¿Peña a La Haya?

Ilán Semo

El 7 de diciembre Gilberto Lozano informó que la Corte Penal Internacional (CPI), situada en La Haya, Holanda, empezó ya a revisar la demanda interpuesta contra Enrique Peña Nieto por la organización Congreso Nacional Ciudadano, en la que se inculpaba al ex presidente de violaciones a los derechos humanos, corrupción y crímenes de lesa humanidad –en particular en los casos de los crímenes cometidos en Ayotzinapa y Tlatlaya. El día de ayer un vocero de la corte explicó que sólo se había recibido la denuncia y el siguiente paso, en caso de darse, sería determinar si el tribunal contaba con jurisdicción para iniciar las investigaciones. En pocas palabras, en la CPI no existe todavía una investigación contra Peña. Y, sin embargo, por lo pronto, la demanda interpuesta contra el ex mandatario mexicano ha llegado bastante más lejos –en términos procesuales– de la que alguna vez –en 2011– interpuso un vasto grupo de ciudadanos contra Felipe Calderón en el mismo tribunal y por los mismos delitos. Habrá entonces que esperar.

Fundada en 1998, la CPI es un organismo del todo sui generis que no forma parte de la ONU, aunque se relaciona con ella por su norma fundacional, el Estatuto de Roma. Su cometido es llevar a juicio agresiones de lesa humanidad, genocidios y crímenes de guerra. Sólo procede en los casos que un Estado no pueda juzgar o no juzgue estos delitos y, en principio, ha funcionado de manera visiblemente selectiva. Charles Taylor, ex presidente de Liberia, acusado de proveer armas durante la guerra civil de Sierra Leona, en la que murieron más de 120 mil pobladores, fue juzgado entre 2007 y 2011. Laurent Gbagbo, ex jefe de Estado de Costa de Marfil, compareció acusado de crímenes de guerra. Fue juzgado y sentenciado a prisión en la misma ciudad de La Haya. Slobodan Milosevic, ex presidente de Yugoslavia, sin duda el caso más célebre del tribunal holandés, fue inculpado de genocidio étnico y sometido a una investigación que se prolongó durante más de cinco años. Murió en su celda durante el proceso en 2006. Milan Milutinovich, ex presidente de Serbia, acusado de crímenes de guerra, fue absuelto en 2009. Slobodan Praljak, criminal de guerra croata, inculpado por las masacres cometidas por las tropas de Croacia contra musulmanes bosnios, tomó un veneno letal durante una sesión del proceso frente a las atónitas miradas del juez, el fiscal y el público asistente. Khieu Samphan, ex jefe de Estado de Cambodia, continúa en juicio desde 2011 por los crímenes de guerra cometidos por los khmer rojos durante 1975-1979.

Ningún ex mandatario latinoamericano ha sido requerido por la corte, aunque casos no han faltado. Pinochet habría sido un excelente candidato. Es obvio que Occidente cuida de la reputación de sus propios criminales. Aunque la Corte Internacional mantiene en la actualidad investigaciones en Colombia y Honduras.

No por casualidad, los países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU –Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Gran Bretaña– no han firmado el estatuto de la CPI. De alguna manera se mantienen blindados frente a sus sentencias. De ahí el sinnúmero de críticas que se le han hecho al tribunal, el cual hizo caso omiso de llevar a su banquillo, entre otros, el caso de Henry Kissinger.

Sea como sea, la notoriedad mediática y jurídica que ha alcanzado es notable. Sus investigaciones, que siempre son públicas, se extienden durante varios años. Y los juicios son acompañados de exhibiciones y testimonios pormenorizados de los crímenes cometidos por los inculpados. La justicia convertida en un espectáculo inclemente. Un juicio a Peña Nieto en ese tribunal traería consigo no sólo un examen de la tragedia mexicana de los pasados dos sexenios, sino una revisión completa de la historia del régimen instaurado por la tecnocracia desde mediados de los años 80. Sabemos que se trata de un caso que la Corte Internacional podría atraer a su jurisdicción. Las declaraciones de El Chapo en el juicio que se le sigue en Estados Unidos propician un ambiente para ello. Sería una ironía en la que finalmente se revelaría que la supuesta guerra contra el crimen organizado no fue más que un mecanismo de control político. Se puede decir que se trata solamente de coincidencias; pero ya son demasiadas coincidencias.

¿No acaso valdría la pena, en aras de mantener la mínima soberanía jurídica, pensar en un juicio local bajo la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México? En su discurso inaugural, Andrés Manuel López Obrador dijo que no abriría expedientes porque eran demasiados y sólo se perdería el tiempo. Pero aquí se trata de un solo expediente. Nada más de uno: el de quien obstruyó la justicia para emprender las investigaciones en torno al caso Ayotzinapa. No se perdería ningún tiempo y acaso se repararía la integridad de una nación entera. Esto, y no la instauración de una vaga Comisión de la Verdad, daría inicio a un efectivo cambio de régimen político.