México SA de Carlos Fernández-Vega

T-MEC: carta a Santa Claus

Seade: esperanza vs realidad

Dicen que lo último que se pierde es la esperanza, y, en consecuencia, Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la cancillería y principal negociador mexicano del T-MEC, cree posible que dicho mecanismo comercial se apruebe este mismo año, porque, dice, ahora estamos cerca del hueso, y los masticamos por ambos lados para llegar a un acuerdo; trabajamos duro, y cada día que pasa es más largo que el anterior.

Sin embargo, a finales de octubre pasado, frente al presidente López Obrador, el mismo funcionario consideró que la aprobación del T-MEC por el Congreso estadunidense (el Senado mexicano lo palomeó en junio de 2019) estaba a punto de turrón. Desde entonces, el gobierno del cavernario Trump se ha dedicado a llenar de tachuelas el camino y no pasa día en que ponga otra condición. Seade ha reconocido que en el proceso de negociación México ha aceptado mil cosas, y ni así.

El punto es que realidad mata entusiasmo, y el panorama luce complicado por muchas esperanzas que tenga el subsecretario Seade. De entrada, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, está ocupada en otros menesteres, especialmente el relativo al impeachment contra Donald Trump, el cual, dicho sea de paso, avanza velozmente (lo que no quiere decir que el salvaje de la Casa Blanca permanezca impávido).

El último día de noviembre de 2018, reunidos en Buenos Aires, Enrique Peña Nieto, Justin Trudeau y Donald Trump firmaron el T-MEC; en junio de 2019 dicho mecanismo fue aprobado por el Senado de la República y se esperaba que en cuestión de días lo propio hicieran los congresos estadunidense y canadiense. Pero transcurren las semanas y nada de nada.

Se suponía que todo estaba listo no sólo para la firma del nuevo mecanismo comercial, sino para su aprobación por los congresos de cada uno de los países involucrados, pero como bien lo advierte el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC) el proceso de renegociación del TLCAN y la puesta en marcha del T-MEC no han terminado. Las presiones sobre México, iniciadas hace más de tres años, con el proceso electoral en Estados Unidos, continúan ahora en el terreno laboral.

Con todo y que el acuerdo ya se firmó, ahora se busca que México “acepte condiciones unilaterales orientadas a que admita regulaciones, evaluaciones y posibles sanciones que en la práctica podrían subordinar a las instituciones nacionales a un rol secundario. Qué prevalecería: ¿las determinaciones de la Secretaría del Trabajo o el IMSS, por ejemplo, o las establecidas por las directrices foráneas?

Lo anterior, apunta el IDIC, muestra la dimensión del cambio geoeconómico y geopolítico que llegó con el ascenso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos: hasta los representantes del Partido Demócrata ejercen presión en el tema laboral, parte de lo cual es por la agenda política de aquel país rumbo a la sucesión presidencial de 2020.

A pesar de que Estados Unidos logró la negociación que buscaba, después de terminar haciéndolo individualmente con México y Canadá, las presiones sobre nuestra nación continúan. En estos momentos el frente de batalla es el mercado laboral mexicano: a pesar de que hay un acuerdo firmado, se insiste en que México realice concesiones de manera unilateral y se observa que la presión llega también por parte de representantes del Partido Demócrata de Estados Unidos.

Así, por un principio de soberanía, y atendiendo que el proyecto del presidente López Obrador es mejorar las condiciones sociales de México, pero a través de un proceso que aplique un nuevo modelo económico basado en un Estado promotor del desarrollo (el cual, por ejemplo, contenga una verdadera política industrial integral), no deben aceptarse las condiciones que están fuera de lo ya acordado en el T-MEC.

Las rebanadas del pastel

Total apoyo y solidaridad para Emir Olivares, junto con la exigencia de que la autoridad proteja la integridad del periodista jornalero, luego de conocer la agresión, amenaza y chantaje de que fue víctima.

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CCE ¿avala outsourcing ilegal?

Iniciativa ¿inconstitucional?

Satisfecha y oronda quedó la cúpula empresarial con Ricardo Monreal, uno de sus guaruras legislativos, tras que éste maniobró en el Senado para evitar que llegara al pleno el dictamen de la iniciativa que daría la puntilla a la práctica del outsourcing ilegal. Tanto, que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, sin recato alguno aplaudió la decisión.

Pero, al final de cuentas, ¿qué provocó el pánico entre los organismos empresariales y la siempre oportuna intervención del maniobrero Monreal? El outsourcing fue legalizado en las postrimerías del sexenio calderonista (septiembre de 2012) como un regalo adicional al capital privado, lo que provocó que las empresas dedicadas a estos menesteres crecieran como la espuma, dado que esta práctica, amén de evadir al fisco, genera multimillonarias ganancias.

¿Qué argumenta y propone la iniciativa del senador morenista Napoleón Gómez Urrutia? Entre otros elementos, que el modelo neoliberal, junto con prácticas indebidas de las autoridades, contribuyeron a que se desatara una grave problemática que incide en distintos ámbitos, pero de manera directa en el laboral, de seguridad social, fiscal y penal, especialmente durante los tres últimos sexenios. Fue primordialmente en ese periodo en el que se agudizó un gravísimo problema en México, consistente en la proliferación y crecimiento de grupos delincuenciales que invadieron el país con esquemas ilegales de subcontratación denominados con el anglicismo de outsourcing.

La administración pública durante ese largo periodo fue complaciente y muchas veces cómplice de esta actividad criminal que impacta directamente en los derechos laborales de las personas trabajadoras, entre ellos el de sindicación y los de seguridad social, así como una merma al fisco federal y al IMSS.

Para subsanar “las múltiples violaciones de derechos laborales cometidas durante el lapso en el que se han llevado a cabo estas conductas ilícitas y delictivas, y propiciar la restauración del orden jurídico laboral vulnerado (…) se propone la obligación para el contratante que hubiere sido omiso en el pago del reparto o participación de las utilidades (…) de cubrir espontánea o voluntariamente a las personas trabajadoras afectadas en el monto total correspondiente al reparto o participación de utilidades omitido durante el periodo de subcontratación ilegal”.

Lo anterior, “para garantizar la vigencia efectiva de los derechos laborales de los trabajadores que se encuentran bajo ese régimen, ya que con ello se les estará reparando la vulneración perpetrada con todo dolo por parte de las empresas de outsourcing de carácter ilegal producto de actos simulados. Ningún derecho humano puede ser susceptible de alteración, pues son los elementos supremos de nuestro orden constitucional; es decir, son los parámetros de regularidad que dotan de fuerza y eficacia a nuestro sistema jurídico”.

La importancia de la propuesta,radica en hacer precisiones e incorporar medidas tendientes a que sólo puedan operar empresas de subcontratación de personal que estrictamente se ajusten a los parámetros de ley, erradicando aquellas que han venido operando de manera ilegal al simular situaciones en detrimento de los trabajadores de México y del fisco federal. Además, la iniciativa recoge en buena medida lo vertido en el parlamento abierto en materia de justicia laboral, libertad sindical, negociación colectiva, subcontratación y personas trabajadoras del hogar, celebrados los días 23, 24 Y 25 de julio del presente año.

Las rebanadas del pastel

El CCE, que preside Salazar Lomelín, califica de inconstitucional la citada iniciativa. ¿En serio? ¿En ese concepto caben el combate a la evasión fiscal y a la sistemática violación a la Ley del Seguro Social, y la defensa de los derechos laborales? (el texto íntegro de la iniciativa se puede consultar en: https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/ gaceta/64/2/2019-10-29 -1/assets/documentos/Inic_Sen_Napoleon _Seguro_Social_291019.pdf).

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Monreal: enemigo en casa

Maniobra para la patronal

Todo marchaba sobre ruedas y, tras la aprobación unánime del dictamen en las comisiones respectivas, el siguiente paso era el pleno del Senado en donde la mayoría daría la puntilla al outsourcing ilegal y penalizaría a los empresarios que se aferraran esa práctica. Todo, por el bien de la nación, pero de nueva cuenta apareció el enemigo en casa: Ricardo Monreal, quien maniobró para detener el proceso, jugar en contra de las decisiones del partido que le da cobijo y defender los intereses patronales.

En la entrega de ayer se comentó que las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobaron el dictamen de la iniciativa para reformar las leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social en materia de subcontratación ( outsourcing),y se anotó que para detenerla la patronal intentó de todo, pero de plano no pudo… hasta que Monreal maniobró a su favor.

De seguir con el procedimiento legal (y a todas luces la citada iniciativa se aprobaría en el pleno senatorial), los primeros beneficiados serían los trabajadores, el fisco nacional y las finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Infonavit. Pero al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado (Jucopo) se le hizo fácil operar con los dirigentes de las bancadas de otros partidos políticos (todos afines a la patronal) para posponer el procedimiento, so pretexto de la necesidad de una mayor difusión, reflexión y discusión de la iniciativa.

Lo anterior resulta llamativo, porque las bancadas que se negaron a participar en la discusión y análisis del dictamen de la iniciativa aprobada en comisiones ahora exigen mayor difusión, reflexión y discusión de todos los sectores involucrados, es decir, cuando debieron hacerlo se negaron, pero –una vez congelada– dicen morir de ganas por participar, e incluso piden que se analice bajo el formato de parlamento abierto, algo que, por cierto, se dio en julio pasado cuando en un foro temático participaron empresarios, líderes sindicales y especialistas, y las conclusiones se incorporaron a la iniciativa de ley que formalmente presentó el senador Napoleón Gómez Urrutia el 29 de octubre de 2019 (fecha en la que apareció publicada en la Gaceta del Senado).

¿Con quién maniobró Monreal en la Jucopo para congelar el dictamen aprobado? Con personas famosas por su probidad: Josefina Vázquez Mota (PAN), Miguel Ángel Osorio Chong (PRI), Dante Delgado (Movimiento Ciudadano), Mauricio Kuri (PAN), Miguel Ángel Mancera (PRD) y Manuel Velasco (PVEM), entre otras, cuyos representantes en las citadas comisiones se negaron a participar en el análisis y discusión de la iniciativa de ley, pero que hoy aseguran: queremos hacerlo muy bien y que nadie quede fuera de la discusión, del análisis, del debate.

Por cierto, Monreal dice que “lo que reclaman los empresarios y distintos sectores es la precipitación, porque apenas hace ocho días se presentó la iniciativa y ya tenemos dictamen… ellos dicen, por qué no se nos da la oportunidad de debatir y proponer”. Pues no: la iniciativa se presentó el 29 de octubre, no hace ocho días, y si tiene dudas que consulte la Gaceta del Senado.

Y en la cúpula empresarial parecen decididos a proteger a delincuentes, porque el objetivo de la multicitada iniciativa es el outsourcing ilegal, que a la nación le cuesta miles de millones de pesos y a los trabajadores sus derechos laborales y una gran tajada de sus salarios. Pero el Consejo Coordinador Empresarial dice que de concretarse esta reforma en los términos en los que está planteada, los daños para la economía del país serían devastadores; se pondrían en riesgo miles de puestos de trabajo y se convalidaría una reforma con visos de inconstitucional (léase: no toquen nuestros privilegios).

Las rebanadas del pastel

Por cierto, Ricardo Monreal asegura que en la bancada senatorial de Morena hay camaradería, amistad, bienestar, felicidad. Sí, y un enemigo adentro.

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No más outsourcing ilegal

Evasión fiscal de $500 mil millones

La cúpula patronal intentó de todo (de la amenaza al chantaje, junto con los partidos políticos afines a la Coparmex), pero de plano no pudo: la iniciativa para reformar las leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social en materia de subcontratación ( outsourcing) fue aprobado ayer por las comisiones de Trabajo y Previsión social y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República.

La iniciativa, presentada en octubre pasado por el senador morenista Napoleón Gómez Urrutia, en esencia propone: impedir abusos fiscales y laborales en detrimento de los trabajadores y de las finanzas públicas; combatir la ausencia de inspección laboral en la materia; evitar el uso de artificios legales para reducir salarios y prestaciones; no precarizar el empleo, erradicar elusión y evasión fiscal o de seguridad social; erradicar la afectación en materia de previsión social; la imposibilidad de que un trabajador tenga jubilación digna (dada su permanente entrada y salida al mercado de trabajo por el outsourcing); la negativa al reparto de utilidades; las empresas virtuales, sin activos; las relaciones simuladas de trabajo; las empresas fantasma y las que desaparecen a los pocos meses de haberse creado.

A la cúpula empresarial no le gustó el proyecto de ley, pues los gobiernos neoliberales la tenían acostumbrada aotro trato. Tampoco a los partidos políticos que la representan en el Congreso (los prianistas no asistieron a la reunión). Y como no sabe participar de otra forma, gritó a los cuatro vientos que los cambios legalesafectaránla ratificación del T-MEX yla competitividad de México, cuando por todos es conocido que esta última no es otra cosa que la permanente violación de las leyes laborales y fiscales, y el miserable pago de salarios por medio de la subcontratación.

Se acabó, pues, porque si bien las citadas comisiones ayer aprobaron el dictamen del citado proyecto de iniciativa, en el pleno senatorial Morena y sus aliados cuentan con votos más que suficientes para convertirlo en ley, sin necesidad de recurrir a los partidos políticos que intentaron hacer el vacío. A pesar de ello, Gómez Urrutia dijo que “para nosotros no hay outsourcing bueno o malo, no hay outsourcing positivo o negativo; hay outsourcing legal o ilegal, y por lo mismo esperemos convencer con argumentos a los miembros de los otros partidos políticos que hoy no quisieron participar”.

El Quid de la iniciativaes restituir los derechos de los trabajadores, sobre todo en materia de reparto de utilidades y otros derechos más que les han sido negados a lo largo de todos estos años, y desde luego obligar a todas estas empresas, que han utilizado este sistema, a que regresen a contribuir lo que verdaderamente deberían haber estado cubriendo desde hace mucho tiempo al IMSS, al Infonavit, a los sistemas de pensiones y a otras más. Se trata de supervisar, controlar y vigilar “las operaciones del outsourcing ilegal que prevalece en el país, muy asociado a los factureros, a los que emiten recibos falsos, que cometen fraude, que evaden al fisco y que son delitos”.

El dirigente minero Gómez Urrutia detalló que entre las pérdidas causadas por el outsourcing ilegal se cuenta la evasión fiscal por alrededor de 500 mil millones de pesos a nivel nacional, y cerca de 8 millones de trabajadores bajo este sistema de explotación que no deja de crecer. Sólo en el caso del IMSS se habla de más de 50 mil millones de pesos, que le harían muchísima falta a esa institución para sus programas nacionales de salud”.

Se entiende, pues, por qué la Coparmex está apanicada.

Las rebanadas del pastel

Al comandante Borolas le fascinan los chistes y el más reciente se lo contó al semanario Zeta de Tijuana:México Libre es la única opción que le puede hacer contrapeso al gobierno y eso le preocupa mucho a López Obrador. ¡ Juar, juar, juar! Susasambleasni siquiera reúnen a cien personas, pero Felipe Calderón asegura quele preocupa muchoa Andrés Manuel. ¡Qué mello!

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Economía: feria de recortes

Remesas: 2019, año récord

En la feria de los abundantes clarividentes financieros hay de todo: unos dicen que en sus bolas de cristal aparece la recesión; otros aseguran que no hay tal, pero alcanzan a visualizar que en este año el crecimiento económico sería de cero por ciento; algunos más observan que el resultado será abiertamente negativo y de largo plazo, y, en fin, hay augurios de todo colores y sabores, para todos los gustos, incluso a la medida, y de manera cotidiana es lo mismo.

Cierto es que la economía mexicana no se encuentra en su mejor momento –de hecho, acumula casi 40 años en esa tesitura– y que el horno no está para bollos, pero también lo es que a lo largo de los años los presagios de los clarividentes financieros no han sido muy puntuales que se diga y se han apartado –para bien o para mal– de los resultados concretos.

De lo anterior da cuenta la diferencia entre los pronósticos oficiales y reales de, por ejemplo, los tres últimos sexenios, cuyos cabezas visibles prometieron a más no poder e incumplieron todo en absoluto.

Cómo olvidar aquel 7 por ciento anual de Vicente Fox, cuando en los hechos apenas logró 2.3 por ciento. O el de Felipe Calderón, con su 5 por ciento, cuando milagrosamente alcanzó 1.8 por ciento. Y el de Enrique Peña Nieto, con su 5 por ciento, gracias a las reformas que los mexicanos quieren, y a duras penas registró 2.1 por ciento. Ello, entre el aplauso de los clarividentes a quienes la bolsa de cristal se les empañó.

Si esas promesas se hubieran cumplido, la economía mexicana habría crecido alrededor de 6 por ciento anual en los tres sexenios referidos (es decir, al ritmo de la premodernidad), pero como el hubiera no existe, pero sí los gobiernos ineficientes, entonces el promedio anual de avance fue de 2 por ciento en el periodo, y esa proporción se acumula si en el balance se incluyen las tres administraciones previas (De la Madrid, Salinas y Zedillo).

El gobierno de López Obrador no puede desestimar que la economía pasa por un mal momento. De hecho, no lo hace (aunque aluda a otros datos), porque desde julio pasado el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, anunció que en un entorno de incertidumbre global se aplicarían medidas contracíclicas de corto plazo para dar un empujoncito a la economía nacional, para lo cual destinaría 485 mil millones de pesos.

Pero bueno, los clarividentes financieros dicen que hacen su chamba, y entre lo más reciente aparece la encuesta que levanta el Banco de México (BdeM) sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado. La correspondiente a noviembre –divulgada ayer– revela que los 39 grupos de análisis y consultoría nacionales y foráneos inquiridos redujeron su estimación de 0.2 a 0.0 por ciento, de tal suerte que, según sus cálculos, la economía mexicana no crecería en 2019. Y para 2020 recortaron de 1.2 a 1.07 por ciento.

Según los resultados obtenidos por el BdeM, “los especialistas consideran a nivel general que los principales factores que podrían obstaculizar el crecimiento de la actividad económica en México se asocian con la gobernanza (49 por ciento) y las condiciones económicasinternas (27). A nivel particular son incertidumbre política interna (21 por ciento de las respuestas); problemas de inseguridad pública(18); incertidumbre sobre la situación económica interna (15); debilidad en el mercado interno (6), y política de gasto público (6).

Las rebanadas del pastel

El mismo Bdem informó que de enero a octubre el acumulado de las remesas enviadas por los paisanos rebasó 30 mil millones de dólares, monto casi 12 por ciento superior al del mismo periodo de 2018, de tal suerte que cerrarán 2019 en nivel récord. Sólo en octubre pasado por concepto de referencia ingresaron al país 3 mil 125 millones de billetes verdes. Cerca de 99 por ciento de los envíos (cada uno de 326 dólares en promedio) fue por transferencia electrónica; el resto, en efectivo y órdenes de pago.

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AMLO: primer año

Avances y retos

Con un enfoque netamente social el presidente Andrés Manuel López Obrador rindió un informe sobre su primer año de gobierno, en el que destacó que los programas de bienestar puestos por su administración llegan a la mitad de los hogares mexicanos, pero en el caso de la población indígena ya beneficia a 95 por ciento, y pronto va a ser el cien por ciento, porque por el bien de todos, primero los pobres.

En materia económica el mandatario reconoció que todavía no ha habido crecimiento económico como deseamos, pero existe una mejor distribución de la riqueza; el presupuesto público no se queda como antes en algunas manos, sino que llega a la mayoría de la gente.

Además, aplicamos una nueva política productiva para apoyar la economía popular, fortalecer el mercado interno, impulsar proyectos para el desarrollo regional, fomentar la participación de la iniciativa privada e intensificar la captación de inversión extranjera y se prioriza la recuperación del campo.

Sin embargo, la economía mexicana reporta una situación un tanto complicada, con olor recesivo a corto plazo, pero con ganas de que en 2020 salga adelante y se enrute al tan anhelado crecimiento alto y sostenido que no se ve desde hace casi 40 años.

El panorama no es muy grato que se diga, porque, como advierte el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, en el tercer trimestre del año la economía mexicana continuó perdiendo fuerza y se exacerbó su tendencia recesiva: con cifras originales se acumulan dos trimestres con variaciones anuales negativas; la tendencia del ciclo económico es a la baja; tasa anual negativa de 0.2 por ciento para el tercer trimestre del año; los claroscuros son evidentes, pero predomina la debilidad de los componentes más relevantes de la actividad productiva.

El sector primario ha evitado una mayor caída del producto interno bruto, pues en el tercer trimestre del año registró crecimiento de 5.4 por ciento. No obstante, el comportamiento sobresaliente del sector primario no puede compensar la recesión que se observa en la actividad industrial (sector secundario): el IGAE contabiliza 12 caídas consecutivas a tasa anual que, por la falta de inversión, ya han provocado una merma en la capacidad potencial de la producción fabril, por lo que se requiere un aumento significativo de la inversión productiva en sectores como la construcción o la metalmecánica para lograr una reactivación sostenida de la industria nacional, algo particularmente complejo si el sector automotriz y la industria de exportación se siguen debilitando por la desaceleración que ya se observa en la industria de Estados Unidos.

La poco favorable evolución del sector industrial ha impactado en el mercado interno, esencialmente en los rubros vinculados con la dinámica que tiene una relación directa con la actividad productiva de las empresas. Durante el tercer trimestre y a tasa anual el comercio al por mayor cayó 3.6 por ciento, la tercera merma consecutiva y el sector servicios se mantuvo a la baja.

Ante la debilidad y precarización estructural del mercado laboral (con el impacto que tendrá en el consumo privado), advierte el IDIC, la desaceleración industrial de Estados Unidos, la merma en los ingresos del sector público y la menor inversión física programada para 2020, por parte de éste último, se refrenda la necesidad de un programa de reactivación económica en torno a un acuerdo nacional que tenga como ejes la preservación del empleo y el fomento de la inversión privada a través de una nueva política industrial. De otra forma el último trimestre de 2019 y el primero de 2020 terminarán por confirmar lo que aún es tema de reflexión en algunos análisis: la economía mexicana se encuentra en recesión y su profundización tendrá un efecto negativo sobre el bienestar social a través de una mayor precarización del mercado laboral que podría llegar a través de la pérdida de empleo.

Las rebanadas del pastel

Si Vicente Fox y Marko Cortés son las fichas pesadas de la oposición, pues qué jodida está.

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Inversión alejará recesión

Poder Judicial: putrefacto

El gobierno de la 4T cumple su primer año en medio de avances y retos. Entre los pendientes está la reactivación económica, especialmente si se considera el alcance de los programas sociales que ha puesto en marcha la presente administración. Si bien la herencia neoliberal es desastrosa, en su segundo año de mandato el presidente López Obrador debe acelerar a fondo.

El Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey, campus estado de México, analiza el panorama (del que se toman los siguientes pasajes) y explica que la definición de una recesión técnica indica que cuando el PIB acumula dos trimestres consecutivos con resultados negativos, la economía entra en fase de recesión. Según las cifras que se utilicen para medir la evolución de la actividad económica, se puede alcanzar dicha condición en diferentes momentos en el tiempo. Una recesión no es una situación anormal, pues forma parte del ciclo económico: hay periodos buenos y malos, pero no reaccionar a tiempo podría agravar los efectos negativos.

El Inegi publicó las cifras sobre el crecimiento económico de nuestro país: el PIB mostró una caída anualizada de 0.3 por ciento en el tercer trimestre de 2019. La evolución desfavorable de la economía nacional se dio como resultado de que las actividades terciarias lograron un crecimiento marginal (0.1 por ciento), mientras las secundarias se contrajeron 1.4. Por su parte, las primarias avanzaron 5.4.

La situación más crítica es, sin duda, la que enfrentan las actividades secundarias. Con los datos más recientes acumulan cuatro trimestres consecutivos con variaciones anuales negativas. La evolución desfavorable de la industria mexicana se explica por un menor dinamismo de las manufacturas, ya que desde el último trimestre de 2018 no han registrado un crecimiento anualizado superior a 2 por ciento, ubicándose incluso en territorio negativo durante el segundo trimestre del año en curso.

El sector de la construcción atraviesa por momentos complicados. En el tercer trimestre de 2019 cayó 6.9 por ciento en términos anuales y acumula cinco trimestres consecutivos con variaciones negativas. Lo anterior se dio en gran medida por las modificaciones y recortes en inversión que se han traducido en caídas significativas en los subsectores, particularmente en obras de ingeniería civil, que incluyen, entre otros, los grandes proyectos de infraestructura.

Las actividades terciarias –que habían fungido como el principal motor de crecimiento de la economía de nuestro país– comienzan a perder fuerza. En el cuarto trimestre de 2018 registraron una tasa de crecimiento anualizada de 2.6 por ciento. Sin embargo, para el tercer trimestre de 2019 apenas avanzaron 0.1 por ciento. El menor dinamismo del sector servicios se debe a malos resultados en varias de las actividades que lo conforman, como comercio al por mayor, servicios financieros y educativos, y actividades legislativas y gubernamentales.

En los nueve primeros meses de 2019 la actividad económica no ha mostrado variación con respecto al nivel alcanzado el año anterior (cero por ciento), debido a que la industria se ubicó en territorio negativo (1.7) y el sector servicios presentó un avance poco significativo (0.6). Sólo las actividades primarias exhibieron un balance positivo (2), pero su contribución al PIB es marginal y poco pueden aportar para mitigar los malos resultados de los otros dos sectores. La economía no pasa por un buen momento, y una de las alternativas es la inversión. Mayores niveles de ella se traducen en nuevos proyectos que generan empleo e impulso a los sectores económicos clave.

Las rebanadas del pastel

El Poder Judicial es un estercolero y el lamentable caso de Abril Cecilia Pérez es otra prueba fehaciente de ello. Los jueces involucrados (Federico Mosco González y Luis Alejandro Díaz Antonio) estaban obligados a proteger a la víctima y así evitar un feminicidio, pero lejos de ello otorgaron al asesino todas las facilidades. Son una vergüenza.

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Poder adquisitivo prófugo

Sin novedad en el frente: el salario mínimo en México es el más bajo de América Latina, amén de que los indicadores sociales ubican a nuestro país en el segundo país latinoamericano con las tasas de pobreza y pobreza extrema más altas (sólo detrás de Honduras), pues 41.5 por ciento de la población sobrevive en pobreza por ingresos (proporción que aumenta a 45.4 en el caso de los indígenas) y 10.6 por ciento en pobreza extrema. Así, la mexicana es una de las sociedades más desiguales y pobres de la región ( La Jornada, Dora Villanueva).

Los porcentajes y la frase que se citan corresponden, respectivamente, al informe Panorama social de América Latina 2019 divulgado ayer por la Cepal y a la secretaria ejecutiva de dicho organismo, la mexicana Alicia Bárcenas, y si bien ninguno descubre el hilo negro, sí ponen el dedo en la llaga, en uno de los más ignominiosos resultados de la política económica y social del gobierno mexicano y de la indolencia general para superar tan dramática situación en la que se encuentran millones y millones de connacionales.

En buena medida el motor de la pobreza es el raquítico ingreso –o de plano la carencia absoluta– que obtienen los mexicanos, cuyo poder adquisitivo se ha movido vertiginosamente, pero en caída libre, de tal suerte que (tomando el salario mínimo como referencia) el desplome ha sido sostenido y brutal, en especial a lo largo de los seis gobiernos neoliberales.

Sirva de referencia que de la llegada de Miguel de la Madrid a Los Pinos (primero de diciembre de 1982) y la salida de Enrique Peña Nieto de la misma residencia (30 de noviembre de 2018), la inflación acumulada en el periodo fue de 63 mil 236 por ciento (la medición oficial es del Inegi), mientras los aumentos al salario mínimo en igual periodo (de acuerdo con la información de la Conasami) sumaron 19 mil 150 por ciento, es decir, una diferencia de 3.3 tantos a favor de la inflación, o si se prefiere en contra de lo que queda de poder adquisitivo, que a estas alturas hay que registrarlo con microscopio.

Si a lo anterior se suma que cada día que transcurre se importan más y más productos de consumo popular (alimentos, en especial), entonces es el acabose, porque en el periodo de referencia el tipo de cambio peso dólar se incrementó (obviamente a favor del billete verde) 13 mil 300 por ciento, sin olvidar que la competitividad (para atraer inversión foránea) y el control de la inflación se basó en la rigurosísima contención salarial (mientras los barones hinchaban sus alforjas).

La Cepal detalla que en 2018 el salario mínimo de Estados Unidos resultó seis vecesmayor que el promedio del salario mínimo en México y las naciones centroamericanas, y en el caso del salario medio la diferencia fue aún más pronunciada: el estadunidense era 12 veces superior.

Para el caso concreto de México, la citada diferencia fue mucho mayor en salario mínimo (13.36 veces, pues el de Estados Unidos fue de mil 764 dólares mensuales contra 132 dólares de aquí), pero igual a lo descrito por la Cepal en cuanto al salario medio (3 mil 922 dólares en Estados Unidos y 328 dólares en nuestro país, con mano de obra de calidad equivalente; en ambos casos los montos citados son los menores en América Latina).

Sólo como ejemplo, el salario mínimo vigente en Argentina resultaba ser uno de los mayores de América Latina (en el mandato de Cristina Fernández), pero lamentablemente para esa nación se topó con Mauricio Macri, quien durante su presidencia (2015-2019) no dejó piedra sobre piedra. Al inicio de su mandato el miningreso equivalía a 602 dólares y ya que se va (deja la Casa Rosada el próximo 10 de diciembre) el nivel se desplomó a 289 dólares.

Lo contrario sucedió en Bolivia: cuando Evo Morales llegó a la presidencia de ese país, el salario mínimo equivalía a 55 dólares mensuales; cuando el golpe de Estado ese indicador sobrepasaba los 310 dólares.

Las rebanadas del pastel

De pilón, Alicia Bárcenas deja un recado para quien lo quiera leer: no creemos que México esté en recesión. Se toman apuestas.

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Desocupación crece ligeramente

Trump: cada día más salvaje

Reporta el Inegi que en octubre pasado la tasa de desocupación –que no de desempleo– fue de 3.6 por ciento de la población económicamente activa (PEA), una proporción 0.1 por ciento superior a la del mes previo, aunque mayor en 0.4 por ciento respecto del mismo periodo de 2018.

De acuerdo con la estadística del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en los 10 primeros meses del presente año se registraron cerca de 650 mil empleos formales, pero con todo aumentó la población desocupada, la cual, para efectos de la medición del Inegi, es aquella que no trabajó siquiera una hora durante la semana en que se levantó la encuesta respectiva, pero manifestó su disposición para hacerlo e hizo alguna actividad para ocuparse.

La misma numeralia indica que en los primeros 10 meses de gobierno de Enrique Peña Nieto se registraron poco más de 590 mil empleos formales en el IMSS, los cuales, también, resultaron insuficientes ante la creciente demanda de la población en edad y condición de laborar en la economía formal.

El propio IMSS informa que en octubre pasado el salario base de cotización de trabajadores asegurados alcanzó un monto de 373.20 pesos, lo que representa un incremento anual nominal de 6.4 por ciento, el más alto registrado para un mes de octubre de los últimos 10 años y, por décimo mes consecutivo, el salario base de cotización registra crecimientos anuales nominales superiores a 6 por ciento.

La institución también documenta que al 31 de octubre de 2019 se tienen registrados ante el IMSS un millón 3 mil 46 patrones, equivalente a un crecimiento anual de 2.2 por ciento (por primera vez se supera el millón en este registro). Así, en lo que va del año se han registrado 24 mil 769 nuevos patrones.

La que de plano prácticamente no se mueve es la tasa de informalidad laboral (que considera a la población económicamente activa como porcentaje de la población de 15 años y más), que en octubre pasado fue de 56 por ciento, 0.7 por ciento menor a la reportada en septiembre de 2019, pero 0.4 por ciento mayor a la de igual mes, pero de 2018.

La información del Inegi detalla que en octubre pasado por sexo, la tasa de desocupación en los hombres se estableció en 3.6 por ciento, ligeramente mayor que la del mes precedente, y en las mujeres en 3.5 por ciento, igual que la de un mes antes. En particular, al considerar solamente el agregado urbano de 32 ciudades del país, en donde el mercado de trabajo está más organizado, la desocupación en este ámbito se ubicó en 4.3 por ciento de la PEA, un incremento de 0.1 puntos porcentuales respecto de la de septiembre pasado y de 0.6 puntos con relación a la del décimo mes de 2018, con cifras ajustadas por estacionalidad.

En materia de subocupación (la población que declaró tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas) el Inegi señala que al cierre de octubre pasado la tasa respectiva fue de 7.5 por ciento de la población ocupada según cifras desestacionalizadas, una proporción menor en 0.3 puntos porcentuales respecto del mes previo, pero mayor en 0.8 puntos si se le compara con el mismo mes de 2018. En el agregado urbano de 32 ciudades el indicador fue de 6.7 por ciento, un alza de 0.1 puntos porcentuales respecto a la del mes inmediato anterior y de 1.3 frente a la de octubre del año pasado.

Las rebanadas del pastel

Nunca se puede confiar en el gobierno gringo y menos si se trata de Donald Trump, quien cada día se muestra más bárbaro. La realidad desmiente al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien no deja de presumir la excelente relación bilateral, que está en uno de los mejores momentos de los últimos años que se basa en el respeto mutuo y en el reconocimiento del peso de México y su democracia, con un gobierno vigoroso, fuerte, legítimo y respetado; eso determina que la relación entre ambos países sea de respeto, no de sumisión. Hay muy buena comunicación entre ambos gobiernos. Pues resulta que no, y el cavernario de la Casa Blanca sigue dando muestra de ello.

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México SA de Carlos Fernández-Vega

Clarividentes ocioso

  Inversión, en el sótano

Como no tienen nada mejor que hacer, a los clarividentes financieros les ha dado por enfrascarse en undebate, igual de interminable que de frívolo, en torno a si la economía mexicana está o no enrecesión técnica, cuando la urgencia nacional exige que los expertos en la materia aporten rutas de salida, alternativas viables para poner a caminar alelefante reumático(López Obrador dixit) y reactivar un aparato económico que acumula casi cuatro décadas con un raquíticoavancede 2 por ciento anual promedio.

A lo largo de ese periodo los mismos clarividentes financieros que hoydebatenno dijeron ni pío sobre el anémico crecimiento que registró el país, pues se la pasaron festejandolo bien que marcha la economía mexicanay aplaudiendo laruta correctaque cacarearon los seis gobiernos neoliberales, cuando en los hechos el modelo y el ínfimoavancelo único que provocaron fue desigualdad e incremento sostenido de la pobreza, por un lado, y un aberrante desequilibrio en el reparto de la riqueza e insultantes fortunas para un grupúsculo, por otro.

Pero ahora los clarividentes decidieron dejar atrás su papel de aplaudidores para entrar de lleno a undebateque no contribuye en nada, pues lo que urgentemente requiere México son soluciones de corto y largo plazos, y nodescubrirsi el hielo es frío.

Cierto es que si México se fue a la lona –y allí se mantiene– con uncrecimientode 2 por ciento como promedio anual a lo largo de seis gobiernos neoliberales (tres veces menos que antes del neoliberalismo), también lo es que nunca saldrá del hoyo con cero por ciento. Pero ¿dónde están las alternativas? ¿En el debate de si es o norecesión técnica? Más seriedad, pues.

Mientras los clarividentes se mantienen en eldebatey como parte del show de nueva cuenta brincan a la palestra lossalvadoresde la patria, los mismos barones que año tras año, durante décadas, han prometido multimillonarias inversiones, que en los hechos no trascienden el discurso, y menos ahora que ya no cuentan con lasfacilidadesde antes. Lo que se requiere de ellos (sueño guajiro, desde luego) no son arengas, sino un compromiso real para impulsar el crecimiento y el desarrollo del país.

Ayer, la crema y nata del empresariado nacional se congregó en Palacio Nacional (la mañanera se transformó en una suerte de convención de ricos) y –una vez más– prometió inversiones de ensueño: unprimer paquetede 859 mil millones de pesos (en los próximos años) en el marco del Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado, monto de gran relevancia siempre y cuando se concrete.Son los compromisos que estamos tomando como sector privado, dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelí.

En esa ocasión el presidente López Obrador dijo queen todos los países del mundo es mayoritaria la inversión privada. En casi todos. Inclusive en China es cada vez mayor la inversión privada. En nuestro país, desde luego, la inversión privada representa casi 80 por ciento de la inversión general, de la inversión global; la inversión pública es, desde luego, importante, pero funciona básicamente como inversión semilla para detonar el crecimiento con la participación del sector privado.

Sin embargo, por muchoscompromisosde los barones –como sucede año tras año– la inversión privada se mantiene muy alejada de las necesidades nacionales. El IDIC lo ha documentado muy bien:La baja inversión pública y privada no es algo coyuntural, es un problema sistémico que se generó desde hace casi cuatro décadas y se ha exacerbado en años recientes. Hoy se invierte la mitad de lo que se realizaba en 1980. En México existen notorias carencias de infraestructura, pero la inversión se frenó, con todo y que el sector público contó (2003-2017: Fox, Calderón y Peña Nieto) con ingresos excedentes cercanos a 4 billones de pesos.

Las rebanadas del pastel

Entonces, se agradece el más recientecompromisode los barones, pero ver para creer.

México SA de Carlos Fernández-Vega

Seade deshoja la margarita 

T-MEC: luz verde en 2020

Un año después de la firma del T-MEC (Buenos Aires, 30 de noviembre de 2018: Peña Nieto, Trudeau y Trump) y tras cinco meses de la aprobación por el Congreso mexicano, el gobierno nacional se mantiene como novia de pueblo: vestida y alborotada.

Un mes atrás, Jesús Seade Kuri, subsecretario para América del Norte de la cancillería nacional y representante del gobierno mexicano en las negociaciones de dicho tratado, daba por hecho que en un abrir y cerrar de ojos (podría darse en unas cuantas semanas) los congresos estadunidense y canadiense aprobarían el nuevo mecanismo comercial, porque todo estaba a punto de turrón.

Pero tal vez por su entusiasmo Seade olvidó que a finales de septiembre pasado la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, fijó otra prioridad, toda vez que por esos días anunció formalmente el inicio del proceso de juicio político para destituir a Donald Trump, causa que ha ido avanzando firmemente. De hecho, a mediados del presente mes la lideresa declaró que el acuerdo es inminente, pero una semana más tarde dijo que en materia de T-MEC no descarta que la votación en el Legislativo se posponga para el próximo año. Mientras, los canadienses esperan el movimiento que haga su vecino del sur para actuar en consecuencia.

La pelota está en la cancha de la señora Pelosi, y por ello ayer el gobierno federal dio a conocer el texto de la carta que el presidente López Obrador envió (8 de octubre de 2019) a la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que en su parte medular solicita su valioso apoyo para contribuir a la ratificación del tratado en la cámara que usted honorablemente preside. Como usted lo ha dicho, aprobar el tratado sería una victoria para el pueblo estadunidense, y, yo agrego, también para el pueblo de México. Hagámoslo pronto para evitar que el proceso electoral de su país, con sus debates y pasiones propios de toda democracia, impida o puede retrasar la consumación de tan importante suceso.

El gobierno mexicano presiona para que el Legislativo estadunidense apruebe el T-MEC, pero a todas luces el punto de turrón deberá esperar. Ante la realidad, a Seade Kuri le da por especular: Quedan dos semanas oficiales de Congreso en Estados Unidos; todo lo que necesitan es ya llegar a una decisión que podría darse en unos cuantos días para poder tener un documento claro de propuestas de cambios que veríamos en México, y si esta es respetuosa con todo lo que se ha discutido, será fácil llegar a una conclusión. No estoy muy pesimista. Si no se resuelve en diciembre, bueno, puede resolverse en enero, en febrero. Nosotros siempre dijimos: un acuerdo que no se logre este año, porque hay oposición de oposiciones, ya se va hasta después de las elecciones, 12 meses más tarde. De cualquier suerte, México ya cumplió.

De cereza, el presidente López Obrador subrayó que el tratado es bueno para los tres pueblos y las tres naciones, y así lo ven, así lo sienten, ciudadanos de Canadá, Estados Unidos y México, que conviene a las tres naciones el que se suscriba, se apruebe ese tratado. Eso es importante, porque los tres países tenemos sistemas políticos democráticos y la democracia, como sabemos, es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. En el caso del tratado, consideramos que la mayoría de los ciudadanos de los tres países están a favor.

Además, dijo el mandatario, hemos cumplido con todos los compromisos. Hemos estado en comunicación con legisladores de los partidos Republicano y Demócrata. Con estos últimos hemos llevado a cabo acuerdos, compromisos y los hemos cumplido todos.

Bien, pero los gringos tienen otras prioridades y será hasta que a ellos les dé la gana. Mientras tanto, vestida y alborotada.

Las rebanadas del pastel

El comandante Borolas anda de chistoretero y ayer se aventó la siguiente puntada: Rechazo haber incurrido en acto alguno de corrupción o ilegalidad en la construcción de la Estela de Luz. Ja, ja, ja.

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Empleo, asignatura pendiente

INE: adiós, burocracia dorada

Empleo formal, sustancial alza salarial y seguridad social son añejas demandas de los mexicanos, siempre prometidas por los gobiernos neoliberales y por ellos mismos incumplidas en forma permanente. ¿Resultado? Más pobreza y a estas alturas sólo uno de cada tres connacionales en edad y condición para laborar tiene acceso a la economía formal, con las consecuencias sociales que implica, y el grueso obtiene un ingreso raquítico.

Como bien advierte el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC, de cuyo análisis se toman los siguientes pasajes) la principal causa de la pobreza en México es atribuible al bajo ingreso económico que tienen los hogares: 61.1 millones de personas tienen uno inferior a la línea de pobreza por ingresos. En otras palabras, el mercado laboral no genera las condiciones adecuadas de ingreso económico para que millones de mexicanos superen su pobreza.

La pobreza sintetiza la mayor falla del modelo económico mexicano: el grado de marginación en el que viven 52.4 millones de personas; la magnitud de la pobreza llega al extremo de que 25.5 millones se encuentran en una situación que se ha denominado carencia por acceso a la alimentación; es decir, sufren de hambre ante la imposibilidad de acceder a los alimentos que se requieren para mantener un nivel mínimo de subsistencia.

Desafortunadamente, el entorno adverso que se exacerbó desde la crisis económica de 1982 no se ha modificado durante la última década. La precarización del mercado laboral originada desde 2005 sigue avanzando en 2019. En los primeros tres trimestres del año, más de 77 por ciento de la ocupación y empleo se creó en los micronegocios.

Ante la evidencia de la correlación entre empleo en micronegocios –que, además, solamente pagan hasta un salario mínimo–, es altamente significativa la pérdida de ocupación y empleo que se dio en México en los rangos de ingreso superiores a 3 salarios mínimos: tanto la revisión que se puede realizar desde 2005 como la que ocurrió en los primeros tres trimestres de 2019 permiten observar el fuerte retroceso que existe en las oportunidades laborales bien pagadas.

Lo descrito redunda en un aumento en el riesgo de que una mayor cantidad de mexicanos pueda encontrarse en una situación de pobreza, particularmente si las condiciones de nulo crecimiento y recesión industrial se mantienen en el país. La mayor correlación entre el número de personas pobres en México y los bajos ingresos se genera no solamente en estados rurales o con una alta población indígena: la Ciudad de México y el estado de México incluyen una parte importante del desequilibrio.

SEgún el Inegi, en los primeros tres trimestres de 2019 la Ciudad de México sólo generó 26 mil puestos de ocupación y empleo, pero en el rango de los micronegocios se crearon 131 mil; es decir: desaparecieron plazas laborales en los otros tipos de negocios, por lo regular de mejor remuneración y prestaciones sociales.

La precarización del mercado laboral, con las consecuencia que tiene sobre la pobreza, se asocia a la propia precarización del sistema productivo nacional: inseguridad, bajo crecimiento económico, escaso financiamiento (además de caro), infraestructura deficiente, competencia desleal por parte de las importaciones que llegan de algunos países, un sistema tributario recargado en las empresas y empleo formal (la minoría en el país), un gasto de gobierno improductivo, baja competitividad y ausencia de un modelo de política industrial que permita incrementar la productividad e innovación tecnológica nacional, por citar algunos de los elementos básicos.

Las rebanadas del pastel

Para quienes fingen sordera, el presidente López Obrador activó los altoparlantes: lo quieran o no, se acabó la burocracia dorada en el INE; los recursos que se usaban para privilegios ahora son dinero del pueblo. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Así o más volumen.

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Al fin hay presupuesto para 2020

San Lázaro: plantón de líderes

¡Milagro! Aunque parezca increíble, los diputados aprobaron el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, aunque para ello se pasaron por el arco del triunfo el plazo que establece la ley (15 de noviembre), pues, con el pretexto del plantón de líderes campesinos y en uso de la entelequia conocida como reloj parlamentario (Cronos debe estar recordándoles la parentela a los legisladores), alegremente se tomaron siete días adicionales para dar el ansiado sí (22 de noviembre, por la madrugada) en una sede alterna.

Lo bueno de todo esto es que, oficialmente, los chantajistas dirigentes campiranos –una verdadera pandilla de gánsteres– no lograron su tradicional objetivo: obtener gruesas rebanadas presupuestales para ellos, con el pretexto de mejorar las condiciones de los campesinos que dicen representar. Porque el bloqueo de San Lázaro no fue un plantón campesino, sino de los impresentables cuan supuestos líderes (como el de Antorcha Campesina, Aquiles Córdova Morán) acostumbrados a estirar la mano para, según ellos, mantener la paz social en el país, mientras el campo se mantiene abandonado y los campesinos famélicos.

Lo anterior, de la mano de otra negativa de la mayoría legislativa: no más moches; se acabaron (el pánico cundió en el recinto alterno). Tal vez por ello la bancada panista –tan acostumbrada a obtener esos ingresos discrecionales– se ausentó por el desaseo constitucional que bordeó la aprobación presupuestaria (el burro hablando de orejas); quisieron discutir en lo oscurito un proyecto que da la espalda a la gente” (recuérdese que están los cretinos, los muy cretinos y Marko Cortés).

Pero bueno: con 321 votos en favor y 78 en contra, los diputados aprobaron el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, cuyo monto asciende a 6 billones 108 mil millones de pesos, en números cerrados, y su ejercicio se orientará a sectores sensibles, como combate a la pobreza, apoyo al campo, educación y agua potable ( La Jornada, Enrique Méndez y Roberto Garduño).

Tras la aprobación, el presidente López Obrador agradeció a los diputados y dijo que los recursos para sus programas sociales están garantizados, como también que haya atención médica y medicamentos, pues se amplía el presupuesto para Salud en 40 mil millones de pesos y se entregarán fondos para mejoramiento de las escuelas. Hay asignación para 107 mil centros educativos. “Existe continuidad en los programas y se va a seguir apoyando a millones de mexicanos; todo sin aumentar impuestos o crear nuevos; es natural que haya oposición al presupuesto, porque ya no hay moches” (en referencia a los partidos de oposición que se opusieron al proyecto: La Jornada, Georgina Saldierna).

Por su parte, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, consideró que el presupuesto 2020 está construido para mantener finanzas públicas sanas y la estabilidad económica en un contexto de desaceleración global; también fue pensando en el bienestar de la mayoría de los mexicanos.

De acuerdo con información del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, entre las ampliaciones presupuestales aprobadas por los diputados se cuentan la destinada a Bienestar, con 8 mil 365.4 millones de pesos, y la dirigida a participaciones a entidades federativas y municipios, 7 mil 184.2 millones (e gasto no programable). En sentido contrario sobresalen los recortes a deuda pública (5 mil millones en gasto no programable), Fiscalía General de la República (mil 500 millones) y Poder Judicial (mil 327.4 millones).

Las rebanadas del pastel

Y entre las novedades destaca que, por primera vez en la historia, en 2020 los diputados federales y los senadores ganarán lo mismo, pues sus dietas fueron homologadas; la de senadores bajó de 105 mil a 74 mil 548 pesos, para igualarla a la de los diputados. Así, se redujo en 68 millones el presupuesto para el Senado (Notimex). La bronca es que no es el único ingreso que reciben; de hecho, es el de menor cuantía.

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Latinoamérica: ¡ya basta!

Ecuador, Chile, Colombia…

Tardaron en reaccionar, pero los latinoamericanos gritan a coro se acabó. Más de tres décadas de neoliberalismo depredador borraron del mapa sus beneficios sociales y la posibilidad de un mejor nivel de vida, a la par que los gobiernos a modo –meros gerentes del gran capital– incrementaron, como nunca, las ganancias y el poder político de los empresarios más ricos de la región.

El neoliberalismo zozobra y los latinoamericanos de a pie están dispuestos a darle un empujoncito Y, como dirían los chilenos, no son los 30 pesos de alza en el precio del Metro, sino los 30 años de una política económica devastadora que todo arrasa para beneficiar a un puñado.

Ayer fue Ecuador y Chile, cuyos gobiernos neoliberales quisieron apagar el fuego con chorros de gasolina y mucha violencia institucional. Hoy es el turno de Colombia: “miles protestan este jueves (ayer) en contra del presidente Iván Duque, que tras 15 meses en el poder afronta una variopinta convocatoria contra las políticas de su gobierno en momentos en que su popularidad está en rojo. El diverso grupo de convocantes –sindicatos, estudiantes, indígenas, artistas, ambientalistas y partidos opositores– lidera un paro nacional contra las políticas económicas, sociales y de seguridad del mandatario conservador. ‘Es un acumulado de situaciones que esperamos que, así sea en una gran mesa nacional de concertación, empecemos a revisar´ luego de la jornada, explicó Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo, una de las organizadoras” ( La Jornada).

En América Latina se suceden explosiones sociales por la draconiana cuan depredadora política económica en contra de la mayoría –que ha llevado a la región a ser catalogada como la más desigual del planeta, según evaluación de la Cepal–, y los gobiernos neoliberales –balas de por medio– todavía exigen que los afectados se lo agradezcan.

La orden neoliberal es exprímanlos hasta la última gota y el concepto lo definió muy bien el multimillonario Forbes, Sebastián Piñera, que hoy despacha en La Moneda (parapetado por los milicos): estamos en guerra contra un enemigo poderoso (léase el pueblo), implacable, que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa la pérdida de vidas humanas, con el único propósito de producir el mayor daño posible; ellos están en guerra contra todos los que quieren vivir en democracia (parecería una feroz crítica al neoliberalismo, pero no: los destinatarios son los chilenos de a pie).

Y en la misma tesitura están otros gobiernos latinoamericanos (como el de Ecuador y el de Colombia), que –con el manual neoliberal en la mano– quieren apagar el fuego social con más gasolina, paquetazos, balas, represión y toques de queda, todo, según dicen, en nombre de la democracia, mientras orquestan un golpe de Estado en Bolivia contra un gobierno democráticamente electo y los millones de ciudadanos que vieron mejorar sustancialmente su nivel de vida por las políticas sociales de Evo Morales.

Pero el neoliberalismo los hace y ellos se juntan. Son idénticos y hablan igual. En Colombia se desarrollan masivas marchas en el paro nacional contra el presidente Iván Duque (hay una campaña basada en mentiras que busca desatar la violencia) y su más reciente paquetazo, mientras la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez emula a Piñera y hace un llamado para estar alertas ante los intereses de otros que quieren destruir a Colombia como lo han hecho en Chile y Ecuador. Ello, en medio de allanamientos, búsqueda de material terrorista, criminalización de la protesta social y –no podía faltar– los militares en las calles (actuarán con contundencia, según aviso del ministro de Defensa).

Tardaron, pues, pero ¡ya basta!

Las rebanadas del pastel

El dictamen y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020 parece un culebrón. Bien a bien nadie sabe cuándo darán luz verde los diputados, si es que la dan, porque el plazo legal venció el pasado día 15 y nadie sabe, nadie supo.

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En el horno, aumento al mínimo

Merma de empleo mejor pagado

En unas cuantas semanas más se conocerá el aumento al salario mínimo consensuado por el Consejo de Representantes (gobierno, patrones y obreros) de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, y, aunque hasta el momento no hay nada en concreto ni un anuncio formal, en el ambiente laboral se menciona la posibilidad de que el alza sea sustancial, siempre en línea con la política del presidente López Obrador de recuperar la brutal pérdida de poder adquisitivo del miningreso.

El 17 de diciembre de 2018 se anunció formalmente que en 2019 el salario mínimo general diario en el país sería de 102.68 pesos (aumento de 16.2 por ciento), con la salvedad de que en la frontera norte tal indicador llegaría a 176.72 pesos (incremento de 100 por ciento). Al respecto, el mandatario mexicano subrayó que tal decisión es un acto muy importante, se puede decir histórico, porque iniciamos juntos una nueva etapa en la política salarial de nuestro país. El incremento superior en la frontera norte representa una última cortina de desarrollo para evitar la migración forzada.

Sin duda se trató de una decisión importante, pero insuficiente a todas luces, dado que el poder adquisitivo del salario mínimo prácticamente desapareció en los pasados 40 años, y si bien el incremento de 2019 y el que se cocina para 2020 son relevantes, en realidad falta mucho terreno que recuperar. De hecho, si se comparan el salario mínimo general vigente en nuestro país y el que se paga en Estados Unidos (promedio federal), la diferencia es de 11 tantos.

Pero al grave problema de pérdida de poder adquisitivo acumulado se suma la cancelación de plazas mejor remuneradas. Como bien lo detalla el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), la 4T enfrenta un problema sistémico que sigue avanzando: la destrucción de empleo que paga más de tres salarios mínimos. Durante 40 años el Estado mexicano no ha logrado establecer una estrategia de política económica que genere crecimiento económico vigoroso y sostenido que a la vez propicie mayor desarrollo social.

De acuerdo con el IDIC, la magnitud del problema lo hace evidente: aumenta la población, pero se destruye empleo bien pagado, particularmente el que genera ingresos superiores a tres salarios mínimos. En el nuevo milenio se ha exacerbado la desaparición de empleo bien remunerado: ahora más mexicanos deben competir por un número menor de ocupación y empleo que les otorgue un buen ingreso económico.

Y le pone números al problema: entre 2005 y 2019 la precarización del mercado laboral se generalizó en México, pues el aumento de la población total en ese periodo fue de 18 millones de personas, de los que 13 millones se incorporaron a la población económicamente activa, es decir, mexicanos que requieren un empleo.

El problema que enfrentaron, así como los ya presentes en el mercado laboral, fue la pérdida sistemática de empleo bien remunerado, lo que se ha observado en los pasados 15 años (de finales del sexenio foxista al cierre de Peña Nieto; con AMLO se observa una ligera mejoría, pero aún no sustantiva). Lo delicado de la situación se resume en un hecho: en ese lapso, todos los estados de la república registraron un retroceso en el número de personas ocupadas con un empleo que genera un ingreso superior a cinco salarios mínimos; se perdieron más de 2.5 millones.

La Ciudad de México fue la entidad más afectada con una pérdida de 323 mil 600 plazas (12.7 por ciento del total). En segundo lugar, el estado de México (283 mil 800 puestos, 11.1 por ciento del total). Baja California (-220 mil 800), Nuevo León (-165 mil 700 mil) y Veracruz (-147 mil 900) fueron las otras entidades que contabilizaron las mayores reducciones.

La situación en la Ciudad de México, Baja California, Tamaulipas, Chihuahua, Morelos y Guerrero fue aún más delicada, porque ninguna de esas entidades elevó la cantidad de ocupación y empleo asociada a remuneraciones siquiera de entre dos y tres salarios mínimos.

Las rebanadas del pastel

Ayer se conmemoró la ¿revolu… qué?

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IED: cuentas del gran capitán

CIDH: ¿lenta o confabulada?

Una vez más los mexicanos reciben información sobre lo bien que, oficialmente, marcha el registro de la inversión extrajera directa que llega al país, aunque en los hechos se trate de datos maquillados que esconden un balance no tan atractivo (o lo que es igual, el ejercicio de la misma práctica contable de sexenios anteriores).

La Secretaría de Economía informó ayer que de enero a septiembre de 2019 México recibió 26 mil 55.6 millones de dólares de inversión extranjera directa (IED), alza de 7.8 por ciento si se compara con la cifra preliminar reportada para el mismo periodo de 2018. Un titipuchal de dinero que viene de afuera.

Si se toma como base el informe de la Secretaría de Economía, rápidamente se concluye que la captación de inversión foránea no solo ha sido exitosa y cuantiosa, sino reporta un buen incremento respecto de los montos registrados en periodos similares de gobiernos anteriores, o si prefiere una lectura política, el capital foráneo confía más en el gobierno actual que en los anteriores.

Sin embargo, a la hora de las sumas y restas la belleza presumida no es tal, porque el grueso de los dineros que el gobierno registra como inversión extranjera directa en realidad es producto de las utilidades generadas por las empresas foráneas aquí, internamente, en la economía mexicana, es decir, dineros que no vienen de afuera ni son muestra de la confianza en las autoridades.

El propio desglose de la Secretaría de Economía da cuenta de ello: “Las cifras disponibles a la fecha indican que de enero a septiembre de 2019 se captaron 26 mil 55.6 millones de dólares, resultado neto por empresa o fideicomiso, de la diferencia de 33 mil 358.1 millones registrados como flujos de entrada y 7 mil 302.5 millones en flujos de salida.

Si se compara el total de IED captada en los primeros nueve meses del año con las cifras preliminares reportadas para el mismo periodo de 2018 (24 mil 174.3 millones de dólares), se observa un incremento de 7.8 por ciento. El aumento se concentró en los rubros de reinversiones y nuevas inversiones, aunque el ajuste posterior de las cifras podría modificar este resultado. Por tipo de inversión (origen del financiamiento): a través de reinversión de utilidades, 55.2 por ciento; por nuevas inversiones, 36.1, y por cuentas entre compañías, 8.7.

Hasta ahí, música en los oídos gubernamentales, pero… se trata, en el mejor de los casos, de dólares de 36 centavos, porque los 64 restantes se traducen en utilidades obtenidas en la economía mexicana y movimientos entre subsidiarias y matrices que ni lejanamente pueden considerarse IED, por mucho que defiendan la tesis de que las sumas se basan en estándares internacionales.

En los hechos, de los 26 mil y pico de millones de dólares que la Secretaría de Economía reporta como IED, sólo 9 mil 406 millones pueden calificarse de inversión extranjera directa, es decir, como dinero contante y sonante que ingresó al país en el periodo de referencia.En cambio, la reinversión de utilidades alcanzó 14 mil 383 millones y las cuentas entre compañías 2 mil 267 millones.

Las rebanadas del pastel

Más lenta que una tortuga en tierra, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo pública su enérgica condena al uso excesivo de la fuerza por operaciones combinadas de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para reprimir recientes manifestaciones en Bolivia. (Por ello) urge al Estado a tomar las medidas necesarias para evitar la impunidad y a garantizar el derecho a la reunión pacífica y a adoptar medidas urgentes para preservar la vida e integridad de sus habitantes, así como para garantizar el trabajo de los periodistas y de los organismos autónomos de protección y defensa de los derechos humanos. Y lo dice 10 días después del golpe de Estado, el asesinato de alrededor de 30 personas, tras decenas de heridos y detenidos y luego de que muchos periodistas fueron agredidos y expulsados. Así, la CIDH contribuye a que los golpistas masacren al pueblo boliviano.

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Bolivia: golpe tunda economía

 Mauricio Macri deja un desastre

El golpe de Estado en Bolivia no sólo es anticonstitucional y trunca el proceso democrático en aquella nación, sino que nulifica el comportamiento altamente positivo –con su efecto distributivo en el plano social– que su economía registró a lo largo del gobierno de Evo Morales (es decir, la de mayor crecimiento en América de Sur y la tercera en el planolatinoamericano).

De 2006 a la fecha la economía boliviana creció a una tasa anual promedio cercana a 5 por ciento, y, en un contexto de desaceleración regional, para 2019 y 2020 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) pronosticó –días antes del golpe– un avance de 3.5 por ciento en cada uno de esos años, proporción que la mantendría en el primer lugar de América del Sur.

Pero el golpe de Estado echa a la basura la solidez económica de Bolivia y su positivo efecto distributivo, y la población comienza a registrar desabasto de productos básicos e inflación creciente, en medio del descenso del producto interno bruto, gracias al grupo faccioso de la ultraderecha que dice gobernar, aunque en los hechos sólo reprime y asesina con la Biblia en la mano, como en la Colonia.

Días atrás la Cepal revisó a la baja las proyecciones de crecimiento de la actividad económica de la región para 2019, año en que se espera una expansión promedio de 0.1 por ciento en América Latina y el Caribe. Para 2020 proyecta que continúe en una senda de bajo crecimiento, con una expansión del PIB estimada en 1.4 por ciento. Con esto se cumplirían siete años en que América Latina y el Caribe permanecerían situados en una posición de bajo crecimiento, que se ha traducido a su vez en un deterioro de los niveles de ingreso per cápita promedio. El PIB per cápita de la región se vería reducido en 4 por ciento entre 2014 y 2019, lo que implica una caída promedio anual de 0.8 por ciento.

La desaceleración, subraya la Cepal, se extiende para la mayoría de las economías de América Latina (17 de 20 países) en 2019. Este año las economías de América del Sur, especializadas en la producción de bienes primarios, en especial petróleo, minerales y alimentos, caerían 0.2 por ciento, la primera baja desde 2016. En 2020 se espera que el crecimiento en esta subregión sea de 1.3 en promedio.

En ese mar de malas noticias, Bolivia destacaba por su avance sostenido: casi 5 por ciento como promedio anual desde 2006; 3.5 por ciento en el presente año y la misma proporción para 2020 (estimación de la Cepal), hasta que la ultraderecha detuvo en seco el proceso de crecimiento y distribución del ingreso, y siempre con la intención de echar para atrás las nacionalizaciones –sobre todo las energéticas– del gobierno de Evo Morales.

Ahora, tras el golpe, la facciosa Jeanine Áñez anuncia no la inversión para mantener el crecimiento económico, sino mayor gasto para reprimir, aún más, a los bolivianos. De acuerdo con el diario La Razón, de La Paz, los golpistas destinarán –por decreto– alrededor de 5 millones de dólares adicionales para equipamiento de las fuerzas armadas, haciendo notar, entre aspectos de los considerandos, que la institución armada tiene la atribución y responsabilidad de coadyuvar, en caso necesario, a la conservación del orden público. Lo anterior va de la mano de otro decreto, el que deslinda de responsabilidad penal a los militares que participan en los operativos para restablecer el orden (léase licencia para asesinar).

Las rebanadas del pastel

Mauricio Macri deja un desastre económico al próximo presidente de Argentina, Alberto Fernández, pues en apenas cuatro años hundió al país. Entre otras gracias, el empresario entregará un país con recesión (el PIB cayó 1.22 por ciento como promedio anual), altísima inflación, devaluación (el tipo de cambio peso-dólar se incrementó cerca de 500 por ciento), deuda descomunal y cerca del default, desempleo, pobreza creciente y hambre en amplios sectores poblacionales (tres de cada 10 niños sufre inseguridad alimentaria en una nación que produce y exporta alimentos en grandes cantidades).

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