Arturo Alcalde Justiniani
Un
sacerdote progresista, al saber de las quejas de algunos obreros por el
maltrato que recibían de sus patrones, solía contestarles: la solución a su problema está en la Biblia; cuando le preguntaban ¿por qué?, respondía:
porque la Biblia dice que Dios ayuda a los buenos cuando son más organizados que los malos. Luego recapacitaba y aclaraba en tono informal:
bueno, más o menos, y si no lo dice, debería decirlo.
Tenía razón el religioso al subrayar la importancia de la
organización para lograr el respeto a los derechos. En nuestro país,
aun teniendo la razón y la ley de nuestro lado, es muy difícil lograr
que los órganos de justicia funcionen. Eso lo ha entendido bien la
población y por eso vemos tantas movilizaciones y luchas colectivas en
las calles demandando soluciones justas.
El sector más olvidado, golpeado y víctima de abusos en nuestro país
es sin duda el campesino. Son tantas las limitaciones y carencias para
mantenerse en sus campos y sus pueblos, que se han visto obligados, en
las últimas décadas, a migrar por miles hacia las ciudades o el
extranjero, buscando trabajo y comida para sus familias.
Los jornaleros han sido sujetos históricamente a toda clase de
vejaciones: reciben un pingüe salario a cambio de jornadas extenuantes,
habitan en lugares insalubres, son innumerables los riesgos de trabajo
que enfrentan, derivados de los productos químicos que manipulan, y la
violación a la integridad de sus familias, especialmente a las mujeres,
es constante. Aun cuando la Ley Federal del Trabajo incluye un capítulo
especial para ese sector, éste es letra muerta.
Han sido muchos los intentos de los jornaleros para organizarse en
sindicatos auténticos y así mejorar sus condiciones laborales, pero
como es común en nuestro país, los patrones y los gobiernos los han
reprimido y han fomentado la presencia de centrales obreras, tipo CTM,
CROC o CROM, para controlarlos, no para representarlos, firmando con
ellos contratos colectivos de protección patronal a espaldas de los
trabajadores.
En San Quintín, Baja California, los abusos llegaron a tal extremo
que los jornaleros decidieron salir a las calles a protestar y
suspender labores. En ese ya histórico 18 de marzo de 2015, cerca de 10
mil trabajadores se movilizaron alrededor de la célebre Alianza de
Organizaciones por la Justicia Social. En pocos días, de manera
inesperada, llovió la solidaridad tanto nacional como internacional.
Los jornaleros integraron un pliego de peticiones que colocaron tanto
al gobierno estatal como federal contra la pared, porque muchos de los
problemas están originados en las complicidades entre funcionarios y
empresarios agrícolas.
Fruto de la movilización de los jornaleros de San Quintín, misma que
recibió, en un primer momento, ataques y represión del Estado, se
integraron comisiones negociadoras y los días 14 de mayo y 4 de junio
se arribó a distintos acuerdos relacionados a los temas salariales,
apoyos estatales a la comunidad y liberación de presos políticos; por
cierto, varios puntos continúan sin cumplirse. Uno de los acuerdos
firmados es el compromiso de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social de otorgarles el registro de un sindicato nacional.
El
reto consiste, en este momento, en construir ese instrumento
organizativo que dé cauce a los reclamos en San Quintín y en otras
entidades del país. Esto debe llevar a discutir y reflexionar las
características de esa nueva organización. Atendiendo a la experiencia
mostrada en este proceso, seguramente se acogerán a formas colectivas
de elección y a mecanismos plenamente democráticos en la toma de
decisiones; a formas creativas de organización y a una vigorosa
política de relaciones tanto a escala nacional como internacional.
El nuevo sindicato nacional, heredero de la Alianza por la Justicia
Social, podrá enriquecerse con los grupos de trabajadores que ya vienen
luchando desde hace años en ese sector. Por las características de su
materia de trabajo, deberá ser un sindicato-movimiento, esto es, por un
lado representar y defender los intereses laborales de los jornaleros
por la vía de convenios y contratos colectivos, y por el otro, influir
en las políticas públicas del Estado relacionadas con el campo y
también en las que se refieren a la recuperación del valor del trabajo,
no sólo de los afiliados, sino de los jornaleros agrícolas en todo el
país. Por ello una de sus tareas será luchar por un sueldo mínimo
profesional en el seno de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.
En días pasados, en el espacio de Forbes-México se expresó:
“Esclavos que se venden al mejor postor, los jornaleros mexicanos
trabajan por 100 pesos diarios bajo las inclemencias del clima y malos
tratos de sus patrones. Aunque son parte vital de la cadena que surte
de frutas y vegetales a la mayor parte de México y Estados Unidos, sus
condiciones de vida e ingresos son infrahumanas. No lograron pasar al
otro lado del río Bravo para alcanzar el sueño americano. Por eso, hoy migran de un estado a otro como si fueran extranjeros. Son extraños en su propio país”. Más claro, ni el agua.
PD. El rostro de la política laboral plasmado en hechos: El pasado
17 de agosto fue encarcelado Gustavo Labastida Andriano, dirigente del
Sindicato Único de Trabajadores de Calzado Sandak, en Calpulalpan,
Tlaxcala; es una agresión más de la trasnacional zapatera Batta
Internacional, para doblegar a los trabajadores y desaparecer su
sindicato y contrato colectivo; mientras tanto, el vigésimo octavo
tribunal colegiado tiene más de un año sin resolver la revisión del
amparo planteado por la violación a su derecho de asociación.
En otro lugar, dos días después, la Junta Federal de Conciliación y
Arbitraje vuelve a negar a los trabajadores de Honda el recuento que
vienen solicitando como parte de su lucha de cinco años. Despidos y el
encarcelamiento de los dirigentes ha sido la respuesta de la
trasnacional automotriz; a su vez, la Junta Federal atrasa
artificialmente el procedimiento laboral para vencer por cansancio a
los trabajadores. Tantos agravios en tan sólo una semana. El estado de
derecho brilla por su ausencia.
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