, esta vez no ha habido una reacción similar. Al contrario, otros donantes de la Unión Europea también han recortado la financiación a proyectos de desarrollo internacional. “No están cubriendo el déficit, sino agravándolo”, sintetiza Micah Grzywnowicz.
Pese a las trabas, las organizaciones buscan los cauces para impedir el atropello. We Move Europe está recogiendo firmas para instar a la Comisión Europea y a los gobiernos de Francia y Bélgica a que impidan dicha incineración y se coordinen para que los anticonceptivos puedan ser entregados a través de organizaciones humanitarias.
Para Nico Bogaerts, director de SENSOA, “destruir los suministros de USAID almacenados en Geel es un desperdicio inmenso. Que el Gobierno estadounidense prefiera pagar para destruir los suministros que ya ha pagado, en lugar de entregarlos a otras organizaciones, es cruel. Estos suministros podrían salvar vidas. Instamos encarecidamente a los gobiernos belga y francés a que encuentren la manera de evitar su incineración y de garantizar que lleguen a las personas que los necesitan”.
“El precio de esta destrucción también se pagará con vidas humanas”
Más allá de los euros están las vidas. La destrucción de estos suministros provocaría 362.000 embarazos no planificados, 161.000 nacimientos no planificados, 110.000 abortos inseguros y 718 muertes maternas. Con ese material se podría colaborar con aproximadamente 1,4 millones de mujeres en países africanos como Kenia, Zambia y Tanzania.
Pilar Martínez, responsable de Médicos del Mundo en Bélgica, afirma que la intención del Gobierno estadounidense es “un ataque directo al derecho a la salud sexual y reproductiva, derechos adquiridos por los que llevamos luchando décadas” y recuerda que, según el estudio de la revista The Lancet mencionado al comienzo, la financiación de USAID es la que más probabilidades tiene de reducir la mortalidad asociada al VIH/sida.
El cargamento incluye más de 50.000 dosis contra el VIH
Efectivamente, una lista de los suministros muestra que además de anticonceptivos, el cargamento detenido incluye más de 50.000 dosis de medicamentos contra el VIH. La mayoría de los productos caducan en 2028 o 2029, según el inventario que detalla los casi 5 millones de artículos.
Se trata de un stock muy importante, cuya destrucción afectará a cientos de miles de vidas. Solo en Congo, por ejemplo, hay alrededor de 500.000 personas seropositivas que dependen de los medicamentos antirretrovirales. La destrucción también tiene efectos negativos acumulativos: debido a la reducción de la financiación de los inhibidores del VIH, la anticoncepción cobra aún más importancia. “El precio de esta destrucción también se pagará con vidas humanas”, sentencia Pilar Martínez.
Es fácil intuir que el caso del cargamento retenido en Bélgica no es el único. Las organizaciones saben que hay otro almacén en Dubái con más de 25 millones de condones de USAID retenidos. Definitivamente “hay una campaña activa”. El desmantelamiento abrupto de USAID ha paralizado los sistemas de salud vulnerables de todo el mundo. Por otro lado, Trump (y sus aliados ultraconservadores en distintas latitudes) están financiando movimientos contra la salud sexual y reproductiva en todo el planeta. Además, impulsan una retórica regresiva sobre la «familia tradicional» en la ONU.
“Este es el último ataque en una campaña a largo plazo para desmantelar el acceso a la atención de salud sexual y reproductiva en todo el mundo”, resume Micah Grzywnowicz. Según una encuesta realizada por la IPPF, las decisiones que viene tomando la Administración Trump podrían resultar en la negación de atención vital de salud sexual y reproductiva a 8,5 millones de personas. Los resultados de esta investigación son demoledores: se estima que los recortes de financiación impulsados por el Gobierno estadounidense se traducirán en 3.844 muertes maternas adicionales, más de 3 millones de embarazos no deseados y 756.010 abortos inseguros.
Para Avril Benoît, directora ejecutiva de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Estados Unidos, incinerar anticonceptivos por millones de dólares es un acto “intencionadamente irresponsable y dañino contra mujeres y niñas de todo el mundo”. “Esta administración está dispuesta a dejar que se pudra la ayuda alimentaria y a quemar anticonceptivos, poniendo en riesgo la salud y la vida de las personas para impulsar una agenda política”, critica.
Crisis de un modelo de cooperación dependiente que lleva años fracasando
Por otro lado, es cierto que la imagen de la lucha en suelo europeo por un cargamento de anticonceptivos, destinado a quienes habitan los países empobrecidos, pero propiedad de Estados Unidos, ilustra la crisis de un modelo de cooperación dependiente que lleva años fracasando. Y también es una instantánea del absurdo de un sistema que necesita ser repensado urgentemente. Quizás sería interesante enfocar la crisis desatada como una oportunidad de transformación profunda.
«Hoy son contraceptivos, mañana podrían ser vacunas»
“Hay que aprovechar esta oportunidad sobre todo para marcar límites de manera contundente a la violación de derechos fundamentales, en este caso el derecho a la salud. Esta destrucción podría sentar un peligroso precedente: hoy son contraceptivos, mañana podrían ser vacunas”, apuntan desde Médicos del Mundo.
“Es evidente que se necesita un sistema diferente de solidaridad internacional. Quizás este impacto en el sistema acelere el cambio, lo cual sería un rayo de esperanza. Sin embargo, no podemos ver como beneficioso recortar la financiación de la solidaridad internacional de la noche a la mañana, sin un sistema alternativo ni un proceso de transición. Debido a la decisión de Trump, morirán personas”, reflexiona la responsable de SENSOA.
«Queremos un sistema que aborde las desigualdades financieras»
“Aplaudimos cuando los gobiernos cambian su forma de gestionar la solidaridad internacional mediante métodos innovadores de financiación. Queremos un sistema que traslade la toma de decisiones al Sur Global, que sea más justo para todos y que aborde las desigualdades financieras, incluyendo la deuda y los impuestos”, exponen desde la IPPF.
“La Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) sigue siendo esencial, pero debe considerarse en un contexto más amplio. En 2023, los países africanos recibieron menos asistencia de cooperación internacional de lo que pagaron en deuda. Al mismo tiempo, tres mil millones de personas viven en países obligados a recortar la educación, la salud y los servicios básicos para cumplir con los pagos de la deuda. Es urgente reformar el sistema económico y financiero mundial mediante la justicia de la deuda, la justicia fiscal y una estructura más equitativa para la cooperación internacional. Sin esto, seguiremos viendo crecientes desigualdades dentro y entre los países”, concluyen.
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