Existe burocracia en el reparto de recursos para refugios

Red afirma que 15 centros siguen sin recibir fondos 

El proceso lento y burocrático para que los refugios accedan a recursos públicos muestra la falta de una política de Estado en el tema de protección a mujeres víctimas de violencias de género, señaló la directora de la Red Nacional de Refugios (RNR), Wendy Figueroa Morales.

En febrero de 2019 el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR) suspendió por 48 horas la convocatoria por la que los refugios que atienden a mujeres víctimas de violencia acceden a recursos públicos, ello tras una orden presidencial de cesar la transferencia de fondos a las organizaciones de la sociedad civil. 

La presión social logró que no se suspendiera la convocatoria para entregar 346 millones 482 mil 708 pesos a estos espacios operados por instituciones públicas y organizaciones civiles, sin embargo, el recurso se liberó hasta el pasado 4 julio y no de manera completa, se reservaron más de 50 millones de pesos, y a 15 refugios se les negó el apoyo económico.

Es por ello que la semana pasada el CNEGySR lanzó una segunda convocatoria para ejercer el recurso restante y que los refugios que quedaron sin fondos volvieran a concursar, no obstante, este apoyo sólo servirá para cubrir las necesidades de cinco meses y se han reportado recortes importantes para la contratación de servicios especiales en la atención a víctimas de violencia.

Respecto al proceso, la directora de la Red Nacional de Refugios (RNR), Wendy Figueroa Morales, dijo en entrevista con Cimacnoticias que se debe crear una estrategia donde los servicios de protección a la vida de las mujeres no dependan de una convocatoria que cada año cambie de criterios.

No es la primera vez que el CNEGySR libera, en partes, los recursos que la Cámara de Diputados etiqueta para los refugios. En años anteriores, como 2017, se publicaron tres convocatorias, de las cuales la última hizo que los recursos se entregaran en octubre. Es decir, hubo refugios que trabajaron nueve meses sin fondos públicos y sólo se les financió tres meses.

En opinión de la directora de la RNR el proceso que se ha seguido en la asignación del subsidio para los refugios además de ser burocrático muestra la falta de una política con enfoque de Derechos Humanos y perspectiva de género, pese a la premura que requiere la protección a mujeres víctimas de violencia de género.

“Cómo sabemos, las violencias no tienen hora, surgen en cualquier momento por lo que los refugios estamos las 24 horas del día, todo el año” afirmó. Según estimaciones de Naciones Unidas en México son asesinadas nueve mujeres a diario.

Si bien esta segunda convocatoria permitirá a las agrupaciones civiles e instancias gubernamentales que, por diversos motivos no accedieron a la primera convocatoria, ser beneficiados, solamente les permitirá cubrir las necesidades de cinco meses, por lo que hasta ahora sigue en riesgo su operatividad debido a que el recurso se entregará hasta octubre, indicó Figueroa Morales. 

De acuerdo con la representante de la organización, que aglutina a varios refugios ubicados a lo largo del territorio mexicano, no han encontrado eco a sus exhortos de hacer expedita la entrega del presupuesto, a pesar de los llamados que han hecho al Ejecutivo, Legislativo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al propio CNEGySR.

CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta

Por: Hazel Zamora Mendieta

Cimacnoticias | Ciudad de México.

Menores sin escuela y adultos sin medicinas, saldo del fin de Prospera

Casi 7 millones de familias afectadas

La entrega de las Becas Benito Juárez no ha fluido como se esperaba

Con la desaparición del programa Prospera, que operó por casi 20 años para hacer frente a la pobreza con un padrón de 6.7 millones de familias, hay estados donde los niños dejaron la escuela para irse a trabajar ante el retraso en la entrega de apoyos, se suspendieron medidas preventivas de protección a la salud y faltan medicamentos para los adultos mayores.

Esto es porque aún no se ha generalizado la entrega de las Becas Benito Juárez, estrategia que desde diciembre sustituyó a Prospera, que condicionaba la entrega de apoyos a que las mujeres fueran a los centros de salud y los niños a la escuela. Esto ya desapareció. De acuerdo con información recopilada a lo largo del territorio nacional, con testimonios de la gente e información de las delegaciones de los programas integrales de Bienestar, se encontró este panorama, aunque hay varios estados donde sí se han entregado las becas.

De los estados con más población en pobreza del país, en Chiapas, María que vive en una comunidad indígena de San Cristóbal, desde diciembre dejó de recibir 950 pesos bimestrales de Prospera, ya no acude a consultas trimestrales en la clínica de campo del IMSS. Antes había reuniones cada 15 días para decirnos que era importante cuidar nuestra salud, pero ahora dicen que no es importante, dijo la mujer que pidió no mencionar sus apellidos ni su comunidad.

Cuando operaba Prospera se obligaba a las mujeres a realizarse la prueba de Papanicolau o si tenían una enfermedad como diabetes tenían que ir a consulta, agregó. Ahora, la mayoría acude con médicos particulares, como los de algunas farmacias, y ahí compran medicinas. Tampoco se realiza la vacunación. Su hijo dejó la escuela porque no habían recibido el apoyo y se puso a trabajar.

En Oaxaca, en la región del istmo de Tehuantepec, desde enero se dejó de brindar atención médica, no hay seguimiento de peso y talla en los niños, para la atención de los adultos mayores hay poco recursos. Mientras, las escuelas-albergue para niños indígenas del municipio de Guachochi, en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, carecen de recursos desde febrero, porque sin el apoyo de Prospera hubo padres que no pudieron pagar la cuota anual de 600 pesos. Niños indígenas fueron excluidos del Censo de Bienestar, por lo inaccesible de la región. Las familias rarámuris recibieron el último pago en noviembre. Los médicos dejaron de ir. Los indígenas deben caminar horas para recibir atención.

En el estado de México, en el centro de salud de Tultepec, la familia que desee servicio debe pagar 110 pesos por la consulta, los adultos mayores no reciben medicamentos gratuitos. Situación similar hay en Baja California, donde la gente ya no va a las Unidades de Salud para acciones preventivas, sólo en caso de enfermedad. En el trimestre enero-marzo de 2018 se impartieron 9 mil 159 talleres comunitarios para el autocuidado de la salud y en 2019 sólo 2 mil 973.

Alrededor de 300 mil familias que habitan en zonas de pobreza extrema en Puebla se quedaron sin atención médica, desde el pasado 31 de marzo. Medio millón de potosinos que residen en los polígonos de pobreza eran atendidos por el componente de salud. Directores de instituciones educativas sólo dieron de alta a los alumnos que a su juicio merecían el incentivo económico, aun cuando este es universal, según lo confirmó Ana Luisa Núñez Abud, coordinadora estatal de estas becas.

En 207 comunidades de Yucatán, entre cabeceras municipales y sus comisarías (pequeños poblados), la atención médica fluye irregularmente. La desinformación de las ex vocales de Prospera a beneficiarios de ese programa en Hidalgo dificultó la labor de los servidores de la nación, que realizan el censo, ya que convencieron a los beneficiarios a no reinscribirse con ellos y muchos quedaron fuera.

En Guerrero, eran unas 421 mil familias beneficiarias, y el pago de las becas se centralizó en una pequeña sucursal del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros en Acapulco; diariamente hay unas 200 personas formadas desde las 7 de la mañana en un estrecho espacio. Deben viajar varias horas y gastar parte del pago de la beca en su pasaje.

En Zacatecas se entregaron el 20 de mayo 463 de la meta de 20 mil becas de educación superior y en Aguascalientes no se han entregado las cerca de 7 mil de educación básica. Tampoco se han distribuido los apoyos de educación básica en Jalisco. En Baja California Sur las 20 mil familias inscritas en Prospera dejaron de recibir el subsidio económico, pero tendrán descuento de 20 por ciento en los 40 productos de la canasta básica en las tiendas Diconsa. En Guanajuato las Unidades Médicas Móviles siguen con la atención en las localidades. En Tabasco, Colima, Durango, Michoacán y Querétaro se han entregado las becas con regularidad.

Angélica Enciso y Corresponsales

Periódico La Jornada

Denuncian muro burocrático que frena el plan gubernamental Jóvenes Construyendo el Futuro

Se dirige a la clase media y a grandes empresas

Autoridades admiten obstáculos tecnológicos; prometen corregirlos

Descarta Duarte Olivares que fallas desvirtúen la Cuarta Transformación

El diseño de Jóvenes Construyendo el Futuro, uno de los principales programas sociales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es un muro burocrático para un sector de potenciales becarios, la pequeña empresa y maestros de oficios tradicionales.

Esta situación, advirtieron personas interesadas en participar, se contrapone al espíritu de dar opciones productivas a 2.3 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan.

“Lo que me duele es que el programa, pensado por el Presidente con la idea de ‘becarios sí, sicarios no’, sólo está dirigido a la clase media, a las grandes empresas, y no a los sitios en donde se podría motivar a los muchachos a dejar una actividad dañina”, dijo Yuriria Iturriaga, antropóloga y etnococinera.

Como especialista en historia de la alimentación –y propietaria de un restaurante de cocina tradicional francesa– decidió ofrecer sus conocimientos a cinco becarios.

Pensé: se requieren jóvenes con amor a la cocina, y yo me voy a dar el gusto de enseñar lo que sé.

Con orgullo repasa el menú del restaurante de comida mexicana que montó con éxito en París, ciudad donde vivió 30 años, y de la misma forma muestra el trabajo artesanal con el que construyó su actual negocio, un pequeño restaurante en Coyoacán.

Entonces, la mesa estaba puesta para colaborar en el programa: un establecimiento productivo y una persona con amplia experiencia, dispuesta a enseñar el arte y las técnicas culinarias.

Apenas abrió la página de Jóvenes Construyendo el Futuro, se topó con una plataforma tecnológica tan complicada que le llevó mes y medio registrarse.

En principio, le exigieron cambiar de navegador, pero mi equipo no resistía ciertas características así que tenía que comprar un programa más moderno.

Luego, ya dentro de la plataforma, “me pidieron tres fotos de la empresa, pero la memoria que le pusieron no te admite imágenes con muchos elementos, porque se pixelean. Eso lo supe después de mucho tiempo y esfuerzo”.

Debía mandar el acta constitutiva de la sociedad, lo cual resultó muy complicado también, por tratarse de documentos pesados para escanear y transmitir.

Después de acatar otros formatos rigurosos y requisitos ilógicos la información pudo ser verificada y la solicitud admitida. Eso ocurrió hace mes y medio.

Sin embargo, hasta el momento Yuriria no ha recibido datos de ningún becario, lo cual le resulta inexplicable.

Si a mí me pasó todo esto, me pregunto qué va a ocurrir con el conocimiento y la disponibilidad de enseñar del magnífico sastre de la esquina, del ebanista o del plomero. El sistema resultó ineficiente, sólo es útil para subsidiarle empleados a Liverpool y Chedraui, lamentó.

Lo mismo le pasó a un egresado de la carrera de derecho, quien mostró a este diario que aunque el primero de abril logró su registro, tres días después no tenía acceso a ninguna opción de búsqueda.

Consultado al respecto, el subsecretario de Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Horacio Duarte Olivares, admitió la existencia de obstáculos tecnológicos que han debido corregir sobre la marcha, debido a que es un programa nuevo, que partió de cero, sin personal ni oficinas.

Dijo que en una segunda etapa, a partir de abril, se atenderá a sectores sin acceso a plataformas tecnológicas. Se visitará, con el apoyo de personal de programas sociales (servidores de la nación) zonas marginadas.

Vamos a iniciar con los jóvenes de zonas urbanas marginadas y rurales, a fin de que el programa no los excluya de nuevo. Haremos un levantamiento manual, a la antigüita, con cédulas. Iremos también a comunidades indígenas, a municipios con alta y muy alta marginación y con altos índices de delincuencia, señaló.

Hoy, el análisis entre solicitante y empleador lo hace el programa, con algoritmos de búsqueda, cuyo objetivo central es acercar la oferta laboral al domicilio del joven.

–¿Por qué entonces un restaurante ubicado en una avenida central de Coyoacán no ha recibido solicitudes?

–Nos ha estado pasando en varios casos; es un asunto que tiene que ver con el diseño de la página que estamos corrigiendo.

–Un joven se dio de alta el primero de abril y días después no tenía ninguna base de datos a su disponibilidad…

–Tenemos un volumen de casi 270 mil jóvenes que sí están colocados; el problema (referido) puede ser por el diseño de nuestra página que no está siendo ágil, porque se despliega un especie de folleto de 40 páginas. Me parece que es un asunto de gestión tecnológica.

Duarte es uno de los funcionarios de mayor confianza del presidente Andrés Manuel López Obrador, abogado, especialista en el tema electoral y hasta hace poco operador político en el estado de México.

–Los principales programas sociales han tenido dificultades en su operación, ¿esto desvirtúa la Cuarta Transformación prometida por el mandatario?

–No. Lo que sí creo es que estamos arrancando más lento. Hace unos días tuvimos la primera evaluación del gabinete de Bienestar. Veíamos que sí tenemos una piedra que nos está deteniendo, que tiene que ver con toda la maraña de trámites burocráticos, el famoso elefante reumático al que ha hecho referencia el Presidente.

–El mecanismo ha permitido además que se intente hacer mal uso de ello, con empresas que piden moches o cuotas para inscribir jóvenes –se le planteó.

–Eran sobre todo asociaciones civiles que detectamos en Veracruz que inscribieron a 30 jóvenes; en Tabasco, una más y otra en Sinaloa. Estas asociaciones se registraron en el área de actividades sociales. Ya las suspendimos y dimos a los jóvenes la opción de enrolarse en otra empresa.

En general, el programa va jalando, fluyendo, con alta colaboración de ambas partes, aseguró Duarte.

Fabiola Martínez 

Periódico La Jornada

Lunes 8 de abril de 2019, p. 4

La simulación del tripartismo en México

Arturo Alcalde Justiniani

Entre las cargas inútiles que nos ha heredado el sistema político autoritario en México se encuentra el tripartismo, que consiste en una forma de representación y de gobierno en que participan trabajadores, patrones y el propio Estado. Se trata de un resabio del corporativismo, porque más que involucrar las opiniones de los sectores productivos, es un medio de control que se ejerce desde el Estado, ya que su voluntad es la que finalmente se impone; se trata también de una especie de teatro donde se hace aparecer una conciliación de intereses, que es inexistente.

El tripartismo está presente en diversos organismos públicos. En el IMSS, a escala de su consejo técnico, en la Comisión Nacional para el Retiro de los Trabajadores en una dimensión menor, en las juntas de Conciliación y Arbitraje y la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos las decisiones deberían tomarse por los representantes de los tres sectores; sin embargo, en la práctica, la representación obrera y patronal carecen de importancia. Por ello en el mundo laboral se suele afirmar que son como la Santísima Trinidad, tres personas distintas y un solo Dios verdadero.

El tripartismo no sólo es innecesario, sino que se ha convertido en un obstáculo para el adecuado funcionamiento de las instituciones y en un factor de costo cuyos recursos desperdiciados en esta simulación, podrían ser utilizados para cumplir de mejor manera la función de estas instancias.

En el caso del IMSS, carece de sentido el andamiaje que conforma el consejo técnico. Es conocido que los representantes gremiales, más allá de no importarles la mejora de la institución, tienen como preocupación principal administrar contactos y relaciones en favor de sus intereses personales, gozar de sus privilegiados salarios y mantener una burocracia a su servicio. ¿Cuándo se vio que dichos representantes advirtieran de los problemas del IMSS que hoy lo tienen en grave riesgo?

En cuanto a las juntas de Conciliación y Arbitraje, cualquiera que tenga contacto con ellas sabe que la representación obrera está de adorno, salvo muy pocas y honrosas excepciones. Se limita a firmar documentos que no han sido producto de la voluntad compartida, sino de la decisión estatal y patronal, particularmente en los temas colectivos. No hay tiempo ni interés para considerar su opinión, además de que muchos de los representantes carecen de capacidad para opinar porque su designación ha sido esencialmente producto de un dedazo, un premio. Cuando intervienen, es porque tienen un interés particular en el asunto y negocian con las autoridades el sentido de la resolución, a cambio de dar su consentimiento a otros casos. En suma, es un mito la autonomía de esta institución, por lo que compartimos la opinión del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, expresada el pasado 9 de julio: Todos sabemos que sin independencia el juez es cualquier cosa menos un juez, será el escri­biente de alguien, el mandadero de alguien, pero no un juez.

En los estudios que se han llevado a cabo sobre los procesos laborales se ha identificado claramente uno de los factores que provocan su lentitud: la necesidad de cumplir con las exigencias formales de este tripartismo; es común escuchar la frase disculpe, el expediente está en firma. No ha venido el representante obrero o patronal.

El costo de esta figura tripartita constituye otra razón para suprimir la presencia innecesaria de representantes gremiales. Todos ocasionan gastos y reciben salarios que podrían ser utilizados para mejorar el presupuesto de los tribunales de trabajo que se encuentran en condiciones difíciles y para financiar la transformación de estos órganos de justicia en auténticos tribunales imparciales y autónomos, un reclamo creciente de la sociedad. Por la falta de recursos, el pleno de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ha llegado al extremo de aprobar una medida de cuestionada legalidad, consistente en que los cuantiosos recursos depositados ante ella por patrones y trabajadores, sean invertidos en instituciones financieras para que los intereses que generen se utilicen no para los dueños de los recursos depositados, lo cual sería lógico, sino para financiar las necesidades de mantenimiento y equipo del propio tribunal.

El Presidente de la República encomendó al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) que organizara foros de consulta con juristas, académicos y representantes de la sociedad civil para elaborar recomendaciones en materia de justicia cotidiana, esto es, de aquellos procesos más cercanos a la gente. El estudio del CIDE concluido este año, incluyó varias ramas del derecho y confirmó conclusiones que se han venido planteando en el pasado. En el punto relativo a la operación de las juntas de Conciliación y Arbitraje señaló: “existe un consenso relativamente amplio respecto a que su desarrollo actual no es idóneo y que presentan graves problemas de operación… Una de las primeras tareas sería revisar la estructura tripartita de las juntas y su eventual incorporación a los poderes judiciales”.

En la misma línea años atrás, la Suprema Corte de Justicia de la Nación elaboró un amplio diagnóstico sobre el sistema de justicia, formulando recomendaciones en un denominado libro blanco. En relación con las juntas laborales planteó la misma conclusión, consistente en la necesidad de contar con una justicia laboral imparcial, autónoma y eficiente. Hace tan sólo dos semanas, en la reunión de la Organización Internacional del Trabajo, en Ginebra, Suiza, se planteó esta exigencia por distintos organismos. Destacó la posición del gobierno de Estados Unidos, el cual, refiriéndose a las juntas, señaló: Es hora de que el gobierno de México transfiera estas funciones a la rama judicial o alguna otra entidad independiente.

En relación con la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, es pública y notoria su inutilidad. Sus resultados están a la vista: uno de los salarios mínimos más bajos del mundo, lo que ha provocado que en varias ramas de industria las remuneraciones se encuentren 20 por ciento debajo de las que se cubren en China. La incapacidad de esta comisión para renovarse ha sido evidente, con la enésima relección de sus integrantes.

¿Cuándo superaremos esta costosa y dañina simulación?

Secretarías de la Mujer en partidos están “de adorno”

Carecen de incidencia y no impulsan a militantes: Incide Social

Presentación del libro “Igualdad, inclusión y no discriminación en los partidos políticos”

Los partidos políticos son “populistas y antidemocráticos” porque niegan o limitan la participación de las militantes en la toma de decisiones internas, y aunque tengan órganos para promover los liderazgos de las mujeres éstos no tienen incidencia. 

 

Esta es una de las conclusiones del libro “Igualdad, inclusión y no discriminación en los partidos políticos”, realizado por la organización Incide Social, y el cual señala que aunque las mujeres han ganado espacios aún están relegadas de los procesos internos de los institutos políticos.

 

En la presentación del libro, que forma parte de una investigación más amplia que realizó el Comité Conciudadano para la Observación Electoral sobre los comicios de 2012, la directora de Incide Social, Clara Jusidman, dijo que la militancia prácticamente no tiene posibilidad de participar dentro de sus partidos.

 

Explicó que en este espacio de la política, la desigualdad “es terrible” porque a pesar de los avances en las normas partidistas  que reconocen a las mujeres, jóvenes, indígenas y migrantes, existen vacíos a nivel institucional y operativo que impiden su participación activa.

 

Las investigadoras Diana Martínez Medina y Karla Jannette Ortíz Gómez expusieron que su investigación parece desfasada porque ahora el escenario cambió y hay nuevas reglas electorales, sin embargo aclararon que aunque la militancia debería ser partícipe de la vida partidista, en la realidad tiene un carácter pasivo.

 

Como ejemplo, Martínez Medina explicó que en 2012 todos los partidos cumplieron la llamada cuota 60-40, que obligaba a postular un mínimo de 40 por ciento de candidatas, pero prevaleció la práctica discriminatoria de colocarlas en los distritos donde los partidos suelen perder los comicios.  

 

“En aras de mantener el registro como partido político en la elección en curso, (los partidos) hacen un uso sumamente perverso de la cuota de género que limita de entrada las posibilidades de las mujeres candidatas”, advirtió la experta.

 

Mencionó que aunque para las mujeres estaba la obligación de postularlas, las militantes no conocen cómo se dan los procesos de selección ni saben qué requisitos cumplir para ser candidatas, pero hay otros grupos como las y los jóvenes, indígenas o migrantes, que ni siquiera tienen una cuota y por tanto no se les reconoce.

 

Pero no sólo eso –indicó Diana Martínez–, la militancia no participa en la elaboración de las agendas de trabajo de los institutos, y por tanto sus intereses y propuestas son “invisibles”.

 

“La participación de la militancia partidista en el proceso de discusión y elaboración de las agendas de los programas de acción y de las plataformas de acción es un espacio donde encontramos una exclusión muy clara”, subrayó.

 

Hubo casos en que cada agrupación política contrató a empresas consultoras para elaborar sus plataformas políticas, por tanto esos documentos no reflejan las problemáticas de las mujeres, son agendas “asistencialistas”, tienen sesgos de género, o son muy “progresistas pero carecen de una base real”.

 

A su vez, Ortíz Gómez expuso que en la investigación encontraron que algunos partidos contaban con mecanismos de participación. “La mayoría de quienes están en la base militante son mujeres y son quienes están en menos espacios dentro de las estructuras de los partidos”, observó.

 

También destacó que en 2012 algunas agrupaciones contaban con órganos internos de mujeres, sin embargo éstos no tenían poder de incidencia porque en algunos casos estas instancias no eran visibles en los estatutos, y tampoco contaban con un reglamento interno, por lo tanto no tenían recursos ni redes de militantes.

 

Explicó que a pesar de la existencia de órganos, secretarías o direcciones de mujeres, éstas no tienen peso político. “Si bien se nombra a la titular de esa instancia, ella, en términos de toma de decisiones, sólo tiene voz pero no voto”, aseguró la investigadora.

 

Las especialistas coincidieron en que se deben generar mecanismos para que la militancia participe en la vida interna de los partidos que en algunos casos, como la postulación de candidaturas, se amparan bajo la premisa de preservar los “procesos democráticos internos” que parecen inexistentes.

 

En las elecciones federales de 2012 participaron siete partidos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano. Para los comicios de 2015 se suman tres más: Movimiento Regeneración Nacional, Partido Humanista y Encuentro Social.

CIMACFoto: César Martínez López

Por: Anayeli García Martínez

Cimacnoticias | México, DF.- 

Una de gendarmes

Ricardo Rocha

Ya no son lo que eran porque ya no hay. Pero tampoco serán los de antes, porque así se decidió. Y el gobierno federal ha optado por denominar como Gendarmería a un nuevo cuerpo de la Policía Federal que no va a ser ni remotamente lo que nos habíamos imaginado que sería. 

De entrada estarán enfrentando un problema de percepción, porque por muy diversas razones se especuló con una nueva policía, civilizada, capacitada y hasta idealizada; pero, sobre todo, cercana a todos y cada uno de nosotros. Una policía confiable, como por ejemplo los Bobbies de Londres, a los que les puede uno encargar las llaves de la casa y que entre sus obligaciones han de charlar al menos una vez por semana con alguno de los habitantes de hogares y comercios en las dos o tres manzanas que les tocan atender personalmente. 

La Gendarmería mexicana no será así. Se tratará en cambio de una nueva División de la Policía Federal que hasta ahora cuenta con seis: la de Seguridad Regional que se ocupa básicamente de labores de vigilancia en carreteras, puertos y aeropuertos; la de Fuerzas Federales de Apoyo, que es usada para enfrentamientos directos con la delincuencia; la tercera, dedicada a la Investigación de Delitos Federales como secuestro y extorsión; la División de Antinarcóticos especializada en combate a cárteles, narcos y organizaciones criminales; la quinta es la de la Policía Científica, con labores en el ciberespacio, la genética y la balística; la sexta que es la División de Inteligencia que indaga y sirve a todas las demás. 

Ahora entrará en acción la séptima División que es precisamente la llamada Gendarmería y que será básicamente un cuerpo de élite con capacidades operativas destinado a misiones específicas para garantizar procesos productivos. Leyó usted bien. Aunque para entender sus funciones valga un ejemplo: todos recordamos que hace no mucho el limón que se pagaba en cosecha a 3 pesos kilo, llegó a dispararse hasta 80 pesos en tiendas; esto ocurrió en gran medida porque la zona limonera de Apatzingán estaba bloqueada por el narco; así que tan sencillo como enviar a la Gendarmería a despejar el área para que salga el limón y vuelva a ser accesible y barato para todos nosotros. Otro ejemplo: Tamaulipas es el primer productor de sorgo del país; pero resulta que muchos ganaderos ya lo andaban hasta importando porque estaba atrapado debido a los posicionamientos de grupos criminales; así que se operaría una solución parecida al limón. Ultimo ejemplo: para mantener el atractivo turístico de Valle de Bravo se implementaría un operativo de disuasión y captura a fin de acabar con la ola de secuestros. Así que no dude usted que esta será la primera misión del nuevo cuerpo federal. 

En favor de la nueva Gendarmería a la mexicana habría que decir que desde la promesa del presidente Peña Nieto en 2012 a su presentación en sociedad este fin de semana, ha transcurrido un proceso suficiente de diseño, reclutamiento, selección y entrenamiento a cargo de un hombre con la capacidad y solvencia moral de Monte Alejandro Rubido García, comisionado nacional de Seguridad, bajo la supervisión de Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, quien tiene una nueva chamba, más las que se le acumulen esta semana. 

Puntualizando, se trata de cinco mil gendarmes de los cuales 360 tienen alguna experiencia policial y fueron capacitados en Francia, Italia, España, Chile o Colombia. El resto son jóvenes, hombres y mujeres sin antecedentes policiales ni militares; muchos con licenciaturas, de 28 años promedio, con una mentalidad twittera y dispuestos a conquistar ese bien tan preciado que es la confianza. 

Que ganarán 14 mil pesos mensuales y que prometen ser incorruptibles para darse a respetar y hasta a querer. Como los gendarmes de antes.

ddn_rocha@hotmail.com

Periodista 

¿A qué hora trabajan?

Cada vez que vinieron, su presencia fue una interrupción para los comensales", aseguró. "Ellos hacen un gran lío cuando vienen.

¡Qué a todo dar! ¡Qué bien comen y beben! ¡Se ven tan buenos cuates! A cada rato las imágenes llegan a los televidentes y leeperiódicos: Emilio Gamboa, Ernesto Cordero, Luis Miguel Barbosa se reúnen a comer y, claro, a tratar asuntos trascendentes que, estoy seguro, salvarán a la Patria. Con el bocado a medio masticar y la copa de un buen vino en la mano, deciden el futuro de la nación.
Los tres son coordinadores de sus respectivas bancadas en el Senado de la República. Los tres tienen oficinas y comedor –al que bien podrían darle uso-- en el nuevo edificio senatorial que, encargado al PAN, a Banobras y a la Santa Cruz salió mucho más caro de lo presupuestado e, ¡increíble!, sus constructores aún no pueden terminar. Signo de los tiempos cuyo emblema es la fallida Estela de Luz… o de pus.
¿Cuánto nos cuesta a los contribuyentes cada una de estas comidas de los señores senadores? ¿Y las fotografías e imágenes de video que, seguro como inserción pagada, difunden en todos los medios? A lo mejor ellos consideran que es una bicoca, pero le aseguro que en “una sentada” se gastan equivalentes muchos salarios mínimos que por supuesto no salen de sus bolsillos, sino que van con cargo a los presupuestos y gastos “de representación”.
“La política –me dijo alguna vez el ex gobernador tlaxcalteca Tulio Hernández-- no se hace en los edificios del gobierno ni de los partidos… ¡se hace en los bares y restaurantes, con cuates y con “amigas”!
Cierto. Cada vez más, la política digamos que gastronómica se impone a la de los pasillos, antesalas y salas de juntas. Los restaurantes más prósperos, los bares privados de moda, tienen en los miembros de nuestra dizque clase política a sus mejores clientes.
Y antes que ganar, todo ello es una perdedera de tiempo.
Asomémonos imaginariamente a la agenda de cualquier funcionarillo de medio pelo, lo mismo que de los grandes calvos o pelones de la política nacional. Cita a desayunar de las 9 a las 10:30 AM. Si el tráfico y las manifestaciones se lo permiten, arriba a su oficina a “la fresca” de las 11 de la mañana. Sale a las 14:00 horas rumbo a su comida, programada para media hora después. Y si bien nos va a los contribuyentes, regresa a “despachar” a las 18:00 horas, para sólo permanecer ahí un rato pues, claro, tiene cena. ¿A qué hora trabaja? ¿Con cuántas horas efectivas de “chamba” desquita el alto salario que le cubrimos los paga-impuestos?
Por si fuera poco, los políticos en los restaurantes se han vuelto un problema del que es prácticamente imposible escapar. Llegan rodeados de escoltas, ayudantes, secretarios y edecanes que, como heraldos, anuncian su muy importante presencia. A muchos comensales les resulta molesto ser vecino de estos personajes, pues resulta que son vigilados por los guardias armados como si fuesen seguidores del ya difuntito Bin Laden que pretendieran atentar contra la valiosa vida de Don Menganito o de Don Fulanito de Tal.
En las calles, mientras tanto, los atascos vehiculares son antológicos, pues las camionetas blindadas, los autos de la llamada guaruriza, se estacionan en doble y hasta triple fila.
Sucede en México y en todas partes. A principios de este 2012, por ejemplo, conocimos la noticia de que un pequeño pero muy popular restaurante de la ciudad costera Portsmouth, ubicada en New Hampshire, decidió reservarse el derecho de admisión. "Prohibido el ingreso de políticos. Sin excepciones", se lee aún en un aviso colgado en la puerta del lugar.
Jessica Labrie, empleada del Colby's Breakfast and Lunch, explicó que decidieron ser selectivos después de muchas quejas de los clientes. Contó que varios candidatos del partido republicano, como el gobernador de Texas, Rick Perry; la congresista Michele Bachmann; y el ex gobernador de Louisiana Buddy Roemer, visitaron el local varias veces en los últimos meses.
"Cada vez que vinieron, su presencia fue una interrupción para los comensales", aseguró. "Ellos hacen un gran lío cuando vienen. Puedes ver todo eso en las noticias, pero cuando estás aquí comiendo no quieres oírlo", afirmó. Eso allá, en el educado noreste estadounidense.
Pero lo mismo aquí, en los humildes puestos de quesadillas en Tres Marías, a medio camino entre la ciudad de México y Cuernavaca, donde los parroquianos prácticamente corrieron a la ya desvanecida del mapa Josefina Vázquez Mota.
¿Cuántas fotos de Gamboa, Cordero y Barbosa en los restaurantes nos deparan esta y la siguiente Legislatura?
Imposible saberlo, todavía.

Índice Flamígero: De acuerdo al más reciente reporte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de (Sub)Desarrollo Social, en junio de este año, 23 millones de mexicanos experimentaron “inseguridad alimentaria severa y moderada” y 25.8 millones, “inseguridad alimentaria leve”. La mitad de los habitantes del país, pues, padecen hambre todos los días. + + + Buenos para la fiesta los habitantes de Cuautla, Morelos. Las jornadas culturales de los 200 años del ataque y sitio de Cuautla cerraron con broche de oro el pasado 2 de mayo. Las actividades se llevaron a cabo durante 73 días, que son los mismos que a esta fallida Administración le restan para entregar los trastos al sucesor.

Francisco Rodríguez - Opinión EMET

Realizan clausura simbólica del Imjuve por sus omisiones y "oscurantismo"

Rechazan instancias que sólo sirven para pagar favores

Realizan clausura simbólica del Imjuve por sus omisiones y oscurantismo

En la clausura de la sede utilizaron bolsas de basura que representan los programas del instituto, según explicaron los participantes de una veintena de organizaciones no gubernamentalesFoto Guillermo sologuren

Karina Avilés

 

Periódico La Jornada
Martes 14 de agosto de 2012, p. 37

Con bolsas de basura que, dijeron, representan los programas del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), integrantes de organizaciones no gubernamentales realizaron una clausura simbólica del organismo para protestar por la omisión y el oscurantismo en políticas hacia los jóvenes a lo largo del sexenio.

Advirtieron que no permitirán más instancias dedicadas a la atención de este sector dirigidas por personas que no tienen idea de las problemáticas de las y los jóvenes, instituciones que sólo sirven para hacer proselitismo político y pagar favores.
Ante el reclamo, el instituto nos cerró las puertas, como ha hecho durante toda la administración, pues las organizaciones han solicitado un encuentro con su director general, Miguel Ángel Carreón, y a la fecha no nos ha recibido, aseguró Gabriela García, de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de los jóvenes en México.
Los inconformes colocaron as afuera del instituto, ubicado en la calle de Serapio Rendón, una manta en la que decía: Imjuve, clausurado, no más sexenios con omisiones y oscurantismo en políticas de juventud.
Ahí leyeron un pronunciamiento firmado por una veintena de organizaciones, en el que advirtieron que fue muy grave la omisión del instituto en su calidad de representante de México en la 45 reunión de la Población y Desarrollo en Naciones Unidas, efectuada recientemente en Nueva York, al no querer leer en plenaria un párrafo de la declaración de México para no utilizar la palabra condón.

Muchas han sido las acciones agresivas del Imjuve, cuyo titular, Miguel Ángel Carreón, se ha mostrado intolerante a las críticas de la sociedad civil, bloqueándonos de sus redes sociales institucionales, aseguraron.
Por su parte, Gabriela García indicó que entre otras políticas fallidas del Imjuve está la reciente Feria de la Educación Superior Más Opciones, que no respondió a la necesidad de miles de excluidos de este nivel educativo, así como la Campaña Familiarízate, que lo único que hizo fue excluir a las familias que no son nucleares.
Además, destacó que el instituto anunció en su página de Internet a la organización Vida y Familia, la cual promueve la abstención sexual como única forma de protección, pero además, de acuerdo con investigaciones, dicha asociación está en entredicho por presuntas irregularidades en adopción de niños.
Ddeser Jóvenes, Red Nacional Católica de Jóvenes por el Derecho a Decidir, Centro de Sensibilización y Educación Humana y Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos son algunas organizaciones que firman el pronunciamiento.

Discapacidad burocrática

Opinión

En México, las personas con discapacidad son un grupo de población altamente vulnerable. En el devenir histórico del quehacer gubernamental, habían sido casi invisibles como población objetivo de las políticas públicas, salvo aquéllas de corte asistencial elaboradas por el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia y por la Secretaría de Salud, a las cuales se suman las de naturaleza filantrópica, cargadas, en la mayoría de los casos, de sentimientos caritativos por parte de los proveedores de “apoyos”.

Arturo Allende González*

producto del esfuerzo de diversos actores, tanto de carácter individual como colectivo, el 10 de junio de 2005 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de las Personas con Discapacidad, que tiene por objeto establecer las bases que permitan la plena inclusión de las personas con discapacidad, en un marco de igualdad y equiparación de oportunidades, en todos los ámbitos de la vida.

El 25 de mayo de 2006, se creó el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, que es el instrumento permanente de coordinación intersecretarial e interinstitucional para contribuir al establecimiento de una política de Estado en la materia, así como promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones, estrategias y programas derivados de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

México fue un destacado promotor de la Convención sobre los Derechos de la Personas con Discapacidad, la cual fue suscrita por la Organización de las Naciones Unidas el 30 de marzo de 2007. En la consecución de este objetivo, el liderazgo, el reconocimiento internacional y trabajo incansable de Gilberto Rincón Gallardo fueron determinantes.

El propósito de la Convención es promover, proteger y garantizar el disfrute pleno y por igual del conjunto de los derechos humanos y las libertades fundamentales a las personas con discapacidad.

El 24 de julio de 2009, el presidente de la República presentó, en la Residencia Oficial de Los Pinos, el Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad 2009-2012, cuya misión es conjuntar políticas de Estado y conducir la operación de estrategias en las instituciones del sector público en los tres órdenes de gobierno, para favorecer el desarrollo integral y la inclusión plena de las personas con discapacidad y sus familias en la vida social y productiva del país, con absoluto respeto a sus derechos humanos y libertades fundamentales.

En el ejercicio fiscal 2010, por primera vez en la historia de nuestro país, la Cámara de Diputados aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) recursos etiquetados por 250 millones de pesos para el Fondo para la Atención a Personas con Discapacidad, decisión política trascendental, pues se reconoce que no hay política pública eficaz si no se cuenta con el soporte presupuestal para ejecutarla.

Los recursos del Fondo auguraban el financiamiento de diversos proyectos y acciones de política pública en beneficio de las personas con discapacidad y sus familias.

Lo anterior expresa la construcción del entramado institucional, organizacional y programático-presupuestal que el Estado mexicano ha construido para sustentar la instrumentación del paradigma de atención a las personas con discapacidad, basado en el reconocimiento pleno de sus derechos. Sin embargo, la discapacidad burocrática, entendida como la limitación o deficiencia para realizar determinada acción gubernamental, impidió ejercer con éxito los recursos etiquetados en el PEF-2010 para atender a este grupo de población.

Aspectos jurídicos, hacendarios y administrativos pudieron más que el compromiso institucional de diversas dependencias y entidades de la administración pública federal interesadas en la ejecución de proyectos de diversa naturaleza; pero, sobre todo, y éste es el punto más lamentable, los factores burocráticos pesaron más que las necesidades de las personas con discapacidad (en no pocos casos, verdaderamente críticas).

Resulta lamentable que, por discapacidad burocrática, diversos proyectos con viabilidad técnica y presupuestal, pero sobre todo de alto impacto social para este grupo de población y sus familias, no se hayan ejecutado y que esto derivara al cierre del año en un subejercicio.

Lo más lamentable es que por no haber tenido las instancias gubernamentales la capacidad de ejercer los recursos del Fondo aprobado en 2010, se canceló la posibilidad de mantener o incluso aumentar el presupuesto público destinado a las personas con discapacidad.

Lo anterior ha sido expresado públicamente por la diputada Claudia Edith Anaya Mota, secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, quien señaló enfáticamente durante su participación en el seminario el Ejercicio de los Derechos Políticos de las Personas con Discapacidad, celebrado en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el 17 de febrero, que para 2011 la Cámara de Diputados no había destinado recursos para el Fondo para la Atención a las Personas con Discapacidad, en virtud de que en 2010 éste había registrado un subejercicio, motivo por el cual los recursos (445 millones de pesos) se destinaron al Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, del Ramo 23, “Previsiones salariales y económicas”.

Ojalá la discapacidad burocrática no vuelva a generar subejercicio en la aplicación de este nuevo Fondo, acotado al financiamiento del transporte accesible. Cometer el mismo error sería verdaderamente censurable.

*Politólogo y administrador público por la Universidad Nacional Autónoma de México