Los derechos humanos son vistos más como una situación meramente discursiva o teórica, señaló el titular de la comisión, Luis Raúl González Pérez.
Foto: Enrique Ordóñez/ Cuartoscuro
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoció ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas, que la desaparición constituye un serio problema de seguridad en México.
El organismo encabezado por Luis Raúl González Pérez aceptó que los derechos humanos enfrentan actualmente una de sus etapas más críticas y desafiantes en nuestro país,
y destacó que si bien éstos nunca habían alcanzado el grado de
reconocimiento que tienen desde la reforma constitucional de junio de
2011, “los hechos evidencian la falta de congruencia entre lo dispuesto por las normas y la realidad.
“La impunidad que la sociedad advierte y los altos niveles de
violencia e inseguridad que se viven –resaltó el Ombudsman nacional–, ocasionan que los derechos humanos sean vistos más como una situación meramente discursiva o teórica,
que como un aspecto práctico y real, cuestionando la validez y vigencia
de las instituciones, así como los innegables avances que en materia de
derechos humanos se han presentado en las últimas décadas”.
Al presentar un informe sobre la desaparición forzada ante el organismo especializado de las Naciones Unidas,
González Pérez hizo referencia a dilaciones y omisiones del gobierno
mexicano en la materia, y enfatizó la urgencia de que en México se
realice una labor de sistematización, compulsa y depuración de las
bases de datos de que se dispone, mediante adecuada metodología y
criterios claros, que permitan establecer en qué casos existen
señalamientos de desaparición forzada de personas, imputada a agentes
del Estado o a particulares que actúan con el apoyo, tolerancia o
aquiescencia de agentes del Estado.
Además, agregó, definir en cuáles casos la responsabilidad se imputa
a la delincuencia organizada y aquellos que correspondan a personas
reportadas como no localizadas, sin que en algunos de esos casos se
puedan descartar los supuestos señalados.
El Ombudsman mexicano propuso también un plan de 14 medidas que
permita la atención integral de la problemática en materia de
desaparición de personas; entre ellas, destacan el reconocimiento de la
competencia de dicho Comité para recibir peticiones individuales;
aprobar una Ley General sobre Desaparición Forzada; la expedición del
Reglamento de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas
Extraviadas o Desaparecidas; la necesidad de continuar con la búsqueda
y registro de fosas clandestinas y, desde luego, la identificación de
personas, así como la creación de un Sistema Nacional para la Búsqueda
de Personas Desaparecidas o No Localizadas y la construcción de una
base de datos.
Sobre los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de
septiembre pasado, la CNDH apuntó que involucran la desaparición
forzada de 43 personas.
El organismo indicó que lleva a cabo la investigación de acuerdo con
sus facultades constitucionales y legales. Explicó que en este contexto
se creó una Oficina Especial para atender el caso, ha habido reuniones
con familiares de los estudiantes desaparecidos, que aceptaron el
acompañamiento de la CNDH.
Aquí el documento difundido por la comisión:
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