Cambio de Michoacánde Michoacán
Leer
en México la prensa cotidiana o los semanarios de investigación
periodística es un ejercicio que puede llevar de la decepción, a la
crisis depresiva o a la indignación encendida. Lo mismo cuando
escuchábamos el noticiero de Carmen Aristegui, hoy acallado por
consigna, que daba cuenta de varios de los grandes problemas del país
como la corrupción, el auge del crimen y la impunidad.
No
se trata de la sola denuncia de las miserias de la sociedad y el
régimen como vicios superables por algún método de autocorrección del
propio sistema frente a la presión de la opinión pública. Tales
mecanismos se encuentran bloqueados o agarrotados hasta su anulación
por efecto de la fuerza y las inercias que emanan de ese sistema.
Se dirá que el problema está en una sociedad como la mexicana que no se
moviliza o no lo hace en medida suficiente para combatir la inmoralidad
y las perversiones. Es una visión falsa o, al menos parcial. Hay muchos
grupos, organizaciones no gubernamentales y aun movimientos sociales
elevando constantemente la voz frente a los hechos más evidentemente
oprobiosos u ofensivos para la sociedad, como las violaciones a los
derechos humanos, la corrupción y sus complicidades y la ineficacia del
sistema de justicia supuestamente encargado de penalizarlos; y a ellos
se suma en la etapa reciente la acción de organizaciones y la opinión
pública internacionales que han puesto a México en la mira como uno de
los países donde los derechos humanos y sociales y la justicia han
registrado retrocesos graves y dramáticos. En un verdadero régimen de
democracia político-representativa (la única asequible en el sistema
capitalista), la denuncia o la movilización, aun de sectores
minoritarios, bastarían para echar a andar dichos procedimientos de
corrección por medio del aparato judicial o de las instituciones en
general.
En nuestro país, sabemos, eso no es así. Frente a la
denuncia, el régimen responde con el menosprecio y el ninguneo, el
disimulo o, en el peor de los casos, la represión velada o abierta, y
sobre todo con la persistencia y radicalización en sus propios horrores
e inmoralidades. Un régimen autoritario que se siente amenazado
reacciona negando la crítica o enfrentándola con la fuerza, pero no
apelando a procesos democráticos como la transparencia y
esclarecimiento de los hechos y la aplicación recta de la ley.
La corrupción no es en modo alguno parte de la naturaleza humana ni de
la de los mexicanos; pero sí es consustancial a un sistema que la ha
usado copiosamente para conservarse casi inalterado y que incluso ha
recurrido a las regresiones frente a los insuficientes avances de la
democracia. El ingrediente que la complementa es el cinismo
(“desvergüenza en el mentir o en la defensa y práctica de acciones o
doctrinas vituperables”. “Actitud de la persona que miente con descaro
y defiende o practica de forma descarada, impúdica y deshonesta algo
que merece general desaprobación”, según definiciones de los
diccionarios).
Pero hay momentos en que ese cinismo se
destila y concentra como en un jarabe amargo que nos quieren prescribir
y hacer tragar a pesar de nuestros deseos. Los días que corren parecen
mostrar ese proceso de condensación, en el que el régimen mismo exhibe
su carencia de recursos políticos y acude a enconcharse y a
ensimismarse en sus meandros y sinuosidades, usando la propaganda como
exorcismo contra la respuesta social. Tres aspectos al menos, dan
cuenta de esa actitud refractaria frente a las demandas y el activismo
sociales.
Por un lado está la asunción del veterano Manlio
Fabio Beltrones a la dirigencia nacional del PRI como una confesión del
descalabro del intento del grupo Atlacomulco de copar las posiciones
estratégicas del gabinete presidencial y del partido. El retroceso del
priismo en las pasadas elecciones —pese a que su alianza estratégica,
ya virtualmente estructural, con el Partido Verde, la
eliminación del PT en la Cámara de Diputados y la dispersión de los
reales o potenciales contrapesos legislativos en ésta le aseguran una
precaria mayoría legislativa— y su derrota total en el Distrito
Federal, Nuevo León, Guadalajara y otras plazas decisivas seguramente
encendieron focos rojos en el equipo peñista. El riesgo de enfrentar en
2018 a un López Obrador fortalecido y con registro propio que por ahora
se ha ubicado como primera fuerza electoral en la capital del país y se
posicionó en el mismísimo Estado de México, Veracruz y otras entidades,
han obligado al relevo del mexiquense César Camacho por el veterano
Beltrones, de filiación cabalmente salinista. Más sabe el diablo por
viejo que por diablo, dice el refrán; pero en este caso representa un
retroceso más en el arribo del siempre anunciado y nunca conocido nuevo priismo,
y un distanciamiento de éste y de la sociedad en aras del interés muy
particular del actual gobierno y su partido por conservar el poder. Sn
pudor, declara el nuevo líder partidario en reciente entrevista con Proceso
que él tiene la piel gruesa para aguantar el diluvio de críticas que ya
anticipa. Gruesa, acaso como la de un saurio antediluviano.
Pero también está el caso de la negativa del Consejo General del INE a retirar el registro al Partido Verde, la organización política que más ha violado la ley y más ha sido sancionada con multas. El cinismo de los verdes,
a quienes muy poco les importa apegarse a la norma constitucional y a
la legislación electoral, se vio exaltado y coronado por el de los
consejeros electorales, para quienes tales violaciones no son causal
“suficiente” para retirarle la franquicia. El mensaje que se emite a la
sociedad y a la comunidad política es que se puede infringir
impunemente la ley, a pesar de sanciones menores, sobre todo de tipo
pecuniario, si así conviene en un análisis de costo-beneficio, porque
no habrá sanciones mayores. El PVEM será en la inminente legislatura de
la Cámara de Diputados indispensable al priismo para conformar una
mayoría estable que le permita sacar adelante sus iniciativas. Por eso
el Consejo General, controlado por el PRI, ha dejado pasar la
ilegalidad sin límite de la agrupación del tucán.
¿Y qué
decir de la exoneración de Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica
Rivera por el secretario de la llamada Función Pública en el caso de
presunta corrupción y tráfico de influencias de la llamada Casa Blanca
de las Lomas de Chapultepec? El investigador designado por el propio
Peña Nieto y su amigo personal, Virgilio Andrade, resolvió después de
seis meses de sesudas y meticulosas indagaciones, que no ha lugar a
perseguir ningún delito en la adquisición del inmueble a la empresa
Higa del también amigo de Peña Juan Ignacio Hinojosa Cantú, propietario
de diversas empresas que han sido titulares de múltiples contratos de
obra en los gobiernos del Estado de México y de la República mientras
los ha ocupado el de Atlacomulco, pues la transacción se realizó antes
de que éste llegara a la presidencia. Además, explica el sagaz fiscal,
la compra la realizó la consorte, como en su momento ella misma nos lo
expuso, con los ingresos obtenidos por su actividad artística,
particularmente como actriz de Televisa.
Se ha cumplido once
meses de la matanza y desaparición forzada de normalistas en Iguala;
dos años en prisión para Nestora Salgado; más de un año para José
Manuel Mireles. También ha pasado más un mes del asesinato de
Hildibrando Reyes García y las lesiones a otras seis personas en Ostula
por la fuerza pública. Casi ocho meses van de la matanza de Apatzingán
y ya tres de la del rancho El Sol en Ecuandureo. La investigación del
asesinato múltiple del 31 de julio en la colonia Narvarte de la capital
no arroja resultados convincentes y deja de lado elementos
fundamentales. En todos estos casos el encubrimiento, las
complicidades, la distorsión interesada de las investigaciones,
entorpecen la justicia y el acceso a la verdad.
Pero no se
trata de acciones casuales o inconexas, sino de un régimen político
que, frente a una sociedad que despierta a la crítica, ha adoptado cada
vez más como base de sustentación la mentira, la opacidad y el impudor.
Pero tiempos mejores vendrán y ya se anuncian en ese despertar social,
y es seguro que se actualizarán antes de que el cáncer alcance a
invadir el cuerpo de la nación.
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