TIEMPO DE MUJERES

¡Huelga de hambre, solución!

José Antonio Almazán González

Mientras el gobierno de Calderón apela a principios bioéticos, que por supuesto no practica, para descalificar la huelga de hambre del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), desde la azotea de Palacio Nacional sus esbirros, ocultos en la noche, arrojan canicas bombochas a las carpas donde duermen las y los heroicos y dignos huelguistas. Durante el día sus agentes disfrazados de civiles acosan a las brigadas de electricistas que volantean en la ciudad de México y otros estados. Después, de manera civilizada, a través de la Subsecretaría de Gobernación, simula un diálogo ofreciendo lo mismo que viene repitiendo desde hace casi ocho meses: primero liquídate y después vemos. Por su parte la prensa vendida, y la radio y televisión en manos de la oligarquía, mantienen un riguroso círculo de silencio en torno a una huelga que ha trascendido ya a nivel internacional. En tanto, en los oscuros sótanos del Palacio de Cobián, el llamado Centro de Atención y Reacción Inmediata (CARI) contra los sabotajes eléctricos trata de levantar su campaña para criminalizar la lucha del SME.

Los 47 días de huelga de hambre masiva, así como el intenso brigadeo y la solidaridad de cientos de organizaciones y personalidades públicas, han logrado romper el cerco informativo y los hechos sucedidos en las últimas semanas han alterado los planes represivos del gobierno de Calderón para destruir al SME. Por ello con saña y rencor mandó a la Policía Federal a golpear a los electricistas de Cuernavaca, buscando crear un enfrentamiento que brinde la salida represiva, tal y como sucedió en Atenco. Pero el SME no cae en la provocación.

Hoy crece la certeza, en la opinión popular, de que los disturbios, apagones, fallas, cortes y explosiones eléctricas, cada vez más recurrentes en el Distrito Federal y estados circunvecinos, obedecen a la falta de mantenimiento que dejó de realizarse desde el golpe fascista del 10 de octubre en plantas, subestaciones, líneas y bóvedas subterráneas, pero también a la incapacidad técnica y operativa de las empresas contratistas, propiedad de altos funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Aunque Calderón lo oculta de manera deliberada, la opinión pública sabe hoy que existen 22 zonas críticas en Puebla, el estado de México, Hidalgo, Morelos y el Distrito Federal. La denuncia la hizo el SME desde hace varios años, demandando una mayor inversión productiva en la construcción de plantas de generación y en la modernización de líneas y subestaciones dentro de la zona atendida por Luz y Fuerza del Centro (LFC). Pero los gobiernos neoliberales hicieron caso omiso de la advertencia, empecinados en preparar las condiciones para la privatización de la industria eléctrica en México.

En breve, el actual director del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) comparecerá en la Cámara de Diputados, para rendir cuentas del saqueo y la rapiña del patrimonio de LFC desde que sus instalaciones y centros de trabajo se convirtieron en cuarteles policiacos y militares. En diciembre de 2008 el patrimonio de la empresa ascendía a 132 mil 248 millones de pesos, de los cuales 14 mil 956 millones eran cuentas y documentos por cobrar; 21 mil 13 millones correspondían a materiales almacenados; el activo fijo (plantas, subestaciones, líneas de transmisión, redes de distribución y otros) ascendió a 80 mil 806 millones de pesos, y las obras en proceso representaban 98 mil 693 millones de pesos. En los primeros minutos del 11 de octubre el patrimonio de LFC fue puesto a disposición de CFE en su carácter de patrón sustituto y desde esa fecha todos los bienes, materiales, equipo, vehículos, herramientas, etcétera, incluidas las pertenencias personales de miles de trabajadores, fueron tomadas como botín de guerra por las fuerzas del gobierno y CFE y sus empresas contratistas.

Si la investigación es llevada a fondo por la Cámara de Diputados, la verdad terminará de salir a flote y van a rodar cabezas del más alto nivel, y esto es lo que tiene en la desesperación al gobierno de Calderón, que sigue apostando por una salida represiva y violenta: levantando a la fuerza la huelga de hambre y apresando a la dirección del SME encabezada por Martín Esparza Flores. El desalojo violento e ilegal que sufrieron los huelguistas de Cananea, Sonora, y de manera sincronizada a las 2 de la mañana, la toma policiaca de la mina 8 de Pasta de Conchos, que acompañó a funcionarios del Grupo México a recuperarla, valiéndoles un comino la suspensión provisional ordenada por la Secretaria de Economía, pero con el beneplácito de la Secretaría de Gobernación, confirma que la maquinaria represiva del gobierno de Calderón está en marcha.

La respuesta de las fuerzas democráticas y progresistas a la violencia del régimen calderonista, debe ser rápida y contundente. ¡Fuera la Policía Federal de Cananea! ¡Instalación de una mesa de diálogo y negociación que garantice los derechos obreros brutalmente vulnerados por la ultraderecha de Calderón! ¡Retiro inmediato de la policía estatal de la mina 8 de Pasta de Conchos e inicio ya del rescate de los restos mortales de los mineros que perdieron la vida en el homicidio industrial cometido por el Grupo México! ¡Resolución inmediata de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al justo amparo promovido por el SME! ¡Abajo el inconstitucional decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro y reinstalación inmediata de los trabajadores electricistas injustamente despedidos!

Guarderías: sí al dictamen Zaldívar, pero sin legalizar la subrogación letal

Gustavo Leal F.*

Aunque respecto al informe preliminar de la comisión designada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –divulgado el pasado 1º de marzo– representa un paso adelante en la exigencia de justicia frente a la tragedia de la guardería ABC de Hermosillo, el proyecto de dictamen final elaborado por el ministro Arturo Zaldívar constituye un penoso paso atrás al legalizar por sus pistolas el modelo de subrogación letal diseñado por Santiago Levy.

Si para Zaldívar la investigación del informe preliminar es suficiente (p. 48), ¿por qué declarar legal esa subrogación letal?

Zaldívar concluye, sin más, que la interpretación con base en la cual el IMSS ha asumido competencia para el diseño del esquema y la suscripción de contrato de subrogación con particulares es válida a la luz del marco constitucional y legal (p. 74). Tal cual.

Con este forzamiento Zaldívar pisotea la esmerada demostración jurídica con la que el informe preliminar asentó que el IMSS carece de facultades para subrogar a particulares, pierde el piso para sustentar las condiciones reales que propiciaron la tragedia y, de paso, releva de cargos al actual director jurídico del IMSS, Fernando Gutiérrez Domínguez (p. 182), claramente implicado en el informe preliminar.

Por ello se ve obligado a hacer malabares señalando en su dictamen que al director general del IMSS le es atribuible el desorden generalizado en el otorgamiento, operación y supervisión del servicio de guarderías operado bajo el sistema de subrogación, que propició las condiciones para la tragedia ocurrida en la guardería ABC (p. 147).

Borrado el piso de la subrogación, Zaldívar tiene que recurrir sistemáticamente a ese desorden generalizado como el argumento que culminó en la grave violación de garantías de 14 funcionarios. Pero, ¿de dónde proviene ese desorden sino del modelo que lo genera?

Los directores del IMSS, indica su dictamen, omitieron implementar políticas públicas eficaces para la conducción adecuada del instituto. La omisión consistió en no haber promovido políticas públicas efectivas para instrumentar un programa integral de verificación del cumplimiento de las distintas disposiciones legales (p. 150).

Pero es del todo claro que la verificación sólo puede ser del modelo de subrogación. Al declararlo legal, a Zaldívar no le queda otra que fundar, incoherente y contradictoriamente, sus conclusiones en un nuevo piso: sólo en esa verificación. Con la legalización del modelo de subrogación esa verificación queda sin asidero y en el aire.

Para Zaldívar la tragedia aconteció, pues, por falta de verificación, no por la naturaleza mercantil y de lucro del modelo Levy de subrogación que, al abatir costos, acanalla inevitablemente la calidad del servicio subrogado. Para su gusto, falló la instrumentación, no la subrogación.

Por tanto, su proyecto de dictamen final se vuelve incoherente y contradictorio, porque la causa del desorden generalizado en que Zaldívar funda la grave violación de garantías de 14 funcionarios queda volando y sin explicación.

Y aunque el proyecto amplía venturosamente la responsabilidad a Daniel Karam, director calderonista del IMSS de los panistas por la gestión de la tragedia (p. 154), asume que la grave violación de garantías no debe adelantar juicios sobre responsabilidades de índole penal, civil o administrativa (p. 358).

Como ya exhibió el previo desempeño de la SCJN (intervenciones del ministro Salvador Aguirre) al no lograr sustentar jurídicamente su negativa para declarar inconstitucional la reforma calderonista del ISSSTE –que cancela derechos adquiridos reclamados por los 2 millones de amparos en el litigio colectivo más grande de la historia moderna de México–, ahora nuevamente, el paso atrás de Zaldívar busca salvar un modelo de subrogación que propició la condiciones para la tragedia, de especial relevancia para los intereses económicos que pesan sobre las cuantiosas bolsas públicas de las instituciones de la salud y seguridad social: IMSS, ISSSTE y Ssa.

De acuerdo con el Informe al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del IMSS 2008-2009 (p. 217, cuadro VI.2), sólo en 2007 se erogaron ¡19 mil 436 millones de pesos! por concepto de subrogación de servicios: tres veces más que lo que insume el entero Programa IMSS-Oportunidades (5 mil millones de pesos).

Esa erogación incluye las diferentes subrogaciones en materia de atención médica –sancionadas por el artículo 8 de la Ley General de Salud– y que superan, con mucho, la de guarderías subrogadas.

De acuerdo con el Anuario estadístico 2007, el ISSSTE-Yunes disponía de 133 estancias propias y 142 de participación social. Afortunadamente, casi 26 mil infantes son atendidos en las propias y sólo 8 mil se ubican en las segundas.

El proyecto de Zaldívar representa una bocanada de oxígeno para los intereses económicos que se benefician de esas bolsas y a los que el informe preliminar de la propia SCJN había finalmente acotado.

Si de lo que se trata es que no se repita nunca más una tragedia como la de Hermosillo, la peor en la ya larga historia de la seguridad social mexicana, no puede más que aguardarse que el pleno de los ministros que sesionará a partir del 14 de junio para debatir el proyecto Zaldívar reintegren el sentido original del informe preliminar que establece que el IMSS carece de facultades para subrogar a particulares y las tiene para hacerlo sólo con patrones.

Sólo con ello se evitarán más tragedias y los 11 ministros podrán confirmar el talante democrático de la SCJN que tanto invoca el proyecto Zaldívar.

* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco