La
normalización de la violencia extrema y la naturalización secular de la
violencia sexual persisten hoy, pese a los múltiples esfuerzos que se
han hecho desde el feminismo, la sociedad, la academia, organizaciones,
instancias internacionales para frenar y advertir de sus efectos
nefastos. La tolerancia a la violencia favorece su perpetuación. La
tolerancia de la violencia sexual, aunada a la estigmatización de la
víctima, daña tanto a ésta como a la comunidad que minimiza, disculpa u
oculta la agresión. Rebelarse contra las violencias y la tolerancia
social de éstas es un acto de defensa de la vida y de la dignidad.El paro en las cinco unidades de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México es un mensaje de alerta tanto a las autoridades responsables de esta casa de estudios como a los/las responsables de las universidades y centros de investigación del país. Si bien muchas IES han elaborado protocolos y creado unidades, en principio especializadas, para canalizar y atender las denuncias de acoso y violencia contra estudiantes, docentes o personal, numerosos casos evidencian que subsisten fuertes resistencias a reconocer la gravedad del problema y a sancionar a los agresores.
En el caso de la UAM-Cuajimalpa, lo que detonó el paro no fue la denuncia de una alumna violada por un compañero, como encabezaron la noticia algunos medios, sino la resolución del Comité de Faltas que (según fragmentos del documento) aceptó la explicación del perpetrador de que se había tratado de una penetración “por accidente”. La ausencia de sanción contra el presunto violador, con quien la chica tuvo que compartir clase desde entonces, fue el detonador de la indignación estudiantil. Al paro declarado el 9 de marzo en ese plantel, estudiantes de las demás unidades respondieron en solidaridad el 10, y denunciaron otros casos en que las autoridades no han dado respuesta acorde con la gravedad de los hechos.
Tuvo que darse un movimiento amplio como éste para que las autoridades tomaran nota de la seriedad del problema. Lo hicieron, afortunadamente, como evidencia el comunicado del 15 de marzo firmado por el rector general y los cinco rectores de sedes, quienes reconocieron que se trata de una acción colectiva legítima, aseguraron que tomarían medidas para asegurar la integridad de las paristas (que han recibido amenazas y agravios), que no habrá represalias contra ellas y que se expedirá un protocolo único contra la violencia de género en la UAM, además informaron que se revisó el caso que originó el problema y se expulsará al alumno agresor. Esta reacción es sin duda positiva. Sin embargo, además de las buenas intenciones, estas medidas deben ir acompañadas de un conjunto de programas a mediano y largo plazo que incidan en la mentalidad de los integrantes de la universidad en todos sus niveles para no tolerar más actos ofensivos o delictivos contra las mujeres y las personas LGBTIQ+ u otras personas.
Parar una universidad por un caso de violencia sexual no es exagerado. Es un acto legítimo, más cuando el problema es sistémico. Así lo reconocieron las redes feministas de alumnas, profesoras e investigadoras de la UAM que se han solidarizado con las chicas en paro y las especialistas feministas que están dando seguimiento a sus demandas y necesidades y que han manifestado públicamente su apoyo a las estudiantes. La Red de Investigación sobre Violencias de la UAM, por ejemplo, afirmó en una carta pública que los hechos de violencia “dolosamente afectan el derecho de las alumnas y alumnos al acceso plano a la vida universitaria”; señalaron también que “sin justicia no hay paz”. Tener que enfrentar acoso y violencia en el espacio educativo mina el desarrollo personal e intelectual, provoca miedo y ansiedad, como declaró una alumna en medios.
Ni la violencia misógina ni la incapacidad de sancionarla conforme a la justicia son problemas exclusivos de la UAM. El caso de Cuajimalpa es emblemático –hasta donde sabemos– por la carencia de “perspectiva de género” y hasta de sentido común de un Comité de Faltas que pretendió ignorar que la violación es ante todo abuso de poder y que no existe violación “accidental”. Si, como manifestara este comité, sus integrantes carecían de preparación en temas de género y violencia, es responsabilidad de la Universidad asegurarse de que esto no se repita en el futuro. Hay quienes creen que cualquiera que haya recibido un curso de género puede tratar problemas de acoso o violencia, lo cual es un error. Debe insistirse en que quienes se ocupen de estos casos, entiendan cómo funciona la violencia contra las mujeres y cómo se vincula con la visión patriarcal y las relaciones de poder.
Por desgracia, también en otras universidades públicas y privadas se han dado a conocer casos mal llevados o no resueltos, donde se ha estigmatizado a las víctimas y se les ha obligado a convivir con agresores o a ser ellas quienes se cambien de salón o de institución; donde se ha protegido a estudiantes o profesores para “no arruinarles la carrera”, como si sus actos no perjudicaran la carrera y la vida de las sobrevivientes; donde se ha acosado o censurado a quienes alzan la voz y apoyan las denuncias, como si los ataques o el acallamiento pudieran borrar los hechos.
En estos días, el caso de la UAM ha actualizado otras situaciones preocupantes, como la de la UACM donde, según notas de prensa, hay entre 80 y 120 expedientes de denuncias cuya revisión está detenida porque la Comisión de Justicia no puede sesionar. El número de denuncias acumuladas parece hablar de un problema grave. Habrá que averiguar si se debe a una alta incidencia de casos, a una falla estructural o sistémica en el funcionamiento de las instancias que deben atender las denuncias, a ambas o a otras factores.Éste y otros paros y denuncias demuestran que urge un cambio radical en las universidades. Es hora de poner fin a las complicidades patriarcales, a la negligencia y la opacidad
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