Territorialización de la reforma energética

Miguel Concha

La Jornada 

Apartir de la década de los 90 se aceleró un proceso de privatización y desmantelamiento de las empresas paraestatales del sector energético mexicano, que se agudizó con la reforma de 2013, pues se asentó que los capitales privados ahora pueden extraer hidrocarburos en las áreas de procesamiento y transporte, sin tener que asociarse necesariamente con Pemex. Para este año, 2016, se terminan de asignar y licitar a privados los recursos energéticos en diferentes rondas o zonas en las que se ha dividido la asignación, subasta y licitación de hidrocarburos. En la ronda 0 se asigna 83 por ciento de las reservas probadas y probables y 21 por ciento de los recursos prospectivos. Las rondas uno a 4 corresponden a subastas internacionales, y en ellas fueron asignados 34 por ciento de los recursos prospectivos del país. Estas rondas significan una repartición del territorio mediante inversiones privadas de capitales en explotación y extracción de hidrocarburos.

Además de la privatización, con el agotamiento de recursos energéticos como el petróleo se pone hoy en día de manifiesto la situación en que se encuentran para su extracción. Los yacimientos de hidrocarburos convencionales, que han sido extraídos históricamente con esa clase de métodos, ahora son escasos. Por otro lado, los yacimientos no convencionales –aquellos cuya ubicación es de mayor irregularidad y por lo mismo el acceso a ellos se realiza con métodos no convencionales, como por ejemplo el fracking, para la extracción de gas– generan mayor impacto nocivo al medio ambiente y a la población. En el Plan Quinquenal de Licitaciones para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos 2015-2019 de la Secretaría de Energía, los recursos convencionales considerados son 72, en un área de 192 mil 635.6 kilómetros cuadrados. Mientras tan sólo en el área noroeste del país las licitaciones para recursos no convencionales son de 24 áreas, con 34 mil 830.1 kilómetros cuadrados de superficie.

Por otro lado, los capitales invertidos distan de ser pequeños. Entre las firmas beneficiadas en la ronda uno se encuentran Sierra Oil and Gas, que ha sido relacionada con Carlos Salinas de Gortari; Grupo Higa, y Petrobal, de Alberto Bailleres, segundo hombre más rico de México y dueño del Grupo Peñoles y de seguros GNP. En la tercera licitación fueron beneficiadas compañías como Carso Oil and Gas, de Carlos Slim, y Newpeck, de Grupo Alfa. Entre las extranjeras destacan la italiana ENI, que ganó campos en la segunda licitación y, como ya vimos esta semana, entre las empresas para posteriores subastas se encuentran gigantes petroleras como BHP Billiton –australiana asociada ya ahora a Pemex–, British Petroleum Exploration, Chevron, Exxon Mobil, Repsol, Shell y Total Station, entre otras.

La reforma energética también implica la construcción de una red nacional de gasoductos que se expandirá a partir de inversión privada. Cabe mencionar que es distinta a la construida entre 1971 y 1982 por el Estado mexicano. En esta nueva conexión se modifican los flujos por donde se dirige el gas natural y se facilita la importación de hidrocarburos de Estados Unidos y de extracción desde México. En este contexto, vale la pena mencionar a Geocomunes, un colectivo integrado por estudiantes de posgrado y profesores universitarios que lleva tres años de haberse formado. Su propuesta es generar mapas e investigaciones para la defensa del territorio y los bienes comunes, y el método que utilizan, al que denominan Cartografía Social Participativa, surge a partir del trabajo con las comunidades que defienden algún bien común. En ese trabajo cruzan la poca o mucha información sobre megaproyectos que den las instituciones, con la información de las comunidades sobre su territorio: cómo lo conciben y lo construyen día con día. Y en este proceso se busca también romper con la hegemonía técnica y el acceso o interpretación de información técnica y tecnológica únicamente desde el aula o el escritorio. El resultado son mapas que sirven a las comunidades en la defensa de sus derechos, que pueden imprimirse y poner información libre y accesible así a disposición de la población en general. Se elaboran además varios documentos con análisis comunitarios, aunque también en este involucramiento recíproco se desarrolla teoría crítica.

Recientemente este colectivo presentó el texto Territorialización de la reforma energética: el control de la explotación, el transporte y la transformación energética en el noroeste de México, con el apoyo de la Rosa Luxemburg Stiftung en el país. En él se considera que la territorialización de estos proyectos genera robusta oposición a una lógica de acumulación de capital caracterizada por el despojo de las comunidades, la depredación de la naturaleza y la explotación de los trabajadores. Al partir de las comunidades a las que se imponen esos proyectos mediante la reforma energética, y en consecuencia la construcción e implementación de gasoductos, oleoductos, pozos petroleros y plantas generadoras de energía eléctrica, como acontece en la frontera norte, este esfuerzo nos permite no sólo observar resistencias aisladas, sino que nos coloca en la lectura de territorios afectados sistémicamente por un modelo salvaje de acumulación de capital. Muestra así cómo esa zona norte es un área estratégica del dominio territorial de Estados Unidos sobre México, así como el dominio del territorio nacional mediante otros proyectos asociados, como presas, minas, autopistas y trasvases, entre otros. La publicación, los mapas diseñados por el colectivo, así como otros análisis que nos ayudan a la documentación de los efectos de la implementación de la reforma energética, se pueden localizar en la página de Internet http://geocomunes.org.