MEXICO, D.F., 25 de octubre (apro).- En 2009 siete defensores de derechos humanos fueron asesinados en
México, señala el reciente informe del Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, relativo a hechos ocurridos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009 en el mundo
De acuerdo con ese documento, que se dio a conocer hoy, en materia de protección para defensores de derechos humanos, México es comparable con Indonesia, Sri Lanka, Asia o el Congo, en África, o Rusia, en Europa, países donde las detenciones de defensores tienen niveles de frecuentes a sistemáticos y donde los atentados contra la integridad física de los defensores han llegado hasta la muerte.
De México, el informe resalta que “se mantuvo fuera de sus prioridades una política de derechos humanos. Además, el presidente Felipe Calderón continúa con la estrategia de utilización de las fuerzas militares en la lucha contra la delincuencia organizada”.
Realizado por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), el informe puntualiza que la presencia militar ha creado un “verdadero estado de facto”, en el que se han incrementado de manera preocupante las violaciones a los derechos humanos cometidos por miliares
“Las torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones, homicidios y otras agresiones cometidas por fuerzas de seguridad, no son objeto de investigación por las autoridades civiles competentes, y el uso de la justicia militar para juzgar los abusos militares ha contribuido a mantener la impunidad”, señala el documento.
Las organizaciones internacionales que realizaron el análisis afirman que el gobierno de Calderón “mostró falta de voluntad” para prevenir abusos policiacos al nombrar como responsable de la Policía Federal Ministerial a Wilfrido Robledo, “quien estuvo involucrado en la planeación y ejecución de los operativos que desembocaron en graves violaciones a los derechos humanos en San Salvador Atenco, el 3 y 4 de mayo de 2006”.
Además, puntualizan, “México continuó desconociendo su responsabilidad para investigar y castigar los crímenes de Estado cometidos en la denominada ‘guerra sucia’, a pesar de la publicación de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que reconoce la existencia de un contexto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante esa época”.
El informe alude a casos de amenazas a defensores de derechos indígenas en Oaxaca, Guerrero y Chiapas; aborda la tragedia de los centroamericanos indocumentados y el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) del secuestro anual de 18 mil migrantes y el incumplimiento de las sentencias de la CoIDH.
En específico, trata los asesinatos de los defensores indígenas de Ayutla, Raúl Lucas Lucia y Manuel Ponce Rojas, en febrero de 2009; las agresiones a los dirigentes de la Organización del Pueblo Indígena Me phaá (OPIM), incluida la detención ilegal de Raúl Hernández Abundio, así como las amenazas contra miembros del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHMT).
De Chiapas, el informe aborda los casos de hostigamiento y amenazas contra integrantes del Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas”, así como agresiones contra ellos de parte de paramilitares.
Entre otros casos detallados, están los referentes a asesinatos a defensores del medio ambiente, como el de Mariano Abarca Roblero, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), el 27 de noviembre de 2009, en tanto que el 21 de julio un grupo de corte paramilitar de Chiapas, llamado “Ejército de Dios”, agredió a opositores a la construcción de una carretera, hechos en lo que murió un opositor, Aurelio Díaz Hernández.
También se detallan algunos casos de asesinatos a periodistas, como los de Eliseo Barrón y Carlos Alberto Melo Samper, ambos de la región de la Laguna, así como de Norberto Miranda Madrid, “El Gallito”, de Ciudad Juárez, Chihuahua.
En 2009, sobre hechos ocurridos en México, el Observatorio difundió 21 acciones urgentes, que tienen que ver con amenazas, desapariciones forzadas, asesinatos, hostigamientos, detenciones arbitrarias, maltrato, hostigamiento judicial, abuso de autoridad y agresiones contra defensores y periodistas.
Entre los problemas que más se destacaron el año pasado en esta región, y en los que México no estuvo ajeno, fueron las amenazas contra defensores que “luchan contra la impunidad” y en defensa de los derechos de los pueblos indígenas; señala que se registraron ataques contra defensoras de los derechos de género, en particular “en el contexto de denuncia de violencia contra las mujeres y de reivindicación de derechos sexuales y reproductivos”.
El documento, de 580 páginas, resalta también los agravios a los periodistas “comprometidos con la denuncia de violaciones a derechos humanos y en la denuncia de la corrupción”.
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