La Jornada
El jueves por la noche el
futuro secretario de Hacienda, Carlos Urzúa Macías, tuvo que salir al
paso para atajar la tormenta financiera desatada horas antes cuando el
coordinador de los senadores del partido mayoritario, Ricardo Monreal
Ávila, presentó una iniciativa para eliminar algunas comisiones que las
instituciones financieras cobran por sus servicios, además de otorgar
facultades al Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores para fijar límites tarifarios a otras.
Ayer, el control de daños se completó con declaraciones del
presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien reafirmó su
postura de no introducir cambios en el marco legal que rige el
funcionamiento de las instituciones bancarias y financieras durante la
primera mitad de su gobierno.
Para poner en contexto el desplome bursátil generado por dicha
iniciativa, es necesario considerar la postura emitida ayer por
Citibanamex. De acuerdo con la institución financiera, la reacción de
los mercados respondió a las alarmas encendidas por
la forma intempestiva en que se anuncióla propuesta, que el sector empresarial considera la confirmación de una voluntad del gobierno entrante para conducirse fuera de los mecanismos institucionales –pese a que la iniciativa se presentó sin el conocimiento del presidente electo o su equipo económico.
Si bien resulta innegable la desproporción existente en el costo de
las comisiones referidas, en los hechos el lance del legislador
zacatecano resultó contraproducente para las posibilidades del gobierno
entrante de poner coto a los cobros desmedidos en este rubro, al
encabezar lo que las cúpulas empresariales percibieron como un albazo y
una señal de mala voluntad y forzó al próximo mandatario a ofrecer
garantías de continuidad del esquema vigente, alejando los
entendimientos que pudieron haberse generado mediante el diálogo y la
operación políticas.
Por último, cierto es que el Congreso cuenta con plena autonomía y
nada lo obliga a consultar su agenda con los otros poderes de la Unión,
ni mucho menos con los poderes fácticos, entre los que se cuentan los
representantes de la banca. No obstante, resulta difícil justificar que
una propuesta de tal trascendencia se diera a conocer sin ningún tipo de
negociación previa que permitiera amortiguar su impacto, máxime cuando
se reveló capaz de cimbrar al sistema financiero y provocar, en sólo
unas horas, la pérdida de casi 12 por ciento en el valor de
capitalización de la segunda mayor institución bancaria que opera en
México.
Si bien los daños económicos desatados por la iniciativa senatorial
remitieron en pocas horas tras las declaraciones del presidente electo y
el futuro secretario de Hacienda, las afectaciones políticas, en forma
de incertidumbre acerca de las intenciones del gobierno entrante en la
materia, serán sin duda más difíciles de restañar. Por ello, cabe
preguntarse por las motivaciones que llevaron al liderazgo legislativo
del próximo partido en el gobierno a lanzar lo que a todas luces fue una
bomba política para sus correligionarios.
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