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| Moreira. Bajo investigación. Foto: Miguel Dimayuga |
MÉXICO,
DF (Proceso).- Humberto Moreira no es cualquier priista. Como
presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) coordinó la
campaña de Enrique Peña Nieto para lograr la candidatura presidencial de
ese partido en 2012. Moreira fue también gobernador, entre 2005 y 2011,
de uno de los estados más profundamente priistas en la nación entera.
El PRI y sus antecesores han “gobernado” el estado “libre y soberano” de
Coahuila de manera ininterrumpida desde hace 87 años. Como en los
viejos tiempos, en Coahuila el partido de Estado sistemáticamente se
impone con más de 60% de la votación en las elecciones y tiene un
control absoluto sobre la política y la prensa local.
Moreira,
Emilio Chuayfett, Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, Jesús Murillo
Karam y Pedro Joaquín Coldwell son todos exgobernadores de estados que
jamás han experimentado “alternancia” alguna desde la creación del
Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1929. El cártel de mandatarios
feudales priistas que gobernó Coahuila, el Estado de México, Hidalgo y
Quintana Roo, entre otros, asaltó Los Pinos con cañonazos millonarios en
2012. Los integrantes de este grupo son los responsables por la
intolerable ola expansiva de violencia, corrupción, represión y
privatización que ha ahogado al pueblo mexicano durante el sexenio
actual.
El trato diferenciado que Peña Nieto ha dado a Moreira y a
Kate del Castillo constituye un elocuente botón de muestra de las
alianzas y las complicidades de las actuales autoridades federales.
El
gobierno ha mantenido a Del Castillo bajo estricta vigilancia. Las
autoridades sacaron fotografías clandestinas de la actriz, filtraron
ilegalmente sus conversaciones con Joaquín El Chapo Guzmán y la llamaron
a declarar ante la PGR. El secretario de Gobernación, Osorio Chong,
incluso ha tenido el cinismo de señalar públicamente que “en la sociedad
no cayó bien que (Del Castillo) estuviera tratando con alguien que ha
lastimado a muchas familias”.
En contraste, las autoridades han
mantenido un silencio sepulcral en el caso de las acusaciones en España
en contra de Moreira por corrupción, lavado de dinero y crimen
organizado. En lugar de divulgar fotografías y mensajes, el gobierno de
Peña Nieto ha presumido a los cuatro vientos que no existe investigación
o seguimiento alguno al exgobernador priista.
Otros integrantes
de la mafia de exgobernadores del PRI gozan de protección similar.
Murillo Karam todavía no ha sido llamado a declarar por su indignante
mentira histórica sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y Fidel
Herrera, exgobernador de Veracruz, otro estado controlado por el PRI
desde hace 87 años, hoy despacha cómodamente como cónsul del gobierno
mexicano en Barcelona.
El enorme sufrimiento de las familias
mexicanas en la actualidad no es resultado de un señor llamado El Chapo,
y mucho menos de una actriz de Hollywood, sino de procesos mucho más
profundos y estructurales. Las instituciones del Estado mexicano se
encuentran hoy al servicio de los peores intereses corruptos y
criminales. Como el rey Salmán de Arabia Saudita, Peña Nieto abusa de
manera dictatorial de su población y no permite oposición alguna a su
régimen.
Todos los días nos enteramos de nuevos casos en que
agentes estatales lastiman directamente a la sociedad mexicana. En
Guerrero, por ejemplo, el nuevo gobierno priista de Héctor Astudillo
nombró como su fiscal general a Xavier Olea, un oscuro personaje que
como abogado litigante defendió tanto a Raúl Salinas de Gortari como a
Arturo El Negro Durazo. Desde la llegada de Olea a su puesto, el pasado
11 de diciembre, Guerrero ha sufrido una epidemia de secuestros y
asesinatos, incluyendo el plagio de cinco maestros de una escuela
primaria en la comunidad de Santana del Águila.
Hace unos días, en
Veracruz, cinco jóvenes fueron víctimas de desaparición forzada con la
muy probable complicidad de agentes de seguridad del Estado. Y en Colima
el PRI robó una vez más la elección para gobernador, con lo cual
consolidó su predominio ininterrumpido en la entidad durante 87 años
desde 1929.
En 2014, la frase “Fue el Estado” constituyó una
manera ingeniosa de resumir y articular el reclamo generalizado de una
población harta del abuso de parte de autoridades que desaparecen
estudiantes, privatizan recursos nacionales, pactan con el crimen
organizado, destruyen el medio ambiente y roban a manos llenas. Todos
juntos pudimos gritar esta consigna al lado de los estudiantes de
Ayotzinapa en una expresión de utopía rebelde y universal.
Pero el
caso de Moreira nos recuerda que es importante afinar y precisar
nuestro diagnóstico y exigencias. El problema no es “el Estado” en sí,
sino un sistema de corrupción y violencia estructural que está acabando
con cualquier semblanza del interés público o general en el país.
El
verdadero adversario no es entonces “la política” como un espacio de
lucha social y humanitaria (véase http://ow.ly/XkmrW), y tampoco “los
partidos” como organizaciones de articulación de acción política, sino
el sistema de autoritarismo neoliberal priista en sus múltiples
manifestaciones, que ha logrado engullir a sus otroras adversarios del
PRD y del PAN. Ha llegado la hora de dignificar la política, articular
la esperanza y conquistar el poder para el pueblo. l
www.johnackerman.blogspot.com
@JohnMAckerman
Texto publicado originalmente en la edición 2047 de la revista Proceso, que empezó a circular el sábado 23 de enero.
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