En
la gran marcha de solidaridad con los estudiantes de la Escuela Normal
Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, celebrada
unitariamente en la Ciudad de México el 8 de octubre pasado, 30
individuos agredieron verbal y físicamente al ingeniero Cuauhtémoc
Cárdenas Solórzano y al comunicador y maestro emérito de la Universidad
Nacional Autónoma de México Adolfo Gilly, rompiendo, así, la unidad de
todos los interesados en aclarar el asesinato de seis personas,
incluidos tres normalistas, las lesiones causadas a más de 20
estudiantes y la desaparición de 43 alumnos de Ayotzinapa, el 26 de
septiembre en Iguala, Guerrero. No se descarta que la agresión sea
producto de una provocación de infiltrados, que se utilizó por la “gran
prensa” como la nota periodística principal en detrimento de destacar
la importancia de la movilización. Con este motivo, cabe hacer algunas
consideraciones.
La
lucha por la libertad de los presos políticos, la presentación con vida
de los desaparecidos políticos, la no utilización del Ejército en
funciones policiales, los derechos a la vida y a la seguridad, de
organización, reunión, manifestación y expresión, el respeto al voto
ciudadano, a la elección de líderes y órganos de dirección de los
sindicatos, secciones y delegaciones sindicales, la libre afiliación a
federaciones, centrales obreras y sindicatos nacionales de industria y
otros derechos que incluye la Constitución General de la República,
unifica a socialistas y otras fuerzas anticapitalistas, a militantes
del Movimiento Ciudadano, Movimiento Regeneración Nacional, Partido del
Trabajo y Partido de la Revolución Democrática, a millones de
ciudadanos sin militancia alguna --que son mayoría-- y a individuos y
organizaciones clara y definidamente burgueses.
Otro tanto
ocurre con la lucha por el interés nacional. Caudillos como Venustiano
Carranza (jefe del ala burguesa de la Revolución mexicana), Cándido
Aguilar, Heriberto Jara, Francisco J. Múgica, José Guadalupe Zuno,
Felipe Carrillo Puerto y Lázaro Cárdenas formaron parte de una enorme
corriente nacional interesada en el desarrollo autónomo del Estado
mexicano, el nacimiento, desarrollo y fortalecimiento del sector
estatal de la economía, el establecimiento de buenas relaciones con los
países hermanos de América Latina y contra la Doctrina Monroe y el
intervencionismo norteamericano. En la actualidad, dicha corriente
existe y se manifiesta diariamente, estando integrada entre otros por
Cuauhtémoc Cárdenas, Ricardo Monreal Ávila, Manuel Bartlett Díaz,
Ifigenia Martínez, Andrés Manuel López Obrador y Javier Jiménez Espriú,
por citar a algunos de sus cuadros más destacados.
La lucha
por la democracia interesa a la absoluta mayoría de la población
mexicana, incluidos grupos burgueses. No es un combate que pertenezca
única y exclusivamente a las clases y grupos sociales no capitalistas.
Por ello, es una lucha que tiene contornos muy extensos, por lo que
incluir como enemigos a los militantes nacionalistas es un profundo
error. De la amplitud de los sectores interesados en esta pelea, se
desprende la táctica de los marxistas, quienes no están interesados en
buscar más enemigos de los que ya tienen, como tampoco aspiran a
concientizar, organizar y movilizar a núcleos de algunos cientos de
personas, sino a decenas de millones de ciudadanos y adolescentes.
Cuauhtémoc Cárdenas es un aliado importante de los socialistas
mexicanos. Buscar enfrentarlo es una necedad mayúscula.
Para
defender los recursos naturales de la nación, mantener y fortalecer el
sector estatal de la economía, recuperar la soberanía nacional,
impulsar la unidad latinoamericana y enfrentar la política
intervencionista de Estados Unidos, es menester, necesaria y
obligatoriamente, aplicar una política de alianzas que abarque a todas
las fuerzas socialistas, nacionalistas y antimperialistas, la cual
incluye --sin duda-- a Cuauhtémoc Cárdenas y todos los líderes
mencionados líneas arriba. Plantear restringir, limitar o aminorar las
fuerzas que combatan al imperialismo es otra necedad mayúscula. Se
trata de ampliar el abanico patriótico y antimperialista, no de
disminuirlo.
En algunos países existen pequeños círculos que se
enorgullecen de no haber combatido en alianza con otras fuerzas al
nazismo alemán, el fascismo italiano y el militarismo japonés, y de
haber estado discutiendo “sobre la revolución mundial” mientras el
Ejército Rojo de la Unión Soviética hacía pedazos a la Wehrmacht con la
derrota y liquidación de grupos de ejércitos, ejércitos, divisiones y
otras unidades militares hitlerianas; con más soldados, clases,
oficiales y generales alemanes y cipayos muertos, heridos, dispersos y
prisioneros de guerra que los logrados por Estados Unidos y Europa
occidental juntos, y con la liberación de más territorios y personas
bajo dominio de los nazis que los de las potencias occidentales unidas,
hasta lograr colocar la bandera roja con la hoz y el martillo en el
edificio del Reichstag en Berlín.
Asimismo, el Ejército Rojo
derrotó y destruyó, con apoyo de las fuerzas armadas populares chinas y
el Ejército mongol, al Ejército de Guandong (Kwantung), columna
vertebral del Ejército Imperial Japonés. Si se agrega la heroica lucha
de los comunistas y sus aliados en Yugoslavia, Grecia, Francia, Italia,
Albania, Bulgaria, Bélgica, Noruega y otros países, puede sostenerse,
con total certeza, que la izquierda anticapitalista fue la principal
fuerza en la derrota del nazismo. El estar fuera de esa guerra no
constituye ningún motivo de orgullo, no obstante que pueda encubrirse
con supuestos llamados revolucionarios. Al contrario, constituye un
baldón.
Como en otros países latinoamericanos, en México las
fuerzas anticapitalistas requieren ampliar sus alianzas en torno a la
lucha por la democracia, la unidad latinoamericana y contra el
imperialismo, en especial del norteamericano, como parte, naturalmente,
de la lucha por echar abajo al capitalismo y construir la sociedad
socialista. No se fortalece al socialismo con la reducción del número
de combatientes por la democracia y contra el imperialismo. Al
contrario, si disminuyen las filas de los luchadores por la democracia
y el antimperialismo, el socialismo se debilita. No es posible salir de
esta relación.
Plantear que los nacionalistas luchen por los
mismos objetivos que los militantes socialistas es un error que no
tiene justificación. Los perredistas, petistas, lopezobradoristas y
otros miembros de organizaciones nacionalistas y democráticas no son
combatientes por el derrocamiento del capitalismo y la construcción de
la sociedad sin clases. Por cierto, tampoco ellos han sostenido ser
militantes socialistas o comunistas. Nada de eso, por lo que no es
justo exigirles posiciones que no son las suyas. Lo que debe
demandárseles es consecuencia en la lucha por la democracia y el
interés nacional. Nada más. Salta a la vista que, como en China,
Vietnam, Cuba y otros países de Asia, África y América Latina,
luchadores nacionalistas pueden evolucionar hacia el comunismo, pero
eso es una posibilidad y no una realidad. Por cierto, nadie está
calificado para otorgar títulos de consecuencia revolucionaria.
Si
en el Caribe hispanoparlante existió un “partido” que celebraba
“juicios” contra otros militantes de izquierda, dictaba “sentencias” y
ejecutaba a presuntos infractores de la lucha revolucionaria, en
México, entre 1973 y 1984 se produjeron, cuando menos, ocho asesinatos
de militantes socialistas por grupos que, por sus pistolas, “definían”
el carácter de los condenados, por no hablar de enfrentamientos
verbales y físicos por encabezar manifestaciones y mítines, así como
difusión de calumnias contra los “enemigos” y otras sandeces políticas.
Esto significa ni más ni menos que la violencia se aplicaba, no contra
el imperialismo y la gran burguesía, sino contra militantes de nuestras
propias filas. Era un excelente apoyo a los defensores del capitalismo.
Para ilustrar lo ocurrido hace algunos años, es útil presentar
algunos casos. En la Universidad Autónoma de Sinaloa, en la década de
los años 70 del siglo pasado, nació y se desarrolló el fenómeno de la
enfermedad, que introdujo en el seno de esa institución relaciones muy
difíciles entre las fuerzas de izquierda. El 17 de mayo de 1973, Carlos
H. Guevara Reynaga, dirigente estudiantil y funcionario universitario,
fue asesinado por los enfermos en Culiacán, Sinaloa, cuando defendía al
compañero estudiante comunista Audómar Ahumada Quintero, quien estaba
siendo golpeado. El Encuentro Nacional de Estudiantes, celebrado en la
capital del estado de Chihuahua; la asamblea de profesores y
estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM;
el Consejo Universitario Paritario de la UAS; el Consejo Sindical de
Profesores e investigadores de la UNAM; el Comité de Lucha de la
Facultad de Ciencias de la UNAM; el Comité de Defensa Popular
(Chihuahua); el PCM, el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la
UNAM, otros sindicatos universitarios, partidos y grupos de izquierda y
la intelectualidad avanzada repudiaron los actos de violencia de los
enfermos.
El 12 de mayo de 1977, en plena lucha por el
reconocimiento y la firma de contrato colectivo de trabajo del
Sindicato de Trabajadores de la UNAM, fue asesinado por la Liga
Comunista 23 de Septiembre el profesor Alfonso Peralta Reyes, dirigente
sindical universitario y militante del Partido Revolucionario de los
Trabajadores. El PRT, el PCM, la Tendencia Democrática de los
Electricistas y otras fuerzas sociales y políticas avanzadas expresaron
su repudio a estas formas de “dirimir” diferencias.
No
terminaron en 1977 los ajustes de cuentas de elementos sectarios con
militantes de la izquierda socialista no adicta a la verborrea
izquierdista. Así, Carlos Hernández Chavarría, militante del PCM y
Secretario General de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca,
fue ejecutado el 27 de febrero de 1978 por un comando del Partido
Revolucionario Obrero Clandestino-Unión del Pueblo, por invenciones
ideológicas carentes de toda lógica. El grueso de la izquierda denunció
este proceder delincuencial y celebró actos de repudio.
En la
década de los años 80 no cesaron los “juicios” y “sentencias” de
miembros de grupos sectarios contra los revolucionarios poco dados al
lenguaje ampuloso y de confrontación con otras fuerzas de izquierda. El
2 de diciembre de 1983, los ex presos políticos y militantes
socialistas José Guadalupe y Arturo Cortés fueron ajusticiados por el
PROCUP en el kilómetro 11 de la carretera México-Laredo. Al día
siguiente, también fueron liquidados Jesús Cortés Gutiérrez y su esposa
Bertha Carrasco Quiroz, por miembros de la misma organización.
Francisco Fierro Loza, militante de la Organización Revolucionaria
Punto Crítico, ex preso político, ex combatiente guerrillero y autor de
una obra sobre la guerrilla guerrerense, fue asesinado por un comando
del Partido de los Pobres, el 11 de julio de 1984. Tanto en Guerrero
como en el resto de la República, las organizaciones democráticas y
revolucionarias, mayoritariamente, pusieron al desnudo estos métodos
ajenos a la clase obrera.
La
violencia actual en el seno de la izquierda rompe la unidad en la lucha
por alcanzar la presentación con vida de los 43 normalistas
secuestrados; esclarecer los graves hechos del 26 y 27 de septiembre
pasados; localizar, enjuiciar y sentenciar de acuerdo con la ley a José
Luis Abarca Velázquez, ex alcalde de Iguala; encontrar, enjuiciar y
condenar a los policías municipales y los sicarios del crimen
organizado y el narcotráfico que ejecutaron la matanza; eliminar los
grupos irregulares de matones; destituir al gobernador del estado de
Guerrero; otorgar garantías a los estudiantes de la Escuela Normal
Rural Raúl Isidro Burgos; apoyar y fortalecer la educación normal;
excarcelar a Nestora Salgado (dirigente de la Coordinadora Regional de
Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria, de la Montaña y Costa
Chica de Guerrero), de Marco Antonio Suástegui Muñoz (del Consejo de
Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa la Parota), de Mario Luna
Romero (líder yaqui) y demás presos políticos.
En fechas
recientes, el movimiento campesino ha desarrollado acciones unitarias
que representan un ejemplo para el resto del movimiento social y la
izquierda socialista. La gran manifestación en la capital federal del
23 de julio de este año, que formó parte de una Jornada Nacional en
Defensa del Territorio y el Derecho a la Alimentación, expresó en forma
evidente que en el seno del campesinado organizado prevalecen
tendencias maduras que empujan, claramente, hacia la unidad combativa
sin prejuicios hacia siglas y centrales. En ella marcharon unidas,
organizaciones bajo la influencia de diversos partidos políticos,
incluido el Partido Revolucionario Institucional. Los campesinos
pusieron por delante la unidad de objetivos y de acción, no las
diferencias ideológicas y tácticas. Su carácter fue definitivamente
unitario. Ése es el camino indicado por la situación económica,
política y social de nuestro país en crisis.
Con motivo de la
masacre de Iguala, que, sin duda, es un crimen de Estado y de lesa
humanidad, se han puesto de manifiesto la incapacidad y la
descomposición que agobian a los tres niveles de gobierno en el estado
de Guerrero y la nación, al grado de que no se ponen de acuerdo los
politiqueros neoliberales acerca de los hechos más elementales de lo
ocurrido en la ciudad cuna de la independencia, y, como resultado
natural, los criminales organizadores y provocadores de los
acontecimientos del 26 y 27 de septiembre gozan de una increíble
impunidad.
Para cambiar dicha situación, será indispensable
llevar las movilizaciones estudiantiles y populares crecientes y
masivas a todas las ciudades y municipios de la República y abarcar a
nuevos sectores, teniendo como centro de la lucha localizar y presentar
con vida a los 43 normalistas “levantados”; asegurar la atención
integral, médica y psicológica, de los estudiantes lesionados;
indemnizar por los daños a las víctimas y sus familiares, y garantizar
la seguridad e integridad de los estudiantes que han denunciado los
hechos y de los defensores de derechos humanos. Sin embargo, la lucha
--a mediano y a largo plazo-- debe encarrilarse hacia el combate por
desmantelar todo el entramado de la dominación neoliberal, que no es
más que la dominación de los monopolios y gobiernos de Estados Unidos.
Los
“logros” neoliberales son evidentes. La destrucción del sector estatal
de la economía, la desnacionalización de la banca, la contrarreforma
energética, la derogación vergonzante de la Constitución de 1917 y la
intentona de apoderarse a la brava de los territorios y comunidades
indígenas, que tiene como estandarte visible el terror que se expresa
en los asesinatos y encarcelamientos de los líderes de los pueblos
originarios en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Sonora, Nayarit,
Jalisco y otras entidades federativas. La dominación yanqui de México
no puede imponerse y estabilizarse sin hacer correr la sangre de miles
de mexicanos, como ya comenzó a hacerlo desde 2006 el criminal de
guerra Felipe Calderón Hinojosa. Esta semicolonización de México es un
viejo proyecto de Washington, que ahora con claridad adquiere visos de
posible concreción global, pues ya nacieron y crecieron los gringos
morenos nacidos al sur del río Bravo.
Por el desarrollo del
capitalismo en las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI,
México ha involucionado a pasos agigantados hacia la conversión en un
país semicolonial, como ocurría con el régimen dictatorial de Porfirio
Díaz. Los datos son elocuentes: entrega al capital extranjero y a
grupos minoritarios de la gran burguesía autóctona del petróleo, la
minería, la electricidad, la banca, los ferrocarriles, las industrias
alimentaria y de bebidas (incluidos el tequila y la cerveza), el
transporte aéreo, el comercio exterior, la franja fronteriza y los
litorales, además, por si fuera poco, se ha desenvuelto y se
desenvuelve el avance impetuoso de los grandes consorcios de
restaurantes y supermercados gringos a lo largo y a lo ancho del
territorio nacional, todo avalado constitucional y legalmente. Se ha
creado, en otras palabras, un marco jurídico para la dominación del
imperialismo norteamericano. México avanza rápidamente, con las
“reformas” del grupo Atlacomulco, hacia la conversión en una
semicolonia de EU.
Pero no es todo: los hegemones
norteamericanos son los creadores y responsables de la llamada “guerra
contra el narcotráfico” de los dos últimos gobiernos que nos ha costado
entre 80 mil y 125 mil muertos (de los cuales son delincuentes una
ínfima minoría), los organizadores de la militarización del país, los
entrenadores y maestros de los jefes militares, marinos y policías que
se preparan para defender a balazos las empresas de Estados Unidos en
México, los que han invadido el suelo patrio con espías y provocadores
de sus agencias de seguridad y espionaje, y los que ordenan qué hacer a
los neoporfirianos del siglo XXI.
De esta realidad, surge un
programa claro y preciso: imponer la democratización del régimen
político y la plena vigencia de las libertades constitucionales,
recuperar los recursos de la nación, poner en pie un fuerte sector
estatal de la economía, reasumir la soberanía nacional, derrotar al
gobierno cipayo de priistas y panistas y desarrollar una política
económica al servicio del pueblo y la nación mexicanos, no de los
genocidas de allende el Bravo.
En tales condiciones, buscar
romper con los nacionalistas no sólo es contraproducente, sino suicida
y estúpido. La situación actual obliga a emprender la construcción de
una gran alianza de todos los partidos, grupos políticos, sindicatos,
centrales campesinas, comunidades indígenas, otras organizaciones
sociales y personalidades contra la dominación extranjera y por la
reconstrucción democrática de la nación mexicana. A los que participan
en las acciones solidarias con los estudiantes de la Escuela Normal
Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, como Cuauhtémoc
Cárdenas y Adolfo Gilly, no se les debe golpear, sino tratarlos como
integrantes de los sectores patrióticos de México y aliados en la lucha
por la democracia y contra los imperialistas extranjeros,
principalmente norteamericanos. De acuerdo con esta idea, debe
actuarse.
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