Luis Hernández Navarro
Periódico La Jornada
Está en marcha una
execrable campaña de calumnias contra Ángela María Buitrago. Su objetivo
no es sólo difamarla en lo personal, sino desacreditar la labor del
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El GIEI fue formado por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) para brindar asistencia técnica internacional, desde la
perspectiva de los derechos humanos, en la investigación de la
desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro
Burgos de Ayotzinapa, en Guerrero. Fue creado en noviembre de 2014.
Ángela María Buitrago forma parte del grupo de expertos. Es una
reconocida abogada colombiana, con credenciales académicas y
profesionales intachables. Tiene maestría en derecho penal, doctorado en
derecho y diversas especializaciones. Trabajó en los juzgados
ambulantes de su país natal, haciendo necropsias y levantamiento de
cadáveres; litigó y dio clases. En 2005 entró a trabajar con la Fiscalía
General. Tres años después fue nombrada fiscal delegada ante la Corte
Suprema de Justicia.
La doctora Buitrago impartió justicia desafiando la impunidad de los
poderosos colombianos, sin miedo a nada o a nadie. Trabajadora tesonera e
incansable, resolvió los más difíciles casos que llegaron a sus manos
con probidad, eficiencia y equidad. Implacablemente seria en las
audiencias, fue llamada La fiscal de hierro.
A la fiscal nunca le tembló la mano para juzgar a los hombres del
poder. No le importaron las consecuencias. Puso tras las rejas a buen
número de políticos asociados con los paramilitares. Mandó a la cárcel a
personajes como el gobernador Edilberto Castro y al ex director de la
Fiscalía de Medellín Guillermo León Valencia Cossio.
Uno de los casos más fuertes que enfrentó fue el juicio a varios
militares por su responsabilidad en la desaparición de 11 personas en la
retoma del Palacio de Justicia por el Ejército en 1986. Ella lo
desenterró después de más de 20 años de ominosa impunidad.
La historia se remonta al 6 de noviembre de ese año, cuando
guerrilleros del M-19 ocuparon la sede del Poder Judicial y tomaron en
rehenes a 350 personas, entre las que estaban magistrados y consejeros
del Estado. Con la medida, buscaron denunciar que las fuerzas armadas
habían roto un cese al fuego pactado y que el presidente Belisario
Betancur había incumplido el acuerdo con ellos para buscar salidas
políticas al conflicto.
Un día después, los uniformados asaltaron a sangre y fuego al Palacio
de Justicia. El saldo fue de 98 muertos. Once personas más fueron
consideradas desaparecidas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos
calificó la acción militar de holocausto y masacre.
A contracorriente, la fiscal Buitrago emprendió una exhaustiva
investigación de la masacre y llamó a rendir testimonio a decenas de
protagonistas. Finalmente, el coronel Luis Alfonso Plazas Vega fue
condenado a 30 años por la desaparición forzada de dos personas. Sin
embargo, el pasado 16 de diciembre, la Corte Suprema de Justicia acordó
dejarlo libre, después de pasar ocho años en prisión.
Quienes en México han organizado una campaña de injurias
contra Ángela María Buitrago han retomado este caso para atacarla.
Acusan falsamente a la ex fiscal de haber desechado y falseado
testimonios que exculpaban al coronel. Señalan que ella no tiene
autoridad para investigar lo sucedido en la noche de Iguala y que debe
renunciar al GIEI.
En Colombia o en México, juzgar a altos oficiales del Ejército es una
labor cuesta arriba. Según el abogado procesal colombiano Ramiro
Bejarano, una de las primeras cosas que hizo el coronel Plaza Vega al
salir de la cárcel fue visitar al procurador ante el cual Édgar
Villamizar, el cabo del Ejército que fue testigo en el caso, se retractó
de su testimonio inicial, en el que incriminaba a varios oficiales.
Adicionalmente, la juez del caso, María Stella Jara, y su hijo,
recibieron amenazas contra su vida mientras juzgaban al coronel, por lo
que debieron exiliarse en Alemania.
La Corte reconoció que sí hubo desapariciones forzadas en la retoma
del Palacio de Justicia. Sin embargo, decidió liberar al coronel. Lo
hizo no porque hubiera encontrado pruebas de su inocencia, sino porque,
ante la duda, debió aplicar la decisión en su favor. El acuerdo entre
los togados no fue unánime: votaron a favor cinco magistrados y se
opusieron tres. Uno cambió su voto en contra de liberarlo en el último
momento.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia por
esas desapariciones. No hizo ningún juicio respecto de alguien en lo
particular, puesto que
la protección internacional de los derechos humanos no debe confundirse con la justicia penal. Los estados no comparecen ante la Corte como sujetos de acción penal.
Las calumnias en la prensa mexicana contra La fiscal de hierro
buscan demeritar el excelente trabajo que el GIEI ha desarrollado para
esclarecer el crimen de Iguala. Son una reacción desesperada de quienes
en el Estado mexicano sostuvieron el relato de la
verdad histórica, convertido en cenizas por los informes de los expertos. Quieren, como sea, golpear a quienes cuestionan su pésimo trabajo y sus complicidades.
Ni la independencia de Ángela María Buitrago ni su papel de experta
están en entredicho por la resolución tomada por la Corte Suprema de
Justicia de Colombia. Su profesionalismo y capacidad no están en duda.
Los legisladores que se han sumado al cargada contra la ex fiscal (el
líder del Partido de la Revolución Democrática en el Senado, Miguel
Barbosa, y el secretario de la comisión especial para dar seguimiento al
caso Iguala en la Cámara de Diputados, Arturo Álvarez) dan pena ajena.
Contar con la ex fiscal de hierro en la comisión encargada de esclarecer
lo sucedido el 26 de septiembre en Iguala es un lujo.
Twitter: @lhan55
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