Utopía
Eduardo Ibarra Aguirre
El coro mediático (con Ciro Gómez y Azucena Uresti a la cabeza) y legislativo (con la locuaz Kenia López y el sobreactuado Germán Martínez) enmudeció cuando la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, los dejó colgados de la brocha al reconocer que es la autora de los mensajes de WhatsApp que recibió el presidente del Senado, Alejandro Armenta, el martes 16, pero también negó que puedan ser interpretados como una amenaza. Los colegas quedaron como tontos por esa inclinación obsesiva por justificar y defender a los Calderón, García Luna, Córdova, Piña Hernández y lo que se acumule en la disputa del neoconservadurismo con la vista puesta en el primer domingo de junio del 24.
Sin embargo, el senador poblano asegura que percibió en los mensajes intimidación, amenaza y una probable acción de presión del Poder Judicial contra el Legislativo, por lo que valora interponer recursos legales contra la ministra. Mismos sobre los que el presidente Andrés Manuel sugirió no victimizar a la actual heroína de las oposiciones incapaces hasta hoy, por desgracia, de dibujar siquiera una alternativa ante el gobierno la Cuarta Transformación.
Es una barbaridad que Norma Lucía Piña Hernández no conozca u olvide la Constitución o simplemente no esté dispuesta a respetarla. Es sabido que el artículo 61 establece la inviolabilidad de los diputados y senadoras por las opiniones que manifiesten en el desempeño legislativo y prohíbe expresamente reconvenirlos.
La grave falta de Piña obliga al análisis serio, más allá de partidarismos y coyunturas políticas, sobre la pertinencia o no de incoar juicio político. Lo mismo podría aplicarse, quizás, para los siete ministros que junto con la presidenta Norma Lucía impulsan la denominada lawfare o guerra judicial, pues los togados porfían en el sabotaje a la soberanía popular que supone cerrar las vías legales para el cumplimiento del mandato emitido por la ciudadanía en julio de 2018.
Lo que en primera instancia podría parecer una severa falta de oficio político institucional por parte de la señora que tomó posesión el 2 de enero, pone en relieve una concepción chabacana de la relación entre los poderes de la Unión, como lo mostró también en el desayuno que sostuvo con la titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, con quien pretendió negociar la aplicación de la declaratoria de inconstitucionalidad de la adscripción operativa y administrativa de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Además de seducirla con el hecho de que Rosa Icela salía ganando porque dirigirá una fuerza armada de 150 mil hombres y mujeres. “¿No sé de qué te quejas?”, sentenció la promovida por Enrique Peña Nieto.
Por eso no sorprende tanto el desaguisado de Norma Piña, la descalificación personal, formulada torpemente por una vía fuera de lugar y en un tono que exhibe el desprecio hacia el Senado y que, por cierto, se corresponde con el empeño de los ocho togados en invadir las facultades de los legisladores y en torpedear su trabajo como hacedores de las leyes. Por si fuera poco, el desfiguro exhibe a Piña Hernández como funcionaria carente de imparcialidad, atributo indispensable para el buen funcionamiento de la SCJN.
El bochornoso episodio va más allá de lo personal, en tanto que los mensajes digitales enviados al presidente del Senado socavan la de por sí muy baja credibilidad de la Corte. Agréguese a lo anterior que la negativa de la Suprema a condenarlos y su pretensión de hacerlos pasar como “asunto entre particulares”, refuerzan las razones y motivos de los legisladores del partido gobernante para convocar a una consulta popular que impulse otra manera de integrar la SCJN, ajena a los pactos cupulares y que sean remplazados por la voluntad ciudadana materializada en las urnas.
Acuse de recibo
“El gobierno de Calderón desvió casi 2 mil millones de pesos del presupuesto de la Secretaría de Salud a medios de comunicación. Documentos de Hacienda en poder de Contralínea revelan que los recursos se extrajeron entre mayo de 2010 y noviembre de 2012. Por la presunta corrupción en contrataciones de publicidad gubernamental está en prisión el exdirector de Comunicación Social de la Ssa en ese sexenio, Carlos Olmos Tomasini. Entrevistado en 2013 por Contralínea acerca de los sobreejercicios en campañas publicitarias de Salud que investigaba la Función Pública, éste acusó que las órdenes las recibió de Presidencia, a través de Alejandra Sota y Maximiliano Cortázar, dos de los principales colaboradores del expresidente”. Enlace: https://contralinea.com.mx/
http://www.forumenlinea.com/
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