Por alguna razón no
bien identificada, desde hace pocos lustros se ha hecho un hábito
político que los medios, la opinocracia (muchas veces más
doxa que
episteme)
y la sociedad realicen un escrutinio y una primera evaluación de los
gobernantes al cumplir éstos cien días de gestión en sus cargos. Un
tiempo insuficiente, sin duda, para acciones que toman periodos más
largos y mucho más para ver resultados de las políticas aplicadas. Pero
el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha sido la excepción y él
mismo se ha visto en la necesidad —o mejor, ha visto la oportunidad— de
dirigir a la nación un mensaje, presentado como “informe” con ocasión de
ese lapso, más allá de los que cotidianamente dirige a través de los
medios en sus conferencias “mañaneras”, que tanto éxito y tanta
audiencia le reditúan.
Como en todos los casos, en este no resulta
fácil hacer un balance ni siquiera provisional de las acciones del
gobierno federal; pero nadie podrá decir que no hay materia para el
análisis y la reflexión, en el incesante quehacer de un presidente
activista como lo es el tabasqueño. Tampoco resulta sencillo desentrañar
en dónde parará todo el cúmulo de acciones, reformas e iniciativas que,
incluso desde antes del 1 de diciembre del año pasado, al menos desde
septiembre en que el Morena asumió la mayoría en el poder Legislativo,
han manado del gobierno mexicano. Tampoco muchas de esas acciones
resultan simples a la interpretación, pues envían a la sociedad señales
contradictorias o confusas, negando inclusive lo que era el discurso de
campaña en 2006, 2012 y 2018.
Ello no obstante, el Presidente no
sólo ha conservado en este periodo de gobierno el apoyo del 53 por
ciento de los ciudadanos que lo votaron, sino que su popularidad y la
aprobación a su gobierno se han incrementado hasta alcanzar entre el 70 y
casi 80 por ciento, según el sondeo o encuesta que se elija; algo muy
pocas veces visto en el ejercicio del poder. Y lo ha hecho a pesar de
afectar intereses importantes tanto en los círculos económicos como, en
algunos casos, en la sociedad misma.
Sin duda, hay en la agenda
lopezobradorista acciones plausibles que le reditúan en términos de
popularidad y que han permitido al gobernante obtener esos índices de
respaldo popular. El acercamiento cotidiano con la población, de manera
presencial o a través de los medios es, sin duda, una de ellas. Desde
Lázaro Cárdenas y, acaso, Adolfo López Mateos no se veía un gobernante
al que uno pueda encontrar en los espacios de la cotidianidad como
establecimientos de comida, aeropuertos, o en la calle comprando algún
producto para su consumo, sin la barrera del Estado Mayor Presidencial o
los consabidos guaruras, habituales en sus antecesores. Es, retomando
el término de don Daniel Cosío Villegas, el “estilo personal de
gobernar” que ha venido imponiendo el nuevo mandatario de la nación.
El combate a la corrupción es una de las facetas más creíbles y
aprobadas de su discurso; pero sus frutos aún son demasiado magros como
para cantar victoria. No hay peces gordos en prisión, a pesar de que se
han evidenciado en investigaciones periodísticas y por los propios
órganos de control gubernamental casos como los de Emilio Lozoya,
Rosario Robles o el mismísimo José Antonio Meade por desvíos
multimillonarios, sobornos y enriquecimiento presumiblemente ilícito. No
se informa de la continuidad de las gestiones para la extradición de
César Duarte a nuestro país, que debería conducir a desmadejar, junto
con una investigación a fondo del caso Javier Duarte y de la relación de
Lozoya con la constructora brasileña Odebrecht, la trama del
financiamiento de la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012. El indulto
anticipado, anunciado por el hoy presidente desde su etapa como
candidato, y la sospecha de pactos con Peña, empañan sin embargo uno de
los aspectos más aplaudidos por la opinión pública en la actual
administración.
La suspensión e inminente abrogación de la
reforma educativa del sexenio anterior es una medida justa y necesaria
para conciliar con el magisterio del país y sus sectores más activos (la
CNTE), sometidos por ese proyecto supuestamente educativo a
evaluaciones punitivas que a ningún otro sector de los servidores
públicos se aplicaron.
La reducción de las percepciones de los
altos funcionarios, incluido el presidente mismo, la eliminación de las
pensiones vitalicias a los ex presidentes, el desuso del ostentoso avión
presidencial comprado por Felipe Calderón para Enrique Peña, la
eliminación de privilegios en vehículos, sobresueldos, escoltas y otros
renglones para el funcionariado, la conversión de la casa presidencial
de Los Pinos en museo y centro cultural, la supresión como tal del
Estado Mayor Presidencial, la reducción de su propio sueldo, así como la
reciente iniciativa para disminuir el financiamiento público a los
partidos políticos, son medidas que también resultan en alta aprobación
popular y que eran necesarias para frenar el dispendio y los privilegios
de ciertas castas, aunque han llevado a fricciones con el poder
Judicial y otros actores beneficiarios de tales prebendas.
La
liberación de presos políticos y de reos por delitos menores, la
conformación de la comisión de la verdad para el caso de los 43 de
Ayotzinapa y el compromiso refrendado de esclarecer el paradero de esos
estudiantes guerrerenses, el diálogo con las organizaciones de víctimas y
defensa de los derechos humanos y la petición de perdón a Lydia Cacho y
a otras víctimas de la violencia estatal, son acciones claramente
encaminadas a la búsqueda de la justicia, pero que deben ir más allá de
los simbolismos y rendir a la brevedad posible resultados en el ámbito
penal contra los victimarios.
Otras medidas han resultado más
polémicas y de menor aprobación; señaladamente la cancelación de la
construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, el gran
proyecto y el gran negocio del sexenio peñanietista, que sí afectó
intereses económicos muy fuertes y críticas no sólo de la alta burguesía
y los organismos financieros, sino de algunos sectores de la sociedad
y, desde luego, de una parte de los medios. Era una medida también
necesaria para evitar, en lo posible, el ecocidio en marcha y la
afectación a las comunidades rurales de la región de Texcoco, a las que
el anterior gobierno no tomó en cuenta en su mega proyecto. López
Obrador ha buscado, y logrado en alguna medida, neutralizar esas
reacciones y compensar a los inversionistas afectados ofreciéndoles obra
en su proyecto aeroportuario de Santa Lucía y otras obras. El
espaldarazo que Carlos Slim —uno de los inversores del NAIM— dio al
Presidente el 11 de marzo, en el acto de los 100 Días, es prueba de
ello.
También otras decisiones políticas y de inversión han
resultado sumamente discutibles y de previsibles efectos negativos para
las comunidades locales y para el país. Ahora afecto a los
megaproyectos, López Obrador ha decidido echar a andar la construcción
del Tren Maya, el Proyecto Transístmico, la planta Termoeléctrica de
Huexca, en Morelos y la construcción de la refinería en Dos Bocas,
Tabasco. Es clara la intención de impulsar el desarrollo del Sur y
Sureste del país, las regiones más rezagadas de nuestra geografía social
y económica; pero se ha omitido la consulta a las comunidades afectadas
—obligada, en el caso de los pueblos originarios, por el Convenio 169
de la Organización Internacional del Trabajo, del que el Estado mexicano
es suscriptor— ni los estudios previos de impacto ambiental. Peor aún,
el haber organizado y realizado una consulta de muy dudosa validez y
veracidad en Morelos para el proyecto termoeléctrico ha concitado un
amplio rechazo entre los descendientes de la estirpe zapatista, justo en
el año que se ha dedicado oficialmente a recordar y honrar al Caudillo
del Sur. Varios pueblos y comunidades de esa región han decidido
considerar a López Obrador persona non grata por faltar a sus compromisos de campaña e imponer un proyecto que está lejos de tener consenso entre los morelenses.
En una lógica keynesiana y anticíclica, esos proyectos de inversión son
una de las vías para la reactivación de la economía. La otra es la
política social, que debe permitir ampliar el mercado interno, al elevar
el consumo de los sectores deprimidos de la población, además de dar a
éstos protección en su situación de vulnerabilidad. Pero esa política
social ha resultado también más que contradictoria y parece no tener
brújula ni objetivos precisos.
El programa que originalmente se planteó para la capacitación
de jóvenes para el trabajo, por ejemplo, que hubiera implicado becas y
ampliación de la oferta educativa en Conalep, bachilleratos
tecnológicos, los centros de Capacitación para el Trabajo Industrial y
sus correspondientes en los Estados, etcétera, se transformó en la
práctica en un subsidio al sector empresarial para emplear y adiestrar aprendices
(figura no contemplada en la Ley Federal del Trabajo) contratados en
condiciones precarias, de inseguridad en el empleo y probablemente sin
prestaciones completas; es decir, una nueva forma de informalidad en el
trabajo. Y está por verse si esa política logra, como se lo propone,
frenar la vinculación de los adolescentes y jóvenes a las redes de la
delincuencia organizada o la práctica de delitos comunes.
En
otra línea, se han eliminado los subsidios a estancias infantiles,
comedores populares y a una gran cantidad de las llamadas organizaciones
de la sociedad civil (OSC) u organismos no gubernamentales (ONG) que
venían actuando en tareas de interés social y hasta en la defensa de
derechos humanos. El razonamiento ha sido que en esas organizaciones
existía lucro y corrupción financiados con recursos públicos. Y eso es
cierto en una gran cantidad de casos, no hay duda; pero el retiro de las
subvenciones se ha hecho sin un diagnóstico presentado previamente a la
opinión pública de la operación de tales organismos, y en vez de
sanearlos y rescatarlos selectivamente, se decidió pasar la guadaña al
parejo dejando sin sustento incluso a asociaciones civiles libres de
sospecha y que se encontraban arraigadas en la sociedad por servicios
reales y desinteresados. Igualmente, se resolvió en el actual gobierno
suprimir el Seguro Popular, creado por Felipe Calderón. La alternativa
sería que las instancias del Estado (DIF, Secretaría de Salud, la ahora
Secretaría de Bienestar, etcétera) pasaran a cubrir la atención a las
necesidades de los sectores vulnerables y desamparados, y orientarse a
lo que ha ofrecido el Presidente: eliminar la pobreza extrema en un
sexenio; pero se ha optado, en varios casos, por otra salida: la entrega
de los recursos de los programas sociales directamente y en efectivo a
los beneficiarios, para que éstos los trasladen, en el mejor de los
casos, a oferentes de servicios privados. Poco falta para que, si se
descubre corrupción en el IMSS o el ISSSTE, se liquide esas dependencias
y se entreguen sus recursos a los derechohabientes para que éstos
acudan a los servicios privados de salud.
Las nuevas
instituciones de educación superior que López Obrador está creando
(Universidades para el Bienestar Benito Juárez García) tendrán también
un papel en la política social. Diseminadas en múltiples regiones del
territorio nacional, sobre todo en regiones marginadas, ofrecen llevar
la enseñanza profesional, disfrutando además de becas, a miles de
jóvenes que por diversas circunstancias han carecido hasta hoy de
oportunidades de estudio en ese nivel. Es un proyecto sin duda
atractivo, pero que contrasta con la restricción, reflejada en el
presupuesto, de los apoyos a las universidades públicas ya establecidas y
consolidadas, cuya oferta educativa es mucho más amplia que las recién
fundadas, y que realizan tareas de investigación y difusión de la
cultura que difícilmente éstas cumplirán. La huelga en la Metropolitana y
las de otras instituciones de educación superior, ilustran las
limitaciones de una política económica que insiste en conservar los
topes salariales en el sector estatal, a contrapelo del discurso
antineoliberal de las “mañaneras” de cada día.
Por otro lado, la
Cuarta Transformación ha significado continuar con el adelgazamiento
del Estado y la austeridad, tan gratos al gran capital y a los
partidarios del neoliberalismo, mediante reducción de personal y
disminución de los presupuestos en renglones sensibles como la educación
superior, la investigación científica, la cultura y la administración
pública en general. No olvidar que muchos trabajadores de esos ámbitos
fueron votantes del hoy Primer Mandatario, ahora afectados en su
estabilidad laboral o despedidos.
El tema no es menor. El
combate al neoliberalismo (siempre dentro de una lógica capitalista;
López Obrador no es en absoluto socialista) pasa por la reconstrucción y
fortalecimiento del Estado de Bienestar, en gran medida desmantelado
por los anteriores gobiernos, lo cual no sucede con la distribución de
dinero a los beneficiarios de los programas sociales. La lógica del
liberalismo y del neoliberalismo es la misma: el debilitamiento o
liquidación de las instituciones estatales y organizaciones sociales y
populares, sobre todo si éstas son de defensa de clase (sindicatos,
uniones y movimientos), y la individualización de las relaciones entre
los trabajadores y el capital y entre los ciudadanos y el poder
político. En este caso, la política no vigoriza al Estado ni a los
organismos de la sociedad civil, entendida en su sentido más amplio;
pero sí reposiciona la figura del presidente como un proveedor que se
relaciona directamente con el pueblo y sus sectores desfavorecidos, y el
clientelismo electoral. No es casual que el censo de beneficiarios para
los programas sociales haya sido levantado por jóvenes militantes y
simpatizantes del Morena que ostentosamente portaban emblemas
partidarios en sus atavíos, en una clara partidización de esos
programas.
En otro renglón, la política más controvertida del
lopezobradorismo es, sin duda, la de la seguridad pública, basada en una
Guardia Nacional militarizada, con todo y reforma constitucional, y la
permanencia de las fuerzas armadas por cinco años más en funciones de
combate a la delincuencia. Es la renuncia al discurso antimilitarista
previo a la elección del 1 de julio y la asunción, bajo una modalidad
apenas matizada, de las estrategias de Felipe Calderón y Enrique Peña
Nieto que tan costosa en violencia y víctimas ha resultado para la
población de muchísimas regiones. Al combate al narcotráfico ahora se
agrega la lucha contra los cárteles del huachicol, que ya ha cobrado
también vidas y azuzado las disputas, particularmente en Guanajuato,
entre distintas organizaciones delincuenciales.
El éxito de esa
ruta de la militarización es una apuesta que depende de un control
disciplinario del poder civil sobre los destacamentos militares y de la
Armada, que Calderón y Peña no siempre tuvieron para evitar los
recurrentes “daños colaterales” y violaciones a los derechos humanos.
Muchas veces, en cambio, los poderes públicos encubrieron delitos y
ataques de las fuerzas armadas contra la población civil, en escenarios
que nadie desea que se vean replicados bajo el nuevo gobierno morenista.
El rechazo a esa estrategia entre amplios sectores sociales seguirá
presente, a pesar de la unanimidad lograda en el poder Legislativo para
aprobar las reformas constitucionales y las leyes que ahora darán cauce a
la corporación creada por López Obrador.
La síntesis de los
Cien Días es, en suma, un resurgimiento del presidencialismo, con nuevas
modalidades, nuevo discurso y rasgos democráticos, pero que recupera la
legitimidad carismática, bien arraigada en nuestra historia patria, más
que la de la racionalidad institucional y normativa, para ponerlo en
términos weberianos. El 11 de marzo en el Palacio Nacional, López
Obrador no dejó de refrendar su compromiso con la realización de un
plebiscito o consulta para la revocación o refrendo de mandato en 2021,
coincidiendo con la elección de los diputados en el Legislativo federal.
Veremos a López Obrador en el papel en el que mejor se desempeña, el de
candidato, impulsando además a los postulados por su partido, para
tratar de conservar la mayoría en la Cámara de Diputados que ya alcanzó
en 2018, apostando al éxito de su políticas económica, social y de
seguridad pública durante la primera mitad de su mandato, y
arriesgándose al rechazo de las oposiciones, del sector beligerante del
capital y de los decepcionados y arrepentidos que ya dan señales de
abandonarlo.
Hasta hoy, por los niveles de aceptación y
aprobación antes referidos, ese rechazo dista de ser mayoritario, pero
el éxito del gobierno de la autoproclamada Cuarta Transformación
dependerá del crecimiento económico, el empleo, la mejoría del bienestar
social de las mayorías y avances perceptibles en la seguridad y
abatimiento de la violencia, conforme a las altas expectativas generadas
desde la campaña de 2018 y el triunfo popular del 1 de julio. Hasta
ahora, las condiciones y la opinión pública favorecen al gobernante
tabasqueño; pero lo que sí podemos avizorar con certeza es que si éste
fracasa, no vendrá a ser relevado por otras fuerzas a su izquierda, con
mayor compromiso social, sino por una derecha renovada y muy
probablemente más agresiva y revanchista, como se ha visto en la
Argentina, Brasil Estados Unidos, Francia y otros países del mundo.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH
La primera universidad
autónoma de América Latina se encuentra, por cuarto año consecutivo, en
situación de insolvencia para cubrir los salarios y el aguinaldo de sus
alrededor de 9 mil trabajadores, académicos y administrativos.
