Cinco personas fueron detenidas el sábado de manera ilegal en el poblado que participó en las protestas del pasado 8 de julio en la carretera Puebla-Atlixco, y donde murió un menor. Esta es la crónica de lo ocurrido.
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Un golpe pesado rompió la madrugada del sábado. Diez kilos de metal
y madera tronaron cinco puertas en San Bernardino Chalchihuapan. Y en
ese golpe que rompió vidrios y muebles, también se rompieron cinco
familias. Tras el marro de los policías, llegaron las armas y los ojos
del cañón de pistolas y armas largas miraron a mujeres y niños. A
abuelas que dormían abrazados de sus nietos. A madres que se aferraron
a sus hijos y a hijos que intentaron defender a sus padres de los
hombres que, vestidos de negro de pies a cabeza, los sacaron de la cama
y los lanzaron a la batea de una camioneta blanca, para después
llevárselos con destino desconocido. Y en ese defender sumaron golpes a
los agravios.
No hubo una palabra de explicación, sólo mentadas de madre. Sólo
“hijos de la chingada” y sentencias similares. Dolorosas no por lo que
dicen, sino por la manera en que se escupen, desde la prepotencia
armada y parapetada en una orden legal invisible, pues ni se explica ni
se muestra al ingresar violentamente en medio de la oscuridad.
Y así, la legalidad se hace añicos, porque una vez más los
encargados de hacer valer la ley la rompen, la ignoran, la despedazan
para allanar seis hogares, el de Javier Montes Bautista, Fausto Montes
García, Florentino Tamayo Ponce, Raúl Contreras Montes, Vicente Juárez
Varela y Álvaro García Xelhua.
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Horas después de las detenciones, el gobierno del estado envió un
boletín informativo asegurando que el ingreso a Chalchihuapan por la
madrugada fue para cumplir con seis órdenes de aprehensión en contra de
vecinos de la comunidad, a quienes la Fiscalía Especial del caso
Chalchihuapan responsabiliza de delitos cometidos la tarde del 9 de
julio, cuando se produjo un violento desalojo del kilómetro 14 de la
autopista Puebla-Atlixco.
El comunicado también informa que la Fiscalía pidió la detención del
presidente auxiliar de esa comunidad, Javier Montes Bautista, situación
que no se cumplió porque el funcionario no fue hallado en su domicilio.
A la par que se detuvo a cinco de los seis pobladores señalados por
la Fiscalía, también se aprehendió a seis policías estatales y se
destituyó e inhabilitó hasta por cuatro años a seis elementos de la
Secretaría de Seguridad Pública responsables en el operativo del 9 de
julio.
Entre los inhabilitados se encuentra Ofelia Flores Ramos, quien
fungía como Subsecretaria de Coordinación y Operación Policial. Y
aunque el boletín no informa el nombre de los funcionarios destituidos
ni sus cargos, a excepción de la señalada, se presume que también
fueron inhabilitados el inspector Willibaldo Díaz Castillo, y el
encargado de despacho de la Policía Estatal Preventiva, Yair Bibiano
Sánchez, pues el gobierno del estado ya había señalado a finales de
agosto pasado, en un boletín emitido en respuesta a una solicitud de
información, que Díaz Castillo fue el responsable de ordenar “el
despliegue de efectivos”.
“El Inspector Willibaldo Díaz Castillo, Director de Operaciones
Policiales de la Policía Estatal Preventiva, es el servidor público que
ordenó el despliegue de los efectivos que acudieron a la autopista
Puebla–Atlixco, una vez que fue informado del bloqueo de la misma por
parte de manifestantes el 9 de julio de 2014”, decía el comunicado.
Bibiano Sánchez, quien fungía como el encargado de despacho de la
Policía Estatal Preventiva, es en la cadena de mando de la Secretaría
de Seguridad Pública del estado, el eslabón intermedio entre Díaz
Castillo y Ofelia Flores.
Pero al jefe de todos ellos, Facundo Rosas Rosas, a quien la propia
Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala como responsable
directo del violento operativo, al haber estado a cargo del mismo, sólo
recibió una amonestación y se le aplicó una multa. Ni la amonestación
señalada, ni el monto de la multa impuesta o si esta fue pagada por el
funcionario o por la dependencia, fueron hechos públicos.
***
Son las 6:00 de la mañana del sábado 18 de octubre y aún no amanece
en Chalchihuapan, pero la plaza del pueblo ya está llena de personas.
Las campanas de la iglesia repican. En los rostros hay somnolencia pues
al filo de las 4:00 de la mañana, un convoy de 13 vehículos sin placas,
ni logos, según denunciaron familiares de los detenidos, cruzó a toda
velocidad el puente que atraviesa la autopista Puebla-Atlixco, el mismo
punto en donde en julio pasado se enfrentaron policías y habitantes de
esa comunidad, y reventó la calma que vivía el pueblo desde hace unos
días.
Entre el jueves y el viernes, es decir unas horas antes, personal de
la Fiscalía Especial para el caso Chalchihuapan, recorrió el pueblo
para entregar unas invitaciones para los heridos por la policía estatal
para el evento en el cual el gobierno de Puebla daría a conocer el
cumplimiento de las once recomendaciones que le planteó la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Pero nadie acudió.
Araceli Bautista, la madre del alcalde auxiliar Javier Montes,
sostiene al momento de tomar el micrófono y hablar sobre la situación
que militantes antorchistas hicieron correr el rumor de que venían ya
las detenciones.
—Tenemos los nombres de quienes anduvieron diciendo. Tenemos los
nombres, pero yo sé que si ahorita los digo, encabronados todos somos
capaces de ir a sacarlos de sus casas.
—Sí. Sí. Sí —las voces confirman la molestia que enfrenta la
población, lo mismo con las autoridades, pero también con Antorcha
Campesina.
—¿Qué esperamos, señora, qué agarren más personas? ¡Vamos por ellos! —insiste otra de las mujeres presentes.
—No, esperen. Eso es lo que quiere Antorcha. (…) Lo que yo les pido
es que no perdamos la cabeza, y la única manera en que esto se arregle
es estar unidos, Chalchihuapan y dejar a esos demonios a un lado.
Chalchihupan está sobre un barril de pólvora social desde la llegada
de Antorcha Campesina y la mecha podría encenderse en cualquier momento.
***
Tras las detenciones de vecinos en San Bernardino Chalchihuapan
abogados y activistas cuestionaron la violenta incursión policial en
esa comunidad, y adelantaron que buscarán la destitución del gobernador
Rafael Moreno Valle.
Así, mientras que el abogado Alejandro del Castillo, parte del
equipo que representa legalmente a Elia Tamayo, madre de José Luis
Alberto Tehuatlie Tamayo, el menor asesinado en el sangriento desalojo,
anunció que a la par de la lucha jurídica para liberar a los cinco
detenidos también impulsarán acciones políticas contra el mandatario.
—Vamos a la lucha, compañeros. Con los marcos legales. Tenemos que
reclamar de los partidos políticos que lanzaron a este sátrapa por qué
lo tienen ahí. El PAN y el PRD nos tienen que decir por qué lanzaron a
este tipo como candidato. Y vamos con entereza a enfrentar un gobierno
que lejos de representarnos, nos agrede y nos ofrende. La lucha no sólo
es jurídica, es una lucha que va más allá de los juzgados. Es una lucha
contra el tirano, y vamos a pedir su destitución.
Por su parte, Simón Hernández León, abogado del Centro de Derechos
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, sostuvo que de confirmarse que no se
presentaron las órdenes de detención y cateo podría calificarse de
detenciones ilegales, y apuntó que un juez debió controlar y ratificar
si fue conforme a derecho o no.
—Seguimos viendo el uso del sistema de justicia de manera
desproporcionada, con una intención más de castigo que de
esclarecimiento de lo que realmente sucedió. Además la desproporción,
pues mientras a la gente de Chalchihuapan la detienen en medio de la
madrugada y con los señalamientos que se han hecho, al secretario de
Seguridad Pública, Facundo Rosas, apenas se le aplica una amonestación,
no hay un establecimiento de responsabilidad penal o de mayor
consecuencia.
En tanto Misraim Hernández , vocero de la organización civil
Contingente Puebla, criticó la forma en la que el gobierno de Puebla
atendió a las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos.
“No puedes solucionar delitos cometiendo más delitos. Con esto, el
gobierno de Rafael Moreno Valle nos está diciendo que en aras de
responder las recomendaciones de derechos humanos es permitido hacer
uso de la fuerza y amedrentar a las familias”.
Hilario Alonso Flores, integrante de la dirigencia de la
organización Los de Abajo, adelantó que buscarán coordinarse con otros
grupos ciudadanos que tienen entre sus filas a detenidos por oponerse a
proyectos gubernamentales, para conformar un grupo más grande y ejercer
una mayor presión social.
***
“Ya estábamos despiertos —cuenta Petra López Tecalero mientras carga
a su bebé de meses—. A las 3:00 de la mañana nos levantamos para torcer
(fabricar tendederos), ya que el dinero no alcanza. Y ahí estábamos
cuando escuchamos el ruido de un carro que sube pero rápido. Se asoma
de la ventana (su marido, Fausto Montes). Y me dice:
—Oyes ya se pararon acá ¿quién sería?
—No salgas, le digo, deja, quién sabe qué sería.
“Cuando oímos que el carro lo echan y doblaron la puerta”. una reja de malla ciclónica que circunda y cerca la casa.
Después vinieron los marrazos, cuenta, e intentaron bloquear la entrada colocando un carretilla con bultos.
—Son rateros, son rateros —dice Petra que le dijo Fausto.
—Pero qué pueden querer —le responde—, si estamos nomás acá nosotros, y los niños. Ya nos metimos pal cuarto”.
Ahí cruzaron un ropero en la puerta para protegerse. La policía que,
insiste Petra, jamás se identificó, rompió a marrazos la puerta y el
ropero. Luego sacaron a Fausto.
Petra comenzó a gritar y uno de los agentes le dijo: “cállate, pendeja”.
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