Esto último es lo que pretende Estados Unidos al llevar este 17 de agosto a México a un panel de disputas en el marco del tratado comercial de América del Norte (T-MEC), para impedir que México pueda proteger a su propia población del consumo de maíz transgénico y de la exposición al herbicida cancerígeno glifosato.
En el caso de Phillips Morris contra Uruguay, la trasnacional consideró que el país perjudicaba sus ganancias al limitar el consumo indiscriminado y propaganda sobre tabaco. Alegó que con sus medidas para proteger la salud de la población, Uruguay estaba violando el acuerdo bilateral de inversión entre Uruguay y Suiza, sede matriz de PMI, por lo que inició una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). El gobierno de Uruguay había tomado anteriormente varias medidas para desestimar el consumo de tabaco, pero en 2006 se convirtió en el primer país latinoamericano que prohibió fumar en espacios públicos cerrados e instauró regulaciones a la propaganda, promoción y venta de tabaco.
El proceso llevó más de seis años, en 2016 el CIADI falló a favor de Uruguay en una sentencia histórica que sentó jurisprudencia internacional (validez de principio en casos similares). Estableció que Uruguay había ejercido su derecho soberano y su deber de Estado de proteger la salud pública. Sentenció a la empresa a pagar los gastos del juicio y de los demandados (https://tinyurl.com/mrncx7xp).
Aunque ahora la acusación contra México se presenta como un conflicto
entre gobiernos en el T-MEC, en realidad los intereses que está
representando Estados Unidos son los de un puñado de trasnacionales de
agronegocios (Ver Golpeadores transgénicos
, https://tinyurl.com/2w8fapxy).
Se ha demostrado en múltiples ocasiones, por ejemplo con los documentos filtrados por Wikileaks, que Monsanto (ahora Bayer) y otras trasnacionales de transgénicos y agrotóxicos han tomado al gobierno de Estados Unidos como canal para atacar a los países, forzarlos a aceptar cultivos transgénicos, así como denostar estudios y científicos independientes.
México ha sido víctima de estas presiones desde antes de que se emitiera el primer decreto limitando el glifosato y prohibiendo la siembra y consumo de maíz en alimentación humana en 2020. La organización US Right to know reveló en un artículo en The Guardian, por correos a los que accedieron por derecho al acceso a la información, que Bayer-Monsanto trabajó desde 2019 con el Representante de Comercio de Estados Unidos y otros funcionarios de ese gobierno, para que presionaran al gobierno de México a no limitar ni prohibir la importación de glifosato ni maíz transgénico (https://tinyurl.com/3ew92z5j).
Pese a que Estados Unidos ahora dice que México no ha respondido a sus planteos, esto, como tantas otras cosas que afirman, no es verdad. Esas amenazas, más que demandas, motivaron incluso un segundo decreto presidencial en 2023, que alargó el plazo para la sustitución gradual del glifosato y limitó la prohibición de maíz transgénico en alimentación humana solamente a su presencia en tortillas y masa de maíz. Como el maíz que se usa para esos fines es fundamentalmente maíz blanco, del cual México produce más de lo que se usa en el consumo interno, esto no afecta las importaciones. Además, el mismo decreto dice explícitamente que no aplica a las importaciones para la industria pecuaria y otros usos industriales, que es donde va el maíz importado de Estados Unidos. Por su parte, el Conahcyt agregó a su repositorio de documentos relativos al caso, la organización de una serie de seminarios con científicos y científicas de muchos países, que compartieron un amplio volumen de información sobre los efectos nocivos a la salud, ambiente de los transgénicos y el glifosato (https://tinyurl.com/39kxupfb ).
¿Por qué entonces Estados Unidos insiste y escala el conflicto? Por un lado, porque entra el tema en el contexto electoral de ambos países y buscan el favor de quienes promueven la agricultura industrial y tóxica, además de pescar otros intereses en juego que no tienen que ver con este conflicto en específico.
Para las empresas de agronegocios, aunque no se afecten las importaciones, es fundamental atacar cualquier razón que muestre que sus semillas y agrotóxicos son nocivos a la salud. Con su larga cola de corrupción y compra de científicos de alquiler (https://tinyurl.com/bdebytrk) las trasnacionales han sembrado bastante confusión pese a las evidencias que muestran daños a la salud. Tal como ha hecho por décadas la industria tabacalera.
El paralelo con las razones de Phillips Morris contra Uruguay queda aún más claro. Lo que está en juego es impedir que México ejerza la soberanía de legislar para proteger la salud de la población.
*Investigadora del Grupo ETC
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