Guillermo Almeyra
Los
jornaleros huelguistas de San Quintín, en Baja California, han logrado
con su lucha la liberación de cuatro compañeros presos y un salario
mínimo garantizado por el Estado de 200 pesos por ocho horas de
trabajo. Su valiente y tenaz resistencia, su enfrentamiento a una
represión salvaje y el apoyo de los sindicatos combativos y de la Nueva
Central Obrera, así como la amenaza de los trabajadores agrícolas de
Canadá y Estados Unidos de boicotear la producción de San Quintín si no
se resolvía el conflicto, les permitieron sindicalizarse en la Alianza
de Organizaciones y triunfar.
Ellos vencieron en esta batalla, que será la primera de una larga
serie, a la alianza de hecho entre los patrones esclavistas, los medios
orales, escritos y televisivos al servicio de éstos, las fuerzas
represivas, los charros que temen los conflictos sociales
porque les mueven el piso y el Estado nacional, que es siervo de los
esclavistas nacionales y extranjeros explotadores de los jornaleros y
organiza la sangrienta represión a toda resistencia obrera o popular.
Las empresas exportadoras de fresas pertenecen a capitales agrícolas
estadunidenses o a miembros o ex miembros del gobierno del estado de
Baja California. Mientras en Canadá o en Estados Unidos impera un
salario de 10 dólares por hora (más de 150 pesos), en San Quintín
pagaban 100 o un máximo de 150 pesos, pero por jornada de trabajo sin
límites, que superaba largamente las ocho horas legales. Además, los
patrones no pagan aguinaldos ni ninguna prestación legal ni cumplen con
ninguna reglamentación ambiental o de protección sanitaria de los
trabajadores y sus familias, que ellos reclutan en sus lugares de
origen, en Guerrero o en Oaxaca.
Los recolectores de fresas reciben pagas irrisorias por cajón
recogido, habitan en pésimas condiciones de comodidad y de higiene y
generalmente deben dormir en esteras por el suelo y bañarse en las
acequias. Estas condiciones de virtual esclavitud permiten que los
patrones exporten anualmente por valor de más de 500 millones de
dólares y hacen que esos exportadores sean sumamente sensibles a un
boicot canadiense o estadunidense, que podría costarles mil millones de
dólares por año, y teman como la peste la solidaridad obrera y popular
con los huelguistas, que podría encarecer los salarios incluso en las
regiones de reclutamiento de mano de obra, por lo general indígena.
De ahí la importancia de la solidaridad y la fraternidad obrera
internacional (de los trabajadores agrícolas de Canadá y Estados
Unidos) y de la solidaridad del Sindicato Mexicano de Electricistas,
otros gremios combativos y la Nueva Central Obrera que, al defender los
salarios y mejorar las condiciones de trabajo de los jornaleros de San
Quintín, defienden al mismo tiempo sus propios derechos frente a la
alianza agresiva y feroz entre los explotadores y los servidores de los
mismos en el aparato del Estado local y nacional.
Porque
hay un lazo entre la represión en San Quintín; la de Atenco por el
entonces gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto; la
represión salvaje en Tlatlaya, y la matanza y desaparición de los
normalistas de Ayotzinapa. Los represores son los mismos y en todos los
casos el Estado hiere, tortura, asesina, secuestra a quienes se oponen
a la expropiación de sus tierras, como en Atenco, o los que luchan por
elementales derechos laborales o democráticos contra un capitalismo que
quiere imponer condiciones de vida del siglo XIX porfiriano.
Si ahora el Estado nacional no acompaña la violenta represión contra
los jornaleros de San Quintín y ofrece garantizar un aumento de
salarios, es por temor al contagio de la solidaridad, que quiere
limitar lo antes posible, y para no ofrecer otro espectáculo sangriento
en pleno periodo electoral ante la opinión pública internacional,
horrorizada ya por lo que pasa en México.
De todos modos, el aumento a 200 pesos la hora y la limitación de la
jornada a las ocho horas legales, más unos pesos más por cajón de
fresas, hace que el costo salarial directo en San Quintín sea menos de
un quinto del que impera del otro lado de la frontera y sigue
asegurando, por lo tanto, ganancias extraordinarias a los explotadores
de los jornaleros.
Es muy lamentable que la situación de los jornaleros no haya
conseguido modificar la actitud fundamentalmente electoralista de
Morena o el autismo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que
encontró tiempo para organizar un homenaje en Chiapas a Luis Villoro
(cosa justa y necesaria, pero que se podía hacer en cualquier momento),
pero no para llamar a la solidaridad con los jornaleros de Baja
California, mayoritariamente indígenas.
En México son cada vez más comunes las condiciones de trabajo
semiesclavistas impuestas por el moderno capitalismo agrario y debemos
soportar aún un gobierno que mantiene la militarización del país y, al
convertir al Estado en un semiEstado, favorece el saqueo del país por
el capital financiero internacional y el accionar del narcotráfico, que
se arma en Estados Unidos. Las luchas sociales, como la de los
jornaleros de San Quintín, refuerzan la conciencia y la organización de
los únicos que tienen interés, a la vez, en la obtención de conquistas
laborales y democráticas y en la supresión de la explotación
capitalista. Son peligrosamente utópicos los que creen posible que las
fieras, que viven del trabajo, la sangre y el sudor ajenos, se hagan
legalistas y vegetarianos y respeten pacíficamente la voluntad del
electorado. Son igualmente peligrosos quienes no disputan el poder a
los que, con ese poder, oprimen, torturan y asesinan a quienes se
oponen al mismo. Hoy y mañana, lo fundamental sigue siendo desarrollar
la organización política independiente de los trabajadores y ayudar en
todos los terrenos a imponer un cambio en las relaciones de fuerzas
sociales, hoy desfavorables para los oprimidos.
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