Un empresa denuncia que Pemex no le ha pagado. Y mientras sus representantes jurídicos dicen que ya la liquidaron, la paraestatal lo niega. Conoce la historia de un aparente fraude en el que nadie sabe dónde quedó el dinero
La solución fue presentar una demanda civil contra Petróleos Mexicanos y
exigir el pago. La demanda avanzó lentamente durante un par de años
Si en la documentación que los abogados de Pemex presentaron en el juzgado,
el contrato está liquidado, ¿por qué responden al Ministerio Público que
no existen registros de pago a Acrux o a José Benssusen Sefami?
La forma en que los representantes legales de Pemex han actuado para
defenderse, tiene más características de un oscuro plan que la labor de
velar por los intereses de la empresa en donde trabajan
Los representantes legales de Petróleos Mexicanos podrían haber colocado a la paraestatal ante una deuda millonaria.
Como en un acto de magia desaparecieron 55 millones de pesos que
eran el pago para una obra realizada en Veracruz durante el año 2008.
Hoy el monto con los intereses asciende a más de 400 millones de
pesos, lo que podría convertirse en otro escándalo para Pemex y para la
PGR, que en estos momentos se encuentra en una encrucijada por el tema
de Oceanografía.
Francisco Leonardo Santos Rodríguez y Héctor Omar Reynoso López,
ambos de la Dirección Jurídica de la paraestatal, podrían haber fingido
la liquidación de los 55 millones de pesos a la empresa Acrux.
Pero un documento confidencial obtenido por Reporte Indigo revela
que recientemente Petróleos Mexicanos aceptó que no existe registro del
pago.
Para fingir que el acreedor recibió el pago del adeudo, los abogados
falsificaron la firma del dueño de la empresa y lo certificaron con el
aval del notario Manuel Brito Gómez, con sede en Coatzacoalcos,
Veracruz.
El joven fedatario público es hijo del exlíder del PRI en el estado
de Veracruz, que lleva exactamente el mismo nombre y es uno de los
políticos más cercanos al exgobernador Fidel Herrera.
El documento notariado con el que se argumentó el pago, tiene una
larga lista de irregularidades ya constatadas ante la Procuraduría
General de la República a partir de las investigaciones que se
derivaron de la denuncia de los acreedores.
Inclusive, cuando la defensa de la empresa Acrux visitó la notaría
para conocer el protocolo con el que se certificó el documento,
entregado al Poder Judicial, se realizaron amenazas que quedaron
grabadas en audio y video.
En el conflicto está también involucrado Jorge Daniel Santos
Hernández, de la empresa Aquapress, que tiene una larga lista de
antecedentes de defraudación a Petróleos Mexicanos registrados en
diversos medios de comunicación nacionales.
Incluso han sido investigados por la Secretaría de la Función
Pública (SFP) y resultaron inhabilitados formalmente, aunque
continuaron siendo contratados por Pemex.
Todo inició cuando José Benssusen, propietario de Acrux y quien
ahora exige el pago, asegura que nunca recibió el dinero que el área
jurídica de Pemex asegura que pagó.
Por ello demandó a la paraestatal y acusa que falsificaron su firma para el documento notariado.
Además ha comprobado que a la hora y día en que presuntamente se dio
por pagado –según constató el notario veracruzano– él estaba en una
sucursal de Inbursa, lo que ha sido corroborado por escrito y en
declaración oficial por los empleados de la institución bancaria.
Por lo tanto, alega, no podría haber estado en dos lugares
diferentes al mismo tiempo y se concluye que no recibió el pago ni
firmó el documento certificado por Brito Gómez, el notario veracruzano.
Como una paradoja de la política mexicana, en medio de la aprobación
de la Reforma Energética, que quiere poner a Pemex a la vanguardia como
empresa, salen más y más casos sospechosos sobre presunta corrupción de
los funcionarios de la paraestatal.
La Procuraduría General de la República parece estar paralizada.
La historia del ‘plan’ perfecto
José Benssusen tiene desde 1999 la constructora Acrux, que hacía obras en varios estados del país.
Por estar en el mismo medio conoció al empresario constructor Jorge
Daniel Salas Hernández, quien le ofreció ceder los derechos de cobro de
una obra de su empresa Aquapress.
La obra era un proceso de limpieza en la playa de Cong, Allende y
Laguna de Pajaritos, debido al rompimiento del oleoducto Nuevo Tapa.
Eran trabajos extraordinarios en esa zona donde hubo un severo daño ecológico por la fuga de crudo en el río Coatzacoalcos.
La idea era que Benssusen pagara una cantidad por la cesión de la
obra, identificada con el número SDSE-OPU81-174/2004, la terminara y
cobrara la parte final a Pemex.
Después de estudiar las características de la limpieza y los recursos legales que se requerían, aceptó hacerlo.
El 9 de mayo de 2008 se realizó el contrato de cesión de derechos en
donde se estableció que en caso de incumplimiento, se someterían a la
jurisdicción del Distrito Federal.
El documento de la cesión cuenta con sellos de Juan Hillman Jiménez,
Notario Número 4 con sede en Coatzacoalcos, Veracruz y Uriel Oliva
Sánchez, Notario número 21 del Distrito Federal.
A través del oficio OAG-GJP-CSJ-8001/2008 la Gerencia Jurídica Petroquímica de Pemex avaló la cesión.
“Con fundamento en lo establecido por el artículo 47 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, no existe
inconveniente para llevar a cabo la cesión solicitada”, dice el
documento firmado por Jorge González Cervantes, subcoordinador
consultivo y de prevención.
Esto a pesar de que la empresa Aquapress estaba inhabilitada. Todas
las dependencias del gobierno federal habían sido notificadas, y consta
en el Diario Oficial de la Federación, que no podían realizar ningún
tipo de acuerdo o contrato con esa compañía.
En cumplimiento a lo ordenado en el resolutivo quinto de la
resolución, de fecha 9 de marzo de 2007, que se dictó en el expediente
número DS0289/2005 mediante el cual se resolvió el procedimiento de
sanción, (SIC) mediante el cual se resolvió el procedimiento de sanción
administrativa instaurado a la empresa Aquapress, S.A. de C.V. esta
autoridad administrativa hace de su conocimiento que a partir del día
siguiente al que se publique la presente circular en el Diario Oficial
de la Federación, deberán abstenerse de recibir propuestas o celebrar
contrato alguno sobre las materias de adquisiciones, arrendamientos,
servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, con
dicha empresa, de manera directa o por interpósita persona, por un año
seis meses, contados a partir del día siguiente al que se publique la
presente circular”.
Cuando Acrux quiso cobrar, después de realizar la obra cedida por
Aquapress, se le notificó que esta desconocía la cesión de derechos y
por eso Pemex no podía pagarle. No se le notificó de la inhabilitación.
Se pidió una explicación a Salas Hernández, dueño de Aquapress, y
respondió que todo había sido un error, y que el convenio continuaba.
Se realizó un adéndum a la cesión de derechos y Acrux quiso cobrar
nuevamente los 55 millones de pesos que le adeudaban. La historia se
repitió. Nuevamente había un recurso de Aquapress negando cualquier
cesión de derechos.
La solución fue presentar una demanda civil contra Petróleos
Mexicanos y exigir el pago. La demanda avanzó lentamente durante un par
de años.
La defensa de Pemex, realizada por los funcionarios Francisco
Leonardo Santos Rodríguez y Héctor Omar Reynoso López, consistió en
todo momento negar al adeudo y por consecuencia, la cesión de derechos
de Aquapress a Acrux.
De pronto todo dio un giro.
Ya en la actual administración federal, el 21 de mayo del 2013,
Santos Rodríguez, funcionario de la paraestatal, presentó ante el juez
un documento en el que finalmente Bensussen se daba por pagado y que
había firmado de recibido en un documento certificado por notario
público.
Sin embargo, después de un peritaje consecuencia de oficios
efectuados por la defensa del dueño de Acrux, la PGR establece que la
firma del empresario es falsa. Esto consta en expediente
PGR/DF/SPE-XXIV/4474/13.
“No corresponden por su ejecución al C. José Benssusen Sefami, las
firmas cuestionadas que aparecen en los documentos cuestionados,
ampliamente descritos en el cuerpo del presente, por las razones
expuestas en el mismo”, establecen los peritos de la Coordinación
General de Servicios Periciales de la PGR.
Todo podría indicar que la forma en que los representantes legales
de Pemex han actuado para argumentar que se pagó el adeudo, tiene más
características de un oscuro plan más personal que la labor de velar
por los intereses de la empresa en donde trabajan.
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