Pendientes, desvío de fondos y crisis de derechos acercan a un estallido social
El gobernador debe ser investigado por la presunta comisión de delitos: Arturo Peimbert
Blanche Petrich
Periódico La Jornada
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Arturo Peimbert, presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca
Foto Jorge A. Pérez
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El gobernador saliente de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, deja su estado convertido en el mayor
manifestódromode México, con un promedio de seis marchas de protesta al día.
Y hay que entender que la gente no sale a las calles por deporte, sino por una inconformidad que raya en la desesperación. Mucho temo que la lista de pendientes, promesas rotas, obras inconclusas, desvío de recursos y crisis de derechos humanos que deja en la entidad nos tengan cerca de un estallido social, asegura el ombudsman estatal, Arturo Peimbert.
¿Debería agregarse el nombre de Gabino Cué –electo en 2010, en
alianza PRD-PAN– a la lista de los ex mandatarios estatales investigados
por corrupción y otros delitos: Javier Duarte, de Veracruz; Roberto
Borge, de Quintana Roo; Guillermo Padrés, de Sonora; Rodrigo Medina, de
Nuevo León, entre otros? El presidente de la Defensoría de los Derechos
Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) asegura que así tiene que ser.
Sostiene:
El gobierno entrante tiene la obligación, y el pueblo la necesidad, de que no queden impunes las violaciones a los derechos humanos y sociales. Lo que me pregunto es por qué el caso de Cué no tiene la visibilidad que los de otros ex gobernadores, rodeados por el escándalo.
Él mismo anticipa la respuesta:
Lo relaciono con el caso Nochixtlán, necesariamente.
–¿Cómo?
–Es notorio que el expediente de Nochixtlán está pasando
invisibilizado y que alguien quiere que así sea. Los abusos de poder de
Gabino Cué pasan desapercibidos y no se ponen en la mesa. Los bloqueos
carreteros de los maestros de mediados de año se dieron en el contexto
de la forma en que el gobierno estatal intervino frente al conflicto
magisterial, tema tanto del orden federal como estatal. Y ahí se dio una
masacre que, a diferencia de Ayotzinapa, quedó grabada en cámaras. Hubo
ocho muertos y más de 100 heridos. En esos hechos hay responsabilidad
de los tres niveles de gobierno. La razón por la que no vemos hoy a Cué
señalado como Duarte es precisamente por eso.
–¿A quién corresponde, entonces, que Cué responda por esos presuntos delitos?
–Creo que en el caso Nochixtlán estamos ante delitos de lesa
humanidad y que el Estado está obligado a investigar. El gobierno
oaxaqueño que termina llegó ofreciendo como transición política
precisamente lo contrario que estamos viviendo. Hay desencanto de la
población con sus autoridades. La desesperación y la desesperanza pueden
llegar a tal punto que Oaxaca sea ingobernable. Por eso es necesario
que las nuevas autoridades y el gobierno federal hagan un corte de caja e
informen claramente en qué condiciones están recibiendo la entidad,
cómo está el expediente de Nochixtlán y otros. Están obligados a no
dejar esto en la impunidad y generar medidas para que no se vuelva a
repetir. Creo que es la última oportunidad de una salida pacífica.
Después de esto puede venir un estallido social.
Ofrece algunas cifras. Dice que el gobierno de Cué recibió un
presupuesto sexenal de 420 mil millones de pesos para desarrollo en el
campo (70 mil millones al año). “¿Y dónde están los resultados? Lo que
se ve es que los conflictos agrarios no se atendieron, sino se
agravaron; hay una niñez desplazada por la violencia, hay hambre en las
zonas rurales, dependencia alimentaria, distribución de maíz transgénico
como semilla, uso intensivo de fertilizantes tóxicos. Hubo presupuesto
para mejorar hospitales, ¿y qué vemos? En el quirófano del Hospital
Civil de Oaxaca encontramos un nido de cocuyuxes (piojos) en el
techo; decenas de clínicas inauguradas y sin funcionar. En materia de
derechos humanos, sólo Veracruz es más peligroso para hacer periodismo
(seis comunicadores asesinados en el actual sexenio) y Chihuahua y
Guerrero ofrecen más riesgo para la defensa de los derechos humanos”.
Antecedentes
La alianza PAN-PRD que llevó a Cué Montagudo en 2010
derrotó por vez primera al PRI en Oaxaca luego del crítico gobierno de
Ulises Ruiz y la crisis de las barricadas en 2006. En esa coyuntura,
Peimbert trabajó en la Comisión Diocesana de Justicia y Paz, que actuó
como mediadora junto con el pintor Francisco Toledo y el obispo emérito
Arturo Lona Reyes.
Sobre esa alternancia, opina:
En el estado siempre estuvo latente el anhelo de cambio, y en muchas ocasiones éste se ha expresado por la vía violenta. Con el triunfo de Gabino se abrió la posibilidad de que esto ocurriera por la vía pacífica y democrática. Cué dejó perder esta oportunidad histórica. Deja el estado en una situación que yo calificaría de alerta roja. Oaxaca se está desmoronando.
Inconformidad
Desde la defensoría se lleva puntual registro de las protestas en Oaxaca. “Como nunca –agrega el ombudsman–
antes se había expresado la inconformidad con esta intensidad”. En 2013
hubo 2 mil 375 marchas y plantones, y en 2014 fueron 3 mil 468.
La gente protesta en la calle porque no le queda otra opción, no hay cauces.
–¿Sugiere que esto puede hacer que algunos sectores vuelvan la mirada hacia la vía armada que surgió en el pasado?
–El pueblo de Oaxaca tiene vocación pacífica, pero esta desesperación
puede verse desbordada. No sé si a la vía de resistencia pacífica le
quede mucho tiempo.
Promesas rotas
“Te voy a hablar de cosas muy concretas, en materia de
salud, por ejemplo. Antes de este sexenio se registró la muerte de más
de mil personas con deficiencia renal, porque no hubo para ellos
recursos para una diálisis. La defensoría emitió una recomendación para
que hubiera mecanismos de prevención en todas las clínicas y material
para atender a los pacientes con necesidad de diálisis. No se cumplió. Y
hoy hay más de 4 mil muertos por esa causa. Sobre el déficit en
atención a la salud, como defensoría emitimos tres recomendaciones. No
se cumplió ninguna.
–¿No se cumplieron por falta de recursos o porque no se ejerció el presupuesto?
–Este es un tema que tocará responder a la Auditoría Superior de la
Federación. Este y otros temas, como el desabasto de medicamentos o el
de instalaciones que fueron inauguradas y no funcionan. Un caso muy
concreto es la misión de revisión que hicimos en el Hospital Civil de
Oaxaca, adonde van las personas que no tienen seguro social. Y
encontramos que las enfermeras tienen que capacitarse para la atención
de enfermos oncológicos, ya que ese nosocomio no tiene esa área de
especialidad. Las condiciones de insalubridad son muy impresionantes.
El campo
Peimbert considera que el manejo omiso del gobierno de Cué ante la conflictividad agraria es el aspecto más grave de su legado.
Es un tema histórico, pero este sexenio se ha agudizado. A enero de 2015 había 414 problemas agrarios, 30 de ellos graves. Cinco de éstos son por conflictos limítrofes entre comunidades. En la Sierra Sur, los choques entre Santa María Zaniza y Santiago Amoltepec; en el Istmo, entre San Mateo del Mar y Santa María del Mar, por un lado, y por el otro, entre San Francisco del Mar e Ixhuatán; Domingo Ixcatlán con Chalcatongo, San Juan Mixtepec con Yosoyama, Zimatlán y San Sebastián Nopalera; San Pablo Cuatro Venado y Cuilapan de Guerrero. En Los Chimalapas, la Suprema Corte está a punto de emitir una sentencia y Oaxaca podría perder parte de su territorio. Además, sigue vivo el conflicto triqui.
–Supuestamente hubo mecanismos para la conciliación en estos casos…
–Las comisiones de conciliación han trabajado peor que nunca. La
autoridad tiene conocimiento de lo que sucede, y no interviene. Deja que
los conflictos se pudran. Cuando tienen la emergencia encima realizan
obras beneficiando a empresas privadas para calmar los ánimos. Es una
forma de administrar la conflictividad agraria, de convertirla en
negocio. Y son comunidades donde hay armas. Hay muertos.
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