Pedro Mellado Rodríguez
La disyuntiva para los políticos siempre ha sido muy simple: servir al pueblo, en forma leal, honrada, valiente, incondicional, procurando siempre que las acciones de gobierno sean en beneficio de las mayorías y en particular de los más pobres y desvalidos; o en su caso, anteponer sus intereses y ambiciones personales o de grupo, para engañar al pueblo, traicionarlo y robarlo. Así ha sido siempre a través de la historia, pero los hechos concretos son los que al final muestran el verdadero rostro de un político y del gobierno que encabeza. Y esa gran diferencia se observa en las acciones que emprenden y en el interés superior que defienden.
En México está en proceso un profundo cambio de régimen de gobierno, orientado, esencialmente, a atender a los más pobres y desvalidos y defenderlos de las asechanzas -engaños o artificios- de quienes pretender preservar un régimen de privilegios, en el cual las instituciones de gobierno estaban secuestradas por una minoría privilegiada y rapaz, en la que entreveran sus intereses empresarios y políticos corruptos, que durante décadas hicieron de los bienes de la Nación un botín que se repartían en forma discrecional y patrimonialista.
El cambio radica, esencialmente en que tanto el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como el de Claudia Sheinbaum Pardo, han establecido una ruta de reformas constitucionales para devolver a la Carta Magna el sentido social que nunca debió haber perdido. Y para cumplir ese propósito, los dos gobiernos, definidos como de izquierda, han contado con un amplio respaldo popular.
El gobierno de la llamada Cuarta Transformación carga un pesado lastre, de oportunistas que se han incorporado a sus filas y que arrastran las más despreciables prendas de la hipocresía, el cinismo y la corrupción, que obligadamente tendrán que ser purgados, una vez que el cambio de régimen se consolide, pues la presencia de algunos de ellos ha sido clave para que los gobiernos de López Obrador y el de Sheinbaum Pardo en particular, tengan la mayoría calificada en el Congreso de la Unión para concretar las reformas constitucionales que son el basamento de un profundo cambio de régimen.
En su tratado sobre Derecho Constitucional Mexicano, publicado por Editorial Porrúa en 1972, el jurista Ignacio Burgoa Orihuela advierte: “Mediante el ejercicio de su poder soberano, el pueblo puede romper, violenta o revolucionariamente, como de hecho ha sucedido con frecuencia innegable, un régimen jurídico, político o socioeconómico que se adecúe a sus aspiraciones o que sea obstáculo para su progreso en los más importantes aspectos de la vida”.
El connotado constitucionalista hace la siguiente ponderación: “En su fase cruenta, la soberanía tiene un fin destructivo, pero también suele perseguir el objetivo de construir un sistema jurídico en cuyas normas fundamentales se plasmen los designios populares, se apunten las soluciones a los grandes problemas que afectan a los sectores humanos mayoritarios y se indiquen las medidas para satisfacer las necesidades y carencias colectivas” (Página 250).
Y explica Burgoa Orihuela: “El pueblo (…) es la fuente de la soberanía, su único sujeto o dueño, pero (…) en atención a circunstancias de índole práctica, no puede desempeñarla por sí mismo, en cuya virtud delega su ejercicio en órganos por él creados expresamente en el derecho fundamental o Constitución, los cuales despliegan el poder soberano popular en forma derivada” (Página 264).
Veamos algunas muestras de la reformas constitucionales que orientan el nuevo rumbo de la Nación. El 30 de septiembre del 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al Artículo Segundo, Apartado A de la Constitución General de la República, en los siguientes términos: ”Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: Decidir, conforme a sus sistemas normativos y de acuerdo con esta Constitución, sus formas internas de gobierno, de convivencia y de organización social, económica, política y cultural.
Para fortalecer la identidad de la Nación, el 2 de diciembre del 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la adición de un párrafo al artículo tercero constitucional que explica: “ Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la lecto-escritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva, el cuidado al medio ambiente, la protección de los animales, entre otras”.
También el 2 de diciembre del 2024 se publicaron en el Diario Oficial de la federación importantes reformas al artículo cuarto constitucional para garantizar derechos de las personas: “Toda persona tiene derecho a disfrutar de vivienda adecuada. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”. Además: “La Federación y las entidades federativas garantizarán la entrega de una pensión no contributiva a las personas con discapacidad permanente menores de sesenta y cinco años, en los términos que fije la ley”.
Otro párrafo que se adicionó al artículo cuarto constitucional advierte: “El Estado garantizará la rehabilitación y habilitación de las personas que viven con discapacidad permanente, dando prioridad a las personas menores de dieciocho años de edad, en términos que fije la ley”.
El mismo día también se publicaron reformas que refuerzan el programa de pensiones: “Las personas adultas mayores de sesenta y cinco años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la ley”. Y también: “A las personas con discapacidad permanente menores de sesenta y cinco años les corresponde la pensión no contributiva por discapacidad, y a todas las personas mayores de esa edad les corresponde la pensión no contributiva de adultos mayores”.
El 31 de octubre del 2024, para enmendar las reformas de promovidas por los gobiernos neoliberales, para saquear los bienes de la Nación, se agregó al Artículo 27 constitucional un párrafo, publicado en el Diario Oficial en los siguientes términos: “Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas públicas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria. Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos las empresas públicas del Estado podrán contratar con particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos”.
El mismo 2 de diciembre del 2024 el Diario Oficial publicó cuatro párrafos adicionados al Artículo 27 constitucional, que tienen un enorme contenido social: “El Estado garantizará, en los términos que fije la ley, la entrega de: a).- Un jornal seguro, justo y permanente a campesinos que cultiven sus tierras con árboles frutales, maderables y especies que requieren ser procesadas; b).- Un apoyo anual directo y fertilizantes gratuitos a productores de pequeña escala, y c).- Un apoyo anual directo a pescadores de pequeña escala”. Y también lo siguiente, para combatir la voracidad de los intermediarios y acaparadores: “El Estado mantendrá precios de garantía para el maíz, frijol, leche, arroz y trigo harinero o panificable, en los términos de las disposiciones aplicables”.
En contraste, podemos observar que las reformas llevada a cabo durante los gobiernos de la etapa llamada neoliberal, desde el priista Miguel de la Madrid Hurtado, quien empezó su gobierno en 1982, pasando por los tricolores Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León; así como los panistas Vicente Fox Quesada y Felipe de Jesús Calderón Hinojosa; para cerrar con el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, todas las reformas constitucionales estuvieron orientadas a favorecer a una iniciativa privada rapaz, abusiva e hipócrita, que hizo negocios privados al amparo de una clase política ambiciosa y corrupta, con la que se repartían el poder y el botín.
“Bajo la Administración de [Carlos] Salinas se ejecutaron las grandes transformaciones estructurales que el presidente consideraba ineludibles para conformar el México moderno del próximo siglo. De entrada, se aceleró la campaña de privatizaciones comenzada en 1982, viéndose afectadas ahora todas las grandes empresas del Estado”, señala un informe publicado por el Centro Barcelonés de Estudios Internacionales, conocido con las siglas de CIDOB, actualizado hasta el 2 de julio del 2018.
Agrega el documento de CIDOB: “Así, fueron entregados al capital privado la telefonía (Telmex, una compañía plagada de denuncias por negligencia en el servicio que en diciembre de 1990 fue adjudicada en pública subasta a un consorcio encabezado por el magnate Carlos Slim Helú), las comunicaciones viales y las aerolíneas, el sector químico, el siderúrgico (Altos Hornos de México), los seguros, las cadenas hoteleras, los medios de radiodifusión (Imevisión, que dio lugar a la TV Azteca) y, finalmente, la banca”.
El 12 de mayo de 1995 el PRI y el PAN reformaron la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario para privatizar Ferrocarriles Nacionales de México y venderlos a empresas nacionales y extranjeras. “Tan descarado fue este atraco que, al terminar su sexenio, el expresidente Ernesto Zedillo se fue a trabajar como asesor del consejo de administración de una de las empresas que se quedó con la mayor parte de la infraestructura ferroviaria del país”, reprochó el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera del jueves 4 de agosto del 2022.
El 12 de diciembre de 1998, con Ernesto Zedillo en la Presidencia de la República, diputados del PRI y del PAN aprobaron el Fobaproa, que convirtió en deuda pública las deudas privadas de unos cuantos empresarios y banqueros. Hasta el 31 de diciembre del 2018 la deuda del Fobaproa ya había rebasado el billón 200 mil millones de pesos.
Estas historias describen con claridad la personalidad de los gobiernos neoliberales y su contraste con las administraciones de López Obrador y Sheinbaum Pardo. Sí, hay un cambio de régimen que podría profundizarse los próximos seis años, para construir una sociedad más justa y generosa para la mayoría del pueblo, que históricamente ha sido ninguneada, despreciada, explotada y burlada cínicamente.
Pedro Mellado Rodríguez
Periodista que durante cinco décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Es autor del libro Las Naves Nodrizas de la Comunicación y el Periodismo (Taller Editorial La Casa del Mago, Guadalajara, 2022).
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