La renuncia

“Justo cuando Lorenzo hacía su gira del adiós en Washington, un magistrado de la Suprema Corte, Javier Lainez aprovechaba la noche del viernes 24 para madrugar con la suspensión del Plan B de la ley electoral que achicaba los salarios onerosos de 400 empleados del INE”.

Fabrizio Mejía Madrid

El presidente del órgano electoral nacional había celebrado con la cara enrojecida por la emoción el regreso del secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, apenas el 13 de marzo. Se aplaudieron uno al otro, se habló del restablecimiento del orden constitucional, se llamó de inmediato a una sesión extraordinaria para celebrarlo. Una semana después, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, haría una gira del adiós por Estados Unidos, entre ellos, a la OEA, con cargo al erario público. Algo que no reportó la prensa mexicana fue lo que dijo. El 22 de marzo estuvo en un panel conducido por Ryan Berg, de un centro de seguridad nacional de Estados Unidos. Ese centro en el que Córdova exhibió un inglés tartamudo y a menudo angustiante, está dirigido por un ex asesor del ejército norteamericano en Asia-Pacífico y por Thomas Daschle, un lobbista de farmacéuticas que no pudo tomar posesión como encargado de Salud con Barack Obama, porque había evadido el pago de sus impuestos. La vicepresidenta de ese siniestro centro es Harriet Babbit, quien fue la representante de Estados Unidos en la OEA entre 1993 y 1997, es decir, cuando se intervino en Colombia para que pusieran los muertos de la guerra contra el narcotráfico, y cuando se empezó a confundir la democracia en los países del hemisferio con la seguridad de los Estados Unidos. Lorenzo se sentó al lado de un ex empleado del departamento anti-narcóticos del Departamento de Estado, el salvadoreño Máximo Zaldívar quien hizo aseveraciones indemostrables sobre la baja en la popularidad de AMLO y expresó sin miedo al desmentido, que el Presidente había decidido “asaltar” al INE después de que la revocación de mandato tuvo baja participación ciudadana. Una tal Deborah Ulmer, que presentaron como de un instituto nacional democrático, enunció medidas de intervención para presionar para que no se aprobara el Plan B del Congreso de la Unión mexicano. Sin miedo al imperialismo sobrado, planteó ejercer presión “internacional”, es decir, de los gringos, sobre la Suprema Corte de Justicia. Al ser interrogado sobre esa posibilidad, Lorenzo trastabilló, balbuceó en las profundidades de la dificultad lingüística, y terminó por aceptar cierto nivel de intervención norteamericana en las elecciones mexicanas del 2024. Dijo: “Lo que pasa en nuestra democracia es nuestro problema, si y no. No quiero crear aquí una paradoja. Lo que la comunidad internacional tiene que hacer es crear una condición de exigencia: saber que estamos siendo observados desde afuera es muy importante. No porque temamos una intervención extranjera, sino que es importante que nos observen”. Su gira del adiós se convirtió en una pieza del injerencismo de Estados Unidos, al reunirse con ex empleados del Departamento de Estado y representantes de la OEA, como fue su foto con Luis Almagro, el que propició el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia.

Justo cuando Lorenzo hacía su gira del adiós en Washington, un magistrado de la Suprema Corte, Javier Lainez aprovechaba la noche del viernes 24 para madrugar con la suspensión del Plan B de la ley electoral que achicaba los salarios onerosos de 400 empleados del INE. Fue un madruguete por tres razones. La primera es que no existen los amparos en materia electoral; la Constitución los prohíbe expresamente, en su artículo 105. La segunda es que un magistrado no puede suspender una ley general, es decir, sólo puede referirse al amparo que promueve el supuesto afectado. En este caso, Lainez interrumpió el Plan B aprobado por la mayoría de diputados y senadores, completo, así, sin siquiera entrar al fondo. La Constitución dice que deben ser al menos 8 de los 11 magistrados de la Suprema los que vean la inconstitucionalidad de una ley. Pero Lainez no le tuvo miedo al éxito y pasó a representar a todos los magistrados. El boletín que expidió la Suprema Corte daba una explicación esotérica de la suspensión cuando dijo: “La SCJN ha resuelto en ocasiones anteriores que en Controversias Constitucionales sí corresponde otorgar la suspensión aun tratándose de leyes, cuando pudieran vulnerar de manera irreparable derechos humanos. En el caso que nos ocupa se trata de la posible violación a los derechos político-electorales de la ciudadanía”. Es decir, que el boletín asumía que la suspensión no era sólo de un magistrado sino de la Corte completa y que, si bien tiene prohibido amparar en materia electoral, lo hizo para proteger un derecho humano que, por más que buscamos, no encontramos y que es el derecho a ganar más salario que el Presidente de la República. El magistrado Lainez violó la Constitución al menos tres veces.

Así las cosas iban viento en popa para el litigio contra la decisión soberana del Congreso de la Unión. Mientras, el Comité Técnico para sacar las listas de los cuatro consejeros que se sustiturán en el INE había tenido intentos de sabotaje. Primero, medios como el periódico Reforma, dijeron que se les había pasado las respuestas a los que eran “proclives a Morena”, el partido del presidente. Como si los exámenes no fueran públicos y calficaran, además de respuestas, las trayectorias profesionales de los aspirantes. Pero eso quisieron sembrar: la duda en la que se empeñaron que personajes como el consejero de Mexicanos contra la Corrpución de Claudio X. González, Sergio López Ayllón, y Maite Azuela, la directora de un asociación civil que se llamó Dejemos de Hacernos Pendejos, que declaraba sin miedo al echeganismo que éramos “malos ciudadanos”. Ésta última, analista política del programa de Brozo en Televisa y convocante a las marchas del “INE No Se Toca” de Claudio X. González y el PRIAN, hizo público su veto a ciertos perfiles ya decididos por el comité del que ella era parte. Eso, además de ser una falta de ética profesional ya que, si uno no está de acuerdo con los criterios para elegir a los aspirantes, pues tiene el recurso de renunciar al cargo, se conoce en grilla de asambleas como “reventar” un proceso. Eso fue lo que hizo Azuela al creerse con el derecho de vetar los criterios del comité de evaluación en cuyos procedimientos ella misma fue partícipe. Hay que recordar que la primera vez que se usó un comité para proponer consejeros fue cuando, sin que nadie protestara, el entonces IFE se la pasó más de un año sin completar sus cargos. Fue así que el secretario de Gobernación de Salinas de Gortari, Jorge Carpizo, decidió meter a Lorenzo Córdova, Sergio García y María Marván. Entonces, nadie alegó que un criterio fuera, como ahora lo hace Azuela, el parentesco con alguien de un partido. Como ya hemos dicho antes, en 2003, no sólo fueron designados miembros de partidos políticos, sino que tenían el respaldo de Elba Esther Gordillo y de la Coparmex, como fue el caso del presidente Luis Carlos Ugalde y de Alejandra Latapí.

Pero algo sucedió dos días después de que Azuela se paseara por los medios de Claudio X. González vetando gente para el INE. Edmundo Jacobo renunciaba a su cargo que había costado una marcha del “INE No Se Toca”, las lágrimas de la senadora del Partido del Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, la denuncia de la ruptura del orden constitucional y el aviso de que estábamos viniendo una dictadura. Así, Edmundo, desagradecido con la jueza electoral Otálora que lo había restituído en su cargo, con los miles de personas vestidas de rosa que respaldaron la prorroga ilegal en su cargo, se fue, se despidió, renunció. Sus razones fueron redactadas tan de última hora que hasta repitió palabra por palabra el discurso que sobre él había dado el consejero Lorenzo Córdova, aquellos memorables párrafos de que no se trataba de las persopnas sino de la “concepción del Estado mexicano”, aquellas en que un despido se convirtió prácticamente en un estado de excepción. En su conferencia de prensa, un reportero, Alfredo Flores, de Newsmexico, tomó la palabra y preguntó así:

—No tiene temor de una persecución porque vemos que Obrador a todos los que terminan una administración los persigue. Bueno, hoy en la mañana que el abogado de Cabeza de Vaca pues estaba denunciando a la gente del gobierno federal por esa persecución, ¿no la teme usted? Y eso me lleva a la siguiente pregunta. Usted ingresó aquí al INE cuando ya había pasado la elección de Calderón, dos o tres años después, pero vemos que Obrador se quedó atorado en el pasado. ¿Por qué lo odia tanto Obrador que hasta le inventa historias, bueno este señor de quién no inventa historias, y quiero un punto de vista sobre la elección de 2024, se ven actores muy calientes, como el narcotráfico y hoy en la mañana los senadores de Estados Unidos en la comparencia de Mallorcas volvieron a pedir una intervención en México y llamaron a Obrador mentiroso y que no colabora para combatir al narcotráfico , entonces estos actores que no están de acuerdo con Andrés Manuel y los que están a favor de él, ¿no estamos sembrando una guerra civil? Y es que es tan ingenioso Andrés Manuel que puede decir que no hay condiciones para hacer la elección del 24.

Sin miedo a contestar en programa de chismes del espectáculo, Edmundo Jacobo sólo respondió, entre risas:

—Ay, Alfredo. Te pareces a mi hermano. Tengo un hermano Alfredo.

Lo que no se dijo era lo que acababa de suceder en la Cámara de Diputados. Ahí, el contralor interno del propio INE, Jesús George Zamora, hablaba apenas media hora antes de la renuncia de Jacobo Molina, de las irregularidades detectadas en el gasto del instituto: que no se gastaron un 25 por ciento de lo que se les entregó y que, por ello, puede asumirse que se lo guardaron en sus fideicomisos, algo así como 8 mil millones en 14 años de la gestión de Jacobo; que se han erogado 138 mil millones de pesos de 2008 a 2022 en “estructuras con funciones duplicadas”; que cada año se gastan la mitad del presupuesto en los últimos tres meses del año para no regresarla a la Tesorería de la Federación; que no han comprobado 23 mil millones de pesos. Lo que acababa de suceder era esa comparecencia del auditor interno del INE que, además, denunció presiones tanto de Lorenzo Córdova como de Edmundo Jacobo que le han negado poder contratar actuarios y contadores forenses, para hacer su trabajo de controlar los gastos del INE.

Eso acababa de suceder, antes de que las preguntas sembradas para Edmundo Jacobo hablaran de persecución política y guerra civil en 2024 para no hacer las elecciones, una idea que ya había sido promovida por Amparo Casar Pérez, de Mexicanos contra la Corrupción, desde su trinchera liberataria en el canal público, Once. Casar había asegurado lo mismo: que, con el pretexto de la pandemia, AMLO iba a suspender el proceso electoral de 2021.

Así las cosas. La restitución ilegal de Edmundo Jacobo en su cargo que hizo una magistrada electoral Otálora diciendo que eran “derechos laborales”. La gira para pedir la intervención de los Estados Unidos de Córdova en Washington. La suspensión de la ley electoral hecha inconstitucionalmente por el magistrado Javier Lainez argumentando “derechos humanos”. Reventar la lista ya aprobada de aspirantes a consejeros del INE por parte de una de sus integrantes. Y, finalmente, la renuncia de Edmundo Jacobo en previsión de las irregularidades de miles de millones en el INE detectadas por el auditor interno. Todo indica que quienes asistieron a las marchas del “INE NoSeToca” han avalado con su presencia una cadena de irregularidades, agandalles, y deshonestidades de los servidores públicos en materia electoral. Hasta ahora, esa es la secuencia de hechos. Y nomás hay de piña.

Fabrizio Mejía Madrid

Es escritor y periodista. Colabora en La Jornada y Aristégui Noticias. Ha publicado más de 20 libros entre los que se encuentran las novelas Disparos en la oscuridad, El rencor, Tequila DF, Un hombre de confianza, Esa luz que nos deslumbra, Vida digital, y Hombre al agua que recibió en 2004 el Premio Antonin Artaud.