Por: Redacción Revolución
(10 de enero, 2016).- Después que el municipio de Tila, Chiapas, por
medio de su organismo de representación ejidal denunció la reactivación
de grupos paramilitares, los ejidatarios denunciaron públicamente a los
responsables del clima de inseguridad que se percibe en aquella entidad.
El organismo de representación acusó directamente al Presidente
Municipal (PVEM) de Tila, Edgar Leopoldo Gómez Gutiérrez, de ser el
responsable de los recientes acontecimientos violentos perpetrados en
dicha región, donde se registró un enfrentamiento entre ejidatarios y
policías.
Lo anterior derivó en el inicio de una averiguación previa por parte
de la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena, contra los comuneros
por delitos de lesiones, daños, motín, atentar contra la paz pública y
la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del estado.
Se aseguró que el alcalde Edgar Leopoldo afirma que no existe
paramilitares, “pero sabemos que tanto el presidente municipal de Tila y
el Procurador Raciel López Salazar se lavan las manos, de sobra lo
saben que hay muchas denuncias en contra de los organizadores plenamente
identificados y protegidos por ellos mismos.”
Aseguran que son estas personas quienes encapuchados y portando
armas “generaron un clima de terror al introducirse en la población en
camionetas del mismo ayuntamiento y los policías municipales que los
protegían, hacían disparos y con el uso de la violencia y alterando la
paz social dentro del Ejido Tila.”
Así mismo, denunciaron al Subsecretario de gobierno con sede
en Yajalón Chiapas, Oscar Sánchez Alpuche, de ser el responsable de
reorganizar a los grupos paramilitares que tienen como misión hostigar a
las organizaciones sociales que protegen sus tierras.
“Denunciamos públicamente a Emilio Gutiérrez Martínez (exmilitar)
quien está dirigiendo un grupo paramilitar para atacar al Ejido Tila;
así también, a Rubén Nemorio Gutiérrez Martínez, Pablo Gutiérrez
Martínez, Eliseo Gutiérrez Gutiérrez (
Los representantes han reiterado su compromiso por seguir protegiendo
las 130 hectáreas de tierra que aseguran el ayuntamiento pretende
despojarlos de ellas. Exigieron al gobierno del estado de Chiapas,
respetar su territorio y las decisiones de la asamblea. Así
mismo, reclamaron retirar las oficinas del ayuntamiento municipal de
Tila de manera definitiva para que la asamblea general de ejidatarios
tome el control del municipio.
Durante la segunda mitad del 2015, grupos indígenas que habitan la
comunidad El Carrizal y que desde hace años han luchado por sus
tierras para exigir una mejor calidad de vida, fueron
quienes denunciaron que grupos paramilitares los han hostigado y
amenazado, obligando a muchos a abandonar sus terrenos.
“Es una comunidad indígena mayoritariamente de habla tzeltal y
desgraciadamente la entrada principal a este pueblo de El Carrizal está
controlado por un grupo paramilitar llamado ‘Los petules’
quienes impiden que niños y jóvenes asistan a la escuela y que los
habitantes comercien con otras comunidades”, revela Héctor Cerezo,
Activista del Comité Cerezo México.
Como lo dio a conocer Revolución TRESPUNTOCERO el 29
de septiembre de 2015 los grupos paramilitares atacaron a miembros de
El Carrizal y asesinaron a Héctor Sántiz López. Quien
A la familia dicho grupo paramilitar negó el cuerpo de Héctor, pues
pretendían quedarse con él. Los indígenas han buscado apoyo de
organizaciones defensoras de los derechos humanos y han acudido varias
veces ante las autoridades para denunciar su problemática, pero aseguran
que los grupos paramilitares están apoyados por el gobierno estatal y
esta es la razón principal por la que el conflicto no termina.
“Hasta el momento, continúa el hostigamiento y la amenaza permanente,
no solo de los paramilitares petules sino del mismo Ejército federal,
la fuerza federal, la fuerza ciudadana, policía estatal preventiva,
policía federal”, cuenta Susana Aguilar, del Frente Nacional de Lucha
por el Socialismo.
Aunque se asegura que la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Chiapas ha implementado un Programa
Regional de Seguridad y Prevención que ha reducido el nivel de
delincuencia hasta ser la entidad con menor número de víctimas del
delito a nivel nacional, las cifras difieren de la realidad que padecen
dichas comunidades indígenas azotadas por los grupos paramilitares,
quienes constantemente amenazan, disparan y asesinan de manera impune.
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