A
partir del litigio de un particular contra su exempleador, Bancomer, se
descubrió que esa institución, el banco más grande de México, cuya
matriz está en el extranjero, lleva una doble contabilidad: por un lado
tiene estados financieros auditados donde se ven claramente sus
utilidades y por otro, ante Hacienda, alega pérdidas. De este modo la
institución bancaria se inventa un pretexto para no pagarles utilidades
a miles de sus trabajadores.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- En su informe anual consolidado
correspondiente a los años 2005 y 2006, BBVA Bancomer hizo público que
en ese periodo obtuvo utilidades netas por 12 mil 134 millones de pesos
el primero de esos años, y 21 mil 622 millones de pesos el segundo.
Además en los estados financieros auditados por la firma
Galaz, Yamazaki y Urquiza, se reportó que en esos dos años hizo pagos
de 955 millones y 5 mil 612 millones de pesos, respectivamente, por
concepto de Impuesto Sobre la Renta y pago de utilidades.
Sin embargo, durante un largo litigio para demandar el
pago de sus utilidades interpuesto hace siete años por Martín Agustín
Ocampo –extrabajador del área fiduciaria de BBVA Bancomer–, se
descubrió que la principal institución bancaria de México les adeuda
pagos de utilidades de 2004, 2005 y 2006 por más de 3 mil 300 millones
de pesos a sus trabajadores; además declaró en forma complementaria una
pérdida en su contabilidad ante el Sistema de Administración Tributaria
(SAT) por casi 2 mil millones de pesos en 2006, de acuerdo con los
datos de un juicio concurrente.
Los documentos del litigio –cuya copia obtuvo Proceso–
“pueden sentar un precedente histórico”, advierte Ocampo, quien ya
avanzó en su litigio por el reparto de utilidades por 316 millones de
pesos correspondientes a 2004, aunque aún están pendientes de
determinarse la validez de los pagos de utilidades de 2005 y 2006, que
suman 3 mil millones de pesos.
“Me he ido enterando de varias cosas truculentas que el
banco realizó para no pagarle utilidades al personal, como fue la
sustitución patronal, el 22 de noviembre de 2006, del personal de BBVA
Bancomer, el patrón original, por BBVA Bancomer Operadora S. A., un
outsourcing”, afirma Ocampo, quien considera que su caso puede ser
similar al relatado en la película Erin Brockovich, pues ayudará al
pago para todos los otros trabajadores a quienes no les repartieron
utilidades.
En marzo de 2009, en los documentos del juicio de nulidad
que interpuso el banco, BBVA Bancomer reportó ante la Junta Especial
Número 14 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que,
contrario a lo declarado en su propio informe anual correspondiente a
2005 y 2006, en este último año no pagó impuestos ni utilidades porque
tuvo una “pérdida fiscal del ejercicio” de más de 2 mil millones de
pesos.
“Es necesario que las autoridades intervengan porque aquí
hay una doble contabilidad”, sentencia Ocampo en entrevista. “La
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Secretaría del Trabajo y la
Secretaría de Hacienda deben investigar. No es posible que Bancomer
diga que no tenía utilidades, hasta que yo presento mi demanda” e
“inició un proceso de nulidad en 2008 para no pagar las utilidades de
2004 y defender su posición de que no hubo utilidades en 2005 y 2006”.
Proceso buscó las versiones del área de la Dirección
Jurídica de BBVA Bancomer y de su Dirección de Comunicación Social. El
banco “se reserva sus comentarios dado que estamos en un proceso legal
y daremos una versión hasta que esto culmine”, se informó a este
semanario.
Ocampo explora la posibilidad de que la Suprema Corte de
Justicia atraiga este caso “porque es violatorio del artículo 123,
fracción 9 de la Constitución, en donde se establece que los
trabajadores tienen derecho al reparto de utilidades”.
“Es relevante que la Corte lo atraiga pues afecta a
muchos trabajadores y extrabajadores y a sus familias; el pago de esa
prestación pudo ser la diferencia de alguna situación apremiante de
éstos y sus familias, ahora sin empleo”, abunda Ocampo.
Hasta ahora la Junta Local de Conciliación y Arbitraje,
después de siete años, emitió un laudo en el que condena a Bancomer a
pagar a Ocampo la cantidad correspondiente al reparto de utilidades de
2004, pero lo exime de pagar 2005 y 2006, años en los cuales las
cantidades son más altas.
“Si yo le gano los amparos a Bancomer, estará obligado a
pagar a todos los demás trabajadores a quienes no les dieron reparto de
utilidades en esos años. Fueron más de 20 mil trabajadores”, calcula
Ocampo y agrega que se deberá ampliar la demanda y hacerla colectiva
para poder presionar el cobro.
La “ordeña”
“El objetivo de BBVA Bancomer y de la mayoría de los
bancos extranjeros es pagar dividendos altos a sus accionistas de las
casas matrices. Bancomer se salió de la Bolsa Mexicana de Valores para
poder pagar dividendos directos a los accionistas –afirma– y evitar la
supervisión de los números que manifiestan”.
El extrabajador de Bancomer citó la polémica generada en
marzo de 2012 por el exgobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz
Martínez, quien afirmó en un artículo publicado en Financial Times que
los bancos de propiedad extranjera en México pagaron a sus casas
matrices 20 mil millones de dólares, cantidad comparable a la que sus
actuales dueños pagaron por ellos entre finales de la década de los
noventa y la primera del siglo XXI.
Ortiz Martínez, en ese momento presidente del Consejo de
Administración de Banorte, afirmó que la banca extranjera en México fue
“un negocio increíblemente rentable” que ha trasladado fuertes
cantidades de dividendos a sus matrices en detrimento del crédito y del
crecimiento de la economía.
El entonces presidente de la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores, Guillermo Babatz, calificó de “falaces” los argumentos de
Ortiz Martínez y le recordó en declaraciones a la prensa que él mismo
fue protagonista del proceso de privatización de la banca como
subsecretario de Hacienda del gobierno de Carlos Salinas de Gortari en
1990.
A las críticas de Ortiz Martínez se sumaron las de
Alejandro Valenzuela, entonces director general del Grupo Financiero
Banorte, quien consideró que “no es un tema menor” la cantidad de
dividendos que envían los bancos extranjeros que operan en México a sus
matrices.
Ninguno de ellos mencionó el tema de la falta de pago del
reparto de utilidades o de la doble contabilidad para evitar el pago de
impuestos ante el SAT.
“Si esto sigue así, va a pasar como sucedió recientemente
en Grecia: van a matar a la gallina de los huevos de oro. Sí es
necesaria la apertura hacia el extranjero, pero que paguen impuestos y
cumplan con las obligaciones laborales.
“Es increíble que algunos funcionarios de Bancomer, con
tal de no pagar las utilidades, pongan en peligro la concesión de un
banco. Este caso pone en riesgo la concesión de Bancomer ante una
revisión real de la Secretaría de Hacienda. ¿Cómo le van a decir a los
empleados que ‘se les olvidó’ pagar utilidades 10 años después?”,
reflexiona Ocampo.
El litigio
Después de siete años, el 4 de julio de 2014, la Junta
Federal Número 14 emitió un laudo donde le da parcialmente la razón a
Ocampo en uno de los tres periodos (2004), debido a la existencia de
suficientes pruebas y la falta de manejo de la defensa del banco, a
cargo del despacho de Tomás Natividad Sánchez, abogado también de la
Coparmex.
En la inspección de la Secretaría de Trabajo y Previsión
Social se demostró que BBVA Bancomer obtuvo una utilidad de 316
millones de pesos durante 2004, de la cual existe un procedimiento
fiscal que el banco no inició sino hasta 2008, y después de perderlo en
las salas fiscales, se encuentra en amparo con el número 643/2014 en el
16 Tribunal Colegiado en Materia de Administración.
Los abogados de la institución financiera alegaron la
prescripción, pero se determinó que ésta no se daba porque el cómputo
del año comienza a partir de que la empresa hace de conocimiento de sus
empleados la existencia de las mismas. Por esta razón, el tribunal le
dio la razón a Ocampo.
Éste y su abogado tuvieron acceso a informes de la
Procuraduría Fiscal, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV) y de Hacienda, cuyo voluminoso expediente pudo revisar Proceso.
Entre esos documentos están los presentados por BBVA Bancomer que
confirman que se está realizando doble contabilidad.
Por un lado existen estados financieros auditados donde
se ven claramente las utilidades y por el otro, la presunción de que no
las hubo. Sólo la Secretaría de Hacienda se negó a dar informes a la
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, según consta en los
documentos del expediente.
En el caso del outsourcing, el Tercer Tribunal Colegiado,
integrado por los magistrados Alicia Rodríguez Cruz, Tarcisio Aguilera
Troncoso y Héctor Arturo Mercado López, resolvió en septiembre de 2013
que el convenio de sustitución patronal en Bancomer era ilegal, en
virtud de que para justificar la existencia de un patrón sustituto es
indispensable que se transmita de una empresa a otra el patrimonio como
unidad o parte del mismo, y en este caso no existió tal transmisión.
En el amparo directo 638/2013, los magistrados se
apoyaron en resoluciones previas de la Suprema Corte de Justicia y
determinaron que “los elementos de prueba ofertados en el juicio ponen
de manifiesto la simulación que adujo el actor (…) se estima que BBVA
Bancomer S.A., institución de banca múltiple, pretende eludir el
cumplimiento de las obligaciones que se han generado con motivo del
vínculo laboral”.
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