MÉXICO,
D.F. (Proceso).- Las promesas iniciales de Enrique Peña Nieto, que de
haberse concretado al menos en parte hubieran permitido hablar de un
PRI renovado tras 12 años de estar fuera del gobierno federal, han
resultado en un modelo cuyas bases son varios aspectos de las reformas
constitucionales y las leyes secundarias que han sido aprobadas. Me
aboco al tema de telecomunicaciones y transparencia. Veamos algunas
razones del proceso de erosión del derecho a la información, de la
debilitada rendición de cuentas y de la transparencia como apariencia.
Primero. Fiel al sofisma
priista, el modelo EPN busca recuperar el control del Estado en lo
político sobre los medios digitales, dejando a las empresas
informativas su libertad económica siempre que sus contenidos no
rebasen el umbral de tolerancia del gobierno, con algunas excepciones
en materia de crítica, bajo el argumento del ideólogo priista Jesús
Reyes Heroles en el sentido de que “lo que resiste apoya”. O como dice
el Maquiavelo de Joly: “Hoy en día, utilizar a la prensa, utilizarla en
todas sus formas, es ley para cualquier poder que pretenda subsistir.
Hecho muy singular, pero es así”. (Diálogos en el infierno entre
Maquiavelo y Montesquieu).
Segundo. Con la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión se da un trato diferenciado a las concesiones comerciales
en relación con las de uso social o públicas. Las primeras pueden tener
una concesión hasta por 20 años, y las segundas hasta por 15. Las
estaciones comerciales no tienen límites para ser escuchadas por el
mayor público de audiencia potencial. Los medios comunitarios e
indígenas deben recibir frecuencias sólo en el “traspatio” de FM y AM.
Tercero. Con la Ley del Sistema Público de Radiodifusión
del Estado Mexicano se busca homologar contenidos en lo fundamental,
dejando espacios de crítica en lo accesorio. Lo que se crea no es un
órgano a imagen y semejanza de los estándares internacionales, pues las
decisiones las toma el gobierno por tener mayoría en la Junta de
Gobierno del Sistema, a la cual le asisten las principales atribuciones
para vigilar que los medios públicos “cumplan sus fines”.
Cuarto. Se teme que a través de los medios comunitarios e
indígenas puedan generarse redes de crítica y participación ciudadana,
así como conductas que entren en colisión con el modelo de EPN. Por tal
motivo, en la ley dichas emisoras son marginadas; se les reconoce
jurídicamente sólo a cambio de que sean imperceptibles, aisladas y
restringidas en lo económico, habida cuenta de los requisitos que
establece la Ley de Telecom, muchos de ellos discrecionales.
Quinto. La alfabetización mediática prevista en la Ley de
Telecom se convierte en un buen deseo, que separa la letra de la ley de
la realidad posible. Hace recordar la frase virreinal de “acátese, pero
no se cumpla”, con lo cual se alimentan la apatía, el miedo, la
indiferencia y la falta de razonamiento crítico de la mayoría de la
población, y ello a su vez favorece la existencia de un gobierno sin
contrapesos.
Sexto. En la Ley de Telecom, a los medios de comunicación
universitarios, ventanas usualmente abiertas a la crítica y a las
diferencias de percepción y de criterio sobre una gran diversidad de
temas, se les invisibiliza y condena a la desaparición o a una larga
agonía al quedar prohibido el uso de recursos públicos para su
mantenimiento.
Séptimo. En el ámbito de la transparencia se ha dado un
largo salto regresivo desde el punto de vista legal y conductual, toda
vez que la autonomía constitucional del IFAI quedó tocada por faltar a
su compromiso con la sociedad y buscar quedar bien con los políticos
que apoyaron las candidaturas de los comisionados que hoy forman parte
de ese órgano. En un estudio que estoy realizando en materia de
seguridad y procuración de justicia hice un gran catálogo de
solicitudes en 2010, las mismas que volví a hacer hace tres meses,
aunque esta vez tanto la calidad como la cantidad de las respuestas se
redujeron en 45%.
Octavo. El sistema de gestión adoptado en materia de
transparencia consta de cuatro ventanillas, dos en sede administrativa
y dos en sede judicial, lo que orilla a los solicitantes a realizar una
larga travesía para lograr respuestas satisfactorias a solicitudes de
información pública en temas sensibles para el gobierno. Si antes los
usuarios de las leyes de acceso constituían una cifra imperceptible,
ésta será ahora más pequeña. En el mundo del absurdo, los mexicanos
pagarán más para saber menos.
Noveno. La debilidad del tejido normativo sancionatorio
abonará en perjuicio de los mexicanos que solicitan información y
denuncian delitos pero que, como respuesta de la autoridad, obtienen
silencio.
Décimo. La derogación de la figura de la inatacabilidad
de las resoluciones del IFAI, permitiendo que el consejero jurídico de
la Presidencia de la República pueda ahora acudir ante la Suprema Corte
de Justicia para litigar la negativa a brindar información pública,
cierra el círculo de este retroceso en perjuicio de la transparencia y
la rendición de cuentas.
En síntesis, el modelo EPN apuesta a la forma sobre el
fondo, a la recuperación del poder de la Presidencia bajo un esquema
autoritario y a combatir todo espacio que critique a su gobierno. Bien
lo dice Albert Camus: “Nada es más despreciable que el respeto basado
en el miedo”.
ernestovillanueva@hushmail.com
@evillanuevamx
www.ernestovillanueva.blogspot.com
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