Se ordena salga de penal, pero hay más órdenes de aprehensión
Una vez más la Fiscalía General del estado de Guerrero, encabezada por
Javier Olea Peláez, insiste en dilatar la liberación de la ex comandanta
de la Policía Comunitaria (PC) de Olinalá, Nestora Salgado García, ya
que luego de que dos juzgados ordenaron su puesta en libertad, la
instancia decidió ejercer tres órdenes de aprehensión más en su contra.
Con este revés judicial, la activista continuará en prisión a pesar de
que anoche dos juzgados del municipio guerrerense de Tlapa ordenaron su
libertad al no encontrarla responsable de tres acusaciones de secuestro.
Y es que de último momento y de manera por demás draconiana –mientras
Nestora ya alistaba su salida del penal femenil de Tepepan, al sur de
esta ciudad–, la Fiscalía de Guerrero presentó tres órdenes de
aprehensión contra la ex comandanta para impedir su liberación.
La noche de este lunes 7 de marzo, los juzgados Primero y Segundo del
Distrito Judicial de Morelos, con sede en Tlapa de Comonfort,
notificaron a Salgado García y sus abogados el auto de libertad al no
encontrar pruebas para mantenerla en prisión por tres acusaciones de
secuestro.
Sandino Rivero, abogado de Defensa Estratégica en Derechos Humanos,
organización civil que litiga el caso de la activista, informó que a
Nestora se le notificó del auto de libertad en la audiencia realizada en
el Juzgado 67 Penal, con sede en el reclusorio capitalino de Santa
Martha Acatitla.
Mientras la defensora humanitaria era llevada de nuevo a la Torre Médica
del Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan para preparar su
salida, la Fiscalía General de Guerrero envió un fax a este penal para
informar de otras tres órdenes de aprehensión vigentes contra la ex
comandanta, por lo que no podría quedar en libertad.
Para los abogados ya estaba previsto el escenario de que la Fiscalía
estatal, encabezada ahora por Javier Olea Peláez y antes por Miguel
Ángel Godínez Muñoz, guardara esas tres acusaciones y las sacará de
último minuto en una forma “perversa” de administrar la justicia y
mantener a Nestora en prisión.
Amanda Rivero, también abogada de la ex comandanta, refirió que –a pesar
de que ayer obtuvo la libertad– desde junio de 2015 sabían de tres
acusaciones más: una por secuestro, otra por homicidio y una más por
robo, las cuales no habían sido notificadas formalmente.
Hace ocho meses, los litigantes sólo sabían que las acusaciones las
tenían tres juzgados (en Tlapa, Huamuxtitlán y Ayutla, todos en
Guerrero). Así que una vez ejecutadas las órdenes de aprehensión, las
autoridades deberán informar de la detención a los juzgados de Guerrero
para iniciar un nuevo litigio.
Rivero explicó que en próximas horas o días Nestora Salgado tendrá que
declarar en un juzgado de esta capital por las tres acusaciones. A ella
se le culpa de robar armas de la policía municipal, secuestrar a una
persona que en realidad fue retenida por la PC, y de asesinar a un
joven.
Desde septiembre de 2015, Defensa Estratégica en Derechos Humanos
interpuso un amparo contra estas tres posibles órdenes de aprehensión y
ofreció pruebas a favor de la ex comandanta, entre ellas notas
periodísticas de la conferencia de prensa que Nestora dio en Acapulco el
día que supuestamente asesinó a un hombre en la carretera que va de
Tlapa a Olinalá. El amparo aún está en trámite.
La operación orquestada por las autoridades de Guerrero contra la
activista confirma su postura en torno al caso, pues desde el 21 de
agosto de 2013 cuando fue detenida –sin orden de aprehensión y en un
descomunal operativo policiaco-militar como si fuera una peligrosa
narcotraficante– ha hecho hasta lo imposible por mantener a Nestora en
prisión, pese a las pruebas que demuestran su inocencia.
En diciembre de 2015, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria
de la ONU reconoció a Salgado García como una defensora de Derechos
Humanos y exigió su liberación al gobierno mexicano.
Una vez que Nestora –de 43 años de edad– rinda su declaración, que
podría ser esta semana, corren los tiempos legales para que una vez más
los juzgados le dicten el auto de libertad o de formal prisión.
En tanto, la mujer lleva dos años y medio en prisión –en los que ha
realizado huelgas de hambre en demanda de su libertad, pese a su
deteriorado estado de salud– por realizar tareas como policía
comunitaria, las cuales son plenamente reconocidas por la ley del estado
de Guerrero.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | México, DF.-
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