Plan D: la construcción de autonomías

Mario Patrón

El contundente triunfo electoral de Claudia Sheinbaum y su partido el pasado 2 de junio ha levantado alertas por las implicaciones que tendrá la presencia de una mayoría calificada en el Congreso a la vista del paquete de reformas constitucionales propuestas por López Obrador. El plan C, como el Presidente lo ha nombrado, contiene propuestas que, si bien tocan instituciones con grandes necesidades y, de hecho, plantea algunos cambios positivos, representa también amenazas a las garantías para el acceso a la justicia, la división de poderes y el fortalecimiento democrático que tanto necesita el país.

A reserva de lo que puedan decir los análisis más rigurosos que se elaboran estos días, el voto masivo a favor de Sheinbaum representa una aprobación generalizada al sexenio de López Obrador, incluyendo su plan C; sin embargo, a diferencia de este sexenio, Claudia arrancará su gestión con márgenes en más de un sentido más estrechos en términos políticos y económicos, por lo que tendrá que construir su propia forma de gobernar y deberá atender los grandes adeudos de la presente administración, especialmente en materia de derechos humanos.

El caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa junto con las más de 110 mil personas desaparecidas en el país; el necesario fortalecimiento de las comisiones de atención a víctimas y de búsqueda; el urgente giro en materia de energías sostenibles; la falta de congruencia entre el discurso de la 4T contra del extractivismo y el impulso que el gobierno que concluye ha dado a megaproyectos que perjudican los territorios; los deteriorados canales de diálogo con opositores y con la sociedad civil, entre muchos otros, serán agendas clave de cuya atención dependerá el establecimiento de condiciones de posibilidad para el éxito de una administración realmente comprometida con la justicia social y el fortalecimiento democrático.

Lo que México necesita no es un plan C, sino –si se me permite la expresión– un plan D, es decir, un proyecto de reformas que incorpore el diálogo abierto sobre los términos más pertinentes de los cambios, lo cual pasa por el establecimiento de un clima político que permita profundizar y discernir de manera plural las reformas propuestas para encaminar al país hacia la superación de las desigualdades sin comprometer el carácter democrático de nuestra institucionalidad; y para ello es urgente remontar el clima de polarización que ha caracterizado el reciente proceso electoral y su largo preámbulo. En este sentido, son signos alentadores las primeras intervenciones públicas de Claudia Sheinbaum, ya como presidenta electa, que parece anticipar una actitud de disposición al diálogo y mesura respecto del plan de reformas propuesto, lo cual queremos pensar que no es mera reacción al alto nerviosismo que ha dominado el sector financiero en los primeros días posteriores a las elecciones, que ha asomado tal vez como el único contrapeso a un poder dominante en un entorno de preocupante debilidad de buena parte de los actores de nuestro sistema político.

Es cierto que nuestra institucionalidad necesita reformarse, pero también es crucial discutir pública y abiertamente la dirección hacia la que tales cambios deben apuntar. El Poder Judicial necesita una reforma estructural, pero considero que las prioridades deben estar puestas en la transparencia de sus funciones, en el control a su función judicial a través de órganos externos, o en su blindaje ante la influencia de los partidos políticos y las amenazas del crimen organizado, que garanticen las condiciones de igualdad, autonomía e independencia de su trabajo. Los organismos autónomos necesitan ser repensados, sí, pero no en términos regresivos, sino en pos de una mejor regulación de su autonomía presupuestal, de gestión y de ejecución de sus labores, sin olvidar que los grandes responsables de la perversión de estos organismos han sido los propios partidos. Por su parte, la Guardia Nacional debería reformarse no en términos de profundizar la progresiva militarización que viene ocurriendo desde hace tres sexenios, sino hacia su armonización con una propuesta integral de paz que garantice su transparencia y rendición de cuentas, así como el control del uso de la fuerza.

En suma, el triunfo contundente de Sheinbaum en las urnas no deberá traducirse en la marginación de agendas transversales como la del ambiente o la de garantizar los derechos fundamentales. Sheinbaum se encuentra ante la oportunidad de aprovechar responsablemente la alta legitimidad con que llega al poder para dar continuidad a una transformación de la vida pública que al mismo tiempo afiance la democracia del país; mucho dependerá del atrevimiento que tenga para construir una forma propia de gobernar con apertura al diálogo con la diversidad de voces de la ciudadanía, con los partidos y grupos opositores, con la prensa, con la sociedad civil organizada, y sobre todo con las víctimas de la violencia.

Ojalá que, ante el revuelo mediático por el riesgo de que el Congreso apruebe el plan C sin modificar ni una coma, desde la antesala de la llegada del nuevo gobierno de Sheinbaum se privilegie el diálogo, como lo ha anunciado en sus recientes apariciones públicas, de modo que se construyan los cambios necesarios, incorporando las perspectivas de expertos en los contenidos de las reformas, para que se dé mejor respuesta a las grandes necesidades del país en acceso a la justicia, participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas, eficientización institucional y el fortalecimiento de autonomías que permitan el debate público previo a la toma de decisiones y el sano juego de pesos y contrapesos del que depende la buena salud de cualquier democracia.

Ayotzinapa a seis años

 Mario Patrón

El próximo sábado se conmemoran seis años de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, hecho que ha marcado un parteaguas en la historia reciente de México. Son seis años de búsqueda, de exigir justicia y verdad. Tiempo en el que se han desenterrado miles de cadáveres no identificados, y con ellos, se ha desvelado la realidad de la violencia y de las desapariciones en el país. Después de seis años que han visto el final y el comienzo de dos periodos de gobierno, ¿qué balance tenemos?

Durante los primeros cuatro años, la dignidad de los padres y madres de los 43 sobresale como la fuerza que sostuvo su resistencia y lucha ante el cúmulo de mentiras y el maltrato que les propinó el gobierno de Enrique Peña Nieto: desde el agravio que supuso la verdad histórica y todas y cada una de las irregularidades que se fueron acumulando en la investigación durante esos años, tales como detenciones arbitrarias, torturas y manipulación de evidencias.

Los dos años recientes han estado marcados por una relación sustancialmente distinta con el gobierno de la 4T, a partir de la declaración oficial de la llamada verdad histórica como una mentira. El propio Presidente ha afirmado que la única verdad es que no hay verdad aún en este caso, y ha asegurado que no se detendrá hasta dar con el paradero de los estudiantes. Se han revelado las ilegalidades de la investigación y se ha procedido, incluso, a la detención de algunos de los funcionarios corruptos que perpetraron los montajes que hasta la fecha han perpetuado la negación de la verdad y la justicia para las 43 familias.

Gracias a la legitimidad de la lucha de estas familias y a su digna resistencia, se ha logrado la edificación de un andamiaje jurídico-político que involucra a diversas instituciones públicas, que ha permitido analizar la desaparición con imparcialidad. Los padres de los 43 consiguieron que se creara una Comisión Presidencial para la Verdad y la Justicia, que implica la realización de reuniones mensuales en las que el propio Presidente de la República es quien informa los avances del caso y en las que frecuentemente comparecen también el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar y el fiscal general, Alejandro Gertz; es decir, setrata de un mecanismo político de primer nivel prácticamente sin precedentes. También, se rediseñó, dentro de la Fiscalía General de la República, una unidad de investigación con un fiscal autónomo dotado de recursos y capacidades técnicas. Asimismo, se concretó el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como un mecanismo de supervisión internacional en tiempo real.

A seis años de la desaparición de los 43, la principal novedad en este proceso se resume en las claras expresiones de voluntad política que el actual gobierno ha presentado ante los familiares. Sin embargo, tendríamos que preguntarnos si las acciones antes descritas se han traducido en un avance sustantivo que acerque a los padres a conocer el paradero de sus hijos. La respuesta, sin ninguna duda, es que el camino es aún insuficiente. Enuncio enseguida tres ejes en los que se requiere más profundidad.

Primero. No se ha esclarecido el entorno de macrocriminalidad que imperaba en Guerrero al momento de los hechos. Uno de los aportes del GIEI, en sus dos informes sobre el caso, estriba en afirmar que se trató de un operativo coordinado durante más de ocho horas, con recursos materiales y estrategia de operación en distintas regiones de Iguala y lugares aledaños. Esto sólo pudo suceder mediante una estructura criminal que amalgamaba al crimen organizado con los distintos niveles de gobierno. Es pertinente reiterar que, al hablar de macrocriminalidad, nos referimos a la criminalidad fortalecida desde el Estado, en la que instituciones públicas trabajan para los intereses del crimen organizado.

Segundo. La investigación ha probado la participación, tanto activa como de comisión por omisión, de integrantes de la policía estatal, la Policía Ministerial estatal, la Policía Federal y el propio Ejército. No obstante, hasta el momento, no se ha detenido a ningún elemento de estas corporaciones. Sin duda, es-tas detenciones podrían ser relevantes para obtener información sobre el paradero de los estudiantes.

Tercero. Un avance ciertamente muy significativo es la identificación genética de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre en un lugar distinto al basurero de Cocula. El hallazgo representa, en palabras del propio fiscal del caso, que la verdad histórica se ha derrumbado. Sin embargo, en términos del derecho a la verdad, es imprescindible que mediante un acervo probatorio se genere una nueva narrativa de lo que sí sucedió esa trágica noche. Si bien se ha fortalecido la hipótesis de que los estudiantes habrían sido separados en grupos que tomaron rumbo hacia distintas direcciones, aún no se cuenta con una narrativa que explique integralmente lo sucedido.

Es plausible que este gobierno no acuda a la construcción mentirosa de supuestas verdades; sin embargo, sólo reconstruyendo el modus operandi de los perpetradores, nos acercaremos al conocimiento del paradero final de todos los estudiantes.

Ayotzinapa representa una lucha histórica en nuestro país. Las 43 familias son expresión viva de la reserva de dignidad que sostiene a un México adolorido que grita su negativa a la impunidad gestada desde el poder del Estado. Para un país con cientos de miles de víctimas y familias destrozadas por la violencia, si un caso como Ayotzinapa se resuelve en verdad y justicia, devolverá la esperanza a miles de personas que durante años han esperado en vano la resolución de sus casos. Pero también, si Ayotzinapa se queda en una experiencia de mera voluntad política discursiva, significará que la agenda en pos de un efectivo estado de derecho ha sido derrotada una vez más por la impunidad.

El segundo Informe presidencial y los derechos humanos

Mario Patrón

A una semana del segundo Informe presidencial rendido por Andrés Manuel López Obrador el pasado primero de septiembre, es oportuno reflexionar sobre su contenido en el ámbito de los derechos humanos.

Uno de los pasajes más contundentes del mensaje del Presidente es la afirmación de que “ya no hay torturas, desapariciones, ni masacres. Se respetan los derechos humanos y se castiga al culpable (…) hay menos secuestros, feminicidios, y robos”.

Para corroborar la consistencia de dicha declaración con la realidad, es necesario ir a las cifras. En los primeros siete meses del año se han iniciado 25 mil 52 carpetas por homicidio en el país y 549 por feminicidio, en ambos delitos se registra un incremento en 17 entidades federativas. En el caso de los feminicidios, en el primer semestre de 2020 se registró un aumento de 9.2 por ciento con relación al primer semestre de 2019. Asimismo, al finalizar el año, se prevé una cifra cercana a 40 mil 863 asesinatos, lo que representaría un incremento en homicidios de 9.51 por ciento con relación al año anterior.

Por otra parte, hasta junio de 2020, el registro de personas desaparecidas ascendió a 73 mil 201, lo que supone un incremento de más de 11 mil respecto a las cifras registradas en enero pasado. No obstante, hay que anotar que este considerable aumento obedece en buena parte al subregistro que ha existido históricamente en el conteo de desapariciones y que se está procurando subsanar en los reportes recientes; recordemos que, antes de enero de este año, se calculaban sólo 40 mil desaparecidos. Desde el primero de enero hasta junio se tienen nuevos registros de 2 mil 394 personas que permanecen desaparecidas.

Con independencia de las cifras oficiales, que de suyo no concuerdan con la pauta discursiva presidencial, es pertinente mirar la realidad misma, que bien puede ejemplificarse con tres hechos concretos que dan cuenta de las dimensiones y complejidad de la problemática que actualmente vive la nación en materia de derechos fundamentales.

En recientes semanas, ha trascendido públicamente que, durante un operativo de la Guardia Nacional en Nuevo Laredo, Tamaulipas, un conjunto de militares, después de un enfrentamiento, incurrió en la ejecución arbitraria de civiles que ya no eran hostiles y que se encontraban bajo su disposición. El video publicado por El Universal, permite escuchar la voz de un integrante de las fuerzas armadas que en cierto momento advierte: “está vivo… mátalo”. Luego, ha trascendido que dos de las personas abatidas en el operativo se encontraban en cautiverio por parte del crimen organizado, por lo que no únicamente no eran elementos hostiles, sino víctimas de un delito que debían ser rescatadas.

Una investigación del diario El País, revela que entre 2013 y 2019, diversas instancias del Ejército mexicano pagaron 2 mil 371 millones de pesos a 250 compañías que posteriormente fueron declaradas por el SAT como fantasma. La Sedena participó en un plan de modernización de las aduanas más importantes del país, y fue en ese contexto de uso de las fuerzas armadas en tareas de infraestructura en el que se produjo la presunta trama de corrupción.

El viernes 4 de septiembre, mujeres víctimas de violencia, que integran el Frente Ni una Más tomaron, las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el centro de la Ciudad de México. Su reclamo fundamental es la ausencia de respuestas para que sus casos de desaparición y de violencia contra diversas mujeres alcancen verdad y justicia y que, finalmente, puedan conocer el paradero de sus desaparecidos.

Si bien el principal reclamo es la ausencia de respuestas de la CNDH, es preciso entender que su protesta se dirige hacia el Estado mexicano en su conjunto, pues sus denuncias no han sido atendidas por los gobiernos locales, ni por el gobierno federal; ni por las instituciones de procuración de justicia, como tampoco por las instancias de atención a víctimas, como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, entre otras.

Estas tres historias, son sólo una muestra del mosaico más amplio de la sombría realidad que vive México en materia de derechos humanos. En las dos primeras, hablamos de hechos atribuidos a las fuerzas armadas, que hoy por hoy son el actor principal por el que ha apostado el gobierno de la Cuarta Transformación para pacificar a la nación, entregándoles la seguridad pública, pero también concediéndoles funciones que exceden a su mandato tradicional, como la construcción de infraestructura, la administración de las aduanas y puertos y la implementación de la seguridad migratoria, entre otras.

En tanto que, en la última historia, nos referimos al órgano garante de los derechos humanos a escala nacional, que hoy paradójicamente es acusado por las propias víctimas de violentar sus derechos.

La afirmación presidencial, pues, no se sostiene. Una cosa es que el Presidente no ordene actos de abuso de poder, y otra que las instituciones del Estado mexicano respeten los derechos fundamentales, de lo cual, lamentablemente, estamos aún muy lejos.

Cleptocracia y clase política

Mario Patrón

En las pasadas dos semanas hemos vivido bajo una suerte de avalancha informativa que ha concentrado la agenda de debate público en torno del tema de la corrupción. El escándalo desatado a raíz de la publicación de los videos filtrados recientemente en el contexto de la investigación a Emilio Lozoya Austin, así como los que vinculan directamente a la familia del presidente Andrés Manuel López Obrador, parecen ser sólo el preámbulo de una batalla política que hoy por hoy se dirime menos en los tribunales que en los terrenos del escarnio público.

Lamentablemente, los actuales videoescándalos se inscriben en una especie de nueva tradición de la política mexicana, pues al menos desde 2004 con el caso de René Bejarano y Carlos Ahumada, los videos se han vuelto una de los principales instrumentos de exhibición de la corrupción. En las pasadas dos décadas, todos los partidos políticos han sido señalados en el tribunal mediático de recibir o usar dinero para fines vinculados con la conquista o conservación del poder.

Cleptocracia es el término que define al sistema de gobierno que se basa en el enriquecimiento propio a costa del presupuesto público. Y hoy, en buena parte del mundo, a decir de académicos como Gabriel Boragina en su obra Acerca del poder, vivimos en una suerte de Estado delictivo, en el que el poder político encuentra una de sus máximas expresiones en el literal robo de capital al amparo de la permisividad de la corrupción y la impunidad institucionalizadas.

¿Por qué roban los políticos?, ¿será que la corrupción es necesaria en nuestro sistema político? Estas son preguntas que todo ciudadano se ha hecho alguna vez ante la alta frecuencia de este tipo de escándalos. Esas dos y algunas otras son también las interrogantes que numerosos especialistas vienen formulándose desde mediados del siglo pasado cuando la corrupción empezó a ser identificada por la academia como una de las principales amenazas al Estado republicano moderno.

De manera esquemática, es posible resumir en dos grandes enfoques las explicaciones de la corrupción y sus causas, elaboradas por los estudiosos del tema. El primer enfoque privilegia las causas culturales como matriz de la corrupción. Sus principales expositores suelen ser antropólogos que están convencidos de que la corrupción no es exclusiva de las estructuras de poder, sino que está presente de ordinario en toda la estructura social.

El riesgo de este enfoque –que, por cierto, muchos políticos en nuestra nación han dado por bueno– es incurrir en una homogenización ahistórica de la corrupción; es decir, en un mecanismo de convalidación de la corrupción como una constante fatal de todo entramado social cuya profundidad o nivel de arraigo depende de ciertos matices más o menos presentes en ciertas culturas, lo que puede llevarnos fácilmente a perspectivas deterministas y supremacistas. Asimismo, es una interpretación que entraña el alto riesgo de la despolitización, pues no asocia la corrupción directamente con abusos de poder y con su práctica sistemática entre las clases oligárquicas, sino que la presenta como un mecanismo de convivencia social cotidiano, como si se tratase de una nota característica del ADN colectivo, cuando en realidad es una problemática que encuentra su principal y mayor incidencia entre la clase política.

Por otro lado, encontramos el enfoque llamado sistémico o institucional, cuyos principales expositores suelen ser científicos sociales que identifican la génesis de la corrupción dentro de las estructuras institucionales del Estado. De acuerdo con esta perspectiva, la corrupción obedece a una racionalidad del sistema, no es un asunto de prácticas culturales normalizadas, sino una estructura de poder dominante que ha encontrado funcionalidad en los abusos de poder y la compra de intereses, con lo cual se ha convertido a la corrupción en el pase de entrada para integrarse a la clase política.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Inegi, 88.8 por ciento de los mexicanos considera que las prácticas de corrupción son frecuentes o muy frecuentes en sus entidades. Por otra parte, el proyecto de investigación Costos de la Impunidad, dirigido por el Iteso y coordinado por Alejandro Anaya en 2017, reveló que la corrupción costó al país más de 7 mil 218 millones de pesos. Monto al que debe sumarse –agregan sus autores– sobornos, cuotas y derechos de piso que pagamos los ciudadanos día a día, así como los gastos que realizamos para cubrir necesidades insatisfechas por el Estado, como la seguridad. La impunidad y la corrupción en la nación nos cuestan, pues, muy caras.

La actualidad noticiosa mexicana nos obliga a decir, una vez más, que mientras los actos de corrupción no sean judicializados mediante maxiprocesos que desentrañen y evidencien las redes cleptocráticas activas entre la clase política, pero también las redes ilícitas de poder tanto público como privado que se entretejen mutuamente, seguiremos siendo espectadores de nuevos videoescándalos usados como burda estrategia electoral sin mayor propósito que el golpeteo político.

No es suficiente el llamado presidencial por la honestidad y la renovación moral, es necesario e imperativo ir más allá y cortar los incentivos de la cleptocracia como sistema, lo cual pasa inevitablemente por cerrar la llave de la impunidad.

Así pues, de vuelta a nuestra pregunta: ¿Por qué roban los políticos?, en buena medida porque lo hacen y no pasa nada, porque viven y actúan en el seno de un sistema que lo permite.

Justicia y política

Mario Patrón

El escenario político latinoamericano se cimbró la semana pasada con el arresto domiciliario de Álvaro Uribe Vélez, ex presidente de Colombia, ordenado por la Corte Suprema de ese país. En América Latina, las detenciones, los procesos penales y la justicia no son necesariamente elementos concatenados que reflejen la vigencia de un estado de derecho en nuestras jóvenes y frágiles democracias.

Si existe una constante en los sistemas judiciales de nuestra región ésta es la impunidad. Óscar Arnulfo Romero, obispo salvadoreño, decía abiertamente que la justicia era como las serpientes: sólo mordía a los descalzos. La metáfora describe una de las debilidades estructurales de los sistemas jurídicos, que es su selectividad, la cual permite que sean las personas menos favorecidas quienes mayoritariamente sean procesadas, mientras que los integrantes de grupos económicamente acomodados o de la clase política eluden o reciben un trato preferente de las instancias de investigación o enjuiciamiento.

Adicionalmente, a pesar de los procesos de transformación, de los rediseños institucionales, de los esfuerzos por profesionalizar y ensanchar sus márgenes de autonomía llevados a cabo en años recientes, muchas fiscalías y policías de la región mantienen prácticas arraigadas en una cultura institucional añeja y poco funcional para la investigación de los delitos. De esta forma, la selectividad y la incapacidad de investigación se han perpetuado y hacen mirar con reserva la lucha contra la impunidad. A estos factores, hay que añadir la politización de la justicia, pues seguimos viendo frecuentemente cómo fiscalías o instancias judiciales tuercen su mandato y funciones para actuar ilegítimamente y así favorecer el interés de los poderes políticos o económicos.

Ante tales antecedentes, sería deseable que el proceso de Álvaro Uribe siente un precedente significativo para América Latina, pues no se trata de una figura política en declive, sino de la cabeza de la fuerza política que gobierna actualmente en la persona del presidente Iván Duque y es también uno de los liderazgos políticos más populares en Colombia. Por eso resalta que la Corte Suprema, en plena expresión de su independencia como poder autónomo, acuse a un actor político preponderante que cuenta con todo el respaldo del Poder Ejecutivo de dicha nación, lo cual constituye una expresión excepcional y nítida de la despolitización de la justicia.

Este caso significa también un mensaje relevante en términos de la agenda de los derechos fundamentales, en la medida que el ex presidente Uribe Vélez es conocido por haber implementado, entre 2002 y 2010, una política de seguridad democrática basada en una estrategia de contrainsurgencia instrumentada por el paramilitarismo, que produjo numerosas violaciones graves de derechos humanos en el contexto del conflicto armado: ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos; así como la denominada parapolítica, que vinculó a alcaldes, gobernadores y congresistas con grupos paramilitares, que favorecieron el control territorial para impulsar a actores políticos en cargos y puestos de representación.

Colombia representa en muchos sentidos un punto de referencia y una experiencia comparada válida para México. Ello no significa simplificar o pretender derivar fórmulas de inmediata aplicación, sin embargo, hoy en México el panorama de la justicia está lleno de interrogantes. El caso Lozoya es un proceso que ha sido mediatizado por el Poder Ejecutivo, con lo cual se corre el riesgo de incurrir, como tantas veces ocurrió en el pasado, en el uso de la justicia para fines políticos. Mientras que, por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene en sus manos un conjunto amplio de amparos, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales presentadas respecto de buena parte del marco jurídico que ha sido transformado por el actual gobierno de la 4T.

Estamos hablando de casi la totalidad del paquete de reformas constitucionales impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que están actualmente en revisión judicial y cuya constitucionalidad o inconstitucionalidad deberá determinar la SCJN: múltiples leyes de carácter federal como la de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la Orgánica de la Administración Pública, la Ley de Austeridad Republicana, la Ley de Seguridad Nacional y la Ley de la Guardia Nacional, entre otras, están hoy sujetas a la revisión del Poder Judicial federal; sin dejar de lado, que se estima existen más de 5 mil amparos interpuestos contra los megaproyectos e iniciativas impulsadas en lo que va de este sexenio, como el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, la cancelación de las estancias infantiles, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y la refinería de Dos Bocas, por citar los más notorios.

Mutatis mutandis, la SCJN y el Poder Judicial federal mexicanos en su conjunto, están en una coyuntura equiparable al caso colombiano referido al principio; están llamadas a jugar un papel histórico en este momento de redefinición del país, pues por sus manos pasa la definición del marco jurídico, de los proyectos de inversión económica y de los procesos contra la corrupción que hasta ahora han representado la principal reivindicación del actual gobierno de la República. El ejemplo que hoy vemos en Colombia, sería deseable se replicara en la estructura judicial mexicana: separar la justicia de la política.

Estado democrático de derecho: nuevo examen

Mario Patrón

En recientes semanas, la agenda de discusión pública ha estado protagonizada por temas judiciales. Entre ellos, sobresalen la extradición de Emilio Lozoya, la detención en Estados Unidos del ex gobernador César Duarte y el seguimiento al proceso de extradición de Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal, prófugo de la justicia, a quien se le ubica en Canadá, y uno de los principales autores de la llamada verdad histórica sobre el caso Ayotzinapa, cuyo derrumbe se ha confirmado en semanas recientes.

Estos casos están precedidos por hechos que ahora es pertinente traer a cuento, como el encarcelamiento de la ex secretaria de Estado, Rosario Robles; la renuncia del ex ministro de la SCJN, Eduardo Medina Mora; la orden de captura contra el general Eduardo León Trauwitz, quien fuera jefe de escoltas de Enrique Peña Nieto (EPN) cuando éste era gobernador del estado de México, y nombrado subdirector de Salvaguarda Estratégica de Pemex cuando EPN ocupó la Presidencia de México, cargo –por cierto– que incluía la responsabilidad de vigilar la red de ductos y combatir la ordeña de combustibles.

Bien es sabido que una de las banderas políticas más emblemáticas de Andrés Manuel López Obrador, tanto en campaña como en el ejercicio de gobierno, ha sido la lucha contra la corrupción. Si bien el Presidente ha incurrido en excesos en esta narrativa, pues de pronto pareciera que toda acción de gobierno se justifica bajo el paraguas anticorrupción, hay que reconocer que los anteriores y otros casos del orden penal vinculados con personajes importantes del gobierno de EPN, podrían convertirse en un verdadero punto de inflexión en la agenda del estado democrático de derecho de nuestro país.

Si acudimos a experiencias comparadas, particularmente en Latinoamérica, Perú podría ser el caso más significativo en dicho ámbito. Las investigaciones de corrupción ligadas a la constructora brasileña Odebrecht han provocado encarcelamientos, acusaciones y abdicaciones de personajes que ocuparon puestos importantes en los gabinetes de los últimos cuatro presidentes que gobernaron Perú (Toledo, 2001-2006, García 2006-2011, Humala 2011-2016 y Kuczynski 2016-2018).

Todo estado democrático de derecho sustenta su correcto funcionamiento y legitimidad en la consolidación de sistemas judiciales que garanticen el acceso a la justicia. La corrupción entendida como la captura de las instituciones del Estado para intereses privados, en México ha pervivido gracias a la impunidad, no sólo porque las propias cifras oficiales reconocen que 99 por ciento de los delitos denunciados no se investigan, sino porque uno de los grandes incentivos para violar la ley, radica en que no hay consecuencias.

Las narrativas oficiales en la materia son eficaces, siempre y cuando vayan acompañadas de la formalización de procesos de justicia y de verdad. Los múltiples llamados del presidente López Obrador para estar atentos del caso Lozoya, dan cuenta de un claro propósito de mediatización de dicha causa. En otros sexenios ya hemos conocido la práctica de detener a denominados peces gordos en el arranque de las nuevas administraciones como emblema de un ajuste de cuentas con el pasado; sirvan para ejemplificar, el llamado quinazo; la detención del hermano incómodo, Raúl Salinas de Gortari, y el encarcelamiento de la profesora Elba Esther Gordillo. Al pasar el tiempo, de esos y otros casos similares nada realmente trascendente surgió, ni en términos de justicia, ni de fortalecimiento de la agenda democrática de derecho. Hoy nos encontramos ante la oportunidad de presentar de nueva cuenta ese examen que reiteradamente hemos aplazado.

Para consumar una auténtica transformación, México requiere contar con una política nacional anticorrupción; ello pasa, en efecto, por combatir los delitos que son consecuencia de la corrupción, pero también es necesario profundizar sobre sus causas, para diseñar e implantar medidas, políticas públicas y programas de gobierno que eviten que se perpetúen, con otros partidos y otros funcionarios públicos.

Esto no sucederá sólo con el llamado permanente del Presidente a la honestidad; es imprescindible una política que reduzca el incentivo de que violar la ley es rentable. La corrupción, como fenómeno, prospera y se reproduce cuando los entornos son oscuros, cuando la discrecionalidad es rampante y sólo unos cuantos tienen el monopolio de las decisiones públicas. Por ello hemos de repetir una vez más que la amplia participación social en la vida pública y la mayor transparencia y rendición de cuentas, pueden ser grandes antídotos contra la corrupción.

En esta clave, los procesos de justicia pueden ser eficaces catalizadores de transformaciones profundas en la medida en que se conozca la verdad, lo cual supone develar los pactos, estructuras y prácticas de poder que permiten la captura del Estado para fines privados. Sólo así podremos decir que estamos ante la posibilidad de construir una política nacional que combata la corrupción desde sus causas, pero que también cancele su vía de salida, la impunidad.

En el escenario actual, dicha lógica nos obliga a subrayar que no debemos perder de vista y pasar de largo sin más sobre el hecho de que, tanto los detenidos como los prófugos de la justicia –Lozoya, Zerón, Duarte, Robles, Trauwitz–, ocuparon cargos públicos de primer nivel, que implicaban no sólo una relación institucional directa y estrecha con EPN, sino también una cercanía personal del ex presidente con cada uno de ellos; relación que no debiera quedar fuera del foco de la acción de la justicia.

Ayotzinapa: el corazón de la corrupción

La Jornada

Ayotzinapa: el corazón de la corrupción

Mario Patrón

Christian Alfonso Rodríguez Telumbre tenía 19 años cuando fue desaparecido junto a sus 42 compañeros de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. El pasado 7 de julio, la Fiscalía General de la República confirmó el hallazgo de restos de él.

Su deseo era estudiar veterinaria, pero su complicada situación económica lo llevó a estudiar en la normal rural. Era apasionado de la danza folclórica. Sus padres, Clemente Rodríguez y Luz María Telumbre, han sido voces fundamentales junto con el resto de madres y padres de los normalistas, encabezando uno de los más emblemáticos movimientos de búsqueda de verdad y de justicia en la historia del país.

La identificación representa una grieta más a la insostenibleverdad históricacon la que el gobierno anterior pretendía cerrar el caso. Enrique Peña Nieto, tuvo la oportunidad de que Ayotzinapa fuera un punto de no retorno para el país en materia de justicia; pero ello significaba tener la voluntad política de investigar y luego develar los andamiajes del México profundo de la corrupción, en el que las fronteras entre el crimen organizado y las instituciones públicas se diluyeron en favor de una dinámica macrocriminal.

En efecto, la tragedia de Ayotzinapa tiene su máxima expresión en la desaparición forzada de 43 jóvenes, pero sólo es explicable en función de las estructuras de corrupción que aquella noche del 26 de septiembre llevaron a operar a las instituciones del Estado para los intereses del crimen organizado y no para el cuidado de la ciudadanía.

En estos términos, la única virtud que de esta tragedia podría extraerse sería develar el México de la institucionalidad podrida que se condensa en el casoAyotzinapa. Ya sabemos la historia: se construyó una llamadaverdad históricaque, sin asidero científico y probatorio, ha ido cayendo paso a paso. Se generó un andamiaje de doble impunidad: la de las autoridades estatales y federales que participaron en la desaparición y la de las autoridades que fabricaron el infame montaje de la talverdad histórica.

Vale la penar rememorar algunas de las revelaciones y momentos que durante casi seis años han desmontado la supuestaverdadque se dio a los padres y madres de Ayotzinapa como explicación única de lo ocurrido aquel 26-27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Primero, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) concluyó, sobre bases científicas, en sus informes I y II, la imposibilidad de que en el basurero de Cocula se hubiera llevado a cabo un incendio de magnitud tal que hiciese posible incinerar 43 cuerpos. Además, evidenció los déficits de la investigación de la PGR como el que implicaba el uso de distintos teléfonos celulares de los estudiantes tiempo después de la hora de su supuesta muerte.

Segundo, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) presentó un dictamen multidisciplinario sobre el basurero de Cocula. En él concluyó que la evidencia física sobre éste no era consistente con el daño esperado por causa de la incineración de 43 cuerpos en la zona de la retícula principal. En esa misma línea argumentativa, el EAAF dejó cla-ro que las declaraciones de los inculpados, que supuestamenteconfesaronla versión del basurero, no eran consistentes con la evidencia sobre el incendio.

Tercero, la entonces Visitaduría General de la PGR –hoy Fiscalía Especializada de Asuntos Internos– realizó un proyecto de resolución en el que, a partir de las revelaciones del GIEI concluía que diversos funcionarios –entre ellos el ex director de la Agencia de Investigación Criminal– habían cometido serias irregularidades con trascendencia en conductas delictivas, como detenciones arbitrarias, traslado irregular de detenidos a supuestas escenas del crimen e incluso tortura.

Cuarto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos concluyó en su informe Doble Injusticia que, al menos, 34 personas presuntamente implicadas en los hechos fueron torturadas por distintas autoridades. El argumento medular de la ONU radica en que la tortura niega la verdad, pues las personasconfesasdeclaran lo que quiere escuchar su torturador, y no la realidad de lo sucedido.

Quinto, la sentencia del primer tribunal colegiado de circuito con sede en Tamaulipas que en mayo de 2018 ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, tras concluir que no hubo una investigación seria, imparcial y efectiva por parte de la PGR que garantizara la verdad de lo sucedido. Más aún, el tribunal advirtió el uso sistemático de la tortura para montar la versión oficial. Por ello, hasta el pasado 30 de junio, el Poder Judicial ha liberado a 77 de los supuestos implicados en laverdad histórica, entre ellos, los seis jóvenes que en teoría habrían confesado incinerar a los estudiantes.

A toda esta cadena de tropiezos de ladenominadaverdad histórica, se añade la identificación de restos de Christian Rodríguez en un lugar distinto del basurero de Cocula y la reciente filtración de un video en el que Tomás Zerón, quien fuera titular de la Agencia de Investigación Criminal en el sexenio anterior, tortura a uno de los inculpados por las desapariciones.

Desde el día uno de su gobierno, en el entorno de la emisión del decreto que creó la Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa, tanto el presidente López Obrador, como el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, quien encabeza dicha comisión, han sido enfáticos en afirmar que la única verdad es que no hay verdad en el caso. Asimismo, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, y Omar Gómez, fiscal del caso, expresaron hace unos días que se cayó laverdad históricay se rompieron los pactos de impunidad.

Los hallazgos científicos sobre Christian y la solicitud de nuevas órdenes de aprehensión significan la oportunidad de un verdadero punto de no retorno que permita saber el paradero de los estudiantes, pero también desmontar y procesar en justicia a todos los involucrados en el andamiaje de corrupción que hizo posible que sucediera la tragedia de los 43 y la posterior construcción de un montaje que se pretendió hacer pasar por verdad.

Defender los bosques es defender la vida

La Jornada

Mario Patrón

El pasado 27 de junio lamentamos el fallecimiento de Albertano Peñaloza Domínguez, quien fue uno de los campesinos organizados desde hace más de 20 años para defender sus bosques y ríos desde la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP). Su resistencia fue pionera; por primera vez en nuestro país, un grupo de campesinos se autoidentificaba como ecologista. Su legado ha sido recogido por las diversas causas ecológicas y campesinas que hoy continúan defendiendo el territorio y la madre tierra ante viejas y nuevas amenazas que atentan contra nuestros bosques, mantos acuíferos y contra los propios defensores de los territorios indígenas y campesinos.

Esta historia inicia en 1995, cuando la empresa estadunidense Boise Cascade llegó a los territorios de la Sierra de Petatlán, Guerrero, por la vía de una concesión gubernamental para explotar los bosques. Tan sólo entre 1992 y 2000, se perdieron 86 mil hectáreas de bosque en esa zona, lo que representó la destrucción de 38 por ciento del bosque por la tala excesiva e ilegal, que ocasionó la desertificación y erosión de las tierras y la disminución del caudal de los ríos y del periodo de lluvias, con lo cual se ha visto seriamente afectada la soberanía alimentaria de sus pobladores.

Muchos campesinos, entre los que destacan Felipe Arriaga, Rodolfo Montiel, Teodoro Cabrera y Albertano Peñaloza, se organizaron para impedir la entrada de taladores a los bosques. Denunciaban no sólo la tala indiscriminada, sino también la estrategia de cambio de uso de suelo para posibilitar la siembra de enervantes.

Los campesinos ecologistas lograron que la empresa estadunidense se retirara; sin embargo, la respuesta a su activismo fue la represión. Mientras su lucha a escala internacional era reconocida, en México fueron perseguidos, encarcelados, e incluso, víctimas de atentados.

Los integrantes de la OCESP recibieron en febrero de 2001 el mayor reconocimiento a la defensa del medio ambiente, el Premio Chico Mendes, conocido como el Nobel en ecología, que es otorgado por la organización internacional Sierra Club. Previamente –en abril de 2000– habían sido designados ganadores del Premio Medioambiental Goldman, entregado por la organización ecologista The Goldman Foundation.

La lucha de la OCESP llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo que en 2010 condenó al estado mexicano por actos de persecución, criminalización y tortura en contra de sus integrantes. El 2 de mayo de 1999 Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera fueron detenidos por militares, sin orden judicial y bajo pruebas fabricadas; los torturaron durante cinco días con el objetivo de desacreditar el movimiento ambiental vinculándolo con la guerrilla.

Felipe Arriaga fue también detenido arbitrariamente y encarcelado durante 10 meses, inculpado por un delito fabricado. Los tres ecologistas fueron declarados presos de conciencia por Amnistía Internacional. Estaba claro que la única causa de sus respectivos encarcelamientos fue su lucha por preservar el medio ambiente.

Sin embargo, en el momento que Albertano Peñaloza comparecía en el juicio de Felipe Arriaga para dar fe de su inocencia, su familia fue víctima de un cruento atentado en el que fallecieron sus hijos Armado y Abatuel. La camioneta donde viajaban recibió 89 impactos de bala.

Desde finales del siglo pasado, el movimiento de los ecologistas nos ha permitido advertir las pautas del desgarramiento del tejido social que con el paso del tiempo se ha acentuado dramáticamente en México. Cuatro ejes de reflexión resultan fundamentales para entender la realidad de hoy y para valorar la importancia de su lucha: 1. Llevamos décadas mercantilizando los bienes naturales, alentados por un sistema hegemónico que entiende la casa común como un producto del mercado que es susceptible de apropiarse con fines privados; 2. Desde hace dos décadas era posible advertir cómo, en numerosos territorios del país, se urdían alianzas corruptas en las que participan el poder económico, el político y el armado. En Guerrero, por ejemplo, la suma de una empresa estadunidense en contubernio con el gobierno estatal de Rubén Figueroa Alcocer y la Semarnat, más la operación de caciques locales con poder armado, son el antecedente de lo que hoy vemos como estructuras macrocriminales en las que el crimen organizado copta a las instituciones públicas; 3. Hoy podemos advertir con claridad la magnitud y consecuencias del proceso de sustitución de cultivos y cambio de uso de suelo para la siembra de enervantes en regiones pobres que se convirtió en una constante en nuestro país, y 4. Las dimensiones del desplazamiento forzado que han sufrido numerosas familias perseguidas por su activismo ambiental, al grado que hoy se calcula que tenemos más de 300 mil familias desplazadas a causa de la violencia en nuestra nación.

La agenda que hace más de dos décadas reivindicaron los campesinos ecologistas, no ha hecho más que aumentar su urgente vigencia en nuestros días. De acuerdo con datos del Inegi, México tiene una tasa de deforestación de 478.92 mil hectáreas por año, lo cual lo coloca en el quinto país con mayor deforestación en el mundo.

En palabras de don Albertano,defender los bosques es defender la vida; no habrá mejor manera de honrar su historia que continuar su esfuerzo pionero de defensa y protección de nuestra casa común.

Policías y democracia

Mario Patrón

La policía es reconocida por el pensamiento republicano como un elemento clave para el funcionamiento del sistema democrático. Sin embargo, esta idea se ha visto fuertemente contrastada en semanas recientes por las manifestaciones ocurridas en Minneapolis tras la ejecución de George Floyd, víctima de brutalidad policial; así como las ocurridas en Jalisco y otras entidades de México por casos similares, la policía ha vuelto a evidenciarse como una de las instituciones más cuestionadas ante la opinión pública.

Como efecto dominó, lo sucedido en el país vecino provocó una ola de exigencias ante los casos suscitados en nuestro país, en particular el de Giovanni López, que se convirtió en el más emblemático y detonó fuertes protestas en Guadalajara. La política de cero tolerancia decretada en Jalisco como medida preventiva ante la expansión del Covid-19 motivó la detención arbitraria de Giovanni y su posterior muerte, pero tanto el gobernador de dicha entidad, Enrique Alfaro, como el fiscal de Jalisco, se deslindaron de los hechos al aceptar públicamente que la policía obedeció otras órdenes que no correspondían con las que el Ejecutivo había mandado.Alfaro incluso terminó señalando que en Jalisco le quisieron construir un Ayot-zinapa. Curioso, pues también ahí las fuerzas policiales respondieron a otras órdenes, tal como el primer informe del Grupo de Expertos (GIEI) lo expresa al enmarcar un contexto de macrocriminalidad en el que las instituciones de los distintos niveles de gobierno están corrompidas por vínculos con el crimen organizado.

El largo historial de abusos policiales y militares marcado en los años pasados por los casos de Atenco, el 1DMX, Ayot-zinapa, Tlatlaya y San Fernando, entre otros, se ha visto agravado por los casos recientes. Al de Giovanni en Ixtlahuacán se le suma el de Oliver López, ejecutado en Tijuana por un policía, quien, recargándose sobre su cuello, lo asfixió. Al de Alexander Gómez, quien fue asesinado mientras caminaba por la calle por disparos ejecutados sin justificación alguna por un policía. Diego Luna Paz, en Oaxaca, fue detenido junto a su hermano Juan Jaciel de manera arbitraria y asesinado después de que los policías los dejaran con un grupo de personas que los golpeó y arrojó por una barranca ante la vista de la policía. Carlos Navarro fue detenido arbitrariamente en Veracruz y declarado muerto por infarto horas después, a pesar de que su cuerpo mostraba marcas de una severa violencia física. Melanie, en la Ciudad de México, fue golpeada por policías durante una de las manifestaciones de protesta contra la violencia policiaca. Todos estos casos han ocurrido entre mayo y junio del presente año.

Pero los hechos, desafortunadamente, no acaban ahí. De acuerdo con el Inegi, en su Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 67.9 por ciento de la población considera que las instituciones son corruptas. Entre 2001 y 2017 la CNDH acumuló 13 mil 262 quejas por detenciones arbitrarias; este 2020, tan sólo entre el primero y el 5 de junio recibió 21 quejas en el mismo rubro. En Jalisco, la Comisión Estatal de Derechos Humanos reveló que en 13 por ciento de los registros de sanciones por no cumplir con las medidas preventivas sanitarias, se produjeron actuaciones desmesuradas por parte de la policía. Por su parte, la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca tiene documentadas dos muertes más en centros de detención municipal, y suma 120 quejas interpuestas por actuaciones de la policía en el transcurso del año.

Más preocupante resulta la situación si insertamos la presente crisis de las fuerzas policiales en la coyuntura de la militarización del combate a la criminalidad. A pesar de que el artículo 21 constitucional refiere que la seguridad pública descansará en instituciones civiles, la Ley de Seguridad Interior, la Guardia Nacional, y el reciente decreto que permite a las fuerzas armadas hacerse cargo de la seguridad, son muestra clara de que, por lo menos en los pasados tres sexenios, se ha apostado por el Ejército y la Marina y no por el fortalecimiento y democratización de las instituciones civiles de seguridad.

En semanas recientes hemos sido testigos de distintas muestras de descomposición policial, que se retratan en dos extremos. Uno el de la macrocriminalidad, que se expresa por la infiltración de las corporaciones policiacas que acaban respondiendo al crimen organizado, y, otro, la inoperancia total, por la cual gobiernos como el de la Ciudad de México y Veracruz han decidido no movilizar a su policía frente a manifestaciones violentas, por aceptar que no tienen la capacidad de intervenir mediante protocolos y estrategias basadas en el uso legítimo y gradual de la fuerza, así como en tácticas de intervención para el control democrático de multitudes.

Robert Varenik, experto en accountability policial refiere que la capacitación de las policías es una respuesta necesaria, pero insuficiente para garantizar su correcto ejercicio. Para el autor, la responsabilización policiaca tendrá que construirse a partir de una serie de modificaciones estructurales que doten de suficiente supervisión externa e interna al quehacer de la policía, así como un ejercicio constante de rendición de cuentas, de manera que la evaluación y publicitación de sus labores sea una práctica que mejore su servicio en el cuidado y preservación del orden.

Los hechos recientes subrayan la evidencia de que la agenda del estado de derecho pasa insoslayablemente por la democratización de las policías. Como ya se ha dicho, el modelo de seguridad asumido por los gobiernos anteriores y el actual ha puesto el énfasis en fortalecer a las fuerzas armadas en detrimento de las policías. El saldo de dicha estrategia es patente: después de 13 años de esta apuesta, nuestro país no sólo sigue sumido en la violencia sino que, además, nos ha dejado cuerpos policiacos debilitados y corruptos en un alto grado.

Derechos humanos y la nueva normalidad

Mario Patrón

Las medidas de confinamiento han representado nuevos riesgos y discusiones dentro de la agenda pública, y al mismo tiempo la continuidad en muchas otras problemáticas. La agenda de derechos humanos se vio complejizada a escala global ante el falso debate entre salud pública o libertad, mientras que muchas poblaciones vulnerables continúan sufriendo violaciones en las áreas de seguridad, género, migración, así como en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Sabemos, pues, que no habrá un pleno retorno a la normalidad mientras no exista una vacuna contra el virus o hasta que se alcance la inmunidad de rebaño. Es así que el pasado lunes, y a pesar de que la tasa de nuevos casos no ha descendido notablemente, dio inicio la nueva normalidad que implica un paulatino arranque de las actividades económicas según la situación particular de cada región medida a través del semáforo epidemiológico. Ciertamente, la medida obedece más a la vulnerabilidad económica de buena parte de la población que a la urgencia sanitaria, pero ello no nos exime de preguntarnos ¿cuál será la agenda de derechos humanos en esta nueva normalidad?

Desde el inicio de la contingencia a escala mundial, un sinfín de pensadores políticos habían alertado ya sobre los distintos ajustes que los gobiernos implementaron en nombre de la salud pública y en detrimento de la privacidad y las libertades civiles; así como sobre los riesgos colaterales que dichas políticas trajeron aparejados, tales como la presencia y regulación violenta del libre tránsito mediante el uso de la fuerza policiaca, el aumento de la violencia, especialmente la violencia de género dentro de los hogares, o las conductas discriminatorias contra servidores del área de la salud, entre otros.

En este retorno a la normalidad, habrá que tomar en cuenta lo dicho por Naomi Klein en 2007 en su Doctrina del shock, donde se advierte el riesgo de normalizar y legitimar medidas autoritarias que, en su origen, sólo son implementadas para los tiempos de crisis, pero terminan reproduciéndose después de las crisis en condiciones de normalidad.

Más recientemente, autores como Giorgio Agamben, Alain Badiou y Byung-Chul Han, entre muchos otros, han advertido sobre las crecientes medidas de control biopolítico y autoritario implementadas durante la pandemia, que van en detrimento de los derechos y las libertades y que han justificado fuertes sanciones a quienes no acatan las medidas preventivas, con lo cual se ha normalizado un factual estado de excepción. Entiéndase en este contexto por biopolítica aquellas medidas que sobre-regulan la vida en su dimensión biológica, corporal y médica, y por estado de excepción, aquellas situaciones de crisis donde los estados suspenden derechos para preservar el orden. Ambos conceptos han sido frecuentemente referidos en el análisis crítico de la presente normalidad pandémica a escala mundial.

En México, en abril, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración publicó las Observaciones sobre Violaciones a Derechos Humanos durante la Contingencia Sanitaria por Covid-19. Este documento hace recuento de muchas de las situaciones ya advertidas por los teóricos, y nos da un panorama respecto a la agenda que habrá que seguir en materia de DDHH durante la nueva normalidad.

En el documento se detectan violaciones al derecho de tránsito en 24 estados del país por la implementación de toques de queda, retenes, cierre de fronteras, y otro tipo de restricciones a la movilidad. Maquiladoras en dos entidades también violaron derechos al no parar sus actividades económicas vulnerando la salud y derechos laborales de los trabajadores. La reducción de sueldos y despidos injustificados, agresiones al personal de salud, negativa de atención médica a personas contagiadas y el manejo de la pandemia en los centros reclusorios, son componentes de la realidad violatoria que hoy sufre el país.

En términos de violencia, el mismo documento reconoce 81 agresiones a periodistas y 60 a defensores de DDHH entre enero y abril. Las desapariciones, homicidios, violencia de género, violencias en hogares, y los desplazamientos forzados internos no han tenido ninguna disminución durante el confinamiento, y al tema se le suman las nuevas violaciones en tres estados del país por manejo de cadáveres infectados.

A su vez, las personas migrantes, población refugiada y las comunidades indígenas son propensas a la discriminación en la atención médica, así como en la cobertura de sus necesidades socioeconómicas. Por último, el derecho al acceso a la información es y seguirá siendo un gran tema en la agenda ante la imperiosa necesidad de contar con datos robustos de carácter oficial que ayuden a explicar la realidad y prevenir sus consecuencias.

Yuval Noah Harari, propone la solidaridad internacional y el empoderamiento ciudadano como respuesta necesaria ante las medidas de aislamiento y las tentaciones de políticas de control autoritario. En esta nueva normalidad implementada desde el gobierno federal, no habrá acción más pertinente que la vigilancia ciudadana hacia las instituciones y el cuidado del tejido vecinal, comunitario y social para evitar posibles abusos de poder y violencias legitimadas por la emergencia sanitaria. Los derechos humanos no son negociables aun en tiempos de pandemia o crisis social.

El tortuoso camino de la democracia

Mario Patrón

Hacia finales de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaraba anticonstitucional la Ley de Seguridad Interior que facultaba a las fuerzas armadas para participar en labores de seguri-dad. En los debates protagonizados por los ministros en ese entonces, se esbozó el concepto de fraude a la Constitución, justo porque algunos consideraban que, bajo el membrete de la seguridad interior, en realidad se facultaba a las fuerzas armadas para hacer tareas de seguridad pública, es decir, de alguna manera se cometía un fraude conceptual a la Constitución.

Seguro al amable lector le sonará familiar el anterior concepto, pues apenas el pasado 11 de mayo la SCJN volvió a invocarlo, esta vez para el caso de la llamada ley Bonilla, que desde el año pasado se cocinaba en el Congreso local de Baja California. Paradójicamente, el mismo día que se publicaba en el Diario Oficial de la Federación un decreto presidencial por el cual las fuerzas armadas retornan a las calles para hacerse cargo de labores de seguridad pública.

Así pues, en un mismo día observamos cómo dos cabezas de nuestro sistema democrático emiten decisiones que apuntan en distintas direcciones: mientras una defiende los principios de la democracia procedimental y electoral, la otra apuesta por un modelo de seguridad de corte militarizado que ha sido tradicionalmente característico de regímenes autoritarios, a diferencia de los modelos de seguridad ciudadana que acompañan sistemas democráticos. El mismo día, pues, la democracia avanzó un paso y retrocedió otro.

En ambos procesos se ha utilizado el derecho para intentar dar apariencia legal a actos que van en contra del sistema constitucional. Empecemos por la ley Bonilla, era evidente desde cualquier ángulo la violación a tres principios constitucionales establecidos en el artículo 116: tener certeza en elecciones libres y claras; el derecho a votar y ser votados, y la no relección. La población de este estado votó para elegir al Ejecutivo por un periodo oficial de dos años, por lo que la pretendida ampliación de éste era, en todos los sentidos, un fraude constitucional y un ejercicio de perversión del poder donde la legalidad y legitimidad de las instituciones se desvía del interés común.

Ahora veamos el decreto. Recordemos que el verdadero piso firme de toda democracia son los derechos humanos; por eso, bien se puede decir que la democracia en México pareciera avanzar a paso de tortuga. La ya de por sí controversial Guardia Nacional se ve ahora rebasada por el nuevo decreto presidencial que de manera más explícita deposita en las fuerzas armadas la responsabilidad de las labores de seguridad pública. Más que las condiciones del retiro de los militares, el decreto parece justificar y habilitar su permanencia.

Si algo caracterizó a los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, fue el papel preponderante de las fuerzas armadas como un estamento casi superior al civil. Además de Ayotzinapa, en los años recientes han ocurrido diversos hechos que cuestionan su empleo en tareas de seguridad, como la masacre de Tlatlaya, los hechos en Apatzingán, la desaparición y ejecución de personas en el poblado de La Calera, Zacatecas, entre otros; episodios todos en los que vemos asociadas a las fuerzas militares con la violación de los derechos humanos.

El decreto deja claro que el gobierno de la 4T apuesta, igual que como lo hicieron los dos anteriores, al uso del Ejército y la Marina para pacificar el país, aun cuando tanto la SCJN, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han reiterado que, si bien los gobiernos tienen la legitimidad soberana de convocar a las fuerzas armadas a tareas de seguridad y combate a la criminalidad, ello debe ser con carácter excepcional, subsidiario, bajo estricto control civil y con mecanismos robustos de transparencia y rendición de cuentas.

El decreto presidencial emitido normaliza la participación militar en tareas de seguridad, si bien el único principio que se cumple es el de temporalidad. El riesgo que ello entraña es mayúsculo, tanto en el posible impacto en la vigencia de los derechos humanos, como en la efectividad de la propia medida como política pública exitosa, recordemos que llevamos 13 años de militarización de la seguridad, sin que los índices de violencia bajen.

Ciertamente, también llevamos 13 años en donde no se ha apostado por el fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad, lo cual a todas luces ha convalidado el uso del personal militar en el combate a la criminalidad. Esta podría y debería ser una diferencia sustantiva de este gobierno a diferencia de los antecesores, que apostaron sólo a la militarización y no a las instituciones civiles. Sin duda, limpiar, profesionalizar y dotar de mejores condiciones a las policías podría ser un camino más propio de un modelo de seguridad ciudadana anclado en un régimen democrático.

La democracia como régimen político, se caracteriza por ser un sistema de pesos y contrapesos basado en la división de poderes. Si hoy la SCJN evaluara la constitucionalidad y convencionalidad del decreto presidencial, muy probablemente lo declararía como fraude a la Constitución.

El Covid-19 y sus efectos multidimensionales en México

Mario Patrón

El reciente anuncio del inicio de la fase 3 de la contingencia por el Covid-19 en nuestro país significa el comienzo de uno de los momentos de mayor incertidumbre y riesgo en la historia reciente. El periodo que estamos iniciando supondrá no sólo el punto más alto de presión para las autoridades sanitarias y para el gobierno en su conjunto, sino que abrirá una ventana para observar –acelerados e interrelacionados– los efectos de buena parte de las dinámicas que han sido hegemónicas en México en décadas recientes. Enseguida algunas reflexiones sobre los principales impactos en cuatro ámbitos clave de nuestra vida como sociedad.

Primero me referiré al sector que de manera más inmediata ha recibido el embate de la crisis, el de la salud. El preámbulo del comienzo en nuestro país de la fase 3 no ha podido ser más dramático; a través de los medios hemos sido testigos del rebasamiento de prácticamente todos los sistemas de salud de países donde el virus SARS-CoV2, causante de la pandemia, se diseminó con anterioridad; lo cual, para el caso de una infraestructura de atención a la salud tan debilitada como la nuestra, se traducía en la crónica de historias de dolor ante la perspectiva de un aumento promedio estimado por los especialistas de 5 mil casos por día.

Desde antes de que llegara el coronavirus al país, el sistema de salud se encontraba ya en una situación de debilidad estructural asociada, además de la corrupción, a la falta de inversión pública característica de la era neoliberal global, que ha dejado sentir sus efectos en meses recientes en todo el mundo, pero que en México tienen una expresión más acentuada, que bien puede resumirse en la siguiente numeralia: tenemos un severo rezago en la aplicación de pruebas. México tiene 200 veces menos que Italia o España, y similar a países como Bolivia, Nepal o Bangladesh. A pesar del puente de suministro establecido con China, hay una profunda escasez de equipo de protección para el personal médico, que ha desatado numerosas manifestaciones; la capacidad hospitalaria es limitada, así como el equipo de terapia intensiva y ventiladores que es 16 veces menor que en Estados Unidos; el número de camas es muy reducido, nueve veces menor que el de Corea o Japón, y, otra de las principales debilidades estructurales, frecuentemente aludida por el doctor López-Gatell, es la severa carencia de médicos: 80 por ciento menor que Italia y España, 24 menor que Gran Bretaña y 15 por ciento menor que Estados Unidos.

El segundo sector directamente afectado por la crisis sanitaria es, sin duda, el económico. Veníamos ya de por sí de un último año sin crecimiento y, para colmo, estamos viviendo la ostensible baja de hasta 92 por ciento de los precios del petróleo, lo que generará costos de mediano y largo plazos por la alta dependencia de nuestra economía hacia el denominado oro negro. En menos de un mes, entre el 13 de marzo y el 6 de abril, se perdieron 347 mil empleos, cifra superior a todos los generados en 2019 (342 mil). En total, se proyecta que como efecto de la crisis se perderán cerca de 700 mil plazas laborales.

Adicionalmente, un elemento que contribuye a oscurecer aún más el horizonte de nuestro país, es la disminución en el flujo de remesas, que tradicionalmente han representado uno de los principales ingresos para las familias y un tanque de oxígeno para nuestro PIB, pero que ahora se encuentra en riesgo por la propia crisis que vive Estados Unidos, y ante las políticas nacionalistas de Donald Trump que tienden a disminuir al mínimo posible la participación de los trabajadores extranjeros en su economía.

En tercer lugar, hay que hablar de la violencia y la inseguridad, fenómenos que, alimentados por la creciente desigualdad estructural, han continuado en aumento. El pasado lunes fue el día más violento, con 114 asesinatos en la República, superando a los del día anterior, cuando se registraron 105 asesinatos. Aunado a ello, la violencia ha cobrado nuevas formas tras el inicio de la cuarentena. La violencia a integrantes del sector salud ha aumentado; 18 por ciento de las quejas que ha recibido el Conapred en el actual aislamiento sanitario provienen de personal de unidades médicas, y se han presentado también varios casos de robo de insumos médicos. Los saqueos aumentaron alarmantemente en varias entidades del país, siendo la Ciudad de México y el estado de México las más afectadas; tan sólo entre el 22 y 26 de marzo se registraron 19 robos a tiendas de autoservicio en 10 alcaldías de la capital del país.

El cuarto sector más golpeado por la crisis es el alimentario, un ámbito que resiente de manera directa los impactos en la economía, pero que se expresan de manera diferenciada. A escala mundial, la ONU estima que esta pandemia colocará a 130 millones de personas en situación de hambre en el mundo. Si se materializa el cálculo de los economistas, alrededor de la caída de 7 por ciento del PIB, México pasarías de 52 a cerca de 60.2 millones de personas en situación de pobreza para el próximo año.

Debido a todo lo anterior, es posible afirmar que las próximas semanas significarán no sólo un duro periodo de prueba para todos los mexicanos, sino también que en ellas se generarán las condiciones sobre las cuales habremos de emprender el proceso de recuperación posterior. Ante esta magnitud de crisis en materia de salud, economía, soberanía alimentaria y seguridad, no deja de sorprender que los actores del poder público y privado sigan invirtiendo más energía en los enconos y la polarización políticaque en la construcción de estrategias conjuntas que ayuden a reducir los impactos para la sociedad.

Viejas y nuevas pandemias: desigualdad estructural y el Covid-19

Mario Patrón

Hoy por hoy en nuestro país pareciera que todos los caminos llevan al coronavirus. La coyuntura protagonizada por el Covid-19 ha abonado al diagnóstico de México como un país históricamente enfermo, pues la cifra de las víctimas contabilizadas hasta ahora a consecuencia del virus, incluso si las sumamos a las víctimas de la pandemia de hace una década, el A/H1N1, son ínfimas si las comparamos con las enfermedades estructurales de la pobreza, la desigualdad y la violencia, cuya morbilidad ha ido en aumento durante el presente siglo y en particular los pasados 13 años. ¿Cuáles son los síntomas de nuestros padecimientos sociales, y quiénes son sus principales víctimas?

Marzo no sólo marcó el comienzo del establecimiento de las medidas de distanciamiento social para mitigar la propagación del Covid-19, sino también se convirtió en el mes con las cifras más altas asociadas a la violencia homicida en lo que va del sexenio. Dos mil 585 personas fueron asesinadas. Esta cifra supone un incremento de la violencia por segundo mes consecutivo: en enero el promedio diario de homicidios fue de 76.6 casos, en febrero ascendió a 81.1, y en marzo escaló a 83.4 casos diarios, lo que representa un alza de 9 por ciento en el nivel de violencia homicida en dos meses. Basta recordar los pasados dos años para dimensionar el nivel de preocupación que esto debería suscitar. Al cierre de 2018 la violencia dejó la muerte de 34 mil 655 personas, pero esa cifra fue superada en 2019, catalogado como el año más violento de la historia reciente, pues 35 mil 588 fueron asesinadas.

En la actual coyuntura, la violencia intrafamiliar ha registrado un alza más pronunciada que en los meses previos; las solicitudes en refugios por violencia intrafamiliar aumentaron 60 por ciento y las llamadas al 911 por el mismo rubro crecieron 25 por ciento desde el inicio de la cuarentena. En el presente encierro sanitario hemos lamentado ya el probable feminicidio de una adolescente en su domicilio en Nogales, Sonora, y el ingreso de mujeres a refugios aumentó 5 por ciento. Así podemos corroborar que ni el reciente despliegue de miles de elementos de la Guardia Nacional ni el llamado al aislamoento por el Covid-19 han logrado frenar la violencia en México; por el contrario, sigue al alza y cobrará lamentable e indudablemente más víctimas que las que dejará el coronavirus.

Paralelamente, la pobreza multiplica la vulnerabilidad ante la violencia y la crisis sanitaria en nuestro país. Según cifras de 2018 del Coneval, se habla de que sólo 21.9 por ciento de la población en México se clasifica como no pobre y no vulnerable, lo cual deja a la inmensa mayoría como personas que padecen la enfermedad más mortal del mundo, que es como la Organización Mundial de la Salud llamó alguna vez a la pobreza. La mayoría de las enfermedades que afectan a la población mexicana tienen que ver con malos hábitos alimenticios, falta de higiene o condiciones de vulnerabilidad acentuadas por la pobreza, según reportes del IMSS. Padecimientos como obesidad o hipertensión arterial, que se encuentran en quinto y sexto lugar, respectivamente, en la tabla nacional de comorbilidades, son detonadas por la mala alimentación, misma que está directamente relacionada con la pobreza.

Según las cifras de la Secretaría de Salud, en 2016, poco más de 41 millones de personas acudieron a algún tipo de consulta médica por causales propiciadas por las condiciones de pobreza. En el mismo año, se contabilizaron por lo menos 425 mil casos de enfermedades por parásitos, relacionadas con la falta de acceso al agua o por la contaminación de ésta, situación que afecta casi en su totalidad a poblaciones en situación de pobreza.

Queda claro, ante este panorama, que de lo que la mayoría de los mexicanos somos víctimas es de un modelo hegemónico que produce desigualdad, vulnerabilidad y violencia como condición para el desarrollo y generación de riqueza de unos pocos. Ello debería llevarnos a la conclusión lógica de que la verdadera catástrofe en curso no es la insuficiencia de nuestro sistema de salud, sino la profunda y deliberada injusticia del modelo político y económico que lo sustenta.

Ojalá que estos tiempos de cuarentena sirvan para cuestionar nuestro modelo de organización social. Es real que durante los pasados 13 años no hemos podido encontrar la cura para una epidemia, que se llama violencia y que ha azotado a nuestro México generando más de 280 mil víctimas de homicidios. Lo mismo debemos decir de las pasadas tres décadas, donde el modelo hegemónico global ha generado una desigualdad estructural que en México se expresa en cerca de 52.4 millones de personas que viven en la pobreza y en la concentración extrema de la riqueza, pues de acuerdo con Oxfam, el 10 por ciento más rico de México concentra 64.4 por ciento del total de la riqueza del país.

El Covid-19 puede ser una oportunidad para encontrar modelos de organización social y política basados en la solidaridad y en la suma de esfuerzos de los distintos sectores –público, privado, social– que nos permitan resistir y encontrar alternativas que en los meses venideros nos lleven a superar los efectos negativos de la contingencia. Esta suma de esfuerzos y colaboraciones no la hemos podido tejer en años recientes y ello nos ha llevado a no ocuparnos de problemas estructurales que bien podríamos calificar como epidemias.

Hagamos votos para que uno de los efectos paradójicos del distanciamiento social al que nos ha forzado el Covid-19 sea la reconstrucción de nuestros tejidos; que nos conduzca a cuidar mejor de nuestros espacios de convivencia y colaboración para encargarnos de nuestras propias violencias y reabrirle la puerta a la urgente solidaridad en tiempos de un acentuado individualismo; de no ser así sólo podremos esperar que la violencia y la pobreza sigan sumando muchas más víctimas que las que dejará la pandemia que ahora azota a nuestra nación.

México ante el Covid-19: ¿polarización o colaboración?

Mario Patrón

La pandemia del coronavirus representa para México y el mundo quizás uno de los retos globales más grandes para nuestra generación. Ante el reciente anuncio del inicio de la fase 2 de la contingencia sanitaria por el Covid-19 en nuestro país y de las medidas dirigidas a contener su propagación, se hace cada vez más evidente la necesidad de sumar esfuerzos para prever y mitigar los efectos que la pandemia provocará aquí. Ello exigirá indudablemente la toma de decisiones difíciles para los sectores público, privado y de la sociedad civil, que podrían cambiar el rumbo de México y del mundo no sólo en el corto plazo, sino también en el mediano y largo término en prácticamente todos los ámbitos, no sólo el económico y el político.

Desde los inicios del pensamiento político se sabe que en política no todo es capacidad, destreza o voluntad, sino que también el azar juega un papel determinante en el rumbo de los países. Es este azar impredecible, que hoy nos tiene inmersos en una pandemia global, el que hoy debemos aprender a manejar todos los diversos actores que conformamos la sociedad mexicana actual. La premisa inicial de la sabiduría que necesitamos consiste en reconocer que el poder público y el poder privado no pueden solos ante las dimensiones y complejidad de la actual emergencia y, por ello, necesitan colaborar entre sí y convocar y sumar conjuntamente la voluntad de la ciudadanía para disminuir los efectos negativos de la contingencia.

El escritor israelita Yuval Noah Harari califica la situación global actual como un momento decisivo que plantea dos grandes opciones: la vigilancia totalitaria y el aislamiento, o el empoderamiento ciudadano y la solidaridad global. La crisis actual se verá reflejada en el corto plazo principalmente en el rebasamiento de las capacidades de los sistemas de salud ante la sobredemanda de servicio, y también en el estancamiento de las actividades productivas con el consecuente decrecimiento económico. En esta circunstancia de emergencia, las decisiones que normalmente se meditan por meses hoy deben tomarse en minutos, y ello entraña el peligro de que la crisis sirva para legitimar medidas totalitarias que podrían convertirse en la nueva normalidad posterior a la contingencia.

Por tanto, de entre la disyuntiva propuesta por Harari, creo que debemos apostar en favor de la opción por la solidaridad global. La elección entre la defensa de la privacidad o la salud, a cos-ta de la intromisión en lo privado, la considera él –y creo que otros muchos estamos de acuerdo– una falsa decisión, pues la obligación del Estado es garantizarlas ambas por igual. Para superar ese falso dilema, lo que corresponde es exigir y vigilar la transparencia de la información científica por parte de una ciudadanía a la que la actual crisis le demanda ser cada vez más activa, comprometida, responsable y empoderada, de modo que sepa por sí misma tomar medidas ante la pandemia, y que impida una asimétrica distribución del poder que eventualmente pudiera conducirnos a escenarios autoritarios.

En México, otro gran reto del momento es el de la transparencia narrativa. Deberemos estar atentos de que las argumentaciones de los distintos poderes públicos, y privados respecto de y ante la crisis, tengan como agenda el bien de la sociedad y estén arraigados en evidencias y razonamientos consistentes que se dirijan a convocar de manera honesta y consciente a la ciudadanía, en vez de infundir miedo y alentar el caos generalizado o, en el otro extremo, inducir un exceso de confianza sin fundamentos frente a la emergencia. Para ello, es importante que cada quien haga lo que le corresponde. El poder público debe responsabilizarse de invertir en el sistema de salud para que éste no se vea sobrepasado, pero además debe pensar en la formulación de políticas sociales y económicas para contrarrestar la crisis que se avecina debido al paro de muchas actividades, que se aúna al proceso de decrecimiento y a la caída de los pre-cios del petróleo que ya veníamos padeciendo. En todo ello, es fundamental que se ponga en el centro del interés a los grupos sociales más desfavorecidos, quienes suelen ser los más perjudicados en contextos de crisis.

El poder privado tiene también una responsabilidad histórica. La iniciativa privada (IP) debe desempeñar no sólo un rol de influencia y vigilancia ante las decisiones y acciones del gobierno, sino establecer y gestionar una agenda propia que favorezca la dinamización de la economía mexicana. El sector terciario –el sector con mayor influencia en nuestro PIB– será el más afectado por las medidas sanitarias ante la pandemia, por ello la IP deberá asumir la corresponsabilidad junto con el poder público de generar incentivos y alternativas para la inversión y la reactivación de la economía durante y después del periodo de emergencia sanitaria por el Covid-19.

Por último, instituciones sociales fuertes, como la Iglesia, deben aportar también un mensaje potente a la ciudadanía, reivindicando la legitimidad del poder social que tienen. En vez de difundir mensajes de odio, como el del obispo de Cuernavaca, quien calificó al coronavirus como un castigo divino por las luchas feministas y de género, deberán aceptar un papel clave en la difusión de mensajes que privilegien la reconstrucción y el fortalecimiento de lazos familiares, vecinales y comunitarios, así como el cuidado de las reservas espirituales de la sociedad. Esta etapa de aislamiento y desana distanciapuede ser también una gran oportunidad para multiplicar nuestras actitudes de cuidado y afecto en los núcleos sociales en los que nos desarrollamos.

En suma, la circunstancia de crisis epidemiológica, económica, social y política que enfrentamos hoy en día, es sí un reto para nuestra sociedad, pero también una oportunidad para reconfigurarnos como ciudadanía y fortalecer los lazos de diálogo y colaboración entre los distintos poderes y entre los sectores y grupos que conforman a la sociedad civil. Es un momento óptimo para sumar esfuerzos, caminar en una misma dirección y dejar atrás el clima de polarización en el que se halla atrapado nuestra nación. El Covid-19 pasará, pero las decisiones que hoy tomemos marcarán el futuro. La suma o no de nuestras voluntades hará de la pandemia un tropiezo o una dolorosa caída.