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3/12/2019

Interdicción: una paradoja



Imagine que a sus 50 años quiere casarse y las leyes de su país no se lo permiten. Imagine que la única forma de que se le reconozca el derecho a recibir una herencia sea a través de un tercero. Más aún, imagine que a esta edad no pueda demandar a otros a menos que se haga a través de un representante. ¿Y si quisiera demandar a su representante?
La interdicción, tal como la define el Código Civil de la Ciudad de México, condiciona la capacidad de ejercicio de estos y otros derechos a las personas adultas que por su condición particular de discapacidad no puedan gobernarse. La pregunta que me surge es ¿Quién define, y bajo qué criterios lo hace, que usted pueda o no gobernarse?
De hecho, según algunos especialistas, el juicio de interdicción ni siquiera debería llamarse juicio, pues no se trata de un procedimiento en que las partes puedan hacer valer sus argumentos. Basta con la solicitud unilateral que hace una persona frente al juez para declarar en estado de interdicción a otra.
No cuestiono que haya casos en que quienes solicitan la interdicción de una persona lo hagan de buena voluntad. Lo que me parece injustificable es el hecho de que, a 12 años de la adopción de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aún pervivan figuras paternalistas que restringen sus derechos al grado de que ni siquiera se les permita participar de manera activa en el ­procedimiento.
Nada sobre nosotros sin nosotros es la bandera que usan las personas con discapacidad para reivindicar sus derechos. Este lema debería ser escuchado a la hora de tomar las decisiones que les afectarán de manera directa en sus vidas, día a día.
El cambio de paradigma que trajo consigo la convención es que el enfoque médico o caritativo respecto de la discapacidad sea sustituido por un enfoque de derechos humanos. El cambio consiste en que la persona con discapacidad deje de ser un objeto pasivo de caridad, rehabilitación o cuidado y sea considerado un sujeto activo, como titular de derechos y tomador de decisiones.
En próximas fechas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá el caso de Ernesto1, un hombre con discapacidad intelectual que decidió combatir el estado de interdicción en el que se encuentra. Que se dé entrada a este tipo de asuntos me parece ya un avance. Veamos qué decide la Corte.
Mi reconocimiento y admiración a Ernesto por iniciar la batalla judicial para reivindicar sus derechos. Independientemente del final que dicte la Corte, su causa quedará en el registro como una batalla para el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Lamento profundamente que no se conozca el paradero de Ernesto el día de hoy e insto a las autoridades que están investigando su desaparición a que lleven a cabo las diligencias adecuadas para su localización con vida.
Las personas con discapacidad merecen vivir plenamente sus derechos, como todas las demás personas. Por ello, el Estado tiene la obligación de llevar a cabo todos los cambios legislativos y a nivel de política pública necesarios para que la Convención, de la que México es parte, sea una realidad y no una ficción. Dichas políticas, además, deberán tener en el centro a las personas con discapacidad. Nada sobre ellas, sin ellas.

*Representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

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1 Nombre que ha dado el proyecto de sentencia al titular de derechos que va a debatir la SCJN, a fin de cumplir con las reglas relativas a la protección de datos personales.

3/11/2019

Presentará Morena iniciativa para ley de extinción de dominio


El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, presentará mañana una iniciativa para expedir la ley nacional de extinción de dominio, cuyo fin es brindar una legislación actualizada y efectiva para eliminar obstáculos procedimentales y quitar a organizaciones o individuos recursos patrimoniales que utilizan para delinquir.
Con este nuevo ordenamiento se regulará el aseguramiento de bienes en favor del Estado, el establecimiento de los procedimientos correspondientes, los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al procedimiento y para que lleven a cabo su disposición, uso, usufructo, enajenación o monetización en atención al interés público.
Asimismo, se dotará a las autoridades de criterios de oportunidad del destino de los bienes sujetos al proceso y, en su caso, la destrucción de los mismos. Con este ordenamiento se resalta en el texto de la iniciativa, se homologa el actuar de las autoridades competentes y definen reglas para la protección de las personas que pudieran ver afectado su patrimonio por medio del ejercicio de su derecho de audiencia.
Monreal detalla en su iniciativa que la extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público a través de un proceso judicial de naturaleza civil y autónomo del penal, mismo que, sin menoscabo a la garantía de audiencia de cualquier persona que pueda considerarse afectada, permite al Estado aplicar a su favor bienes y derechos de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos y petroquímicos.
El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Senadores destacó que esta figura será una herramienta eficaz para el combate a la estructura patrimonial y financiera de la delincuencia al dotarla de mayor operatividad y funcionalidad, con abatimiento de obstáculos procedimentales que se interponen con su fin.
Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Lunes 11 de marzo de 2019, p. 8

4/11/2016

Órganos Autónomos en la Constitución CDMX


Los órganos autónomos conforman por sí mismos un poder.

lasillarota.com
Según la definición que da el diccionario de la Real Academia Española, la palabra Autonomía proviene del griego αὐτονομία y significa la potestad para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios. Los órganos que cuentan con la calidad de autonomía tienen atribuciones propias cuyo ejercicio requiere, en muchos de los casos, estar alejados de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

Existen órganos cuya autonomía se encuentra prevista en la Constitución, y existen otros, cuya autonomía se encuentra establecida en ordenamientos locales, tales como constituciones y leyes. En el caso de la Ciudad de México, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, todavía vigente, no existe una regulación suficiente y adecuada de algunos órganos autónomos. Si bien el Estatuto contiene aspectos regulativos de organismos como el IEDF, el TEDF y la CDHDF, respecto de otros resulta omiso.

Por ello, en la redacción del nuevo contenido de la Constitución de la CDMX, se podrá incorporar un título que regule a todos los órganos autónomos, tomando como ejemplo el texto constitucional actualmente vigente en Guerrero, en donde se disponen seis capítulos reguladores de sus órganos autónomos. En ese sentido, se propone incorporar en nuestra Constitución un título denominado “Órganos Autónomos de la Ciudad de México” y que éste a su vez, se divida en ochos capítulos donde se prevean las reglas aplicables a cada uno de los órganos autónomos de la ciudad.

De igual modo, será importante establecer un precepto que disponga que el presupuesto de estos organismos no podrá disminuir más allá de una base mínima, tal y como existe actualmente el artículo 50 de la Ley de Fiscalización Superior de nuestra ciudad, por lo que hace a la Auditoria Superior de la CDMX. Establecer una base mínima del presupuesto será una media que garantizará el funcionamiento de los órganos constitucionales.

Es importante prever por un lado una regulación de los aspectos generales de los órganos autónomos y por el otro, de las reglas específicas que deben aplicarse para cada uno de ellos, siempre tomando en cuenta que los órganos autónomos conforman por sí mismos un poder, cuyo funcionamiento debe ser independiente al de los demás actores políticos.

Los órganos autónomos son agentes alternos a los poderes tradicionales, que se han convertido en instrumentos importantes de cambio y de opinión y que deben tener una regulación que les permita cumplir con sus funciones.

Será labor de la Asamblea Constituyente decidir la inclusión o no de un título específico para los órganos autónomos de la CDMX.

Flor de loto: La causa de la descomposición social es la violencia, en sus distintas formas y manifestaciones.

3/16/2016

¿Qué? y ¿Para qué? con la nueva Ley Antideuda



La Ley de Disciplina Financiera para Estados y Municipios es una propuesta reglamentaria a las modificaciones constitucionales aprobadas el año pasado




CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota).- El pleno del Senado avaló la creación de una nueva ley para regular las deudas que adquieren los gobernadores y los alcaldes, los cuales no tienen un plan para pagar dichos créditos adquiridos y al concluir sus gestiones, sin ninguna repercusión legal, dejan endeudada la entidad.

La Ley de Disciplina Financiera para Estados y Municipios es una propuesta  reglamentaria a las modificaciones constitucionales aprobadas el año pasado que acotaron los empréstitos de los gobiernos locales, faculta al Congreso en materia de deuda pública y establece una comisión bicameral legislativa que analizará el nivel de endeudamiento de las entidades.

Es decir, la nueva ley establece reglas y criterios que indican el camino a seguir y el camino a evaluar si la deuda contratada es de beneficio social o no cumple con este requisito.

La minuta aprobada y regresada, con cambios, a la Cámara de Diputados, establece que los nuevos créditos que obtengan los gobiernos locales deberán ser destinados exclusivamente a inversión productiva, por lo que no se podrán usar para destinarlos a gasto corriente, a nominas o proyectos improductivos.

También establece mecanismos para mejorar las condiciones de los créditos contratados mediante la celebración de procesos competitivos entre instituciones financieras, optando siempre por aquella que ofrezca la menor tasa, es decir, los gobernadores ya no podrán contratar deuda con bancos o instituciones financieras de cabecera o que estén administradas por “cuates”.

El documento aprobado pone énfasis en la prevención, pues incorpora un sistema de alertas a través del cual se dará seguimiento permanente, trimestral, a indicadores que permitirán ubicar a cada entidad y a cada municipio dentro de un nivel de endeudamiento.

El sistema de alertas tiene tres tipos de categorías: endeudamiento sostenible (luz verde), de observación (luz ámbar) y elevado (luz roja).

Las entidades y entes que se encuentren en niveles de endeudamiento elevado deben firmar un convenio con la Federación en el que se establezca puntualmente las obligaciones de responsabilidad hacendaria.

Se creará el Registro Público Único que estará a cargo de la Secretaría de Hacienda y en los que deberán inscribirse todos los financiamientos y obligaciones, ya sean estas asociaciones público-privadas, arrendamientos, factoraje, deuda de fideicomisos, cortos plazos e instrumentos derivados, garantías, flujos de pensiones, entre otros.

Posteriormente, todo lo que se haya inscrito en el Registro Público será cotejado con la información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y cuando existan discrepancias, éstas serán publicadas de igual forma en dicho registro.

Para poder inscribir alguna operación en el registro único, será necesario incluir acreedores, monto contratado, tasa efectiva, plazo y recurso otorgado como fuente de pago o garantía.

Los endeudados
¿Pero qué pasa con aquellos estados que ya están en foco rojo?, ¿qué pasa con aquellos que ya tienen un endeudamiento elevado?

La nueva ley les ofrece una salida y les dice: puedes hacer una reestructuración con el apoyo, con el aval de la Federación a través de un convenio de coordinación que te permita reestructurar la deuda en términos de mercado, en términos más cómodos, a precios y condiciones más accesibles.

De acuerdo con los legisladores que avalaron esta ley, ésta permitirá conocer en qué se gasta, para qué se gasta y quién gasta el dinero que piden prestado los Gobiernos locales.

7/16/2015

4 iniciativas que desafiaron a los poderosos


Habitantes de Talea de Castro, en la Sierra de Oaxaca, cuenta con servicio de telefonía celular a pesar de que empresas como Telmex y Telcel no tienen cobertura en esa región. // Foto: @rhizomatica.

Comunidades en Oaxaca, Baja California o en el Distrito Federal se han organizado para crear iniciativas exitosas que les permiten reformar la ley, crear empresas prósperas o desarrollar la tecnología que les hace falta. Estas son cuatro historias de mexicanos que han enfrentado a los tomadores de decisiones.

Foto: @rhizomatica.Habitantes de Talea de Castro, en la Sierra de Oaxaca, cuenta con servicio de telefonía celular a pesar de que empresas como Telmex y Telcel no tienen cobertura en esa región.
En medio del hastío generalizado ante la desigualdad, comunidades organizadas, cooperativas o plataformas cibernéticas implementan estrategias para combatir la inequidad, derribar los monopolios y mejorar sus condiciones de vida. Son los mexicanos que le plantan cara a quienes toman las decisiones.

Los ciberactivistas que cambiaron la ley

¿Se puede cambiar la ley a través de una petición de internet? Esto es lo que consiguieron una profesora de yoga licenciada en derecho y un grupo de abogados animalistas de Tijuana el pasado octubre, cuando lograron que el Congreso de Baja California tipificara el maltrato animal como un delito en el Código Penal del estado, para sancionar, con pena de cárcel, a quienes infrinjan maltrato a los animales o los abandonen.

¿Cómo lo hicieron? Primero armaron el sustento legal y convencieron a un diputado de que presentara la iniciativa. Luego fueron diputado por diputado mientras movían la solicitud en la red por la plataforma virtual de peticiones ciudadanas change.org, que tiene 70 millones de usuarios en 196 países. 2 millones son mexicanos. La petición de la asociación de Abogados Animalistas de Tijuana reunió 85 mil firmas en seis meses.
Cuando las presentaron al Congreso, con cerca de 60 mil, se les desbloquearon las negociaciones con los tomadores de decisiones. Con ese número de firmas en papel podrían haber armado un partido político. El 30 de septiembre del 2014 se reformó por unanimidad el Código Penal de Baja California para incluir el delito de maltrato animal. Se incluyó como maltrato incluso cortarle las orejas o el rabo a los perros por razones estéticas.
Según la asociación internacional AnimaNaturalisen nuestro país mueren cada año alrededor de 60 mil animales por maltrato. Para Carmen Villareal, que encabezó la petición en internet, lo más importante de la reforma es que “en una sociedad donde hay muy poca credibilidad en que la política cambie algo, dio mucha esperanza a que si los ciudadanos nos unimos de una manera eficiente podemos cambiar cosas”.
El ciberactivismo ha crecido a la par que las redes sociales y ya cuenta con varias victorias en México. En Change.org computan entre 2 y 4 peticiones que se cumplen cada mes. Hay algunas que representan cambios colectivos y otras meramente individuales. Unas que se resuelven en 6 meses y otras en apenas unos días.
Hugo Lamas, un estudiante de arquitectura de 23 años del Instituto Tecnológico de Monterrey en Aguascalientes, logró también gracias a las firmas que la Secretaria de Infraestructura y Comunicaciones del Estado incluyera una ciclovía y árbolado en la rehabilitación de una de las principales avenidas de la ciudad. Aunque todavía no se ha materializado las autoridades se comprometieron a incluirlo a los tres días de la petición. El Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación José Fernando Franco pidió disculpas públicamente por comentarios discriminatorios contra los niños con discapacidad dos días después que se impulsara la petición en change.
“Es la lógica de la visibilización. En la medida en que le hagamos saber a un gobierno que el mundo les está viendo es cuando se pueden frenar las atrocidades. Las victorias tienen que ver con eso, cuando las instituciones o las empresas se ven expuestas suelen aceptar”, explica  Ana Laura Lozano, Coordinadora de Campañas para Change.org en México.
El activismo digital no está peleado con otras movilizaciones tradicionales como marchas, paros o bloqueos. “No es inútil una marcha en si misma como tampoco lo es conseguir firmas. El punto es que haya un impacto, que genere debate, diálogo, que ponga temas en la agenda pública para que se consigan”, concluye Lozano desde change.org.
Internet también ha servido para la organización social como en el caso del movimiento #Yosoy132 o para protegerse de la violencia extrema como en Tamaulipas, donde la red social Twitter sirvió de sistema de alertas anónimas sobre incidentes al momento.

El talento indígena que combate la violencia con educación

Cristóbal García Jaimes es el creador del acelerador de partículas más barato del mundo. Tal vez usted no sepa qué es eso, pero su televisión tiene uno incorporado. Los aceleradores de partículas sirven para experimentar con los componentes de la materia y también tienen usos prácticos en tecnologías médicas como la cirugía laser.
Cristóbal no siempre tuvo siquiera televisión. A sus 19 años no ha tenido una vida fácil. Originario de San Miguel Totolapan, uno de los municipios más conflictivas del país y cuna de la plantación de amapola más grande de América, donde la violencia ha hecho huir a muchos de sus pobladores. El padre de Cristóbal también lo hizo pero por otros motivos. Desde los 11 años el muchacho tuvo que trabajar para ayudar a su madre, con una enfermedad renal que requiere diálisis, y sacar adelante a sus dos hermanos pequeños. Pero nunca dejó los estudios. Ahora no cumple todavía los 20 años y tiene más de 40 reconocimientos. El último, el Premio Nacional de la Juventud 2014, que otorga el gobierno mexicano a jóvenes de hasta 29 años.
Se lo ganó con el acelerador de partículas, que ahora quiere usar para explicar ciencia a los niños de su municipio. Este es el objetivo de Ciencia sin Fronteras, la organización social que él mismo creó en octubre, después de recibir el premio. De momento apenas ha podido llevar libros recogidos en donaciones. Y es que pese a las becas que se ha ganado gracias a su talento y esfuerzo, Cristóbal trabaja de velador para costearse sus estudios de física en la UNAM.
Él ha recuperado la llave de la movilidad social que se diseñó antes del embate del neoliberalismo en nuestro país. Pero no quiere ser un caso extraordinario: “Un joven que estudia es un soldado menos para el narcotráfico y uno más para el desarrollo de la nación”, asevera convencido.
San Miguel Totolapan es uno de los 608 municipios con un nivel alto de rezago social, con condiciones de marginación similares a las de países subsaharianos. Y la violencia tiene mucho que ver con la desigualdad en el acceso a recursos y oportunidades.  Un estudio del Banco Mundial realizado en 2014 en México demuestra que un aumento de un punto porcentual en el Coeficiente de Gini (índice de desigualdad) a nivel municipal se asocia con un aumento de cinco muertes por cada cien mil habitantes en el municipio. Y el efecto es mucho más alto para aquellos relacionados con el narcotráfico: un crecimiento de diez homicidios de este tipo por cada cien mil habitantes.

Los pueblos que desafiaron a Slim

Si el hombre más rico del mundo, Carlos Slim, aumentó sustancialmente su fortuna al tener el monopolio de la telefonía mexicana, ahora 19 comunidades de Oaxaca la democratizan al sostener las primeras redes autónomas de telefonía celular en el mundo. Talea de Castro fue la primera. Este municipio zapoteco, enclavado en lo alto de la Sierra Juárez en Oaxaca, vive por encima de las mismas nubes y ahora también está más allá del gigante de las telecomunicaciones.
Talea no entra en la clasificación del Coneval de municipios más rezagados. Pero ni para Telmex ni Telcel habían sido una prioridad. Pese a las demandas durante décadas de los pobladores y otros municipios vecinos, Telmex solo había instalado en esa región serrana algunos teléfonos satelitales para cumplir con la obligación legal de dar interconexión a todo el país. Pero estos teléfonos son escasos y caros. La normalización de la telefonía celular tampoco les había beneficiado. Los zapotecos de la sierra Juárez como los tzeltales de la selva lacandona o tantas otras zonas parece que no son rentables para el gigante de las telecomunicaciones americanas, por lo tanto no tienen derecho a comunicarse vía telefónica.
Según el último estudio de Telecomunicaciones de México (Telecomm – Telégrafos), en 2012 había 19.2 millones de mexicanos que no tenían acceso a cobertura de telefonía celular. Ello significa que 16% del total de los mexicanos carece de cobertura de telefonía celular en las zonas donde vive, situación que coloca a México como el penúltimo país de América Latina, solo antes de Belice.
Mapa de la cobertura 2G de Telcel en México. // Foto: Tomada de Telcel.com.
Foto: Tomada de Telcel.com.Mapa de la cobertura 2G de Telcel en México.
Como millones de mexicanos, hasta 2013, los taleanos no podían llamar al doctor si tenían alguna urgencia, requerían bajar hasta Oaxaca para hacer trámites que podían hacer por teléfono y hablar con sus hijos migrantes en la costa oeste de Estados Unidos, costaba 15 pesos el minuto. Ahora en cambio, son dueños de su propia red celular y con un aparato cualquiera y una cuota mensual de 40 pesos pueden hacer todas las llamadas locales que quieran sin costo. Y el mismo minuto de conversación a Estados Unidos ahora les cuesta 16 centavos y las llamadas a Oaxaca cuestan menos de un peso al minuto.
“El mantenimiento es porque son usuarios y dueños de su propia red. A cada uno de los 19 pueblos que hemos llevado la telefonía el pueblo es el dueño comunal, ellos costearon la tecnología, aprendieron a manejarla y ahora tienen el control y la soberanía de su infraestructura comunicativa”, explica Peter Bloom, el ingeniero detrás de la iniciativa. Bloom encabeza la organización Rhizomática que se encarga de la instalación a petición de los pueblos.
“Es algo muy cómodo y que se adapta a las necesidades de la comunidad”, afirma Alejandro López, secretario de la sindicatura de Talea de Castro. Las primeras llamadas fueron muy emocionantes, representaron un cambio total para su cotidianidad, pero sobretodo volvieron tangible su derecho a la comunicación. Tradicionalmente hemos entendido la comunicación como un servicio, como un bien privado que contratamos, pero en un mundo interconectado poder formar parte es un derecho humano.
Rizhomática se ajusta a la realidad de las comunidades que la ocupan, tiene un impacto real en la economía de la gente pero sobretodo demuestra que la telefonía no es un sistema complejo sino que con una antena y transmisor base, una computadora y una red de internet —que en la sierra Juárez llega por pequeñas empresas oaxaqueñas que la suben a través de red microondas— se puede tener acceso. El municipio registra cada celular nuevo y les otorga un número de identificación propio y está listo para usarse. Ahora los vecinos de la sierra Juárez ya están a solo un marcaje del resto del mundo.
Legalmente consiguieron que la reforma en telecomunicaciones reconociera las concesiones sociales del espectro telefónico y las 19 redes locales como están reconocidas. Como ellos cualquier municipio que no tenga cobertura telefónica puede organizarse y, al margen del oligopolio que maneja la telefonía en el país, construir su propia red.

Asegurarse el empleo en mejores condiciones laborales

En el país con el salario más bajo de América Latina hay muchos quijotes que luchan contra los molinos de las malas condiciones laborales como los 45 socios de la Cooperativa Tepepan.
Hace 30 años eran parte de la empresa Refrigeradora de Tepepan, S. A. de C. V., una paraestatal de procesamiento del pescado nacional que llegaba desde los pescadores locales, uno de los sectores más maltratados del país, ya que no tienen siquiera los programas que reciben los agricultores. Después de 4 años de presiones laborales, en diciembre de 1989 cerraron la empresa, de la noche a la mañana. “Sí había mucha corrupción” reconoce Gelasio Rojo, uno de los socios de la cooperativa.
En aquel momento 76 familias decidieron conformar la Cooperativa  de Trabajadores  de Productos del Mar Tepepan, S. C. L., que se constituyó  en 1990 al validar la opción  de  compra  preferencial, a partir de su liquidación de diferentes bienes  propiedad de la empresa paraestatal, lo que les dio la capacidad para  iniciar a trabajar como cooperativa. Desde entonces llevan 25 años autogestionándose. Dijeron adiós al sindicato, ese que ahora inaugura estatuas de su propio líder, y aprendieron a ocupar todas las responsabilidades del negocio. Trabajan en una bodega del antiguo mercado de pescado de La Viga, en la Ciudad de México y en otro almacén en la delegación Miguel Hidalgo. Y surten el pescado a los hospitales públicos y otras instituciones como la Universidad Autónoma Metropolitana. La diferencia del que gana más y el que gana menos es del 10%, versus el 3050 por ciento que hay de diferencia promedio entre los trabajadores mejor y peor pagados del país.
Georgina es una de las asociadas. Tiene 58 años y más de 30 en el mismo trabajo. Uno de sus hijos, de 25 años, con la prepa terminada y la universidad inconclusa trabaja en una fábricas de champú, sin especialización como el puesto que tiene Georgina en la cooperativa y gana poco más del salario mínimo, menos que su madre.
“Nosotros tuvimos todas las prestaciones, trabajo permanente, ahora si no estudias está canijo. Por lo menos aquí nos aseguramos un trabajo digno”, concluye la mujer, ataviada con botas, guantes y bata blanca. Ya tienen un jubilado y otros socios fundadores se han quedado en el camino, pero ahora como estas 45 familias de Tepepan hay otras iniciativas similares que siguen adelante. Saliendo del almacén de La Cooperativa Tepepan se divisa el antiguo edificio de la refresquera Pascual, que ya cumplieron 30 años siendo sus propios jefes.

7/28/2014

Contradicción en leyes impide proteger a mujeres migrantes


Ignoran sus condiciones de vulnerabilidad, dicen especialistas

Especialistas en migración afirmaron que las migrantes en situación de vulnerabilidad –en su mayoría mujeres, indígenas, menores de edad o embarazadas– no tienen garantizado medidas de protección efectivas ante cualquier delito que se cometa en su contra.



 
Ayer, académicas y activistas que defienden los derechos de la población migrante señalaron durante el seminario “La satisfacción de los Derechos Humanos de colectivos en situación de vulnerabilidad”, realizado en el Senado, que las normas para atender a estas personas son insuficientes para proteger sus garantías fundamentales.
 
Fray Tomás González, presidente del albergue “La 72”, en Tenosique, Tabasco, señaló que su organización registró un aumento en el número de personas que ingresan de manera irregular al país por la frontera sur, ya que mientras en 2011 recibieron a seis mil personas, de enero a junio de 2014 van ocho mil 500, de las que 30 por ciento son mujeres y 20 por ciento menores de edad.
 
Agregó que casi el total de quienes llegan al albergue y deciden no viajar en el tren de carga conocido como “La Bestia”, es porque padecieron alguna vejación en el trayecto, además de que el 85 por ciento denuncia que fueron víctimas de algún delito en su país de origen.
 
González detalló que en algunas zonas de Centroamérica los niveles de violencia son tan graves que sus habitantes no tienen otra alternativa que emigrar; pero las autoridades fronterizas, por orden de Estados Unidos, están impidiendo el tránsito sobre todo de mujeres, niñas y niños.
 
También señaló que una vez en México, las personas migrantes son víctimas de abusos y robos, y las autoridades locales y del Instituto Nacional de Migración (INM) son las más acusadas porque además de que también se aprovechan económicamente, están “coludidos con redes criminales”.
 
Acusó que las estaciones migratorias no tienen condiciones dignas, ya que al menos la que está en Tenosique está resguardada por policías estatales que portan armas, y tiene una capacidad para 70 hombres y 10 mujeres, pero han estado ahí hasta 200 personas y se acondicionó un cubículo para las y los menores, mismo que es especialmente pequeño para las niñas.
 
Diana Martínez, directora de la organización Sin Fronteras, criticó que la reforma de 2010 al artículo 33 constitucional “legaliza” la detención de las personas migrantes, aunque hayan acusado alguna violación a sus Derechos Humanos o hayan solicitado la condición de refugiados o la visa humanitaria.
 
En las estaciones migratorias, abundó, tampoco existe un convenio con una defensoría de oficio, lo que complica su representación legal y es una situación que empeora sus condiciones.
 
Martínez aseveró que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) –instancia de la Secretaría de Gobernación–, en conjunto con el INM, acepta pocas solicitudes de refugio para migrantes de Centroamérica, ya que según cifras de la misma dependencia, de 2009 a 2013 recibió 4 mil 589 peticiones, pero sólo concedió 24 por ciento.
 
Las académicas Patricia Zamudio, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), y María Auxiliadora Moreno, de la Universidad de Sonora, señalaron que la Ley de Migración y su Reglamento impiden que las mujeres y los otros grupos poblacionales en vulnerabilidad puedan acceder a visas humanitarias, un recurso de obligatoriedad constitucional para salvaguardar la seguridad y la vida de las personas.
 
Recordaron que en el caso de las mujeres, la vulnerabilidad es múltiple, ya que a su condición de género se suman otros como ser menor de edad, indígena, embarazada o discapacitada; sin embargo, a ellas sólo se les conceden visas humanitarias cuando son víctimas de delitos graves.
 
“No basta con que sean mujeres para que se reconozca la vulnerabilidad, ni que estés embarazada mientras aún puedas caminar. Es necesario que alguien vulnere tus derechos e integridad para que te protejan”, cuestionó Zamudio.
 
Ambas expertas propusieron incorporar a la Ley de Migración un enfoque que resuelva las “contradicciones internas” entre la norma y su reglamento, de modo que a la hora de llevar los procedimientos de atención no se prepondere la detención, sino que se les den a las migrantes garantías especiales de cuidados y protección.
  


Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias 

5/10/2014

¿Avance en temas de género o letra muerta?

Promulgación de la ley del “piropo”

coteavello.wordpress.com

El 4 de febrero del año en curso, se dio a conocer por El Mostrador, parte del trabajo que el Observatorio Contra el Acoso Callejero de la Universidad de Chile, está realizando en torno a esta materia, bajo el titular: “Sociólogos chilenos luchan contra el acoso callejero que sufren las mujeres”[1] . En esta escueta columna, se abordan algunas nociones respecto a los tipos de acoso que sufren las mujeres en espacios públicos, los efectos psicológicos que estos les ocasionan, algunos análisis someros en cuanto a las implicancias politico-culturales de género y la necesidad de legislar en torno a esta problemática; junto a algunos esbozos acerca de los avances de investigación del centro y su trabajo publicitario en su página de facebook.

Previo a esto, Chilevisión exhibió en su noticiero una nota periodística para dar a conocer la propuesta del observatorio, que en su versión online figura con el título: “La insólita campaña pretende censurar los clásicos piropos callejeros”[2]. En ella, se comenta en tono pseudo-jocoso acerca de la iniciativa, señalándola como una campaña que surge de las redes sociales y que es seguida por “unas 7.000 fanáticas”, mencionando al observatorio y mostrando fragmentos de entrevistas a sus profesionales, sin señalar su carácter investigativo o procedencia. Por otro lado, la mayor parte de la nota se centra en la opinión de mujeres acerca de cómo reaccionan frente al piropo, de hombres acerca de si los efectúan y cuáles, mientras la cámara se aboca a mostrar traseros de mujeres.

Como era de esperarse, estas incursiones en los medios de comunicación, acerca de lo que parece ser una propuesta de investigación seria, ha redundado en simplificaciones y reforzamiento de estereotipos culturales que poco aportan a un debate necesario e indefinidamente postergado, tanto por los mismos medios, como por los distintos agentes que intervienen directamente en la posibilidad concreta de su legislación. Más aún, ha levantado una serie de reacciones desinformadas y motivadas principalmente por los mismos viejos patrones culturales nocivos que promueve el patriarcado y que caracteriza a nuestra sociedad machista. Pero, antes de tomar posición y re-accionar, sería interesante repasar algunos antecedentes, hacernos algunas preguntas y reflexionar en torno a un tema de tal envergadura, sobre todo, en vistas de su posible entrada en el espacio de la legislación.

1. Orientación de prácticas de género en Chile, en base a patrones culturales heredados del colonialismo.

Chile, como ex colonia del país de la contrarreforma católica, aún en su hibridación cultural, expresa en sus lógicas anquilosadas como imperativos del sentido común, aquellos “valores” impuestos desde su herencia judeocristiana. En ellos, es posible distinguir entre la mujer santa y la mujer puta [3] como aquellos prototipos escindidos por la diferencia de comportamiento sexual, consistente en la negación religiosa del placer femenino en virtud de la procreación, la fidelidad y el abocamiento a las labores domésticas para el primer caso; y la vida promiscua o “licenciosa” que se vuelca hacia diversos intereses por fuera del hogar y la protección masculina, en el segundo. Ante los cuales, el hombre encuentra el modo de circunscribir a cada mujer un determinado rol al interior de la familia, las relaciones de intercambio sexual y las jerarquizaciones morales al interior de la sociedad como un todo, gozando a su vez de esta distinción, al poder relacionarse con ambas de distinto modo, a decir, “la mujer para casarse y la mujer para pasarlo bien”.

Por otra parte, esta construcción social en base a distinción de roles por género, es protegida, fomentada y consolidad por el Estado y sus instituciones, que administran el cuerpo, la sexualidad, la reproducción y las conductas generales de los individuos [4], mediante leyes y estatutos basados en las lógicas patriarcales y de la “razón de Estado” [5]
Esta distinción implica de base una apropiación/cosificación del cuerpo y la sexualidad de la mujer, que es administrada por un orden patriarcal. Y es justamente ahí, en el cuerpo, donde se ejerce y suministra la primera violencia de género. Así, el traspaso de la mujer desde el seno familiar hacia el futuro marido, la exigencia de la virginidad, las cláusulas de obediencia y exclusividad sexual en el matrimonio, el valor fundamental de la maternidad, la discriminación hacia la mujer en el trabajo y la vida pública, y la circunscripción en la esfera del oikos, forman parte de una cara de la moneda de esta violencia que, preponderantemente, lleva asociada la idea de protección masculina y sumisión femenina. La otra cara, aquella que en el presente adquiere connotaciones de corte delictivo, se expresa con una serie de acciones violentas que también se ejercen en el cuerpo, pero en el cuerpo de la mujer que queda fuera del círculo de protección masculina, el cuerpo que como cosa administrada por el orden patriarcal no se encuentra bajo la protección de un dueño.

De este modo, toda forma de violación de la intimidad de ese cuerpo redunda en formas más o menos aceptadas de su administración y en una distribución de “culpas” en torno a los comportamientos por parte de la misma mujer que “los provocaría”. Por lo tanto, en la cultura patriarcal el hombre viola, mata, intimida, golpea, coacciona, insulta, menoscaba, anula y agrede de múltiples formas a la mujer, pero lo hace, principalmente, porque se considera con un cierto derecho y poder para hacerlo, que le serían otorgados por una condición de superioridad inculcada culturalmente, por las distintas instituciones que conforman su desarrollo humano, partiendo por la familia; del mismo modo que la mujer aprende a asumir un rol secundario respecto de este, participando muchas veces en la justificación de la violencia de género ejercida contra ella misma u otras mujeres, y a reproducir este tipo de orden socialmente establecido en las nuevas generaciones.

Desde esta perspectiva, nada raro resulta, que un hombre luego de matar a su esposa, declare “la maté porque era mía” o que otro, luego de haber violado a una transeúnte, justifique su acto con un “ella se lo buscó” o “ella lo provocó”: Por andar sola, en determinado lugar, a determinada hora o con determinada vestimenta. Predomina en el primer razonamiento la idea de la mujer como cosa y como propiedad masculina, y en el segundo, la noción de que dicha mujer debería haber estado en su casa, cuidando a su familia y protegida por algún hombre, y que de no hacerlo, se expone para ser tomada como objeto, como cosa, por cualquier hombre a falta de un dueño que la reclame. Bajo esta lógica, aquello que conocemos como “hacerse respetar”, es decir, la subordinación que supone asumir los comportamientos asignados para el género, es lo que marcaría la diferencia entre ser un objeto merecedor de protección, o uno que queda a merced del deseo masculino en su faceta más depredadora.

2. Construcción de la mujer como objeto del deseo masculino en la publicidad.

Si, bajo esta concepción secundarizada e inferiorizada de la mujer, la distribución de roles se establece desde la primera infancia, reforzando en las niñas su cosificación al enseñarles que sus cualidades radican en la capacidad que ellas tengan de lucirse como adornos, ensalzando su belleza, modales, laboriosidad doméstica y conductas dependientes y mimadas, mientras que en los niños, se refuerza su posición de dominio enseñándoles a mandar, incrementar su creatividad, resolver problemas, administrar espacios de libertad y competencia; la irrupción de la publicidad en la construcción de las subjetividades agudiza el problema.

Por una parte, los estereotipos de belleza y femineidad adquieren una consistencia definitorias para la percepción del espectador, revistiendo de un cierto halo de aprobación a las mujeres que se ajustan al canon, y de fracaso a aquellas que se comportan y/o se presentan ante la vista del sujeto masculino bajo otras características estéticas. De este modo, aumenta exponencialmente para la generalidad de las mujeres, una necesidad socialmente creada de transformarse a sí mismas, en busca de dicha aprobación. La moda, el control del peso, el maquillaje, la depilación, los tacones, las tinturas u otros elementos de transformación hacia ese ideal, se masifican y se homogeneízan en su uso, diluyendo su carácter de artificialidad, e invisivilizando los nocivos efectos que en la autopercepción como sujetos, puedan tener las propias mujeres.

Por otra, como motor del capitalismo y con mayor fuerza bajo lógicas neoliberales, la publicidad se orienta a la producción de nuevas e infinitas necesidades, y deseos de consumo. Bajo esta premisa, adopta estratégicamente la creación de necesidades orientadas a un público masculino, bajo la forma de una imbricación entre un determinado producto y una mujer estereotipada, donde el cuerpo de la mujer, finalmente es una cosa a obtener al igual que el producto junto al cual esta mujer posa. Lo que constituye, un tipo de violencia simbólica[6], que induce a la construcción de una subjetividad masculina orientada a la autosatisfacción inmediata, el éxito y la depredación, propios de un ideario del macho. Si a esto, se agrega el incremento de una sobresexualización de los contenidos que se promueven en los medios de comunicación y que modelan la cultura de masas, los resultados no debieran causar sorpresa.

Para justificar la agresión sexual hacia las mujeres, en sus distintas formas, tanto hombres como mujeres, esgrimen argumentos que se enmarcan en la crítica a los mismos comportamientos que han sido promovidos y construidos socialmente, y que han quedado naturalizados como propios de cada uno de los géneros: “Pero si andaba con un pantalón tan apretado, anda buscando que le agarren el poto”, “Las escolares se ponen las faldas del uniforme cada vez más cortas, ¿Que esperan? Los hombres no son de fierro”, “Les gusta andar provocativas y después se quejan de que les griten cosas en la calle”.

3. La tradición del piropo como parte de la cultura de la violación.

En Chile, cómo en muchos lugares del mundo, se ha establecido una tradición en torno al ejercicio del, así llamado, piropo, que consiste en un halago que realiza un hombre a una mujer, en relación a su cuerpo (belleza, formas, atractivo, etc.) y aunque también, algunas mujeres, realizan su equivalente hacia hombres, la tendencia es que se mantenga la preponderancia y masividad del primero. Conocido y valorado como parte de la cultura tradicional, es que los trabajadores de la construcción, armados de su ingenio, elaboren y vociferen, toda clase de piropos a las transeúntes. Estos van desde “a San Pedro se le quedaron las puertas del cielo abierta, que se le están escapando los angelitos”, hasta, “mijita, le daría naranja y le chuparía el potito hasta sacarle Fanta”. Aunque, tampoco es un ejercicio exclusivo de un determinado rubro, ya que se presenta como una expresión cotidiana en el espacio público, por parte de una considerable y abrumadora cantidad de hombres.
El repertorio es amplio [7], pero también conocido para las mujeres que se ven obligadas a escucharlos a diario, por cuanto no depende de su voluntad. Especialmente, cuando son muy jóvenes y menores de edad. El piropo se expresa como un manoseo verbal de ese objeto de deseo masculino que constituye el cuerpo de la mujer y que abarca desde un manoseo virtual, en la apropiación simbólica de ese cuerpo ajeno y desconocido, a partir de su descripción; hasta la violación virtual, que se expresa en la enunciación de los actos sexuales que la imaginería masculina evoca, como posibilidad, sobre este cuerpo en tanto objeto, sin mediar consentimiento. En este sentido, todas las formas de acoso callejero, incluyendo el piropo, son prácticas indisociables de una cultura misógina [8].

Sin duda, la larga data de esta tradición y el disfrute asociado al sentido del humor que se expresa bajo su elaboración de doble sentido, contribuye a que muchos hombres, no se cuestionen el carácter violento y misógino de su ejercicio. Del mismo modo que la naturalización del estatus decorativo de la mujer, redunda en que muchas de ellas, al concebirse a sí mismas como tal, lo consideren un halago que refuerza su valor en el mercado del intercambio sexual, permaneciendo inconscientes del ejercicio de dominación de género y denigración que se materializa en dicho accionar violento. Lo que, en ningún caso, equivale a reafirmar que estas legitimaciones sociales deban sostenerse en el tiempo o considerarse como valorables [9].

Por otra parte, es indispensable considerar la delgada línea que separa el piropo, de otras formas de violencia sexual, ejercida hacia las mujeres en espacios públicos; y que, por una parte, muchas veces van de la mano, y por otra, son difíciles de prevenir y demostrar. Algunos ejemplos son: el acercamiento insinuante hacia el cuerpo de la mujer (piropear al oído, acercar la cara con la vista al escote, acercar las manos amenazando con tocar, etc.), agarrones, manoseos, “punteos”, refregadas de la zona genital masculina en el cuerpo de la mujer, exhibición del pene y/o masturbación, incluso hasta eyacular encima de la mujer o niña, entre otros. Lo que, ciertamente, complejiza esta problemática.

4. El acoso sexual callejero en Chile, expresado en datos.

Lamentablemente, en Chile estamos muy atrasados en esta materia. Si bien, existen estadísticas en torno a diversas formas de violencia ejercidas hacia la mujer [10], e informes que incluyen recomendaciones de organismos internacionales en torno al tema; estos, se centran principalmente en: El abuso sexual y la violación, la violencia de género en el ámbito laboral que incluye el acoso sexual y la violencia intrafamiliar, poniendo mayor énfasis, en el así denominado femicidio. Otro aspecto de violencia sexual en contra de mujeres, que comenzó a considerarse, es abordado por el informe de INDH, en torno a los abusos sexuales a niñas y mujeres estudiantes, efectuados por miembros de carabineros, en los procesos de detención en manifestaciones [11]. Lo que, en suma, deja en un terreno ambiguo cualquier lectura cuantificada posible, acerca de todas las otras formas de violencia sexual, ejercida hacia las mujeres y niñas; especialmente, quedando invisibilizadas, aquellas que se ejercen en el espacio público, ya sea: Transporte, edificaciones, áreas verdes o vías.

En este sentido, los aportes generados a partir de la iniciativa del Observatorio contra el acoso callejero, por parte de un grupo de investigadores de la Universidad de Chile, resultan indispensables [12]. “Vivir libres de violencia significa mucho más que no vivenciar golpes, humillaciones, violaciones y control abusivo en el cotidiano de la relación de pareja. Implica recuperar el estatus de ciudadanía sin recortes ni opacidades, escapar del miedo y la ansiedad, dejar el lugar de lo ambiguo e instalarse con autonomía en los distintos ámbitos de la vida en sociedad.”[13]

5. En perspectivas de legislar.
Legislar en torno al tema, es indispensable. El asunto es ¿Cómo contribuir a la concreción de una ley que sea efectiva y que aborde el tema de la mejor forma posible? El riesgo de promover una ley contra el piropo, o incluso contra el acoso callejero, es alto, por tres razones. Primero, porque una vez establecida la ley, las posibilidades de legislar acerca del tema desde una perspectiva más global o amplia, se ven obstaculizadas. Ejemplo: “Ley antidiscriminación de género”, que entre uno de sus apartados, aborde la violencia sexual callejera hacia la mujer. Segundo, porque una ley reducida a “esa” forma específica de violencia, que ya sabemos naturalizada, corre serios riesgos de banalizarse, “farandulizarse”, y convertirse, a falta de un marco comprensivo mayor en el que se inserte, en una ley considerada como poco seria y que, por lo tanto, tienda a ser más burlada que otras, en forma socialmente legitimada. Y, tercero, porque la elaboración de esta sola ley, sin un marco legal más amplio en el que se inscriba, podría tender a una muy baja aplicabilidad, debido a las enormes dificultades para la denuncia, seguimiento y captura del agresor; junto a la mayor dificultad para la comprobación de los hechos.

Una campaña que pretenda influir para que se legisle en torno al tema, debería apuntar con la mayor cantidad de sus dardos (aunque sin dejar de lado la sanción de sus ejecutores), a los contenidos emitidos por los medios de comunicación y los contenidos de los discursos enunciados por figuras públicas y de la así mal-auto-denominada clase política; que son los que principalmente modelan la cultura de masas y refuerzan un tipo de comportamiento u otro. Sin este horizonte, como pilar de las transformaciones en las relaciones de género, con vistas al respeto, la autonomía y los derechos, difícilmente, una ley contra el piropo o el acoso callejero, impedirá que 7 de cada 10 mujeres, la mayoría de ellas menores de edad, tenga que enfrentar esta violencia. Lo que, probablemente, la convierta en otra ley muerta.

Por lo pronto, es deber de cada ciudadano, informarse, debatir con otros y considerar distintas posturas frente al tema, para comprenderlo en profundidad. Sería recomendable que los hombres le preguntaran a mujeres de su confianza, por su experiencia en torno al tema y sus apreciaciones; es probable que se sorprendan. También, que se preguntaran a sí mismos, la razón que los mueve a actuar de una determinada forma frente al cuerpo de una mujer desconocida. Al mismo tiempo, que las mujeres indagaran en su fuero interno, acerca de si aquello que recepcionan como un piropo y un halago, es algo que refuerza su autoestima y autovaloración, o es algo que más bien, les demuestra que no los tienen. Así, el trabajo que queda para las mismas mujeres, es contrastar, si a lo que ellas debieran apuntar, es a “hacerse respetar” o a respetarse a sí mismas, que son cosas muy distintas.

Referencias.
[3] Muchembled, Robert. “El orgasmo en occidente. Una historia del placer desde el siglo XVI hasta nuestros días.” Fondo de cultura económica.

[4] Foucault, Michel. (1988) “Historia de la sexualidad I. La voluntad de saber. Siglo XXI Editores. México.

[5] Foucault, Michel. (2010) “El nacimiento de la biopolítica” Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires, Argentina.
[7] Como muestra, una producción musical chilena, donde se exhibe un nutrido repertorio de piropos 
[8] callejeros. http://www.youtube.com/watch?v=76dAvJxPYQc 
Carías, Adelay. (2011)”Violencia contra las mujeres y misoginia: Una relación indisoluble. Un estudio sobre la misoginia en los espacios físicos públicos” Centro de derechos de mujeres CDM Tegucigalpa, Honduras.

[10] Torres E, Carmen. “Informe monográfico 2007-2012 Violencia de género en Chile. Observatorio de Equidad de Género en Salud (OEGS)”
.
[11] Coddou, Alberto. Informe anual sobre Derechos Humanos en Chile. 2012. Editorial Universidad Diego Portales. Santiago, Chile.

[13] Torres E, Carmen. “Informe monográfico 2007-2012 Violencia de género en Chile. Observatorio de Equidad de Género en Salud (OEGS)” Pág. 23.

9/06/2013

Hacen plantón contra reforma a Ley 779

INTERNACIONAL
   Mujeres nicaragüenses rechazan mediación en casos de violencia

Foto: Red de Mujeres Contra la Violencia
Por: Nelson Rodríguez, corresponsal
Cimacnoticias | Managua.- 

Mujeres y hombres de diferentes organizaciones del movimiento amplio de mujeres nicaragüense, realizaron un plantón frente a la sede del Parlamento nacional para exigir a los diputados que rechacen la reforma a la Ley 779, que permitiría la mediación en los casos de violencia.

Elia Palacios, enlace nacional de la Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV), dijo que el plantón “es un gesto de rechazo y de repudio a un Estado verdugo de los derechos de las mujeres en caso de aceptar la mediación”.

Hasta 2012, antes de entrar en vigencia la ley, tres de cada 10 mujeres asesinadas fueron enviadas a mediar y el resultado fue que el agresor les quitó la vida, denunció Magali Quintana, de la organización Católicas por el Derecho a Decidir.

“Nos oponemos a la mediación porque atenta contra la integridad de las mujeres”, dijo María Teresa Blandón, del Movimiento Feminista La Corriente, al asegurar que una mujer que tiene problemas con su pareja conversa y logra mediar dentro del hogar, pero cuando la mujer lleva la denuncia ante la policía es porque no hay condiciones  de mediación, y el Estado debería protegerla como lo establece la Ley 779.

El abogado Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), quien participó en el plantón, explicó que la mediación revive un trauma de violencia  a las mujeres y sus hijos, pero además una eventual modificación de la Ley 779 atentaría contra la finalidad para la que fue creada.

La presidenta de la Comisión de Justicia del Parlamento, Irma Dávila, anunció que la próxima semana comienzan las consultas sobre la iniciativa de reformas a la Ley 779 y agregó que participarán todos los sectores.

En tanto, el movimiento amplio de mujeres entregó una carta a esa comisión para pedir una reunión en la que exprese sus argumentos contra la reforma a la ley, pero hasta ahora no ha recibido respuesta.

A la fecha, 64 mujeres han sido asesinadas, la mayoría con edades entre 17 y 40 años, mientras que 29 feminicidas están prófugos, precisó Elia Palacios, quien además exigió la asignación del presupuesto y la aplicación de la ley en vez de su reforma.
 

Arabia Saudita aprueba ley histórica para proteger a las mujeres

INTERNACIONAL
VIOLENCIA
   Restringe norma islámica y castiga violencia intrafamiliar

Imagen retomada de la tercera.com
Por: la Redacción
Cimacnoticias | México, DF.- 

El gabinete legislativo de Arabia Saudita aprobó la semana pasada de manera histórica una ley para castigar la violencia intrafamiliar (que incluye cualquier tipo de violencia física y psicológica), que afecta en su mayoría a mujeres, niñas y niños en el país asiático.

La ley, primera en su tipo en una nación que mantiene prácticas y normas sumamente restrictivas para la población femenina, establece penas que van desde un mes hasta un año de prisión y una multa de entre 5 mil y 50 mil riyales (de 17 mil 700 a poco más de 177 mil pesos mexicanos) a quien cometa violencia en el hogar.

El objetivo principal de la Ley de Protección de los Abusos es salvaguardar a las personas de cualquier forma de agresión al interior de las familias, así como ofrecer refugio y ayuda social, psicológica y médica.

Si bien los 17 artículos de la norma no defienden exclusivamente los Derechos Humanos (DH) de las mujeres, de acuerdo con organizaciones civiles de Arabia la población femenina sería la más beneficiada con su aplicación, ya que el 99 por ciento de la violencia física la cometen hombres contra sus esposas o hijas.

En ese contexto, la Sociedad Nacional para los Derechos Humanos celebró la aprobación de la ley, pues antes de ella la violencia intrafamiliar era tratada en virtud a lo establecido por el Código Penal general, el cual a su vez castiga los delitos con base en la ley islámica o “sharia”.

Aunque reconoció la aprobación de la ley, la Sociedad Nacional urgió a su real implementación, por lo que pidió que se capacite al personal encargado de recibir las denuncias para que sea sensible en la materia, pese a la formación cultural predominante.

Recordó que una de las razones por las que la violencia de género es tan extendida en Arabia Saudita es que las tradiciones impiden que las mujeres denuncien los abusos. “Las mujeres piensan qué diría la comunidad de ellas si presentan una denuncia”, criticó la organización.

Cabe destacar que la ley elimina la obligatoriedad estipulada en la sharia de que las mujeres –para denunciar un delito– debían ser acompañadas de un varón a cargo de ellas.

En este marco, la nueva norma contempla que al presentar la denuncia las mujeres tienen derecho al anonimato, así como inmunidad ante los litigios en caso de que el abuso no pueda ser probado. Al mismo tiempo, insta a los testigos a denunciar con la seguridad de que su identidad será confidencial.

La ley también protege a las trabajadoras del hogar, en quienes se ha registrado un incremento de los abusos que las familias cometen contra ellas.

Otros grupos defensores de DH consideraron que la norma establece un primer paso para que se establezca un marco normativo más amplio que proteja a la población femenina.

En 2008, Naciones Unidas instó al país árabe a crear leyes para proteger a las mujeres, luego del caso emblemático en el que el Consejo Supremo Judicial condenó en 2007 a una mujer de 19 años a 200 latigazos y seis meses en prisión, por haber estado con un hombre que no era su familiar.
 

7/09/2013

Contexto - Ley de Violencia del DF creó instancias a favor de las mujeres

CONTEXTO
VIOLENCIA
   Pionera en su tipo, instauró mecanismos de protección

Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.- 

Primera en su tipo a escala nacional, en 1996 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar, que define los procedimientos para prevenir y atender estas agresiones en la capital del país.

La legislación define este tipo de violencia, en su mayoría perpetrada contra las mujeres, quiénes son sus generadores y quiénes sus receptores.

Establece que la violencia familiar es un acto de poder u omisión intencional, recurrente o cíclico que está dirigido a someter, controlar a cualquier miembro de la familia, y puede darse a través del maltrato físico, psicoemocional o sexual.

La norma precisa que corresponde a las delegaciones brindar atención adecuada a través de las Unidades de Atención y Prevención a la Violencia Familiar (Uapvif).

Actualmente existen 16 Uapvif en igual número de delegaciones en la ciudad, que tienen como objetivo brindar atención jurídica, psicológica y de orientación a las mujeres víctimas de violencia, así como el otorgamiento de órdenes de protección de emergencia.

Por parte de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) depende el Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar (CAVI), que tiene como objetivo atender a mujeres agredidas por sus parejas sentimentales.

También depende de la PGJDF el Centro de Atención a Víctimas de la Violencia Familiar (CARIVA), que brinda asistencia social inmediata, atención y tratamiento psicológico, asesoría legal, seguimiento jurídico en materia penal, atención médica de emergencia, y la elaboración de dictámenes psicológicos victímales.

El Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales (CTA) brinda atención y asistencia multidisciplinaria a las víctimas directas e indirectas de los delitos contra la libertad y la seguridad sexuales, y brinda atención psicológica, trabajo social, atención médica que va desde la orientación de la interrupción legal del embarazo (ILE), y la administración de medicamentos antirretrovirales.

Con la ley de 1996 también se creó el Consejo para la Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar en el DF, que es presidido por el Jefe de Gobierno e integrado por las secretarías de Gobierno, Educación, Salud, Desarrollo Social y Seguridad Pública, el Sistema DIF del Distrito Federal, la PGJDF, tres diputados o diputadas de la ALDF, y tres representantes de grupos civiles.

4/17/2013

La batalla de las migrantes por la reforma migratoria

MONEDERO
Migración
   MONEDERO

Especial
Por: Carmen R. Ponce Meléndez*
Cimacnoticias | México, DF.- 16/04/2013Ante la expectativa de una reforma migratoria en Estados Unidos, las organizaciones de la comunidad latina se aprestan para manifestarse el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo.

“¡Alto a las deportaciones y reforma migratoria!”, son sus peticiones. Es una diáspora de 11 millones de trabajadoras y trabajadores mexicanos indocumentados, salieron del país por falta de trabajo y ahora construyen riqueza en otra nación, con otra cultura.

Gracias a ese esfuerzo, México es el mayor receptor de remesas de América Latina, recursos que contribuyen en forma importante a resolver la pobreza de muchos hogares encabezados por mujeres.

Luego entonces, todas y todos somos indocumentados, ya que toda la población se beneficia de estos flujos de divisas, las remesas. Aunque sólo fuera desde esta perspectiva, la reforma migratoria también es un tema nacional.

Son Michoacán, Guanajuato, Jalisco y el Estado de México las entidades más importantes en la recepción de estos recursos. Más de la mitad de las remesas (64.5 por ciento) se concentran en 10 estados, la mayoría con altos índices de migración internacional y pobreza.

(VER GRÁFICA AQUÍ)

Tomando como referencia la información del Banco de México se aprecia una importante disminución de las remesas recibidas, sobre todo a partir de la crisis de 2009. Para el último trimestre de 2012 la caída fue de 25.0 por ciento, respecto al primer trimestre del mismo año.

Las entidades más afectadas fueron el Distrito Federal, Oaxaca y Veracruz. En el primer caso, la disminución alcanzó 61.1 por ciento. Para enero de 2013 las remesas recibidas en promedio equivalen a 3 mil 600 pesos.

Este fenómeno obedece a varios factores: por un lado la crisis de empleo que afecta la economía norteamericana; el reforzamiento de la vigilancia en la frontera norte que dificulta el paso de personas, y por último, los cambios que ha experimentado la población que genera estas remesas.

Las jefas de hogar son las principales receptoras de remesas, 46 de cada 100 (46 por ciento).

El destino de estos recursos (8 de cada 10 diez pesos) es gasto corriente; cubre necesidades básicas como alimentos, vestido, salud, transporte y educación. El 20 por ciento restante se destina a la mejora de la vivienda o a la compra de ésta, una mínima parte es ahorro.

¿Cuál es el perfil de la población mexicana que vive y  trabaja en Estados Unidos?

La gran mayoría de la emigración internacional mexicana tiene como destino Estados Unidos (98.1 por ciento), lo que confirma que es una emigración con fines básicamente laborales.

Los estados con alta intensidad migratoria México-EU son Zacatecas, Guanajuato, Michoacán y Nayarit. Mientras que en el sureste presentan muy baja intensidad migratoria (Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán).

Sin embargo como territorio de tránsito también se ven involucrados en el fenómeno migratorio internacional (Conapo, 2010).

México es un país de emigración, tránsito y destino de migrantes. Tránsito y destino de muchas mujeres y hombres migrantes centro y sudamericanos también por motivos laborales, expulsados de sus países por la pobreza.

Más de la mitad de las y los migrantes mexicanos (52 por ciento) declaró no contar con documentos para cruzar la frontera. Este flujo migratorio está compuesto por personas jóvenes de entre 20 y 39 años de edad, y 3 de cada 10 son mujeres.

En EU viven 33.7 millones de mexicanos y 46 de cada 100 son mujeres. Esta población se compone de 11.9 millones nacidos en México, y 21.8 millones son mexicanos y mexicanas de segunda y tercera generación.

Tres cuartas partes de estos migrantes mexicanos entraron al país en los últimos 25 años y se concentran en tres estados: California, Texas e Illinois. Son población joven: su edad oscila entre 15 y 44 años.

Aunque en los últimos años se ha incrementado su nivel de escolaridad, lo cierto es que únicamente 6 de cada 100 tienen nivel profesional y 47 por ciento tiene secundaria como máximo nivel de estudio.

¿Dónde trabajan? Datos de 2012 indican que son tres los sectores más importantes: construcción (17.0 por ciento), hotelería y esparcimiento (16.0 por ciento.), y 14.3 por ciento en manufacturas.

Contrario a lo que se piensa, en el sector agrícola sólo trabajan 5 de cada 100 migrantes. En el caso de las mujeres, en primer término su nicho laboral está en el sector servicios.

La mitad y un poco más (57.3 por ciento) percibe un salario que va de 10 mil a 39 mil 999 dólares anuales, equivalente aproximado a 42 mil pesos mensuales, un ingreso que está por debajo de la media para la sociedad anglosajona, pero muy superior a los salarios promedio que tiene México.

Twitter: @ramonaponce

*Economista especializada en temas de género.

4/15/2013

En manos del Senado, una ley que terminaría con el acoso extrajudicial de cobranza


Nosotros ya no somos los mismos

Ortiz Tejeda
Foto
Imagen de 1969 de la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, quien falleció a los 87 años el 8 de abril pasadoFoto Ap

Quedamos en que esta semana empezaríamos la columneta con la buena noticia. Aquí va: se han planteado en el Senado las reformas y adiciones a las leyes de Protección al Consumidor y a la de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, mismas que fueron aprobadas ya por las comisiones unidas de Comercio y Fomento Industrial, de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos.

Es de justicia hacer notar la participación del senador Benjamín Robles Montoya en la aprobación del dictamen correspondiente. No lo conozco, no sé a qué partido pertenece, de qué entidad es originario, de qué prepa viene o qué desodorante lo patrocina, pero no hay duda del empeño que le ha puesto al asunto: Los abusos que cometen estas oficinas de cobranza extrajudicial podrán ser considerados como causales de denuncia ante las autoridades, ya que ocasionan daño civil al entorno del deudor, así como las maniobras de hostigamiento, acoso e intimidación en contra de deudores, avales y familiares, compañeros de trabajo o empresa que representa. El Senado aprobó, además, la prohibición del uso de documentos que aparenten ser escritos judiciales, u ostentarse como representantes de algún órgano jurisdiccional. La reforma aprobada prohíbe utilizar cartones, anuncios o cualquier medio impreso y realizar llamadas telefónicas agresivas e imprudentes.

Por otra parte, desde agosto de 2007 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que era inconstitucional que los bancos cedieran a empresas especializadas en adquisición de deuda sus carteras vencidas, es decir, a esos despachos de cobranza de los que millares de ciudadanos somos víctimas. Violación que se inicia en las direcciones de las instituciones bancarias que ilegalmente otorgan esa cesión de derechos. Como bien dice un antiguo principio jurídico del derecho romano, que muchos le adjudican al jurisconsulto Domicio Ulpiano (170 dC, aunque yo no avalo la referencia): tanto delinque el que cede la cartera vencida como el que la transforma en un cuerno de chivo para extorsionar al deudor.

La conclusión evidente es que debemos divulgar a todo el mundo estas reformas legales que, seguramente, serán aprobadas en la Cámara de Diputados. Si hay posibilidad, habrá que ir a la sesión en la que se discutan, y dar seguimiento y marcaje personal a los diputados sobre su comportamiento y sentido de su voto. En cuanto a los bancos, o se deslindan de estos atracadores y les retiran la patente de corso otorgada, o los corresponsabilizamos por igual: chipote con sangre, sea chico sea grande (ésta sí no es de Ulpiano): ¿o, es contrario a los reglamentos del buen gobierno de la ciudad repartir algunos dossiers (nótese que no dije volantear, propio de cualquier Noroña o Batres) a las afueras de las sucursales? Los despachos de los atracadores piden que los llamemos por teléfono para que nos den cita y logremos evitar el ilegal embargo. Lo podemos hacer durante todo el día(s). Ojalá no se bloqueen, ante nuestra pronta respuesta, sus teléfonos. Conclusión de la conclusión: si nos organizamos, les partimos... las demandas.

He recibido cantidad de correos, quejas, solidaridades que me sobrepasan y abruman. Me da pena estar remitiendo a todo el mundo con don Enrique Galván Ochoa, pero les explico que me consta que sus conocencias e influencias hacen milagros. Yo soy un pésimo litigante y peor componedor: me embronco a las primeras y lo echo todo a perder. Hay, sin embargo, unas historias tan increíblemente injustas y absurdas, que me siento en la obligación de que esta columneta las dé a conocer en su oportunidad.

Como habrán visto, ni los bancos mencionados ni las agencias o el chifonier de crédito han desmentido nada de lo afirmado. Me ofrecen solucionar un asunto personal (que además ya prescribió) como si ese fuera el problema de fondo. Su preocupación es simplemente mediática. De lo demás no entienden nada ni les interesa. El poder es el origen de su importamadrismo e impunidad, pero pienso que en México les ha fallado el cálculo en mesurar, calcular, calibrar, evaluar o simplemente medir el agua a los boniatos, chacos, ipomeas o, simplemente, camotes. Aquí, un mexicano desesperado (aunque no sea de Guanajuato), que decidiera pasar a retirarse en definitiva, aplicaría la misma costumbre que priva cuando decide interrumpir su partida de dominó para ir a los sanitarios (palabra muy de uso en nuestras cantinas): nunca se va solo.

Margaret Thatcher. Seguramente porque venía yo de uno de los círculos más terribles y tenebrosos del averno dantesco, que representaba haber trabajado cerca de Margarita López Portillo, llegué con un aceptable training a mi plática con la señora Margaret Thatcher.

No sé cuántas veces los embajadores mexicanos: Manuel Tello, Héctor Cárdenas y Juan José de Olloqui, o nuestro canciller Jorge Castañeda hayan podido platicar con la señora y por cuánto tiempo, cara a cara. Yo lo hice y lo relato de memoria, a reserva de corregir o agregar tan pronto logre transferir los casetes de esa época antediluviana al dvd, formato que espero esté vigente unos meses más.

Eran finales de 1981. El presidente López Portillo estaba por cuajar el acto más importante de su gobierno en el ámbito internacional: la llamada Cumbre Norte-Sur o Reunión Internacional de Cooperación y Desarrollo, a celebrarse en Cancún. A ella asistieron 22 naciones, representadas por 17 jefes de Estado o de Gobierno y cinco ministros de Relaciones Internacionales.

Con el apoyo invaluable de algunos de los damnificados por el tsunami Margarita L.P. (si hubiera podido reunir a todos los afectados habría superado a MGM), elaboré un proyecto para dar a conocer a escala de estudiantes de enseñanza media (y también de El Colegio de México) la trascendencia de esa reunión: la historia y actualidad de los países participantes, sus regímenes políticos y la biografía de sus gobernantes. Como nuestros presupuestos eran de subsistencia y para la televisión privada el acto no resultaba de mayor interés (se concretó a cubrir el aspecto noticioso), la Presidencia contrató nuestros servicios. No es lo mismo estudiar, investigar, recopilar material, filmar, editar y realizar un producto capaz de ilustrar sin aburrir que publicar o trasmitir sólo color: escenografía, vestuario, chismes, anécdotas. Además, los patrocinadores están en los partidos del Super Bowl y no en las discusiones sobre el hambre, la economía racional, el comercio equitativo, las fuentes de energía.

Concebimos, entonces, una serie a la que le dimos el nombre de una producción inglesa que en esos momentos era muy conocida y reconocida: Los de arriba y los de abajo. O séase los países del norte y los del sur que se reunían en Cancún.

El trabajo, obviamente, no fue nada fácil; no representábamos a ningún medio importante y, sin embargo, en la primera ronda de la reunión, en la que se encontraron los altos funcionarios de cada país –que son quienes lo discuten y aprueban todo, para que luego los jefes vengan, se echen un discurso, firmen y se tomen la foto–, conseguimos entrevistas con el general Alexander Haig, secretario de Estado de Ronald Reagan y, ¡quién lo creyera!, con Peter Alexander Rupirt, o sea, el sexto barón de Carrington. Lord Carrington, quien había sido secretario general de la OTAN y era ahora el secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de la señora Thatcher. Sería aventurado decir quién fue el autor de la seducción diplomática a lord Carrigton: ¿Lilia Rossbach o yo? Pero después de una conversación en la que brilló el humor británico, nos aseguró una entrevista con la llamada dama de hierro. Cuando me estrechó la mano le dije: es la primera vez que saludo a un noble. ¿Y se siente usted excitado?, me contestó con una etérea cuasi sonrisa, plena de ironía y complicidad. Había, por supuesto, condiciones y limitaciones sobre los temas de la conversación. Estos serían los asuntos de la reunión, sobre ellos bordaríamos y no habría referencias a cuestiones de política interna de la Gran Bretaña.

No estábamos en posición de regatear. Aceptamos emocionados y nos comprometimos a respetar el acuerdo. Más allá del innegable ‘diez’ que nos íbamos a anotar profesionalmente, la posibilidad de estar frente a la mujer cuyo carácter, más que cualquier otro elemento de su personalidad, fue factor definidor del apocalipsis en que se convirtió el mundo en el vetusto siglo XX, representaba para nosotros un reto irrenunciable. Este era un incentivo de tal magnitud que ni todo el poder de la bruja, no del Este, sino de los cuatro puntos cardinales, logró evitar. En el tintero electrónico quedan la entrevista con la señora Thatcher y la única versión mexicana del funeral de Pablo Neruda (recién exhumado), o las ventajas de la senectud.