No debería sorprender
la actitud de un Donald Trump que desenfrenado, engallado y brabucón en
menos de una semana decretó sendas Órdenes Ejecutivas de enorme
trascendencia no sólo para México sino para todo el mundo y, en
particular, para América Latina. El magnate de la Casa Blanca es un
genuino representante del imperialismo norteamericano que, más allá de
su perfil egocéntrico, autoritario y notablemente agresivo, hace un
trabajo ad hoc para un sistema que se comenzó a construir a partir de la segunda mitad del siglo XIX —el imperialismo en tanto sistema económico, político y de dominación— y cuya raison d'être
es la expansión territorial, el despojo de pueblos, comunidades, países
y regiones enteras que, cuando lo anterior le resulta insuficiente u
obstaculizado, no duda en recurrir al uso de la fuerza y a la guerra.
Por lo tanto, no debe sorprender que el triunfo republicano en un mundo
capitalista sumergido en una profunda crisis sistémica y en franca
decadencia, se exprese precisamente en un magnate de esta estirpe el que
ahora salga a defender y preservar los intereses del sistema
capitalista para intentar recuperarlo —luego de la derrota de la
candidata demócrata en los comicios presidenciales— en su propio espacio
nacional y adjudicándole parte de las causas de esa bancarrota a los
trabajadores inmigrantes e indocumentados, especialmente a los mexicanos
a quienes ha superexplotado de manera bárbara y cruel desde la
década de los sesenta del siglo pasado cuando México, país dependiente y
subdesarrollado, se trocó en un auténtico expulsor y exportador de
fuerza de trabajo supernumeraria y barata en beneficio de la acumulación
del capital de las poderosas compañías del vecino del norte.
Así,
el 23 de enero de 2017 Donald Trump decretó la salida oficial de Estados
Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP por sus
siglas en inglés: The Transpacific Partnership Agreement),
suscrito el 4 de febrero de 2016 por 12 países del área del Pacífico y
Asia que representan alrededor de 40% de la economía mundial y un tercio
del total del comercio internacional: Australia, Nueva Zelanda,
Singapur, Vietnam, Japón, Malasia, Brunéi, Canadá, Estados Unidos,
México, Perú y Chile. Entre otros objetivos de este Acuerdo promovido
por Estados Unidos figura contrarrestar el creciente aumento de la
presencia e influencia de China en el comercio mundial y reestablecer el
poderío estadunidense. Adicionalmente desde su campaña como candidato
republicano, como presidente electo y ya como mandatario, Trump declaró
que va a reformar — o en su caso abandonar— el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAM) firmado entre México, Canadá y Estados
Unidos, entre otras razones, porque lo considera como un tratado
"injusto" y porque "es uno de los peores que ha firmado Estados Unidos…y
ha provocado la pérdida de miles de empleos en detrimento de los
estadunidenses": alrededor de un millón de puestos de trabajo entre 1997
y 2015. Pero no menciona qué ocurriría en cualquiera de los dos casos,
reforma o salida del TLC.
El 25 de enero de 2017 Trump decretó dos Órdenes Ejecutivas en materia de inmigración:
- La construcción del Muro de la Ignominia (Mexico–United States barrier) en la frontera común de más de 3 mil km en la frontera común entre México y Estados Unidos supuestamente para "combatir el tráfico ilegal de personas y drogas y prevenir actos terroristas". Esto no es nuevo porque hay que recordar que en la actualidad ya están construidos alrededor de mil 050 kilómetros de muros y vallas, cuya edificación comenzó a inicios de 1994 con el gobierno de Bill Clinton. De acuerdo con la Enciclopedia Wikipedia, el 15 de diciembre del 2005 el Senado de Estados Unidos aprobó un Plan para reforzar la barrera fronteriza, o muro, entre los dos países, para construir "…un muro fronterizo de alrededor de 1123 km. A esta escala, el muro sería sólo comparable con la Gran Muralla China. Finalmente, el Senado de los Estados Unidos aprobó el 17 de mayo del 2006, por mayoría (83 votos a favor y 16 en contra), la enmienda que prevé la construcción del citado muro con 595 kilómetros de extensión más 800 kilómetros de barreras para impedir el paso de automóviles".
- Eliminar las denominadas "ciudades santuario" (unas 300 en todo Estados Unidos) mediante la suspensión de los fondos federales destinados a estas ciudades que protegen de la deportación a los indocumentados. Esta medida afecta por igual a condados o estados que se nieguen a proporcionar a las autoridades federales información sobre el estatus migratorio de las personas que detienen. En estos santuarios migratorios los alcaldes se niegan a colaborar con las autoridades federales de migración alegando que no van a ejercer funciones de esa naturaleza.
Estas órdenes
emitidas por el magnate presidencial, casi a título personal y
anunciadas mediante twitter, supuestamente están encaminadas a
garantizar la "seguridad fronteriza" y la aplicación de las leyes
migratorias, así como a "mejorar la seguridad interior del país".
Las primeras incluyen, entre otras medidas:
La contratación de 5 mil agentes fronterizos, la detención de personas
"sospechosas" de violar leyes estatales, federales y migratorias,
prohibir la práctica del "catch and reléase" (atrapar y liberar)
consistente en la puesta en libertad de los detenidos por infracciones
migratorias, ahora con esta nueva disposición los detenidos seguirán
bajo custodia policiaca, es decir, presos, mientras se determina su
deportación. Los policías locales y estatales harán las veces de
"agentes de inmigración" mediante el restablecimiento del Programa 287g
que es un acuerdo entre las agencias locales del orden público e
Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que otorga autoridad a las
policías para hacer cumplir las leyes de inmigración; disponer de
recursos (públicos o privados) para construir "centros de detención de
inmigrantes"; elaborar un informe que cuantifique y detalle la ayuda
económica, militar y humanitaria que Estados Unidos le ha dado a México,
de forma directa o indirecta, en los últimos cinco años.
En relación con las segundas, las medidas de seguridad pública interior de Estados Unidos, figuran:
Exigir la plena aplicación de las leyes migratorias contra todos los
inmigrantes considerados "deportables" y utilizar todos los sistemas y
los recursos disponibles para hacer cumplir las leyes de inmigración;
cancelar los fondos destinados a las ciudades y condados denominados
"santuario", garantizar la "deportación de las personas con órdenes de
expulsión" y elaborar "listas de personas deportables" que incluyan a
todas aquéllas consideradas por las autoridades como un "riesgo" para la
seguridad pública o nacional, como los condenados o acusados de haber
cometido delitos, los inmigrantes que estuvieren implicados en fraudes y
personas que han "abusado" de beneficios públicos o que tengan órdenes
de deportación; imponer multas y sanciones a inmigrantes indocumentados y
a los responsables de su internación ilegal en el territorio nacional.
Adicionalmente se contempla contratar 10 mil agentes para la Oficina de
Inmigración y Aduanas (ICE). El Estado se reserva el derecho de exigir
que los países reciban a sus inmigrantes una vez que sean deportados de
Estados Unidos.
Por último, el magnate-presidente firmó un
decreto, u orden ejecutiva, que prohíbe, o retrasa, el ingreso a Estados
Unidos de ciudadanos provenientes de países como Siria, Irán, Irak,
Libia, Somalia, Sudán y Yemen, y establece que los ciudadanos
predominantemente musulmanes no recibirán visas para ingresar a Estados
Unidos hasta que no se determine su situación.
A nuestro juicio,
todo este conjunto de medidas configuran un punto de inflexión
histórica en las relaciones internacionales, en las que Estados Unidos
mantiene con México y, por supuesto, con América Latina. Se trata de un
impulso a la aplicación de un nacionalismo a ultranza que recuerda los
mejores momentos experimentados durante la Gran Depresión de los años
treinta del siglo pasado donde, al lado de la expansión del imperialismo
norteamericano, figuraban medidas internas destinadas a "proteger" a
Estados Unidos tanto de la crisis económica como de los embates
provenientes del exterior. Es el famoso período del New Deal (o
Nuevo Trato) consistente en un conjunto de medidas puestas en marcha por
Franklin D. Roosevelt entre 1933 a 1937 con el fin de actuar sobre las
causas de la crisis económica estallada en 1929, cimentado en una
política proteccionista encaminada a garantizar la recuperación de la
tasa de crecimiento de Estados Unidos mediante programas para combatir
el desempleo y auspiciar un futuro desarrollo que finalmente no se
consiguió, sino más adelante a costa del desencadenamiento de la Segunda
Guerra Mundial, de donde finalmente salió airoso Estados Unidos como
potencia incontrastable en el espacio internacional y sólo contenida por
la otra superpotencia encabezada por la extinta Unión Soviética y su
bloque de naciones, tanto en Europa como en otros puntos del planeta,
incluida África y América Latina. Desde la perspectiva política y de la
ideología el trumpismo ultranacionalista recuerda los mejores momentos
del macartismo furiosamente anticomunista impulsado por el senador
Joseph McCarthy durante el período de la guerra fría en Estados Unidos.
Por otro lado el proteccionismo redivivo trasnochado emergente en
Estados Unidos representa un fracaso y la crisis del neoliberalismo
fondomonetarista y del gran capital internacional que, a sangre y fuego,
impusieron en los últimos treinta años con mayor o menor intensidad de
acuerdo con las condiciones particulares de regiones y países. De alguna
manera el fondo del iceberg se develó con la derrota de la candidata
del partido demócrata, Hillary Clinton, que representaba los intereses
del capital financiero tanto en Estados Unidos como fuera de él y con el
triunfo del republicano que al caracterizar la situación global de
Estados Unidos como desastrosa —según el Departamento de Comercio en
2016 el PIB estadunidense creció 1,6% en 2016, el ritmo más débil desde
2011— prometió reconstruir el capital industrial y productivo mediante
la imposición de políticas proteccionistas como las ya anunciadas por
decreto por el magnate triunfador en las elecciones presidenciales.
La buena noticia de este acontecimiento histórico, que ocurre en el
seno mismo del país más poderoso del planeta, es que puso al desnudo las
profundas relaciones de desigualdad y de dependencia de un país
subdesarrollado como México cuyo comercio exterior depende en más de 80%
de la dinámica económica de la potencia del norte.
A pesar de
los buenos oficios y señales que el gobierno mexicano le envió al de
Estados Unidos en el sentido de "negociar" nuevas condiciones en que se
habrá de reestructurarse la relación México-Estados Unidos en este nuevo
escenario antimexicano de proteccionismo, cerrazón, xenofobia, racismo y
misoginia del Presidente Trump y su gabinete blanco, la respuesta
contundente y envalentonada que de éste recibió el gobierno mexicano y
su presidente, Peña Nieto, fue la contundente ratificación de la
construcción del muro de la ignominia (mur de la ignominie) que,
además, tendrá que ser pagado por México so pena de imponerle impuestos
compensatorios de hasta 20% a nuestras exportaciones que se envían a ese
país en el caso de negativa de cumplir con los designios del presidente
norteamericano.
La actitud lacrimosa, timorata y tibia del
gobierno mexicano, a través de su aprendiz de ministro de Relaciones
Exteriores, Videgaray, frente a las contundentes decisiones de
Washington, además de tardía y carente de contenido, simplemente
consistió en decir que "no se iba pagar el muro", pero sin plantear, ni
agenda, ni mecanismos concretos para no hacerlo frente a una decisión
tomada de antemano. Obviamente el gobierno tampoco ofreció
explicaciones, ni mucho menos, alternativas viables y concretas a los
millones de indocumentados que trabajan en Estados Unidos y cuya
deportación pende de un hilo, como tampoco al pueblo mexicano que ya
padece los efectos lacerantes de la crisis estructural del país
exacerbada por los infames gasolinazos decretados por el gobierno en
turno y que han incendiado la inflación, el desempleo, la carestía de la
vida y todo tipo de calamidades sociales y humanas.
Brilla por
su ausencia un proyecto alternativo de nación por parte de la actual
administración gubernamental, de las clases dominantes, de los partidos
políticos oficiales y del lumpen-empresariado mexicanos debido no
solamente a la fuerte dependencia que mantienen no solamente del ciclo
económico de Estados Unidos, de sus procesos de concentración y
centralización de capital y de las grandes trasnacionales sino, además
de la estrategia geopolítica de Estados Unidos consistente en mantener
el status de México como su "patio trasero" que, afortunadamente en
otras experiencias como las ocurridas en Cuba, Venezuela, Bolivia y
Ecuador, ha sido superado a pesar de desenvolverse todavía en los
carcomidos rieles del capitalismo dependiente.
Frente al
neoproteccionismo que está impulsando el nuevo gobierno estadounidense,
el mexicano se aferra al viejo y desgastado ultraneoliberalismo
conservador en crisis, lacerado por las profundas contradicciones
abiertas en su economía, en la sociedad y en el régimen político, y que
han conducido a deteriorar inusitadamente lo que los medios de
comunicación llaman la "popularidad" o "índice de aprobación" del
presidente, de su gabinete y de su partido que han sumergido a nuestro
país en la mayor crisis de su historia, sólo solventada en determinadas
coyunturas por las luchas populares y de los trabajadores en la defensa
de sus intereses, de la nación y de sus condiciones de vida y de
trabajo.
Otro ángulo de la aguda problemática que va enfrentar
el actual régimen de gobierno es la agudización y aceleración de la
crisis del patrón de acumulación dependiente exportador fundado en la
producción-exportación de manufacturas cuyo eje es la actividad
maquiladora, la cual tiene como núcleo duro justamente la industria
automotriz transnacional y que, justamente por órdenes del magnate, va a
agudizar dicha crisis al paralizar las nuevas inversiones en México y
retornar sus plantas a los propios Estados Unidos como ya está
ocurriendo con la Ford, la General Motors y otras empresas como Carrier
productora de equipos de aire acondicionado.
El gobierno
mexicano ha centrado toda su estrategia de crecimiento –que no
desarrollo- en la apertura externa de inversiones extranjeras y de los
mercados, en el subsidio al gran capital privado nacionales y
extranjero, en la privatización de las empresas públicas propiedad de la
nación, en la política de bajos salarios, estancados prácticamente
desde la década de los setenta del siglo pasado en relación con la
inflación inducida por el Estado y los empresarios, en la crisis de la
agricultura de temporal y campesina en beneficio del agronegocio de
exportación, en las llamadas reformas estructurales energética, laboral,
de las telecomunicaciones, educativa y fiscal en entero beneficio del
empresariado nacional y extranjero, entre otras medidas neoliberales
impulsadas desde el poder federal por los gobiernos del PRI y del PAN en
los últimos 35 años.
La "apertura" de México comenzó con su
ingreso al GATT en julio de 1986, continuó con la firma y entrada en
vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá en
enero de 1994, unos meses después, en mayo de este año, con el ingreso a
la OCDE y culminó con la entrada en el TTP en febrero de 2016 que acaba
de abandonar su principal impulsor, Estados Unidos. Durante todo este
período la tasa de crecimiento del país ha sido estacionaria al arrojar
un promedio no mayor a 2%, contra el 6,5% del llamado "desarrollo
estabilizador" medido a partir de mediados de la década de los cincuenta
del siglo pasado hasta la entrada formal —y como régimen— del
neoliberalismo en 1982.
Los supuestos beneficios de la
integración conservadora de México bajo los lineamientos de Estados
Unidos y de los organismos monetarios y financieros internacionales, han
sido completamente nulos para la mayoría de los trabajadores mexicanos
en ambos lados de la frontera. En el espacio nacional, porque éstos
siempre han sido marginados de los presuntos beneficios de dicha
integración y de los tratados firmados entre las élites de los gobiernos
al amparo de los intereses de las grandes empresas trasnacionales y del
capital internacional, quienes efectivamente han salido completamente
beneficiados mediante la obtención de enormes y jugosas ganancias
extraídas de la superexplotación de la fuerza de trabajo, de la poca o
nula organización sindical y de la imposición de estatutos laborales
discriminatorios y excluyentes de sus derechos y demandas. Del otro lado
de la frontera, los trabajadores, que han emigrado hacia ese país
debido a las pocas o nulas oportunidades de empleo existentes en el
suyo, además de percibir salarios muy por debajo del promedio de los que
reciben los trabajadores norteamericanos en el campo y en el servicio
doméstico, son humillados y discriminados por la patronal que los
contrata, víctimas de los traficantes de personas (los llamados
"polleros"), de las arbitrariedades constantes que cometen contra ellos
incluso ciudadanos que los discriminan, y bajo la constante amenaza, por
parte de las autoridades norteamericanas —y, en algunos casos, de sus
propios "empleadores" que los denuncian— de ser expulsados en cualquier
momento debido a su estatus de ser trabajadores indocumentados.
Con la entrada en vigor del proteccionismo a ultranza sustentado en un
nacionalismo burgués profundamente conservador y racista, todos los
neoliberales de izquierda y derecha han puesto el grito en el cielo y no
saben cómo ajustar sus evangelios ultra neoliberales pendientes de la
dinámica de las mal llamadas "fuerzas del mercado" al carecer de un
proyecto alternativo fuera de los cánones del neoliberalismo y del
proteccionismo. Aquí hay que aclarar, y subrayar con fuerza, que lo que
no está en crisis hoy en día en el mundo capitalista son estas formas
que históricamente han asumido las políticas del Estado y el capital,
sino en profundidad ¡el capitalismo!, lo que ya coloca la problemática
contemporánea de la crisis en una perspectiva distinta a la planteada
mayoritariamente por dichos enfoques.
Ante el humillante
espaldarazo que le propinó el magnate al gobierno mexicano en relación
con su decisión de construir el muro de la ignominia —que dígase de paso
para el capital no existen muros ni obstáculos, para eso existen las
transacciones financieras por medios electrónicos— de abandonar el TTP y
ordenar la revisión o, en su caso, anulación del llamado TLC, el
canciller Videgaray y Peña Nieto no sólo no tienen propuestas frente a
estas decisiones imperiales, sino que han permanecido completamente a
expensas de los dictámenes presentes y futuros del Congreso y presidente
norteamericanos. En este escenario, que como dice el slogan "a río
revuelto ganancia de pescadores" no han faltado los agoreros que se
erigen como portadores de soluciones mágicas, por supuesto, encuadradas
en los marcos del capitalismo dependiente y del sistema político de
dominación vigente en el país. Los espectros del pasado hacen nuevamente
su aparición: desde un Ernesto Zedillo, priista, ex-presidente de
México y privatizador de los ferrocarriles nacionales que vendió a
Estados Unidos, pasando por "nacionalistas revolucionarios" como
Cuauhtémoc Cárdenas, ex-priista, fundador y " líder moral" del PRD , ex- Jefe de Gobierno del Distrito Federal ,
ahora ex-perredista y "políticamente independiente", hasta uno de los
más consentidos empresarios del régimen de todos los tiempos, el señor
Carlos Slim quien, con su acaudalada y millonaria riqueza, se convirtió
en uno de los individuos más ricos del mundo, ha salido a la palestra
mediática para proponer supuestas "salidas" a la tensión entre México y
Estados Unidos. A pesar de tener una gran parte de sus inversiones en
este último país, el "neodesarrollista" Carlos Slim —previa cena que
tuvo con el magnate y uno de los beneficiarios de la privatización
energética dispuesta por las reformas estructurales del gobierno y, por
supuesto, del gasolinazo— ha intentado rebajar la problemática de la
crisis económica de México, exacerbada por los efectos reales y
mediáticos de la toma de decisiones del magnate norteamericano, para
presentar supuestas alternativas cimentadas en la búsqueda de nuevas
bajo el paraguas de una —inexistente— "unidad nacional" que solamente
existe en sus bolsillos y en su mente de empresario.
En una
Conferencia de Prensa (27 de enero de 2017), después de afirmar con
sapiencia y profundidad, que el mismo Marx envidiaría, que Trump "No es
Terminator, es Negotiator", propuso "…la necesidad de volcarnos de nuevo
y por completo al desarrollo del mercado interno y a consumir lo
producido en el país, porque la mejor barda son las inversiones, la
actividad económica y el empleo en México. La gente se va porque no
encuentra oportunidades aquí, no se va a turistear".
El magnate
mexicano descubre el anillo de la espiral en una vuelta también al
pasado para sustentar el desarrollo de México en el impulso del otrora
caduco y superado "neodesarrollismo" capitalista, pero en el capitalismo
al fin. No dice que el mercado interno se dinamiza con ingresos que
obtienen los distintos sectores de la sociedad, es decir, las distintas
clases sociales antagónicas que la constituyen, a partir de su peculiar
lugar que desempeñan tanto en dicha estructura como en el sistema
productivo y, por ende, en el espacio del mercado en la esfera de la
circulación y en la distribución de los ingresos. Éstos se obtienen de
tres fuentes que son el salario —el que produce el mismo trabajador como
un equivalente del valor de su fuerza de trabajo— y que percibe la
mayoría de los trabajadores asalariados explotados por el capital; la
ganancia derivada de la plusvalía que producen millones de trabajadores
y, por último, la renta de la tierra que es una parte alícuota que se
deriva de la ganancia de empresario con destino al bolsillo de la
oligarquía terrateniente propietaria de las grandes extensiones y
fortunas territoriales tan abundantes en nuestro país. En esta
estructura del capitalismo en general no existe otra "fuente" de
ingresos distinta a estas tres y que, además, se derive de otra
categoría que no sea la plusvalía producida mediante la explotación del
trabajo por el capital. Por lo tanto, recordando a tres clásicos del
estructuralismo de la Cepal: Raúl Prebich, Celso Furtado, Aníbal Pinto,
para reactivar y hacer crecer el mercado interno se requiere aumentar
los ingresos de la población, empezando por los salarios que, en México,
prácticamente vienen en picada desde mediados de la década de los
setenta del siglo pasado, cuestión sobre la cual el señor Slim no dice,
por supuesto, una sola palabra.
En relación con la otra
propuesta del magnate mexicano respecto a "consumir lo producido en el
país", ignora completamente que lo que se produce y se consume en el
país tiene un alto contenido de valor importado, particularmente de
Estados Unidos y que es justamente lo que explica el constante déficit
en la cuenta corriente de la balanza comercial y, por ende, de pagos, la
cual es deficitaria desde mediados de la década de los treinta del
siglo pasado, registrando sólo cinco superávits durante la década de los
ochenta del siglo anterior.
Las inversiones provienen del
capital privado nacional y extranjero que desde hace 30 años se destinan
a enriquecer más a los más ricos y empobrecer más a los más pobres, la
actividad económica ha entrado en un cuasiestancamiento productivo
derivado de las políticas capitalistas del Estado mexicano impulsadas e
impuestas en las últimas tres décadas, mientras que el empleo ha sido
completamente insuficiente para satisfacer las necesidades de la mayoría
de la población y los empleos creados en su mayoría son altamente
precarios, de baja productividad y bajos ingresos frente a un
crecimiento inusitado de la tasa de desempleo abierto, del subempleo
(léase informalidad que cubre casi el 60% de la población económicamente
activa), de la pobreza "normal" y de la pobreza extrema prácticamente
en todo el país, cuestiones sobre las que, por supuesto, el sapiente
magnate mexicano, al igual que la mayoría de los personeros del gabinete
del gobierno en turno, no dicen una sola palabra.
Al pontificar
los problemas de las "alternativas del desarrollo" frente a la actual
situación de tensión entre México y Estados Unidos, el homólogo de Trump
lo ponderó:
"Trump es un gran negociador. Hay que conocer su
libro para no espantarnos. Me parece que está tocando para saber si
tenemos alguna debilidad. Lo peor para tratar con él es enojarse. A lo
mejor está provocando para negociar…El presidente estadunidense, quien
tiene una gran estimación por México, representa un gran cambio en la
forma de hacer política y de gobernar". (La jornada, 28 de enero de 2017, en http://www.jornada.unam.mx/2017/01/28/politica/004n1pol ).
El señor Slim ignora la sentencia de John Foster Dulles, secretario de
Estado de Dwight Eisenhower, cuando afirmó que "Estados Unidos no tiene
amigos, sino intereses" que deberían además de recordar todos aquéllos
que todavía confían en la "buena voluntad" de Estados Unidos para
resolver nuestros problemas.
Cuando el magnate mexicano sugiere
que alguien que cataloga a los inmigrantes mexicanos como "criminales y
violadores" "tiene una gran estimación por México", sería bueno
interrogarse qué pasaría si el xenófobo presidente norteamericano no nos
estimara: ¡seguramente tendríamos a los marins listos para recibir la orden para invadir al país para recordarnos su "buena amistad".
Estas notas permiten confirmar que el gobierno mexicano, cómplice de la
construcción del muro de la ignominia ya en su primera etapa y de las
políticas agresivas contra los trabajadores indocumentados en Estados
Unidos, está atrapado entre su neoliberalismo a ultranza, sin proyecto y
agotado y el (neo) proteccionismo imperialista que actualmente comanda
el presidente Trump.
Lo que hay que entender esencialmente es
que ambos "proyectos" agotados, a largo plazo son inviables para "salvar
al capitalismo" en ambos lados de la frontera y en el entorno
internacional, por más publicidad que en estos días le están dando los
medios dominantes de comunicación al segundo que, para cuajar, por lo
menos requiere mucho más de los cuatro años que dura la primera
administración del presidente republicano. ¡Habrá que ver si logra
incubar el huevo industrial-productivista en el vientre del desgastado
sistema capitalista norteamericano antes de que reviente en el rostro
del magnate!
La política y estrategia de Donald Trump consiste
en impulsar hacia adentro de Estados Unidos un proteccionismo que
tentativamente le permita recuperar su deteriorado sistema industrial y
educativo con miras a recuperar el llamado "excepcionalismo
norteamericano" y, por este conducto, intentar contrarrestar su visible
pérdida de hegemonía en el sistema internacional. Al mismo tiempo que,
no nos hagamos ilusiones, va a imponer y pregonar el libre mercado, la
apertura comercial, la privatización económica y la imposición de las
clásicas políticas restrictivas y monetaristas del Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial hacia afuera, es decir, en Europa y
América Latina, manteniendo e intensificando sus políticas
desestabilizadoras en estas regiones y en otras como en el medio
oriente, especialmente en Siria, cuando así convenga a sus intereses
expansionistas y militaristas. En este contexto, la guerra sería sólo un
pretexto para admitir sus fracasos.
Un proyecto de esta
naturaleza requiere tiempo e inversión además de contrarrestar las
profundas contradicciones de un capitalismo en crisis sistémica que cada
vez más se sumerge en un profundo foso sin salida de estancamiento
económico, desempleo expansivo, precarización del trabajo y
agudizamiento de las luchas de clases y de todo tipo de conflictos y
calamidades sociales.
Habrá que ver qué ocurre primero: si el
renacimiento de esa economía industrial prototípica del
fordismo-keynesianismo que floreció en las primeras décadas del siglo XX
pero sin "Walfare State" o el término de una administración fracasada
que tenga que replantear su proyecto imperialista de redespliegue
capitalista sobre otras bases.
Los síntomas del malestar social
ya comenzaron a expresarse a unos cuantos días de la toma de posesión
del mandato por Trump. No solamente por la lluvia de amparos ante las
Cortes contra las órdenes ejecutivas que lesionan gravemente los
derechos de miles de trabajadores indocumentados y de inmigrantes muchos
de los cuáles, teniendo en regla sus papeles, tendrán que salir de
Estados Unidos simplemente por ser musulmanes si a juicio de las
autoridades así lo requieren. Además, del conflicto derivado de otra
Orden Ejecutiva para retomar la construcción de los oleoductos Keystone
XL y Dakota Access suspendida por el mandatario anterior, Barak Obama.
Los dos proyectos enfrentan una sólida resistencia por parte de grupos
ecologistas que denuncian el poder de contaminación del petróleo que
procede de las arenas bituminosas cuya producción emite un 17% más de
gases de "efecto invernadero". Por su parte el oleoducto de Dakota ya
había causado las protestas y resistencia de la tribu indígena Standing
Rock que afirma que dicho oleoducto en el caso de concretarse hará
inservibles sus tierras sagradas y contaminará las aguas del río Misuri,
de las que depende su sistema de vida. Se pueden agregar a estas
resistencias que ya han causado las órdenes ejecutivas de Trump el
relativo triunfo de la movilización social que llevó a que la jueza Ann
M. Donnelly, del Tribunal del Distrito Federal de Brooklyn (Nueva York),
dictaminara que los refugiados u otras personas afectados por la medida
contenida en la orden ejecutiva no pueden ser deportados a sus países.
El "efecto Trump" se ha utilizado como un distractor por parte de
autoridades, empresarios y políticos mexicanos para intentar frenar y
desmovilizar el enorme descontento de la población que antes y después
de la designación del magnate, se viene expresando mediante marchas,
mítines, toma de instalaciones y de recintos gubernamentales, bloques
carreteros contra la política antipopular y antiobrera del gobierno de
Peña Nieto que ha agudizado la crisis económica mediante los gasolinazos
y las amenazas de liberar los precios de los energéticos para cumplir
con sus compromisos con las empresas trasnacionales que son los nuevos
dueños de los energéticos mexicanos gracias a las "reformas
estructurales". En el fondo lo anterior obedece a las demandas que estas
empresas, entre ellas las norteamericanas, reclaman como condición
previa para invertir: la liberalización —léase aumento— de los precios
que les reditúen altos beneficios que incrementen sus procesos de
acumulación y centralización de capital.
Ante esto el gobierno
de Peña y el empresariado dependiente de Estados Unidos tendrán que
resignarse a esperar dócilmente recibir las instrucciones de la
Presidencia Imperial mientras se agudiza la crisis económica en el país y
sus efectos lacerantes se echan sobre las espaldas de la sociedad y de
los trabajadores, como viene ocurriendo sistemáticamente hace ya más de
tres décadas y ahora a golpe de gasolinazos contra la población.
Mientras tanto, los de siempre: empresarios, políticos de todos los
colores partidarios y gobierno, impulsan un risible simulacro de "unidad
nacional" —que recuerda la proclamada por Ávila Camacho al estallido de
la segunda guerra mundial— que en el fondo tiene el objetivo de sembrar
la ilusión mediática en la sociedad de que se está enfrentando con
"patriotismo" y "nacionalismo" a un "enemigo" que ha autorizado la
edificación del muro de la ignominia, ordenado revisar o, en su caso,
cancelar el pro-empresarial y trasnacional TLC y deportar a millones de
trabajadores indocumentados que en México no tendrían otro destino más
que el hambre, la miseria, el desempleo, el abandono gubernamental y la
desilusión.
Solamente la movilización popular podrá frenar esta nueva embestida del imperialismo.
Adrián Sotelo Valencia. Sociólogo e investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) de la FCPyS-UNAM.
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