CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta
Ciudad de México. La Secretaría de Gobernación sigue
sin aclarar si el dinero destinado en el Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF) para 2020 para la atención de la violencia contra las
mujeres está asegurado durante las medidas de austeridad por el
COVID-19; por el contrario, generó más incertidumbre al afirmar que
México busca fondos internacionales para atender esta problemática.
Así lo dieron a conocer en conferencia de prensa virtual este 26 de
mayo de 2020, las organizaciones Equis Justicia para las Mujeres, la Red
Nacional de Refugios A.C (RNR) y Amnistía Internacional, quienes se
reunieron el pasado 22 de mayo con autoridades federales para conocer si
las medidas de austeridad por el nuevo virus afectarían o no el
presupuesto previsto para la atención de víctimas de violencia de
género.
Las organizaciones civiles fueron recibidas por la secretaria de
Gobernación, Olga Sánchez Cordero; la titular de la Comisión Nacional
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM),
Candelaria Ochoa; la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación (Conapred), Mónica Maccise Duayhe, entre otras
funcionarias.
Si bien hay un presupuesto que se aprueba cada año en el Anexo 13
para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en todos el gasto
público, el pasado 23 de abril, el Presidente de México presentó un
decreto de austeridad en el que establece que “se posponen las acciones y
el gasto del gobierno, con excepción de los siguientes programas
prioritarios (…)”. En su lista de programas prioritarios, que incluye
entre otros el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas y los programas
sociales insignia de esta administración, no se especifica ninguno
específico para la atención de la violencia contra las mujeres.
Luego de este decreto, varias feministas (entre legisladoras y
organizaciones civiles) expresaron el riesgo de que los recursos para la
atención de las mujeres estuviera en riesgo, por ello el pasado 6 de
mayo las organizaciones hicieron llegar al Presidente de México y a la
Segob estas preguntas puntuales:
1) detallar qué programas presupuestarios están incluidos en el punto
38 del inciso V, del decreto emitido el 23 de abril 2020.
Particularmente saber si se incluyen programas orientados a la
prevención y atención de las violencias contra las mujeres; si cuentan
con el presupuesto necesario para seguir su operación durante la
contingencia sanitaria, y aún después de ésta, dado que el decreto está
vigente hasta el 31 de diciembre de 2020. En caso de que no sea así,
informar cuáles son las previsiones de recursos extraordinarios para
garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia
durante esta pandemia.
2) Claridad y transparencia sobre el monto y los mecanismos a través
de los cuales se van a ejercer los recursos destinados a atender las
violencias contra las mujeres durante y después de la contingencia
sanitaria.
De acuerdo con las organizaciones, tras la reunión con las
autoridades aún prevalecen las dudas, ya que las funcionarias les
reportaron solo cifras desagregadas por sexo y el presupuesto destinado
para los nuevos programas sociales de esta administración, como Jóvenes
Construyendo el Futuro o Sembrando Vida, entre los que no se incluye
ninguno que tenga como objetivo disminuir las brechas de desigualdad
entre mujeres y hombres, o erradicar la violencia contra las mujeres.
En concreto, de acuerdo con las organizaciones, la secretaría de
Gobernación, cuya función es coordinar todas las instancias encargadas
de la erradicación de la violencia contra las mujeres, dijo que el Anexo
13 del PEF (para la igualdad entre mujeres y hombres) está garantizado
en un 90 por ciento; sin embargo, no especificó a cuáles programas
correspondía este porcentaje, lo que es importante porque el Anexo 13
incluye tanto gastos legislativos como operaciones gubernamentales que
no tienen que ver necesariamente con la violencia contra las mujeres. El
presupuesto destinado a garantizar los derechos sexuales y
reproductivos, así como erradicar la violencia contra las mujeres
representan sólo 2 por ciento de ese apartado presupuestal.
La Secretaría de Gobernación también dijo a las organizaciones que no
había certeza sobre si se vería afectada la segunda ministración para
los Refugios y Centros de Atención Externa (CAE). De acuerdo con la RNR,
el Indesol dijo que al 26 de mayo se presentaron 65 proyectos de
Refugio y 38 proyectos de CAE, pero sólo se otorgó la primera
ministración a 21 proyectos de Refugio y 21 proyectos de atención
externa, esto es menos del 50 por ciento. Todavía hay 28 proyectos de
refugio y 7 de CAE en proceso de recibir la primera ministración, y hay
pendiente de evaluar 17 proyectos de Refugio y 11 de Atención Externo.
Asimismo, la titular de la Conavim aseguró a las defensoras de los
derechos de las mujeres que todo su presupuesto estaba garantizado pero
quedó duda sobre cómo se está coordinando para ello con la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Las organizaciones se dijeron preocupadas porque Sánchez Cordero les
adelantó que actualmente México está buscando recursos para afrontar la
atención de víctimas de violencia en la comunidad internacional, entre
ellas la Unión Europea. “A mí me parece una especie reconocimiento
velado de que el dinero es insuficiente y puede haber una disponibilidad
presupuestaria (…) nosotras interpretamos que muchos de los recursos se
han ido a la atención de la emergencia sanitaria y muchos otros se han
ido a los programas insignias del presidente”, planteó Tania Reneaum, de AI México.
Las organizaciones explicaron que el Programa de Fortalecimiento a la
Igualdad Sustantiva, de acuerdo al PEF, tiene más de 400 millones de
pesos. Es un programa dirigido por el Instituto Nacional de las Mujeres
(Inmujeres) pero no da atención directa a las mujeres en situación de
violencia. También hay un programa de transversalizar de género que baja
a municipios y entidades federativas que asciende a 388 millones de
pesos, sin embargo, la duda central es saber si el dinero que fue
aprobado en su momento para la violencia contra las mujeres está
disponible.
“¿Hay disponibilidad en el contexto en el contexto incierto? ¿Hay disponibilidad de recursos en el contexto de esta crisis económicas que hoy enfrentamos a partir de la pandemia? Y de eso no tuvimos una respuesta clara”Amnistía Internacional.
En contraste, las organizaciones aseguran que el impacto de la
política de austeridad ya se refleja negativamente en los servicios para
la atención de mujeres, pues las funcionarias les confirmaron que se
suspendió el presupuesto para los pueblos indígenas, el cual incluye las
Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (Cami), entre las que ya hay
trabajadoras contagiadas de COVID y algunas algunas casas tuvieron que
cerrar.
Las organizaciones expresaron su preocupación por las expresiones
utilizadas en la reunión como “Vivimos en una época incierta” y “tenemos
que partir que hay una incertidumbre, tenemos que partir de que nuestro
presupuesto es incierto, tenemos que partir de que hay una crisis
económica y de salud, sino estamos conscientes de esta situación no
vamos a poder avanzar”.
Sin resultados sobre dónde está el dinero para la atención de las
mujeres víctimas de violencia, la Segob se comprometió con las
organizaciones a sostener reuniones mensuales. Para el siguiente
encuentro, las expertas aseguraron que pediran la participación de la
SHCP.
Las organizaciones también señalaron que no descartan la posibilidad,
incluso ya avanzaron con solicitar reuniones bilaterales, de acudir al
Mecanismo de Belém do Pará y a otros organismo del sistema de justicia
internacional para pedir que revise la política del Estado mexicano para
la erradicación de la violencia contra las mujeres.
20/AJSE/LGL
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