La investigación realizada por Rebecca Waller, Elina Visoki y Jonathan Zandberg pone sobre la mesa las afectaciones emocionales que trae consigo la restricción a la libertad sexual y reproductiva hacia las mujeres, señalando que cifras revelan un incremento de casos de suicidio, coincidiendo con las políticas públicas que suprimen el derecho a interrumpir un embarazo.
Para el análisis se tomaron en cuenta las cifras de suicidio de 1974 a 2016, mismas que fueron cruzadas con las leyes antiaborto aprobadas en el mismo lapso de tiempo. Aunque las investigadoras destacan que ningún estudio prueba que el acceso a la atención reproductiva está relacionado con el suicidio, se puede inferir que “la negación del aborto implica un mayor estrés y ansiedad entre las mujeres en edad reproductiva”.
“En este estudio con un análisis de diferencias de mujeres estadounidenses, las restricciones en el acceso a la atención reproductiva de 1974 a 2016 se asociaron con tasas de suicidio entre mujeres en edad reproductiva”, se lee en el documento.
Esta no es la primera vez que se habla sobre las afectaciones emocionales que traen consigo las leyes antiaborto que tienen como único objetivo criminalizar a las mujeres que deciden no ser madres.
Para el Centro de Derechos Reproductivos para América Latina y el Caribe, las maternidades forzadas constituyen “un trato cruel, inhumano y degradante”. Las mujeres que deciden abortar en la clandestinidad enfrentan daños a sus proyectos de vida y afectaciones emocionales difíciles de sobrellevar.
Por ello, en entrevista con Cimacnoticias Cristina Rosero, asesora legal del Centro, reiteró la necesidad de que el derecho al aborto sea efectivo, ya que solamente cuando existe un total reconocimiento de la autonomía sexual y reproductiva, es cuando una mujer puede considerarse una ciudadana plena.
Mujeres estadounidenses y las afectaciones tras las restricciones en materia de aborto
Fue el 24 de junio cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló el fallo Roe contra Wade, lo que puso fin al derecho constitucional a la interrupción legal del embarazo en el país.
Hay que recordar que Roe contra Wade fue un parteaguas para dejar de criminalizar la interrupción del embarazo en EE. UU. Este caso se dio en 1973, cuando Jane Roe –alias legal de Norma McCorvey–, una mujer de Texas, quiso detener su embarazo de manera segura y legal. Tras diversos alegatos, la corte decidió reconocer por primera vez que el derecho constitucional a la privacidad “es lo suficientemente amplio como para incluir la decisión de una mujer de interrumpir o no su embarazo”. Fue así como Roe fue reconocida por impulsar el caso que permitió legalizar el aborto en el país norteamericano.
Lo anterior dejó a más de 36 millones de mujeres en edad reproductiva sin acceso al aborto, siendo las más afectadas las mujeres latinas, indígenas y afroamericanas, quienes experimentan de manera desproporcionada los efectos de las prohibiciones y restricciones debido al legado de racismo y discriminación del país.
De acuerdo con la organización Instituto Guttmacher, actualmente el aborto no está disponible en 14 estados, mientras tanto los tribunales bloquearon temporalmente la aplicación de las prohibiciones en otros ocho a partir del 12 de diciembre de 2022.
Además, señala la organización, en los estados donde el aborto está disponible, la afluencia de pacientes de estados con severas restricciones ha creado largos tiempos de espera para el procedimiento de interrupción de embarazo. Y es que desde junio a octubre al menos 66 clínicas en 15 estados dejaron de ofrecer el servicio de aborto.
Lo anterior pone vidas en riesgo, trunca proyectos y provoca que miles de mujeres sufran irreparables violaciones a sus derechos, lo cual incide en su salud mental provocando afectaciones que con dificultad se pueden dimensionar.
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