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8/16/2016

Activan Alerta Temprana para prevenir agresiones contra activistas y periodistas en Chihuahua




   Respuesta del gobierno ante demanda de OSC

El Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación (Segob), adoptó una “Alerta Temprana” para prevenir agresiones a activistas y periodistas en el estado de Chihuahua, por lo que en próximos días iniciará acciones en la materia.
 
Esta decisión se tomó el pasado 11 agosto, luego de que el siete de marzo 24 organizaciones y redes de Derechos Humanos (DH) solicitaron a Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, activar la llamada Alerta Temprana, ante los posibles riesgos que enfrentan activistas y comunicadores.
 
Esta alerta es un mecanismo de prevención incluido en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas e incluye el diseño de planes de contingencia que responda a la tipología de ataques y a las personas en riesgo.
 
CHIHUAHUA, ALTO RIESGO
 
La solicitud de activación se hizo porque Chihuahua es la entidad con mayor número de defensoras y defensores asesinados (al menos 19), el segundo en periodistas asesinados y es el estado que cuenta con el 30 por ciento del total de las medidas cautelares adoptadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto de defensores y defensoras en riesgo.
 
Además, para las organizaciones humanitarias era necesario tomar medidas preventivas, ya que a principio de este año se dieron casos de difamación hacia activistas, lo que significó una alerta ya que la experiencia ha demostrado que los comentarios difamatorios pueden escalar hacia amenazas y después a una agresión mayor como el homicidio.
 
Entre los casos emblemáticos están el de Marisela Escobedo, asesinada el 6 de diciembre de 2010; las agresiones contra Marisela Ortiz y María Luisa García Andrade, fundadoras de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa; y el atentado contra la activista Norma Andrade, integrante de esta misma organización, quien en diciembre de 2011 fue atacada con arma de fuego en Ciudad Juárez.
 
A las campañas de desprestigio se suman las desapariciones, tortura, amenazas, detenciones arbitrarias, daños y allanamientos a oficinas de agrupaciones civiles, criminalización de periodistas y defensoras o defensores, así como la autocensura de medios de comunicación con el fin de recibir financiamiento a través de la publicidad oficial.
 
La alerta se dio por una resolución de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección y es la primera ocasión en que se emite, aunque ya se hizo una similar para para prevenir mayores agresiones a periodistas en el estado de Veracruz.
 
Al respecto, agrupaciones no gubernamentales como Abogadas Demócratas, Alternativas Pacíficas, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, el Grupo Feminista 8 de marzo y la Red Mesa de Mujeres en Ciudad Juárez emitieron un comunicado donde señalaron que esto es un reconocimiento expreso del riesgo que implica la labor de defensa de los DH y el periodismo en Chihuahua.
 
Por ello llamaron a las autoridades locales y federales a adoptar un plan de contingencia que sea pertinente y aplicable a las diferentes circunstancias, que tengan un enfoque diferenciado que tomen en cuenta las particularidades de las personas beneficiarias, y que sean efectivas no sólo para prevenir futuros ataques a los dos gremios protegidos como para eliminar la impunidad de ataques previos.
 
En particular, solicitaron al gobernador César Duarte y al equipo de transición del gobernador electo, Javier Corral, que colaboren en la realización del plan de contingencia, el cual deberá ser adoptado en en próximos días por la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección, en colaboración con su Consejo Consultivo y la sociedad civil.
 
CIMACFoto: Gabriela Mendoza Vázquez
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

5/09/2013

Cómo las cuidamos

OPINIÓN
VIOLENCIA
   OPINIÓN

Especial
Por: Anamaría Cofiño K.*
Cimacnoticias | Guatemala.- 

Da escalofríos saber lo enraizados que están los males en esta sociedad, tanto, que los aceptamos sin más. Tal es el caso de los abusos sexuales contra las niñas, históricamente intercambiadas, violadas, esclavizadas, explotadas, sin que hasta muy recientemente se asumiera como problema social. Por eso se habla de una deuda histórica que tenemos hacia ellas en Guatemala.

Vistos los datos y cifras de casos proporcionados por instituciones de Derechos Humanos, queda demostrado que la magnitud que alcanza este delito es más que alarmante. Esto parece no preocupar al Estado, quien tendría que velar por la salud y el bienestar de la niñez y juventud.

MÁS VALE PREVENIR

Las alertas tempranas, como el Sistema Alba Keneth, son medidas interinstitucionales que se han implementado para evitar el robo o desaparición de menores de edad, pero esa alarma debería abarcar a la sociedad en su conjunto, y sobre todo a la niñez, adolescencia y juventud que son engañadas o forzadas a entrar en las redes de esclavitud y explotación.

Si existiera suficiente información adecuada a edades, géneros y culturas, quizá se podría poner un obstáculo a esos negocios ilícitos que generan riquezas para empresarios corruptos.

El Ministerio de Educación guatemalteco tiene una gran responsabilidad y debería estar divulgando entre alumnos y maestros no sólo la información pertinente, sino persiguiendo y castigando las prácticas de abuso que se dan en las instituciones
educativas y en las familias.

La atención integral es una forma de recuperar física y emocionalmente a las personas menores de edad que han sido victimizadas, ello implica tratamientos psicológicos, médicos y sociales específicos, así como asistencia legal, de forma que puedan rehacer sus vidas en la sociedad, libres de ese flagelo.

El Estado es signatario del Protocolo de Palermo, que señala los mecanismos relacionados con la protección a las víctimas de trata, en términos de garantizar una asistencia especializada, particularmente a las niñas, que incluye alojamiento, educación y cuidados adecuados.

En Guatemala existen cinco albergues: dos de la Secretaría de Bienestar Social y tres de la sociedad civil, estas instituciones les proporcionan refugio y cuidado a quienes son remitidas a esos centros a partir de denuncias judiciales.

Al analizar lo hecho por el Estado nos damos cuenta que su indiferencia hacia las niñas se evidencia en las cifras de denuncias que no son atendidas y que van en aumento.

Ante ello, como sociedad nos toca por lo menos preguntarnos qué hacer. Y una respuesta es exigirle al Estado que cumpla con sus obligaciones. No es justo ni aceptable que cierren albergues, que conduzcan a las víctimas a espacios inseguros, y que favorezcan la revictimización, además de tolerar este tipo de negocios.

Otra contribución que podemos hacer es conversar sobre esto en la casa, en el trabajo, en los espacios sociales donde nos movemos. Se trata de sembrar alerta en madres y menores de edad para hacer conciencia de los riesgos que acechan.

Es prioritario hablar con los hombres y reflexionar sobre el machismo, además de darles alternativas de conducta más llevaderas, sin violencia.

UN HOGAR ACOGEDOR

Las niñas que se atienden en los albergues traen consigo historias de golpes, hambre y desprecio. Han sido utilizadas por las temibles mafias de esclavitud laboral y sexual. Sus traumas y enfermedades
deben ser tratados de inmediato, creándoles condiciones amigables de convivencia, donde se sientan seguras, tengan oportunidades y sobre todo, afecto y cariño, sin chantajes ni dependencias.

Las niñas desamparadas requieren atenciones que incluyen, muchas veces, la crianza de sus descendientes. Niñas de 13 años cuidando bebés producto de violaciones sexuales.

El estudio y la preparación para volver al mundo como sujetas de derechos es un ingrediente básico de estos procesos de acogida y reinserción social.

Por ello, en la residencia de la asociación La Alianza se les provee formación escolar y capacitación para el mundo laboral, así como asistencia legal para que puedan apropiarse de sus procesos para exigir justicia.

Carolina Escobar Sarti, poeta feminista que dirige esa organización, fue prolija en información sobre el problema y sus manifestaciones, muy generosa al contarnos cómo funciona el programa que busca transformaciones en las vidas de las niñas víctimas de trata y explotación, así como en la sociedad donde vivimos.

Las historias que esta amiga comparte nos conmueven. En ese hogar conviven niñas a las que les arrebataron la infancia y cuyo futuro pende de un hilo muy frágil. Asumir la responsabilidad de rescatarlas, apoyarlas y darles amor es un reto que no cualquiera corre. La meta: construir sociedades en las que no exista la trata ni la explotación de menores de edad.

*Antropóloga e integrante fundadora de la revista feminista La Cuerda, de Guatemala.