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4/03/2020

Albergues cierran en Tapachula y migrantes se quedan sin protección





Tapachula, Chis. Por la pandemia del coronavirus COVID-19, algunos albergues para personas migrantes del estado de Chiapas tomaron la medida de suspender temporalmente nuevos ingresos a sus instalaciones, sin acciones tampoco del Estado, las y los migrantes duermen afuera de las instalaciones.
Esta es la situación de los dos albergues “Belén” ubicados en el municipio de Tapachula. A dos semanas de que anunciaron que no recibirían a más personas migrantes a fin de evitar contagios, un grupo de migrantes provenientes de Centroamérica duermen afuera del albergue ubicado en la colonia San Antonio Cahoacán, en su intento por ingresar y estar junto al resto.  
Diariamente pretender albergarse, nadie les informó que las puertas de esta casa que vive de donaciones, cerraron. Los albergues sólo continuarían con la atención de quienes ya estaban dentro.

Sin embargo, incluso para quienes logran tener un refugio se ven expuestos a enfermedades y la falta de medicinas. La salvadoreña, Yesi Tejana Mendoza, madre de una hija, se queja por los dolores de cuerpo, y por el retraso que tuvo para comprar el metronidazol (un antiparasitario), que le recetaron y que no había en el Hospital de la Secretaría de Salud Estatal a cargo de José Manuel Cruz Castellanos.

“Dentro hay más gente enferma, mi hija por ejemplo, y otra muchacha”, agrega mientras toman el sol en la hora que les dieron fuera del albergue.

Para Cimacnoticias también habló el hondureño Ismael Cano, en una colchoneta sucia frente al albergue, explicó que espera ansioso a que pase la cuarentena para poder entrar. “A veces se asoman unos seis… a veces no comemos, hay que aguantarnos, ni agua tenemos, nos bañamos en el río cercano, los de la iglesia vienen a darnos comida pero ya tiene rato que no han venido; mañana iremos a la COMAR (Comisión Méxicana de Ayuda a Refugiados) a ver qué hay”, señaló.
 Afuera de la COMAR, ubicada en el centro de la ciudad de Tapachula, por montones las personas migrantes se asoman a leer la cartulina fosforecente que explica, que por la emergencia, será hasta el 17 de abril las citas para solicitar refugio, otro mensaje dice que si queda alguna duda deberán llamar al 01 55 5209 8800 extensión 59 316.
CIMACFoto: Mariana Morales
El 25 de marzo –después de declararse la Fase 2 de la contigencia por el virus COVID-19- la COMAR informó que suspendía hasta nuevo aviso sus procesos: como la obligación de firma de las personas solicitantes de trámite, suspención de entrevistas de elegibilidad, emisión de resoluciones, y procesos de reunificación familiar. Afectando la movilididad de las personas migrantes ante la falta de información sobre su estatus migratorio. 

La periodista Jeny Pascacio, especializada en temas de migración, explicó que por ahora en Tapachula el paso de migrantes en la frontera sur disminuyó debido a las cuarentenas estrictas que se han decretado en países de Centroamérica.
Cabe recordar que desde el 17 de marzo, como parte de las medidas ante el COVID-19, el gobierno de Guatemala cerró su frontera y pidió a México que cancelara las repatriciaciones de sus connacionales y de migrantes de El Salvador, Honduras y Nicaragua, que deben que cruzar su territorio para ser repatriados


La situacion, indicó Pascacio, se complica porque de por si en esta ciudad la poblacion migrante tiene un límitado acceso a la salud, y con el coronavirus la situación podría exacerbar.


La Organización Internacional para las Migración (OIM) ha llamado a que todas las personas migrantes y refugiadas, tengan asegurado igual acceso a servicios de salud y esté efectivamente incluido en las respuestas nacionales al COVID-19, incluyendo prevención, pruebas y tratamiento.

3/31/2020

Cejil llama a evitar detenciones de personas migrantes y refugiadas ante pandemia

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Ciudad de México. Organizaciones de la sociedad civil de distintos países de América exigieron a los gobiernos abstenerse de detener a personas migrantes y refugiadas, liberar a las personas que ya se encuentran detenidas, y garantizarles acceso a vivienda, alimentación y a servicios de salud en albergues públicos.
A través de un comunicado difundido por el Centro de la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), al menos una treintena de organizaciones de México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, entre otros otros, informaron que frente a la emergencia ocasionada por la propagación del COVID-19, en el continente americano las personas migrantes y solicitantes de protección internacional se han visto impactadas de manera extrema ante las respuestas estatales de cuarentena, toque de queda, detención, deportación, cierre y militarización de fronteras.
Por ejemplo, dijeron que en las últimas semanas se ha denunciado que personas migrantes venezolanas permanecen varadas tras el cierre de fronteras en Colombia y Brasil; así como la detención de al menos 80 migrantes haitianos en Guatemala.
Las organizaciones (la mayoría que acompañan a mujeres y familias migrantes) también han documentado el cierre de la fronteras entre México y Estados Unidos a solicitantes de asilo, así como el aumento de deportaciones de personas mexicanas y centroamericanas; la falta de condiciones sanitarias adecuadas y el alto riesgo de contagio en estaciones migratorias, centros de detención y en centros de cuarentena para las personas ya deportadas; la represión violenta por parte de la Guardia Nacional mexicana; el desbordamiento de la capacidad de albergues de sociedad civil; entre otras cosas. 
Frente a estos hechos y ante la posibilidad de que la población migrante y solicitante de protección internacional se vea aún más impactada en las próximas semanas y meses, las organizaciones firmantes hicieron un llamado urgente a los Estados de la región para que se abstengan de detener a personas migrantes y refugiadas, liberar a las personas que ya se encuentran detenidas, y garantizar su acceso a vivienda, alimentación y a servicios de salud en albergues públicos
Y pidieron tomar las medidas necesarias para garantizar los derechos a la salud, integridad personal y vida de esta población, en igualdad de condiciones y sin discriminación alguna por estatus migratorio o nacionalidad.
Las organizaciones también recordaron la obligación de los gobiernos de adoptar medidas para evitar las amenazas prevenibles a la salud pública, por ejemplo, el acceso de todas las personas en situación de movilidad a las medidas de prevención dictadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como su acceso a un diagnóstico oportuno por el COVID-19, a servicios de salud y a la atención médica necesaria para el tratamiento del virus. 
Asimismo, las organizaciones (muchas de ellas articuladas en alianzas regionales) exigieron a los Estados frenar las deportaciones y las devoluciones, y garantizar el acceso de todas las personas a solicitar protección internacional. 
Y recordaron el llamado de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y de la Cooperación Económica para América a Latina (CEPAL) para que los Estados garanticen el acceso de todas las personas a buscar y recibir asilo, así como a respetar el principio de no devolución.
“Las medidas implementadas en respuesta al COVID-19 no pueden impedir que quienes necesitan protección internacional puedan solicitarla. Incluso en situaciones excepcionales como la que enfrentamos, imponer medidas que impiden la admisión de personas refugiadas o solicitantes de asilo, sin protegerles contra la devolución, es violatorio de sus Derechos Humanos y contrario a las obligaciones de los Estados”, enfatizaron las organizaciones civiles. 
Asimismo, las organizaciones señalaron que las medidas implementadas como respuesta a esta crisis no pueden ser discriminatorias ni dar lugar a resultados indeseables que impacten negativamente el disfrute de los Derechos Humanos, sino que éstas deben ser “proporcionales, necesarias, planteadas e implementadas desde un enfoque de DH y género”.
También pidieron que los albergues en los que se reciba a personal migrante cuente con medidas para prevenir los contagios, así como personal de salud capacitado para brindar atención diferenciada poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad, como personas adultas mayores, personas en condición de discapacidad, personas LGBTIQ+, mujeres, niños y niñas. 
Asimismo, —dijeron— frente a los límites a la movilidad y/o a la restricción de las garantías constitucionales impuestas por las naciones, que impactan de manera particular el acceso al trabajo de las personas migrantes, los Estados de la región les deben garantizar el acceso a medios de subsistencia como al resto de la población.
Y ante la militarización de las fronteras y las denuncias por represión, las organizaciones recordaron a los Estados que las fuerzas militares deben abstenerse de asumir labores de seguridad ciudadana, de salud, o migratorias., y. garantizar su acceso a información pertinente, oportuna, clara, basada en evidencia científica y de calidad sobre la pandemia. 
“En una región tan impactada por la desigualdad, la pobreza, la corrupción y el extractivismo, esperamos que en el marco de esta crisis los Estados avancen hacia la construcción de sistemas de protección y seguridad social más solidarios y robustos, hacia el pleno acceso al agua y a la salud para todas las personas, y hacia el reconocimiento y la garantía de los derechos humanos de toda la población sin discriminación alguna”, expresaron las y los defensores de los DH. 

3/30/2020

Migrantes en estaciones migratorias, sin protocolos para prevenir COVID-19


Ciudad de México. En plena emergencia sanitaria por el COVID-19, México mantiene a mujeres y niñas y niños de diferentes países (principalmente centroamericanos) encerradas en Estaciones Migratorias, donde duermen, comen, conviven y juegan en una misma área sin condiciones de higiene básicas como acceso a atención médica, artículos de primera necesidad o mobiliario y ropa limpia, y sin protocolos para prevenir el contagio del nuevo virus. 
Así lo dieron a conocer en entrevista con Cimacnoticias organizaciones de la sociedad civil que visitan regularmente algunas de las Estaciones Migratorias (EM) ubicadas en el norte, centro y sur del país. 
La directora de Asylum Access México (que tiene siete oficinas a lo largo del país), Alejandra Macías Delgadillo, explicó en entrevista que desde el lunes pasado, su organización suspendió la visita a las EM como medida preventiva hacia su equipo y las personas migrantes.
Sin embargo, solicitó por medio de oficios al Instituto Nacional de Migración (INM) y la Subsecretaría de Derechos Humanos y Migración, de la Secretaría de Gobernación (Segob), información en la que obren las acciones y protocolos  de atención preventiva para evitar o limitar el contagio de COVID-19 entre las personas migrantes detenidas en las EM y estancias provisionales. Hasta ahora, Asylum Access México no ha obtenido respuesta. 
En concreto, esta organización que brinda acompañamiento a personas solicitantes de asilo o refugio en nuestro país pidió a las autoridades información sobre las medidas que ha puesto en práctica para evitar o limitar la propagación del coronavirus; si dispone o no de protocolos preventivos; cómo se está informando a las personas (personal y visitantes) dentro de las estaciones; en qué circunstancias se va a someter a las y los migrantes a prueba de detección; si existe un estimado de las pruebas que se requieren; y si las personas deberían ser puestas en cuarentena o, si se enfermaban, cómo continuarán operando las instalaciones del Instituto.
De acuerdo con Macías Delgadillo, previo a la contingencia sanitaria, las condiciones de higiene en las EM eran críticas, ya que –como han constatado en sus monitoreos habituales y por el testimonio de las personas migrantes– a las familias que tienen bebes, por ejemplo, se les provee de hasta máximo tres pañales al día; a las mujeres que requieren se les da una o dos toallas sanitarias; hay hacinamiento; y en las estaciones del sur, las temperaturas son muy altas y no hay suficiente ventilación ni aire acondicionado. 
Macías Degollado ha constatado por cuenta propia, durante las visitas, que a veces algunos de los sanitarios no funcionan, sólo uno está disponible para 40 personas. “Ahí mismo están las habitaciones donde duermen, no hay algún espacio adecuado para tomar los alimentos. Los alimentos son ingeridos en las habitaciones donde duermen. Sabemos que las condiciones no son adecuadas, mucho menos en este momento”, expresó la defensora de los derechos de las personas migrantes.
De acuerdo con Asylum Access, luego de la declaratoria del inicio de la pandemia en México, se ha observado una reducción del número de personas que están dentro de las EM. “Vemos que se ha reducido el número de las personas que están dentro, y las personas que son solicitantes para el reconocimiento de la condición de refugiado, que están dentro de las estaciones, están saliendo como alternativa a la detención que ofrece este programa”, dijo.
Sin embargo, no se ha podido corroborar que las personas no sigan en hacinamiento y desconocen, por falta de respuesta oficial, si continúan (como se observó en semanas pasadas) las detenciones por parte del INM, sobre todo en la frontera sur, donde las personas migrantes eran llevadas directamente a las EM.
Por todo esto, la directora de Asylum Access México, solicitó a las autoridades sanitarias garantizar derecho a servicios de todas las personas migrantes solicitantes de asilo o refugiadas, y enfatizó en que si una persona se contagia de coronavirus y no se detecta a tiempo, podría poner en riesgo a más personas. 
Entrevistada por separado, María Alejandra Espinosa Moreno, integrante de la organización Formación y Capacitación (FOCA A.C.) –que acompaña a mujeres migrantes en la frontera sur del país– explicó que como defensoras de esta población han estado en comunicación con autoridades del INM para conocer la situación de las personas detenidas en las EM ante el COVID-19. 
Sin embargo, se dijo preocupada porque han observado que hay información desarticulada entre las diferentes oficinas del INM en el sur, lo que revela –dijo– que no existen protocolos para la atención de las personas migrantes en las Estaciones Migratorias frente a la nueva epidemia. 
De acuerdo con Espinosa, las autoridades con quienes han sostenido conversaciones informales (porque tampoco se han emitido oficios) les han dicho que no han definido si dejarán salir o no a las personas migrantes alojadas en los centros de detención, ello a pesar de que Guatemala ya cerró las fronteras para la deportación. “Éstas son situaciones que devendrá en procesos más complejos de hacinamiento y de posibilidades de contagio muy altas donde, sabemos, hay mujeres embarazadas, niñas y niños”, expresó la defensora.
En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por ejemplo, las autoridades migratorias dijeron al personal de FOCA A.C. que quienes están en procedimientos de solicitud de asilo tendrán que ir a firmar una vez a la semana, lo que podría representar riesgo para ellas, mientras que en Comitán las autoridades dijeron que no sabían qué hacer.  
Lo mismo pasa con el tema de las detenciones de personas migrantes (que hasta la semana pasada eran frecuentes y las llevaba a cabo la Guardia Nacional, militares y autoridad migratoria). Las autoridades desconocen si éstas van a continuar. De acuerdo con Espinosa Moreno, hasta la semana del 16 al 20 de marzo, la estación migratoria de Comitán, que es para 60 personas, tenía una ocupación de entre 80 y 90.
Como documentó Cimacnoticias en el reportaje Mujeres migrantes: el temor a ser deportadas (publicado el pasado 11 de marzo), las EM en las que son llevadas mujeres y las niñas después de detenciones intimidantes, no cuentan con condiciones de alojamiento digno, pues –según el testimonio de las propias familias– las colchonetas en las que se acuestan no están limpias y tienen chinches, la propagación de enfermedades respiratorias es una constante, la alimentación no es adecuada, y la atención médica o abastecimiento de productos de primera necesidad es básico. 
Todo esto es así a pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hizo en años pasados varias recomendaciones a las EM ubicadas en la frontera sur, como la de Comitán, la cual llegó a reportar una saturación de hasta 120 personas que conviven en sólo dos salones.  
De acuerdo con un comunicado dado a conocer este 25 de marzo por el “Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano” (integrado por varias organizaciones civiles, entre ellas FOCA A.C), un día antes, más de 50 personas protestaron al interior de la Estación Migratoria Siglo XXI, ubicada en Tapachula, Chiapas -con al menos 30 por ciento de población femenina- ante la prolongación indefinida de su detención y el temor a sufrir consecuencias para su salud en el contexto de la actual pandemia.
Lejos de permitirles el libre tránsito, como es su Derecho Humano, personal de la Guardia Nacional y la Policía Federal reprimieron violentamente a las personas migrantes, para luego sacarlas de las Estaciones Migratorias y llevárselas, de acuerdo con las organizaciones. 
Por ello, el Colectivo urgió a presentar con vida a las personas que se manifestaron por su libertad, a que se tomen medidas que garanticen la salud, así como la integridad física y mental de las personas en detención; y que se aclaren los hechos en los que presuntamente se hizo uso excesivo de la fuerza.  “Si no se pueden garantizar –expresó el Colectivo–, exigimos la liberación inmediata de todas las personas migrantes y solicitantes de Protección Internacional. 

La respuesta oficial

Tras el inicio de la epidemia por COVID-19 en México, la CNDH emitió dos comunicaciones al INM, en las que expresó su preocupación por el aumento de personas en contexto migratorio alojadas en las EM y las estaciones provisionales a pesar de las medidas de mitigación emitidas por el gobierno federal. 
Por ello, la CNDH llamó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y al INM a gestionar los acuerdos internacionales que se requieran a fin de implementar mecanismos que faciliten la digna y sana repatriación de extranjeros varados en territorio mexicano y garanticen sus derechos. 
La Comisión alertó que la prohibición de ingreso de extranjeros y sus connacionales provenientes de otras naciones imposibilitan al INM a ejecutar los procedimientos jurídicos migratorios para este grupo de personas, por lo que pidió a las autoridades consulares de las personas involucradas o afectadas, protejan sus intereses, les brinde ayuda y asistencia.
El pasado 20 de marzo, el INM dijo en un comunicado que en las estaciones y estancias migratorias del INM en la República Mexicana, “las acciones implementadas son similares” a las que se harán en los aeropuertos y cruces fronterizos, las cuales consisten en tomar y registrar la temperatura de las personas, aplicar entrevistas para solicitar información referente a su estado de salud y naciones visitadas, y proporcionar gel antibacterial a base de alcohol.
De presentarse un posible caso de contagio, la autoridad migratoria en estas instalaciones procederá a notificar de manera inmediata a las instancias médicas nacional e internacional, mientras la persona extranjera es conducida a un área de aislamiento, en espera de las instrucciones sanitarias que correspondan, dice el comunicado.
Y para las áreas de internación, como en las estaciones y estancias migratorias, el INM aseguró que dispuso la observación de medidas preventivas de higiene, tanto para personas servidoras públicas que atienden, visitantes y personas migrantes alojadas, pero no informó cuáles. 
Asimismo, el 25 de marzo (dos días después de declararse la Fase 2 de la contingencia) la COMAR publicó una ficha técnica en la que da a conocer que la obligación de firma (de las personas solicitantes de trámite) queda suspendida a partir del día 24 de marzo del 2020 y hasta el 17 de abril del 2020; que se suspenden entrevistas y emisión de resoluciones hasta nuevo aviso, por lo que se sugiere estar atentos a las comunicaciones de la COMAR y que, por lo tanto, no se emitirán autorizaciones para trasladarse a otra entidad. 

3/10/2018

Trabajadoras migrantes en México sin protección de sus derechos



En dos años se duplica detención de mujeres migrantes 


De 2011 a julio de 2014, el Instituto Nacional de Migración (INM) emitió en Chiapas, 153 permisos para contratar a trabajadoras del hogar extranjeras, pues se estima que un tercio de quienes se quedan a laborar en esta entidad, son de origen guatemalteco (1,402).
Estas son las cifras que brindan las expertas del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), Gabriela Díaz Prieto y Gretchen Kuhner en el artículo “México y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares: Protegiendo a las trabajadoras migrantes”.
En él aseguran que a pesar de que el gobierno mexicano ha generado una serie de mecanismos para garantizar los derechos de las personas que migran a México en búsqueda de oportunidades laborales, las mujeres quedan fuera de estas políticas.
Las investigadoras señalan que cerca de un 20 por ciento de las 40 mil personas migrantes que cruzan anualmente de forma irregular son mujeres y que la migración femenina se incrementó a partir de 2012  (12 mil 500) alcanzando su punto más alto en 2014 (aproximadamente 25 mil) por el incremento de la violencia en Centroamérica.
No obstante, lejos de brindarles protección y garantizarles el derecho a la salud, educación y empleo, en un año aumentó al doble el número de mujeres migrantes detenidas en las estaciones migratorias (de 2013 a 2014) en México; de 13 mil 975 casos se incrementó a 28 mil 639 casos en 2014 y la deportación de niñas se triplicó de mil 800 a 5 mil 500 en el mismo período.
Esto a pesar de que México fue el primer país en signar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de Naciones Unidas en 1991; y el año pasado, en respuesta al tercer informe que rindió el Estado mexicano el Comité, pidió al gobierno mexicano garantizar que las mujeres laboren en espacios seguros, con contrato y servicios de salud, así como ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo.
El hecho de que la mayoría de las centroamericanas que por estatus migratorio irregular se emplean en el trabajo del hogar y las industrias del entretenimiento, hace que se enfrenten a abusos y constantes violaciones a sus derechos, precisan en el texto la directora de Imumi, Gretchen Kuhner y la investigadora Díaz Prieto.
Las expertas muestran que cada año la persecución contra las mujeres migrantes es mayor. Comparan que mientras el número de hombres migrantes detenidos en la frontera de Estados Unidos incrementó un 15 por ciento entre 2013 a 2014, en el mismo periodo el número de mujeres migrantes detenidas aumentó un 74 por ciento.
Asimismo se agravó la detención de la niñez migrante: tan sólo en 2014 se concedió el estatus de refugiado a 12 de las más de 23 mil niñas y niños que fueron detenidos en México.
Este contexto resulta preocupante si se considera que la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados (Acnur) en 2014 presentó pruebas qué más del 50 por ciento de la infancia que huye de Centroamérica tienen necesidades de protección internacional.
Pero la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) carece de la capacidad de examinar a la niñez migrante que cruza el país en búsqueda de protección internacional ya que cuenta únicamente con tres oficinas en todo el país y 15 funcionarios, indican las expertas en migración.
Las autoras consideran que en temas migratorios México aún no cumple los estándares que refiere el Comité porque en “general la aplicación de leyes y políticas que promueven los derechos de las mujeres migrantes es limitado por un Estado de derecho débil, corrupto, impune y la falta de perspectiva de género”.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción Ciudad de México

6/27/2016

Mujeres migrantes refuerzan su lucha contra separación familiar


   Fallo judicial que avala deportaciones en EU no las detendrá


Mujeres activistas y migrantes criticaron la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, de impedir los programas que impulsó en 2014 el presidente Barak Obama a favor de las personas migrantes sin documentos, y advirtieron que esto no detendrá su lucha contra la separación familiar.

Ayer, la Corte Suprema de EU aprobó la cancelación de dos acciones ejecutivas impulsadas por Obama en noviembre de 2014 a favor de la población migrante sin documentos de estancia legal: la Acción Diferida para Padres de Estadounidenses (DAPA), y la expansión de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA+, ambas por sus siglas en inglés).

La decisión de la Corte confirmó el veredicto que un tribunal menor emitió previamente para obstruir los programas que ayudan a las madres y padres de personas residentes legales o nacionalizadas estadounidenses, y extender el apoyo a las y los inmigrantes que llegaron a EU desde la infancia.

De acuerdo con el Departamento de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EU (USCIS, por sus siglas en inglés), el DAPA es un programa de trabajo temporal para quienes tienen hijas o hijos con ciudadanía estadounidense o son residentes legales, y que intentaba conceder protección contra la deportación a ciertos padres y madres migrantes sin documentos mediante un permiso laboral hasta por tres años, siempre y cuando hayan vivido en el país vecino desde enero de 2010 y se sometan a una verificación de sus antecedentes.

El otro programa, DACA, evita la deportación y brinda permisos de trabajo temporales (por dos años) para jóvenes que llegaron desde la infancia a EU.

Ambos programas fueron suspendidos por un juez federal desde febrero de 2015, informó el USCIS.

Al respecto, las integrantes de la campaña estadounidense We Belong Together (Nos Mantenemos Unidas) –conformada por activistas y mujeres migrantes– informaron en un boletín que la decisión de la Corte bloqueó las acciones ejecutivas que emprendió el gobierno de EU en apoyo a la población inmigrante.

Las mujeres se dijeron decepcionadas con la decisión, ya que los programas habían sido diseñados para brindar “alivio” contra la deportación de cerca de 5 millones de migrantes irregulares.

Apuntaron que no sólo crea confusión legal, sino que obliga a las personas inmigrantes a seguir viviendo con el miedo de que sus familias sean separadas, además de que el fallo mantiene el bloqueo a las acciones ejecutivas del presidente Obama en el tema.

La codirectora de We Belong Together, Andrea Cristina Mercado, dijo en el boletín que “las mujeres inmigrantes que valientemente lucharon por las acciones del Ejecutivo están profundamente decepcionadas, pero no serán disuadidas de su activismo por un fallo con motivación política y jurídicamente erróneo.

“Durante años, las mujeres indocumentadas participaron en desobediencias civiles, compartieron sus historias públicamente y marcharon reclamando justicia con el fin de presionar a la administración para obtener alivio para nuestras comunidades. Su valor y fortaleza continuarán a pesar de este contratiempo”, abundó Mercado.

Según la información de We Belong Together, Ana Cañenguez, líder comunitaria de la organización DEAMers Moms en el estado de Utah y una posible candidata para el DAPA, declaró: “Mi corazón se encuentra triste al enterarme de la decisión de la Corte Suprema. Después de haber huido de la violencia en mi país de origen y de vivir en Estados Unidos desde hace casi 10 años, mis cinco hijos y yo seguiremos viviendo con el temor de ser deportados y que nuestra familia pueda ser separada”.

Agregó: “Pero la lucha no ha terminado. Las mujeres indocumentadas como yo seguirán organizándose hasta que nuestros hijos puedan ir a dormir sin preocupaciones de que seremos llevadas lejos de ellos durante la noche. Vamos a seguir organizando para proteger a todas nuestras familias”.

MOVILIZACIONES

La campaña We Belong Together es encabezada por la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar y el Foro Nacional de Mujeres Asiático y Pacífico Americanas, y tiene como fin movilizar a más migrantes a favor de políticas públicas que mantengan unidas a las familias y empoderen a las mujeres.

Desde el pasado 18 de abril, la población migrante en EU se movilizó en Washington –la capital del país– para que la Corte permitiera la continuidad de los dos programas migratorios, ya que –dijeron entonces– favorecen la reunificación familiar.

Según datos del estadounidense Instituto de Política Migratoria, 44 por ciento de la población mexicana irregular en EU es elegible para ser beneficiaria de ambas acciones, lo que tendría un impacto positivo para evitar la separación de las llamadas familias trasnacionales.

DACA y DAPA constituyen las únicas políticas de reunificación familiar actualmente en EU. Barack Obama lamentó la decisión de la Corte Suprema durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, y afirmó que el sistema de inmigración en su país sigue “roto”, reportaron medios estadounidenses.

“Todo el mundo está de acuerdo en que nuestro sistema de inmigración ha estado roto por muchos años. El fallo de la Corte (…) nos ha retrasado aún más y nos ha alejado del país que aspiramos ser”, dijo Obama.

Los programas del mandatario saliente tendrían que ser implementados por el próximo gobierno, señalaron analistas.

Por su parte, Hillary Clinton, la eventual candidata demócrata a la presidencia de EU, también se declaró insatisfecha por la decisión de la Corte Suprema vía Twitter.

Su contraparte republicano, Donald Trump –caracterizado por su discurso xenófobo y antiinmigrante– aplaudió en redes sociales la decisión judicial por “mantenerlos seguros (a los estadounidenses)”.   

CIMACFoto: César Martínez López
Por: Cristina Acuña Roeder y Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | Ciudad de México.-  

2/27/2016

Invisibilizado el trabajo y aportación de mujeres migrantes en México


Aproximadamente 49.4 por ciento de la población inmigrante son mujeres

Urgen modificaciones en las legislaciones en materia de trabajo, migración y trata de personas

 Gabriela Ramírez


México DF, 24 feb. 16. AmecoPress/SemMéxico.- El trabajo y la aportación al desarrollo regional de las mujeres migrantes es un hecho todavía invisibilizado por la sociedad y por las autoridades. Esto provoca que las mujeres que provienen de otros países de América Central, principalmente, sean víctima de una violación sistemática de sus derechos humanos.
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Por ello organizaciones nacionales e internacionales, urgen a México a llevar a cabo modificaciones a la legislaciones en materia de trabajo, migración y trata de personas para reconocer, proteger y garantizar los derechos de las trabajadoras migrantes.
El panorama de las migrantes en la frontera sur
Para poder comprender la situación que viven las mujeres migrantes en la frontera sur de nuestro país es necesario identificar los diversos grupos de acuerdo a sus actividades, al tiempo de estancia en México y a su situación migratoria. A continuación se detallan algunas características de éstos grupos.
Las trabajadoras guatemaltecas documentadas
Alrededor del 96 por ciento de las trabajadoras guatemaltecas documentadas en la frontera sur labora como jornalera o peona en actividades agrícolas.
Estas mujeres trabajadoras migran por un tiempo determinado para trabajar en México, tienen en su mayoría entre 20 y 29 años, y desempeñan sus labores principalmente en Chiapas, en la región del Soconusco, según señala un documento académico denominada “Las Trabajadoras Migrantes en la Frontera Sur de México” realizado por ONU Mujeres y el Colegio de México, en el 2015.
Según los registros administrativos del Instituto Nacional de Migración (INM), de acuerdo a los permisos que otorgan a trabajadores de Guatemala y Belice para laborar en las entidades de la frontera sur de México (Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo), de cada 10 trabajadores aproximadamente dos corresponden a mujeres.
En 2010, se registraron 28 mil 629 trabajadores documentados, de ellos, el 17.4 por ciento eran mujeres; en 2011, de un total de 29 mil 998 trabajadores, 17.8 por ciento eran mujeres. En 2012, este porcentaje fue ligeramente menor (16.4 por ciento).
La mayor proporción de las mujeres trabaja en actividades del café (63 por ciento), y en menor medida en el cultivo de papaya (19 por ciento ) y plátano (9 por ciento).
Las trabajadoras inmigrantes
Según el Censo de Población y Vivienda 2010, nivel nacional, aproximadamente 49.4 por ciento de la población inmigrante son mujeres. En el estado de Chiapas, 55 por ciento de las personas nacidas en otro país son mujeres. Esta proporción, es mayor en el caso de la mujeres de Honduras (61 por ciento), El Salvador (57 por ciento ) y Guatemala (56 por ciento).
El nivel promedio de ocupación de estas mujeres es de 57 por ciento, incluso en niñas desde los 14 años. El 49 por ciento de las mujeres nacidas en Guatemala se ocupan en servicios domésticos; el 42 por ciento de las hondureñas se ocupan principalmente como comerciantes y el 65 por ciento de las salvadoreñas principalmente en servicios domésticos.
Mujeres transfronterizas
Seis de cada 10 mujeres que cruzan la frontera para laborar en México permanecen hasta 24 horas y tienen una edad aproximada de 30 años. Las principales ocupaciones de estas mujeres, son en su mayoría como vendedoras ambulantes (41 por ciento), trabajadoras en servicios domésticos (36 por ciento) y trabajadoras agrícolas (12 por ciento). De ellas, sólo el seis por ciento cuentan con un documento que les permite trabajar.
Precariedad laboral y violación de derechos
Según el documento de ONU Mujeres y el Colegio de México, la migración de jornaleros y jornaleras agrícolas de Guatemala a Chiapas se convirtió en una estrategia de sobrevivencia para un gran número de familias campesino-indígenas del occidente guatemalteco y, al mismo tiempo, se constituyó en un soporte innegable e indiscutible de la economía de la región del Soconusco.
“En este flujo migratorio, la presencia de las mujeres ha tenido un papel central, aunque su registro como trabajadoras se ha realizado sólo desde fines de la década 1990”.
Un ejemplo es el caso de las trabajadoras domésticas que hasta ahora no se ha documentado desde cuándo comenzaron a incorporarse a ésta actividad en las localidades fronterizas del lado mexicano ni cuándo aumentó su volumen.
Estas mujeres se insertan en el mercado laboral a edades muy tempranas, lo que influye para que existan abusos laborales: reciben los salarios más bajos de la región y con jornadas de trabajo mayores a ocho horas diarias.
“En uno de los primeros estudios que se realizó en la ciudad de Tapachula, se pudo constatar que alrededor de 90 por ciento de las trabajadoras del servicio doméstico eran de Guatemala; muchas de ellas menores de edad, iniciándose en el trabajo doméstico desde los 12 años de edad”, señala el documento.
“Respecto a las trabajadoras sexuales, se ha documentado que en las comunidades de la frontera México-Guatemala constituyen un grupo especialmente vulnerable por su condición de desprotección frente a potenciales daños a la salud, por los obstáculos socioculturales, jurídicos y económicos para la satisfacción de sus necesidades básicas y por la falta de respeto a sus derechos humanos. En su mayoría, este grupo está integrado por mujeres que provienen de países centroamericanos, aunque también hay mujeres mexicanas que participan en los circuitos de movilidad interna que se producen en esta región fronteriza”.
Uno de los mayores problemas que tienen las trabajadoras sexuales, señala el documento, es la violencia (física, psicológica y/o sexual), así como la coerción, extorsión y maltrato.
“Esto afecta con mayor intensidad a las extranjeras, por lo cual, resulta necesario profundizar en el análisis de la violencia sexual, ya que este tipo de agresiones tiene importantes consecuencias físicas, psicológicas”.
Urgente cambio en la legislación
ONU Mujeres y el Instituto de las Mujeres en la Migración (IMUMI) han realizado una serie de recomendaciones a legisladores para salvaguardar los derechos de las trabajadoras migrantes.
Explican que la legislación migratoria mexicana incumple con la Recomendación General 26 de la CEDAW ya que no cumple cabalmente con el derecho a la igualdad y la no discriminación, así como con el acceso a la documentación migratoria; no plantea la creación de estructuras que cambien las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres migrantes; las disposiciones que regulan la documentación migratoria excluyen a las trabajadoras migrantes centroamericanas en la frontera sur de un acceso a condiciones seguras de ingreso, permanencia y trabajo en el país.
“En este sentido, la legislación migratoria promueve la migración irregular de las trabajadoras migrantes y falla en su objetivo de garantizar sus derechos en la frontera sur”, señala un publicación realizada recientemente por ambas organizaciones denominada Legislación mexicana y derechos de las trabajadoras migrantes.
Explican que la legislación deja a las trabajadoras agrícolas migrantes en una situación de desventaja y desigualdad frente a sus pares varones, pero también las excluye de derechos laborales, como la seguridad social, y las deja desprotegidas frente a posibles abusos de sus empleadores.
Respecto a la ley Federal del Trabajo, no cumple con la recomendación de la CEDAW ya que no genera estructuras para que el trabajo del hogar cumpla con las condiciones del trabajo decente; no incluye acciones afirmativas para alcanzar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres trabajadoras; no reconoce la totalidad de los derechos laborales en las ocupaciones con alta participación de mujeres consideradas “femeninas”, como el trabajo del hogar y el trabajo sexual; y el trabajo en la industria del sexo no está regulado.
“La ley no hace una referencia explícita a las mujeres trabajadoras migrantes. Es necesario estudiar su participación en el mercado laboral mexicano y las discriminaciones que enfrentan, a fin de contar con evidencia para elaborar propuestas de reforma a la LFT que las incluyan”.
Finalmente, respecto a la ley General de Trata, señala que los alcances de la Ley son limitados ya que no contempla sistemas de supervisión para la detección de posibles situaciones de explotación laboral y trabajo forzado que pueden sufrir las trabajadoras del hogar; no contempla acciones afirmativas que respondan a las necesidades diferenciadas que requieren mujeres y hombres en su acceso a la justicia, a la exigibilidad, restitución y goce de sus derechos; la aplicación de esta ley se verá limitada mientras las leyes locales no estén armonizadas.
En meses pasados, ONU Mujeres se reunió con diversas organizaciones para plantear una serie de metodologías para la elaboración de informes sombra, ya que este año, México tendrá que entregar un informe sobre ésta situación al Comité para Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y el año que entra al Comité para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios (CMW).
“Es un lujo poder tener tantas personas en los Comités de CEDAW y CWM trabajando para ver cómo podemos hacer más efectivos los informes. Esto dará pauta para dar seguimiento y para que las organizaciones podamos preparar casos bien documentados. Esto es para que el Estado no diga que ya lo están viendo cuando muchas veces no es así”, explicó entonces Gretchen Kuhner, titular del Instituto para las mujeres en la Migración (IMUMI).
Ana Güezmes, titular de ONU Mujeres, dijo que la participación de las organizaciones contribuirá a la armonización de políticas nacionales con los estándares internacionales de derechos humanos y a la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las convenciones.
Foro: SemMéxico.

10/23/2015

Se duplica cifra de mujeres trabajadoras migrantes en Canadá


   Faltan programas binacionales para atender a estas mexicanas

Ante el aumento de la migración de madres mexicanas trabajadoras hacia Canadá, los Estados involucrados tienen que desarrollar programas binacionales de gestión de cuidados a distancia, y procurar la comunicación entre la madre y sus hijas e hijos.

La anterior propuesta forma parte de la investigación que Ofelia Becerril Quintana, del Colegio de Michoacán, presentó hoy como parte del XXI Coloquio Internacional de Estudios de Género, organizado por el Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La académica –con estudios sobre migración y movilidad humana– dijo que México duplicó en 2014 el número de personas trabajadoras migrantes hacia Canadá, en comparación con 2008.

Precisó que según el Programa de Trabajadores Agrícolas Migrantes, en 2008 habían ingresado al país del norte 369 trabajadoras, mientras que para 2014 la cifra ascendió a 741.

A eso se suma que México es el segundo país, después de Filipinas, de donde proceden las y los trabajadores migrantes que Canadá recibe cada año.

Si bien las mujeres que ingresan al país norteamericano representan apenas 4 por ciento del total de población migrante trabajadora, su impacto a nivel político y social es “muy fuerte”, afirmó la especialista.

“El incremento de migración de personas trabajadoras responde a una tendencia mundial de cambios en el mercado de trabajo basado en visas de trabajo temporal (…). Se está generando una nueva era de migración temporal en Canadá, y se han empleado por casi dos décadas y media a madres sin pareja y madres de familia en la agroindustria”, detalló Ofelia Becerril.

De acuerdo con datos de dos distintos programas de trabajadoras temporales en la agroindustria y en el sector servicios, la experta determinó que la mayoría de estas mujeres son madres jefas de familia.

En el caso de las trabajadoras en sectores diferentes al campo, como empleadas del hogar, por ejemplo, la mayoría sale del estado de Guanajuato y se instala en las provincias canadienses de Alberta y Ontario, además de que son jóvenes con estudios de preparatoria.

En el caso de las trabajadoras agrícolas, de las que se tiene más información, 86 por ciento son madres con hijos y sin pareja; la mayoría ha formado hogares monoparentales, son jefas de familia y tienen en promedio 38 años de edad.

A partir de esta observación, Becerril Quintana buscó documentar cómo las mujeres migrantes experimentan la maternidad en un contexto trasnacional.

La investigadora halló que muchas de estas mujeres son contratadas vía agencias privadas de reclutamiento, que han fragmentado cada vez más el mercado laboral, lo que reduce “las resistencias colectivas” y facilita que se cometan fraudes o abusos.

Muchas trabajadoras temporales con visa, por ejemplo, han sufrido abuso sexual en sus centros de trabajo, y sólo en un caso reciente el Tribunal canadiense ordenó por primera vez indemnizar a la trabajadora mexicana.

Muchas de ellas no emigran acompañadas de sus familias porque una vez que llegan a Canadá duermen en literas que están separadas entre sí sólo por cortinas. Algunas permanecen laborando por varios años y otras van y vienen dependiendo de si la agencia las llama para trabajar, por lo que pasan ocho meses en Canadá y cuatro en México.

Como estrategia para mantener la vida familiar mientras ellas se ausentan, las mujeres se ven obligadas a transferir el trabajo de cuidado a otras mujeres, como las abuelas o las cuñadas.

En sus jornadas laborales, las trabajadoras llaman por teléfono a sus hijos o hijas para revisar si hicieron su tarea, cómo amanecieron o cómo atendieron sus enfermedades. Además, experimentan mucha culpa y son recriminadas por sus parejas, sus familiares o su comunidad de origen.

“Como jefas de familia y trabajadoras también llegan a tener satisfacciones y promueven la búsqueda de ingresos para sostener a sus familias”, añadió.

También se crean y erosionan los vínculos de cariño y autoridad materna, ya que ésta va siendo desplazada por la autoridad de las abuelas.

Así, ellas tiene que desafiar la transferencia de trabajo reproductivo, la carencia de programas binacionales de gestión del cuidado a distancia, la falta de apoyos binacionales para las mujeres que se quedan en las comunidades, los altos costos
humanos de la separación geográfica familiar para la niñez, la incapacidad de los Estados para garantizar los derechos económicos y sociales de las y los hijos, así como las negociaciones, los arreglos y los acomodos familiares.

Se requiere promover en la gestión política programas binacionales para trabajadoras y restablecer los lazos afectivos de la familia para que puedan comunicarse vía telefónica, así como impartir programas y talleres sobre el tema desde las secretarías de Trabajo, Gobernación y Relaciones Exteriores.
 

Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.- 

9/23/2015

Medios refuerzan estigmas de género contra las migrantes



   Monitoreo revela omisión de prensa escrita ante discriminación

Según el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), 80 por ciento de la información periodística que aborda el tema migratorio refuerza los estereotipos de género, y sólo 20 por ciento rechaza la discriminación contra la población extranjera.

 
Imumi realizó un monitoreo de mil 60 materiales periodísticos difundidos en 18 medios impresos de 15 estados del país, de lunes a viernes y durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2014.
 
La organización civil que defiende los derechos de las mujeres migrantes y sus familias destacó que sólo 230 del total de notas informativas analizadas no refuerzan los estereotipos de género.
 
Además, un total de 813 materiales periodísticos “no desafían la xenofobia”; es decir, no cuestionan, rechazan o evidencian las actitudes discriminatorias contra la población extranjera.
 
Según la información del Imumi, que difundió en infografías, en general más de 80 por ciento del material de los medios de comunicación no habla sobre la situación de las mujeres migrantes.
 
Y en todo el país el tema de las trabajadoras migrantes tiene pocas menciones en los medios (sólo 67 notas), a lo que se suma que la violencia contra las personas migrantes es uno de los temas más presentes.
 
De las más de mil notas analizadas, 147 fueron escritas por mujeres y más de 200 por hombres. No obstante, 58 por ciento de las periodistas que abordaron el tema de la migración destacaron la situación de las mujeres, mientras que 89 por ciento de los hombres que cubrieron el tema no hablaron de la población femenina. 
 
En más de la mitad de la información periodística se retomó como fuente al gobierno, y en 20 por ciento de las notas se dio voz a organizaciones civiles.
 
Destaca que casi ninguno de los materiales periodísticos analizados hace mención a alguna ley nacional o internacional en la materia. Además, la mayoría de los medios abordó el tema de la migración en notas periodísticas, sólo 62 elaboraron reportajes, y hubo únicamente 13 artículos de opinión al respecto.
 
Imumi observó algunas diferencias por región en el abordaje del tema migratorio; por ejemplo, en el norte los medios impresos cubrieron principalmente temas sobre migración en tránsito, destino y violencia contra las personas migrantes; por el contrario, hubo muy poca cobertura en temas como búsqueda de familiares, trabajadoras migrantes y “familias trasnacionales” (cuyos integrantes son de nacionalidad mexicana y extranjera).
 
En el centro del país, la búsqueda de familiares no fue mencionada por ningún medio, y los temas de “familias trasnacionales” y la migración de retorno también fueron los de menor cobertura.
 
En esa zona del país, el tránsito, el destino y la violencia contra la población migrante fueron los temas más retomados, pero en general hay menos información sobre población migrante que en las otras regiones.
 
El sur de México destaca porque concentra más información sobre  la población migrante, principalmente sobre tránsito, violencia, destino y políticas públicas. También resalta la información sobre las trabajadoras migrantes.



Redacción Cimacnoticias
México, DF.- 

4/21/2015

Mujeres migrantes anhelan tan sólo una “vida nueva”


Al participar en Viacrucis, exigen respeto a sus DH

A su llegada este fin de semana a esta capital, migrantes centroamericanas exigieron a las autoridades la eliminación del Plan Frontera Sur por atentar contra sus Derechos Humanos (DH).

 
Este sábado 18 de abril llegaron a la Ciudad de México 34 mujeres centroamericanas que emigraron a este país huyendo de la violencia, la delincuencia y la pobreza que impera en sus naciones de origen.
 
Las y los migrantes avanzaron hasta esta capital cobijadas por el Viacrucis Migrante 2015, resguardado por el sacerdote Alejandro Solalinde, director del refugio Hermanos en el Camino, en Ixtepec, Oaxaca.
 
El Plan Frontera Sur es un programa que anunció el Ejecutivo federal el 7 de julio de 2014 en el estado de Chiapas. Como parte de este plan, se inició un despliegue policiaco y militar supuestamente para “proteger y salvaguardar los DH de las personas migrantes que ingresan y transitan por México”, y “mantener la seguridad en vías ferroviarias”, según planteó Enrique Peña Nieto al anunciar la medida.
 
Sin embargo, en comparación con 2013, organizaciones civiles han documentado que durante 2014 se incrementó hasta 47 por ciento, entre mujeres y varones, el número de personas detenidas por las autoridades migratorias.
 
Además, de marzo de 2013 a diciembre de 2014 se observó que el 63 por ciento de las personas migrantes en México fueron víctimas de algún delito durante su tránsito, 25.1 por ciento de esta población son mujeres, y 20 por ciento tenía menos de 20 años de edad.
 
HUYEN DE LAS AGRESIONES
 
Mientras aguardaba –junto a las demás mujeres migrantes– su ingreso a la Basílica de Guadalupe (al norte de esta ciudad), Angélica, guatemalteca de 39 años de edad y madre de tres menores de edad, contó a Cimacnoticias que ella no habría abandonado su país natal si una banda de extorsionadores no la hubiera amenazando de muerte.
 
Si por ella fuera, seguiría acompañando a sus padres, ambos adultos mayores, y permitiría que sus dos hijos y su hija de 12 años concluyeran sus estudios en Guatemala.
 
Hace dos meses, cuando Angélica regresaba de trabajar como supervisora en un súper mercado, recibió un mensaje de extorsión de los mismos delincuentes que asesinaron a su esposo hace cinco años.
 
Se trata –dijo– de un grupo de “cholos” de la banda de los MS, con fama a nivel nacional. En el mensaje que recibió esa tarde se le exigían 10 mil quetzales (cerca de 20 mil pesos mexicanos) por la vida de su familia. El mismo día que Angélica acusó la extorsión ante el Ministerio Público (MP), los delincuentes le advirtieron que estaban al tanto de su denuncia.
 
La mujer apenas tuvo tiempo de avisar a sus tres hijos; les dijo que tomaran lo esencial de sus pertenencias, lo guardaran en una mochila pues tenían que huir.
 
La familia llegó hasta Tejún, comunidad fronteriza con México, donde pensaba asentarse hasta que supo que la banda de extorsionadores la había seguido hasta allá. Decidió “echarse al río” y seguir hasta México.
 
“Sé los peligros que podemos encontrar, pero tuve que tomar la decisión porque en mi país ya no podemos quedarnos. Es una cuestión de vida”, narró la migrante.
 
TAMBIÉN EN MÉXICO HAY VIOLENCIA
 
Durante las primeras horas en México, Angélica constató el excesivo control migratorio, la proliferación de redes delincuenciales, y los graves riesgos que enfrentan por cualquiera de las rutas migratorias.
 
Mientras se transportaba en una combi rumbo a Tapachula, Chiapas, la mujer escuchó al conductor comunicarse por radio y decir a su interlocutor: “Traigo cuatro pollos”.
 
Angélica entregó al chofer 500 pesos para que éste informara a su interlocutor que “los pollos se habían bajado”. Aún así las autoridades migratorias detuvieron el vehículo y revisaron las pertenencias de la familia. Al abrir las mochilas, Angélica constató que sus hijos habían guardado sólo cuadernos.
 
“Te dije que trajeras lo más útil, ¿eso de qué nos sirve?”, increpó la madre a su hijo menor luego de que la policía los dejara ir y el conductor los llevara hasta un albergue. “Es que a donde yo llegue voy a seguir estudiando”, le respondió su hijo.
 
Y es que su hijo mayor, de 17 años, quiere ser chef; la niña, veterinaria y el menor quiere abrir una “casa para ayudar a las personas”. “Esos son los sueños de mis hijos por los que yo vengo hasta México”, explicó la mujer.
 
En el estado de Tabasco, Angélica se acercó a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) –de la Secretaría de Gobernación– para solicitar una visa humanitaria. Aunque presentó pruebas de la extorsión y de la denuncia ante el MP de su país, México rechazó su solicitud y le pidió esperar tres meses para hacer una nueva revisión.
 
Luego se unió al Viacrucis Migrante y agradeció la oportunidad de llegar hasta la Ciudad de México, donde ahora espera regularizar sus documentos y encontrar un trabajo.
 
Blanca, hondureña de 52 años, también viaja junto con su nieta de tres años en este Viacrucis. Como Angélica, ella huye de la violencia y las amenazas de muerte en su país, pero por parte de su esposo, un hombre alcohólico vinculado a una red de sicarios.
 
Acudió a la Comar para solicitar que ella y su nieta lleguen hasta Monterrey, Nuevo León, donde las espera uno de sus hijos, pero las autoridades le pidieron  pruebas de la violencia doméstica que padecía, hecho que –aunque mostró mensajes amenazantes en redes sociales– no ha podido comprobar.
 
LAS JÓVENES CARECEN DE OPORTUNIDADES
 
Mientras esperaba sobre la Calzada de Guadalupe, Mireya, joven hondureña de 19 años, se reponía de los malestares provocados por su segundo embarazo.
 
Apenas tiene un mes, lo acaba de descubrir. El padre es un guatemalteco de 18 años que conoció en México hace tres meses, después de que decidió cruzar la frontera. La joven salió de su país acompañada de su madre y su hijo de un año de edad porque su comunidad “se hunde de pobre”.
 
La adolescente abandonó la secundaria hace dos años porque el director no la dejó continuar porque presentaba un embarazo, entonces trabajó juntó a su madre como empleada del hogar.
 
El padre de su primer hijo es 15 años mayor que ella, tiene otra familia y desde que supo del embarazo de la joven, entonces menor de 18 años, no quiso hacerse responsable.
 
Ahora que pisó suelo mexicano, Mireya está convencida de formar una nueva familia con su pareja. No quiere regresar a su país ni ir a Estados Unidos; quiere una “vida nueva”.
 
Kelia es otra joven embarazada que llegó en el Viacrucis, es una guatemalteca de 22 años que va a encontrarse con su padrastro para que la ayude a conseguir trabajo. Ella salió de su país porque quiere conocer algo más que la pobreza. Nunca fue a la escuela; se quedó junto a su madre a moler maíz para alimentar a sus cinco hermanos.
 
Es la segunda vez que intenta cruzar a México, pues la primera ocasión la detuvieron y la “encerraron” 15 días en las estaciones migratorias.
 
Ahora que espera el nacimiento de su primer hijo tiene el propósito de continuar su viaje, aunque los mareos la persigan; la amiga con la que salió de su país, de su misma edad, no pudo seguir el trayecto porque el embarazo “la puso mal”.
 
Su amiga se entregará a las autoridades migratorias para que la regresen “a la pobreza”, pero Kelia llegará a EU a hacer una “nueva vida”.
 



CIMACFoto: César Martínez López
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.- 

9/08/2014

Demandan triplicar presupuesto para atender a mujeres migrantes

Pide Fundar más recursos al Programa Especial y a sector salud

El presupuesto que el Ejecutivo pretende asignar para 2015 al tema de migración deberá incrementarse en 300 por ciento, ya las organizaciones civiles han documentado más violaciones a Derechos Humanos (DH) contra las personas migrantes, de las que las mujeres son más vulnerables, señaló Fundar Centro de Análisis e Investigación.

Rodolfo Córdova, coordinador del área de Presupuesto y Políticas Públicas de Fundar, dijo en entrevista que debido al incremento de violaciones a DH que afrontan las personas migrantes, el presupuesto para 2015 deberá incrementarse de 3 mil 600 millones de pesos (que se aprobó para este año) a 10 mil millones de pesos.

Durante 2014 grupos ciudadanos y organismos internacionales –como Sin Fronteras y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)– documentaron que seis de cada 10 mujeres migrantes son víctimas de violencia sexual, a lo que se suma que caen en redes de trata de personas, y enfrentan secuestros, extorsiones, abuso de autoridad, discriminación y otras vejaciones por parte de autoridades migratorias, grupos criminales y sus propios compañeros de tránsito.

El experto, que conforma el Colectivo Migraciones para las Américas, dijo que este año es una oportunidad para que el gobierno destine más recursos a acciones sustantivas para proteger los derechos de las migrantes, ya que es la primera vez que el gobierno cuenta con un Programa Especial de Migración (PEM) con líneas de acción específicas para atender a la población más vulnerable, y en específico a las migrantes.

El reto que ahora enfrenta el Ejecutivo es el de canalizar todos los montos necesarios para hacer efectivo un programa en el que trabajaron activistas durante más de un año, y en el que se detallan acciones muy específicas para atender a las mujeres. “Si no se destina presupuesto para llevar a cabo estas acciones, entonces México estaría cayendo en un retroceso”, advirtió.

Córdova explicó que es difícil detallar los montos que deben ser destinados a fortalecer los programas que beneficien más a la población femenina, ya que el Segundo Informe de Gobierno y otros documentos oficiales no arrojaron datos desagregados por sexo sobre el impacto de las acciones.

El especialista detalló que la niñez, atención a personas deportadas y las comunidades en el extranjero, son algunas de las prioridades a las que se debe asignar presupuesto; pero en el tema de la población femenina es el sector salud (a través del Seguro Popular, el IMSS y el ISSSTE) el que requiere mayores recursos.
 Imagen retomada de la página kaosenlared.net
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.- 


7/18/2014

Menores migrantes



Los 57 mil menores mexicanos y centroamericanos sin acompañantes que han sido detenidos cruzando la frontera con Estados Unidos desde octubre de 2013 son refugiados de una guerra económica, política y social impulsada desde Washington. La alineación de Enrique Peña Nieto con Barack Obama sobre el tema constituye un vergonzoso rompimiento histórico con la larga tradición de independencia política y solidaridad latinoamericana que había caracterizado a la diplomacia mexicana a lo largo del siglo XX. En lugar de servir como perro guardián del imperio, México tendría que priorizar los derechos humanos de sus hermanos y hermanas latinoamericanos.

Obama ha traicionado la confianza de los latinoamericanos residentes en el país del norte. Durante las campañas presidenciales de 2008 y 2012, prometió regularizar a millones de inmigrantes y arreglar el sistema migratorio disfuncional. En respuesta, recibió el contundente apoyo de los votantes latinos. El 67% lo respaldó en 2008, y el 71% en 2012.

Pero la ingratitud de Obama parece no tener límites. Rápidamente se convirtió en el presidente estadunidense que ha deportado a la mayor cantidad de migrantes en la historia, en el “Deportador-en-jefe” de acuerdo con activistas, con más de 2 millones de expulsiones durante el tiempo que lleva en la Casa Blanca. Asimismo, ha endurecido la vigilancia en la frontera sur y fracasado olímpicamente en aprobar reformas que podrían reunir a familias de migrantes, además de permitir a jóvenes estudiar y trabajar en Estados Unidos aunque hubieran ingresado “ilegalmente” al país cuando eran niños.

La posición retrógrada de Obama con respecto al éxodo de los niños sin acompañantes constituye la última gota que derrama el proverbial vaso. Los menores detenidos merecen la oportunidad de reunirse con sus familiares, quienes con su arduo trabajo sostienen la economía estadunidense. Si Obama hubiera cumplido su promesa de regularizar a esta importante fuerza laboral, la mayor parte de estos niños podrían ingresar legalmente sin problema alguno a petición de sus parientes.

Los trabajadores migrantes tienen el mismo derecho a cuidar a sus hijos y a educarlos en escuelas públicas que cualquier otro empleado. Obama y su gobierno están sufriendo las consecuencias de su propia hipocresía.
La solución entonces va mucho más allá de declarar a algunos niños “refugiados” de la “guerra” que libran grupos criminales de América Central. Existe la urgente necesidad de poner un alto a la injusta extracción de la fuerza de trabajo de los latinoamericanos residentes en Estados Unidos sin que el gobierno o los empleadores se responsabilicen por el bienestar personal y el de las familias de sus empleados.

Pero en lugar de exigir la implementación de una reforma migratoria integral en Estados Unidos, al igual que respeto a los derechos humanos de los mexicanos y latinoamericanos residentes allá, el gobierno de Peña Nieto ha asumido plenamente el enfoque de Washington que visualiza el problema como una “crisis” que se resolvería con medidas más drásticas de “protección” fronteriza y de inhibición de los flujos migratorios.
El Instituto Nacional de Migración ha informado que durante los primeros meses de la presente administración, desde enero de 2013 hasta junio de 2014, el gobierno de México expulsó a casi 15 mil menores. Asimismo, Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong y José Antonio Meade han trabajado cercanamente con el gobierno estadunidense desde un “enfoque regional” para reforzar la frontera sur de México y detener a migrantes centroamericanos dentro del territorio mexicano con el fin de facilitarle el trabajo a la guardia fronteriza del vecino del norte.

El régimen autoritario no se conforma con entregar el petróleo mexicano a las empresas trasnacionales y hacer el trabajo sucio a Washington en su “guerra” contra las drogas. También funge como un perro guardián que defiende las fronteras estadunidenses de los “indeseables” centroamericanos. La “integración” norteamericana que promueven Obama y Peña Nieto es en realidad una subordinación continental donde, por un lado, los trabajadores y los niños de América Latina tendrán que pagar todos los costos y, por otro, donde las empresas trasnacionales, en alianza con las respectivas oligarquías nacionales, cosecharán todos los beneficios.

Esta situación constituye una clara llamada de atención a las fuerzas sociales en el sentido de que ya no son suficientes las estrategias de resistencia enfocadas en un solo país. Los promotores de la soberanía nacional y popular en materia energética en México tendrían que unir sus luchas con las demandas de los migrantes latinoamericanos en Estados Unidos. Del mismo modo, los defensores de los migrantes en EU harían bien en abrir sus ojos a la importancia de respaldar a los movimientos sociales de la oposición democrática en México.
Las luchas en ambos lados de la frontera comparten una sola agenda a favor del poder y la economía populares, y en contra del saqueo, la censura y el despojo. Frente al abandono de los intereses ciudadanos de parte de los gobiernos estadunidense y mexicano, la única solución se encuentra en la unión entre los pueblos norteamericanos, centroamericanos y latinoamericanos.

www.johnackerman.blogspot.com
Twitter: @JohnMAckerman


7/17/2014

Estalló la crisis de inmigrantes


Samuel Schmidt 
schmidt@mexico.com

Después de miles de niños mexicanos deportados, acción que gozó del silencio cómplice típico del gobierno mexicano, de repente estalla la llamada crisis de los infantes no acompañados en la frontera. ¿Qué disparó la crisis?:

1) El intento perenne de los republicanos para ensuciar la muy poco comprometida presidencia de Barak Obama con los grupos minoritarios que lo eligieron.

2) La amenaza de deportación de ciudadanos centroamericanos con la posibilidad de inestabilidad que eso implica para esos países.

Los países centroamericanos han gozado de la tolerancia de Estados Unidos a sus migrantes, supuestamente para no entorpecer un muy frágil status quo, cuyo rompimiento podría propiciar un giro hacia la izquierda, esto es muy sensible para la mentalidad rabiosamente anti comunista que domina la política de Estados Unidos.

Los presidentes centroamericanos han levantado la voz ante Estados Unidos, sabiéndo vender muy bien los intereses de sus países para acomodarlos a las fobias de Estados Unidos, por eso mismo extraña su silencio frente a los abusos mexicanos. 

Llega al extremo de que el presidente guatemalteco aplauda la iniciativa de Peña Nieto, de crear centros de detención en territorio mexicano; no es de extrañar que el PRIAN asuma la agenda republicana de Estados Unidos en su política migratoria, pero ¿el aplauso guatemalteco?  Como parte de la insensibilidad ante la desgracia que se registra en la frontera, tenemos el silencio atroz en Estados Unidos sobre el elevado número de migrantes que mueren al tratar de cruzar la frontera, o que son asesinados. 

En parte, muchos estadounidenses, especialmente los de derecha piensan que merecen el castigo (morir) por cometer el crimen de buscar mejores condiciones de vida trabajando sin papeles. En parte, muchos migrantes no dimensionan lo que implica cruzar el desierto de Altar o cruzar por el desierto frente a Mexicali donde las temperaturas superan los 50 grados centígrados; muchos se aventuran a cruzar por ahí guiados por los polleros, que gozan de complicidades policíacas en ambos lados de la frontera. 

Pero por si acaso sobreviven, ahí están las pandillas o los grupos paramilitares de Estados Unidos tratando de frenar el flujo de migrantes que hacen de las suyas. A esto hay que agregar los asesinatos en manos de agentes de la Policía Fronteriza, que primero dispara y luego averigua, y los republicanos exigen la presencia del ejército o la guardia nacional, lo que seguramente aumentará el número de muertos.  Se registran cientos de muertes al año en la frontera con Estados Unidos, parte importante de este fenómeno se propició de manera intencional, cuándo la Patrulla Fronteriza cerró los accesos cerca de las ciudades lanzando a la gente a zonas agrestes y con peligros naturales, como los desiertos, el mar y la parte más peligrosa del Río Bravo. Eso es asesinato premeditado. 

Y el gobierno mexicano guarda silencio, porque mientras sigan llegando remesas, para que importunar a sus jefes, y a final de cuentas qué más da unos cuántos cientos de muertos al año. ¿Por qué si hay esta insensibilidad ahora gritan en Estados Unidos por unos cuántos miles de menores que cruzan sin compañía o con sus madres? La primera explicación es que se acercan las elecciones de noviembre y tienen un nuevo motivo para culpar a Obama, supuestamente su falta de energía llevó a motivar a la gente a cruzar; la derecha parece olvidar que este es el presidente campeón de las deportaciones. 

La segunda, es que los infantes siempre enternecen, y ahora se puede culpar a Obama por generar una situación donde los niños sufren, y al mismo tiempo culpar a los países centroamericanos por no resolver las condiciones que expulsan a los menores, muchos de los cuales viajan en busca de sus padres, otra parte son ciudadanos que buscan volver a su país. Sobre los mexicanos hablan poco, porque el gobierno acepta genuflexo que deporten a miles de menores, y estando en el país, los ignora como si no tuviera responsabilidad alguna para atenderlos. 

Se denuncia que es el PRI el que ha frenado la ley que establece la responsabilidad para atenderlos, porque al parecer este partido no deja pasar ninguna ley que provoque algún costo, lo que sin duda es un criterio estratégico de la mayor importancia. La respuesta de Obama ante la crisis es consistente con lo que ha hecho todo el tiempo, pedir mucho dinero para protección de la frontera, para detención y por supuesto, deportación. 

Algo va por ahí para atender a los migrantes, siempre y cuándo no se cambie el paradigma que ha dominado la política de migración de Estados Unidos: son criminales. Ojala que el paradigma mexicano cambiará y que el gobierno dejará de colaborar con los extremistas anti mexicanos en Estados Unidos, pero eso es pedirle peras al olmo.