La casa de los jueces

Miguel Carbonell

“Vamos a limpiar la casa”, dijo el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, el miércoles 11, al presentar su Primer Informe de Labores. Se refería al esfuerzo emprendido para combatir a fondo la corrupción judicial y hacer frente al nepotismo.

En la Suprema Corte lo escuchaban el Presidente de la República, las presidentas de la Cámara de Diputados y de Senadores, integrantes del gabinete federal, empresarios, servidores públicos de alto nivel y académicos. El discurso de Zaldívar no dejó lugar a dudas: las cosas cambiaron a partir del pasado mes de enero, con su elección como presidente de la Corte.

Además de los temas del combate a la corrupción y al nepotismo, el presidente de la Suprema Corte hizo referencia a los concursos convocados para cubrir vacantes de juezas de distrito y de magistradas de circuito; y lo digo en femenino porque justamente las convocatorias iban dirigidas solamente a mujeres, para nivelar el número de juzgadoras con el de juzgadores que actualmente imparten justicia federal a lo largo y ancho del país.

Otro cambio importante fue el mecanismo de ratificación de jueces y magistrados. Tradicionalmente, cuando les llegaba el momento de ser evaluados para determinar si podían seguir ejerciendo la función judicial, eran aprobados sin mayor trámite, salvo que hubieran sido denunciados y sancionados por faltas en el desempeño de su trabajo. Zaldívar dijo en su informe que no solamente quiere apartar de la judicatura a los corruptos, sino también a los mediocres y, en esa virtud, los mecanismos de ratificación se iban a endurecer, para que quienes quieran seguir siendo jueces demuestren con hechos su capacidad y compromiso con el trabajo bien realizado.

También la comunicación social cambió este año en la casa de los jueces. Aparte del lanzamiento del renovado canal de televisión JusticiaTV (que ganó varios premios por su tarea como medio público de difusión), el propio Zaldívar aumentó la presencia mediática de los temas judiciales por medio de su cuenta de Twitter. Nunca antes habíamos tenido un presidente de la Suprema Corte que tuviera cuentas de Twitter y Facebook; afortunadamente el presidente Zaldívar entiende que son herramientas indispensables de comunicación en pleno siglo XXI.

A lo largo del año la Corte tuvo oportunidad de fijar importantes criterios jurídicos, que todos los abogados debemos conocer. Hubo sentencias muy relevantes sobre los derechos de las parejas integradas por personas del mismo sexo tendientes a evitar su discriminación, sobre acceso al contenido y obtención de copias de las carpetas de investigación, sobre la asignación de la guarda y custodia de los hijos menores de edad en casos de divorcio, sobre los estándares aplicables en materia de libertad de expresión, sobre los tatuajes en el lugar de trabajo y el lenguaje de odio, sobre el bloqueo en Twitter de un periodista por parte de un funcionario público, sobre el despido de mujeres embarazadas y un largo etcétera.

Para quienes nos dedicamos al análisis de los temas jurídicos, 2019 fue un año con muchísimas novedades, puesto que al estudio de los criterios judiciales mencionados se sumaron la discusión sobre las variadas reformas constitucionales impulsadas por el gobierno de la Cuarta Transformación en materias como pueblos afrodescendientes, paridad de género en organismos públicos, cuestiones educativas, ampliación de la prisión preventiva oficiosa, extinción de dominio, Guardia Nacional y revocación de mandato.

Podemos estar o no de acuerdo con el contenido de tales reformas, pero lo cierto es que vinieron a cambiar el paisaje constitucional y representan la materialización jurídica del cambio político derivado de las elecciones de 2018. Lo más probable es que en 2020 observemos también cambios de gran calado en la estructura jurídica del Estado. Estaremos atentos.

Investigador del IIJ-UNAM.

@MiguelCarbonell.

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"Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. / Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España. / Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de...

La pesadilla de la impunidad

Miguel Carbonell

Tienen muchas y muy buenas razones las mujeres para quejarse de la pésima procuración de justicia, de la indolencia de las autoridades, de la falta de respuesta ante las denuncias que presentan por la violación de sus derechos, del acoso que sufren dentro y fuera de su hogar, de los miles de feminicidios que se cometen.

El sistema penal sigue presentando fallas. Hace unos días nos lo volvió a recordar el magnífico informe Hallazgos2018 de la organización México Evalúa. Se trata de un trabajo que ofrece un gran número de reflexiones sobre lo que se está haciendo mal en la justicia penal mexicana.

El informe nos recuerda algo que sabemos desde hace años: la incidencia delictiva es altísima en México. Según datos del Inegi, cada año se cometen en el país más de 30 millones de delitos.

De acuerdo con el informe de México Evalúa, esa incidencia delictiva da lugar cada año a la presentación de 2 millones cien mil denuncias y querellas ante las procuradurías de justicia. En el caso del 11% de tales denuncias, se presenta además una persona detenida (unos 230 mil detenidos por año).

Pese a iniciar con un universo de más de 2 millones de denuncias, las fiscalías solamente logran 81 mil vinculaciones a proceso, que son las determinaciones judiciales a partir de las cuales un juez penal señala que sí existen los elementos e indicios exigidos por la ley para abrirle a una persona un proceso penal en el que deberá enfrentar las imputaciones que se le hacen. Eso equivale solamente al 3.9%.

Dicha cifra nos indica que las capacidades de investigación e integración de carpetas para que se obtenga una vinculación a proceso son escasas. Esto se debe a la falta de capacitación del personal que interviene en las primeras etapas del procedimiento penal (policías preventivos, fiscales, peritos y policías de investigación), pero también a la falta de medios técnicos que les permitan hacer bien su trabajo. Seguimos teniendo agencias del Ministerio Público en las que no hay papel para imprimir, en las que las computadoras son de hace muchísimos años, las impresoras todavía son de las ruidosas que llamábamos “de punto” y un largo etcétera.

Mientras los asuntos están todavía en el ámbito de los ministerios públicos, unos 127 mil se resuelven por los llamados medios alternativos de solución de controversias, los cuales permiten una solución rápida y relativamente barata para un número considerable de presuntos delitos, sobre todo los de carácter patrimonial.

Las cifras se van haciendo pequeñas conforme avanzan las etapas del proceso penal, de tal manera que solamente el 0.27% del total llegan a la etapa de juicio oral. Son demasiado pocos. Ese dato tan menor sugiere que nuestras fiscalías no tienen la formación necesaria para agotar las etapas del procedimiento y buscan alguna salida fácil para no verse exhibidos en las audiencias orales (y lo misma aplica para muchos abogados defensores, sobre todo en el caso de quienes hace años dejaron de actualizar sus conocimientos).

En ese enjambre de inercias institucionales, se vulneran día tras día los derechos humanos de todos los involucrados (incluyendo los derechos humanos de los servidores públicos, quienes trabajan muchas veces en condiciones deplorables y con nula capacitación). La situación es aterradora en general, y lo es todavía más para las mujeres, que con frecuencia son objeto de desatención, de un trato en el que existe una total falta de perspectiva de género y hasta de burlas por parte de policías y fiscales.

Lo menos que podemos hacer es cerrar los ojos ante esta dolorosa realidad. Los feminicidios no se van a terminar si no levantamos las voces, hacemos sonar las alarmas y exigimos un mucho mejor desempeño de las autoridades. En Ciudad Juárez la tormenta conocida como “Las muertas de Juárez” inició en 1993. Llegaron a desaparecer o aparecieron muertas más de 4 mil mujeres según algunos estudios. En los años recientes, más de 25 años después, la ciudad sigue estando entre las más peligrosas para las mujeres. Parece que no hemos aprendido nada. Y lo mismo puede decirse a nivel nacional. Pasa el tiempo y nadie hace nada. Esa inercia debe romperse. Bienvenidos todos los recordatorios que nos abran los ojos sobre la urgencia y gravedad de las amenazas contra las mujeres.

Investigador del IIJ-UNAM.

@MiguelCarbonell

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Viene un terremoto sindical

Miguel Carbonell 

Podremos tener sindicatos más transparentes, con una vida interna democrática y que no se dediquen solamente a extorsionar a las empresas ? Se antonja difícil pero la mesa está puesta para que así sea.

Una de las principales consecuencias de la reforma laboral que fue publicada en el Diario Oficial el pasado 1 de mayo tiene que ver con la vida sindical en México. La nueva regulación va a producir un efecto sísmico muy profundo al interior de las organizaciones sindicales y en la relación entre los sindicatos y las empresas.

Para empezar porque la reforma (cumpliendo uno de los compromisos suscritos por México en el T-MEC), obliga a que en un plazo de 4 años se revisen todos, absolutamente todos, los contratos colectivos de trabajo vigentes. Para dicha revisión, ya regirán los requisitos establecidos en la reforma para que se consulte el nuevo contenido de los contratos con los trabajadores, quienes deberán aprobarlos mediante voto personal, libre y secreto. Es decir, los sindicatos y las empresas deben darse prisa para llevar a cabo la revisión, y los liderazgos sindicales verán cuestionado su poder, si es que los trabajadores no aprueban lo acordado con los representantes patronales. No es difícil imaginar los enormes problemas que se pueden generar.

Además, la reforma laboral deja claras las reglas en materia de transparencia sindical, siempre tan regateadas por muchos dirigentes (empezando por los líderes del sindicato de Pemex, que hasta han recurrido a varios juicios de amparo para negarse a entregar información sobre la forma en la que administran los recursos sindicales).

Todos los documentos del registro sindical, de las tomas de nota, los estatutos, las actas de asamblea y demás documentos deberán estar en internet, disponibles para ser consultados por cualquier persona. También será público el padrón de integrantes del sindicato. De todos esos documentos podrá pedir copia cualquier persona.

La nueva ley señala que será causa de cancelación del registro sindical la extorsión que sobre el patrón hagan los dirigentes, apoderados o representantes legales del sindicato, cuando exijan un pago en dinero o en especie para desistirse de un emplazamiento a huelga o sobre reclamaciones relativas al contrato colectivo de trabajo. En la práctica, los patrones tendrán dificultades para acreditar estas conductas, pero ya la ley puso una pistola cargada apuntando a los sindicatos. Ojalá estas nuevas disposiciones terminen o al menos disminuyan las actividades extorsivas de varios líderes sindicales que se han enriquecido a costa violar una y otra vez la ley, con total impunidad.

La reforma asegura una vida sindical más democrática, pues obliga a la celebración de procesos periódicos de renovación de las dirigencias, con mucha mayor transparencia y además con representación proporcional en razón de género. Se acabaron, al menos en el texto legal, las elecciones sindicales en lo oscurito y el machismo sindical.

A partir de las nuevas reglas legales, cualquier trabajador podrá pedir cuentas de la administración del patrimonio sindical. Las actas de asamblea en las que se rinda cuenta del manejo del dinero del sindicato (lo cual debe suceder cada seis meses) deben ser entregadas a cada integrante del sindicato en forma completa y debe existir una constancia de que fueron recibidas.

Durante décadas la vida sindical transcurrió bajo reglas que eran entendidas y “administradas” por todos, para beneficio de muchos líderes que se hicieron inmensamente ricos sin trabajar. Los ejemplos más conocidos están a la vista de cualquier persona. La reforma laboral del 2019 puede suponer una palanca de cambio para esas reglas y esos acuerdos que funcionaron, para bien o para mal, durante muchos años.

¿Qué resultado dará la nueva legislación? ¿en verdad podremos tener en México sindicatos más transparentes, con una vida interna democrática y que no se dediquen solamente a extorsionar a las empresas? Se antoja difícil, pero la mesa está puesta para que así sea.

Para lograrlo va a ser necesario que la futura autoridad laboral, que se va a llamar “Centro Federal de Conciliación y Registro Sindical” haga un buen trabajo, que se integre por personas preparadas y que demuestre que la ley puede más que la fuerza.

En todo caso, lo que es claro es que la reforma laboral va a transformar el derecho del trabajo con profundidad. Ojalá en esos cambios podamos ver el acompañamiento de los abogados, de las barras y colegios en los que se agrupan, puesto que la reforma también va a exigir nuevas capacidades y un mucho mejor trabajo de los profesionales del derecho. Esperemos que así sea.

Investigador del IIJ-UNAM.

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El federalismo no funciona

Miguel Carbonell

El enorme cambio político de las pasadas elecciones y la omnipresencia del Presidente y de (una parte) su gabinete en los medios de comunicación, nos están haciendo perder de vista un problema mayúsculo de la República: el desorden —cercano a la anarquía— que produce un sistema federal que está haciendo aguas por todos lados.

Empecemos por lo más obvio y doloroso: el tremendo fracaso de la distribución de competencias en materia de seguridad pública. Mientras toda la atención mediática lleva meses centrada en el tema de la Guardia Nacional, olvidamos que 92% de todos los delitos son competencia de las autoridades locales, es decir, de estados y municipios. Solamente 6% de los delitos que se cometen incumben a la competencia de la Federación y 2% son conductas cometidas en infracción del sistema de justicia penal para adolescentes.

La pregunta, a la luz de estos datos, parece obvia: ¿qué planes, realistas y asequibles, se están diseñando en las entidades federativas en esa materia? ¿qué piensan hacer los estados y los municipios con los miles de millones que reciben año tras año para atender la inseguridad, con resultados cada vez más magros o en franco retroceso? ¿quién pide cuentas por los pésimos resultados obtenidos en los años recientes?

Algo parecido sucede con temas tan relevantes como la educación o la salud. Mientras todos miran a la SEP pidiendo soluciones para los temas del sindicalismo magisterial o en relación a la carrera docente, pocos voltean a ver a gobiernos locales, que también tienen muchas y muy relevantes competencias en materia educativa. Y lo mismo en el tema de la salud: una parte le corresponde a la Federación, pero otra (muy relevante, si descontamos la tarea del IMSS y del ISSSTE) tiene que ver con los gobiernos locales, que administran una red hospitalaria francamente deplorable y en algunos casos incluso inexistente. ¿Qué están haciendo los gobiernos locales para mejorar la educación y la salud de los ciudadanos a los que deben servir?

La lista puede seguir y seguir: el federalismo mexicano, tal como está diseñado, descansa en buena medida en ese primer nivel de contacto entre el gobierno y el ciudadano, que es el municipio. Pero ese peldaño, el más cercano a la ciudadanía, ha sido el más opaco, el menos robusto, el más ineficiente y uno muy proclive a la corrupción, sin que nadie haya pedido cuentas. Los municipios mexicanos son buenos para exigir recursos presupuestales, pero malos para cobrar impuestos y peores todavía para implementar políticas públicas sustantivas que proporcionen buenos servicios públicos a la gente.

La regulación del transporte, la protección civil, el medio ambiente, lo relativo al uso de suelo, lo que concierne a los establecimientos mercantiles, la recogida y el tratamiento de la basura, los parques y jardines, y un largo etcétera corresponde a gobiernos locales. Pero en vez de que eso suponga áreas de oportunidad para hacer bien la cosas, en realidad se ha convertido en un nido de corrupción e ineficiencia. Nos pasamos las horas y los días comentando lo que anuncia el gobierno federal, mientras a nivel local nadie pide cuentas, nadie mide la calidad del gasto, nadie verifica el cumplimiento de obligaciones legales.

La crítica se puede incluso ampliar: es igualmente deplorable el servicio que prestan los poderes legislativos locales y, ya ni lo digamos, la inmensa mayoría de los poderes judiciales en las entidades federativas (los abogados que llevan asuntos en la jurisdicción local saben a lo que me refiero: en muchos tribunales locales se compran y se venden sentencias, se trafica con influencias, se reciben dádivas, en suma: se vende la justicia al mejor postor).

¿Qué hacer ante ese clamoroso fracaso del diseño federalista? Ciertamente la respuesta no puede consistir en una vuelta al centralismo. México es demasiado grande y diverso para poderse gobernar desde el centro. La ruta tiene que ser más bien en el sentido del fortalecimiento de las estructuras locales de gobierno.

La receta es bien conocida, aunque a nadie le convenga recordarla: más transparencia gubernamental, servicio civil de carrera, rendición de cuentas, supervisión parlamentaria efectiva, órganos de control autónomos e independientes, una sociedad civil vigilante; es decir, democracia tomada en serio y no la simulación esperpéntica en la que llevamos demasiados años instalados. De nosotros depende.

Investigador del IIJ-UNAM.

@MiguelCarbonell

¿Regular Twitter?

Miguel Carbonell

Abundan las personas que a través de cuentas en Twitter y en Facebook se despachan con la cuchara grande a la hora de faltar al respeto, denostar y burlarse de los demás.

El comprensible enojo por las mil y una trampas del Partido Verde a lo largo de la campaña electoral (e incluso antes de que diera inicio), tuvo su punto culminante con el bochornoso espectáculo de varias decenas de “celebridades” tuiteando el día mismo de la elección su apoyo a los candidatos de esa formación política. Entre los tuiteros que apoyaron al Verde estuvo el director técnico de la Selección Nacional de Futbol, el señor Miguel Herrera.

El INE emitió medidas cautelares a lo largo de la jornada electoral y en la mesa de su Consejo General se escucharon argumentos llamando a multar o silenciar a los tuiteros pro-Verde.

Entiendo la desazón que produce ver a un partido que transgrede una y otra vez la ley y que ha sido objeto de cuantiosas multas a lo largo de la campaña electoral precisamente por su abierta rebeldía frente a las reglas electorales, pero creo que la solución no debe ser en términos de prohibiciones y sanciones, sino de asegurar una mayor libertad para todos.

No parece recomendable intentar poner límites a la gozosa libertad con que se utilizan las redes sociales actualmente. Es obvio que, bajo el amparo de tal libertad, hay excesos de toda naturaleza y es evidente que abundan las personas que a través de cuentas en Twitter y en Facebook se despachan con la cuchara grande a la hora de faltar al respeto, denostar y burlarse de los demás. Todo eso es reprobable, pero la respuesta que se les debe dar no consiste en prohibir y sancionar.

La propia naturaleza plural y abierta de las redes sociales haría difícil una regulación estricta. Por ejemplo, ¿debería sancionarse mediante una ley mexicana un tuit emitido desde otro país?, ¿qué pasa con quien no escribe un tuit propio, sino que se limita a difundir lo que han escrito los demás, a través de un retuit?, ¿ayudar a difundir lo que otros escriben también se debe sancionar? Los problemas son muchos y muy complejos. La respuesta jurídica seguramente no sería la más adecuada, al menos para los temas electorales.

Lo cierto es que las autoridades electorales deberían concentrar su tiempo y su energía no en poner límites a la libertad de expresión en las redes sociales, sino en que la cancha electoral sea pareja al no permitir que el dinero público sirva para apoyar a ciertos candidatos o partidos. Ese es el problema de fondo, desde mi punto de vista.

Unos pocos tuits o incluso miles de ellos no van a convencer a un electorado maduro, que cada vez está más consciente del poder de su voto, para que elija a un candidato recomendado por una “celebridad”. La prueba de lo que afirmo es el resultado obtenido por el propio Partido Verde en la pasada elección: a pesar de haber hecho un gasto multimillonario y haber empleado toda clase de artimañas no siempre legales, la votación que obtuvo fue la misma de siempre. La actitud tramposa del Verde no le redituó más votos. De hecho, si no hubiera sido por la anormal y muy sospechosa alta votación que obtuvieron los Verdes en Chiapas (de ese Estado provino uno de cada cuatro votos obtenido por el Verde en todo el país), su resultado podría haber sido incluso más bajo que en los procesos electorales anteriores.

En suma, lo que hay que hacer es permitir que los ciudadanos discutan, analicen y expresen sus preferencias, cualesquiera que sean. De esa manera tendremos una deliberación pública más robusta, abierta y desinhibida, tal como lo escribió el gran juez William Brennan en la sentencia New York Times versus Sullivan, la más famosa de toda la historia en materia de libertad de expresión. Honremos esa idea y tratemos a los ciudadanos como personas adultas al dejarles un espacio suficiente de libertad, sobre todo cuando se expresan en las redes sociales.

La hora de la reforma penal

Por: Miguel Carbonell.

El mundo de los abogados 

lasillarota.com

Aunque en términos generales la jornada electoral del 7 de junio reflejó un ánimo ciudadano dispuesto a la alternancia, hay una cosa que debería preocuparnos profundamente: Si decidimos cambiar al partido en el poder en cualquiera de los niveles de gobierno, ¿lo hacemos con base en propuestas o simplemente como muestra de rechazo hacia quienes estaban gobernando?

Un tema relevante ilustra la pertinencia de la pregunta: Estamos a pocos meses de que entre en funcionamiento en todo el territorio nacional la importantísima reforma penal de los juicios orales y ningún partido o candidato (hasta donde pudimos enterarnos) puso el tema entre sus prioridades de gobierno. Es algo extraño, ya que todas las encuestas demuestran que el asunto que más preocupa a los ciudadanos en México es precisamente el de la inseguridad que se vive en buena parte del territorio nacional.

¿Cómo es posible que los candidatos y partidos hayan olvidado proponer algo sobre el tema que es más importante y más preocupa a los ciudadanos? Todo parece indicar que, al menos en este asunto, persiste un grave abismo de separación entre la clase política (que viaja en camionetas blindadas, que tiene guardaespaldas de tiempo completo, que no se tiene que preocupar por los asaltos en el transporte público, que tiene contactos de alto nivel en las procuradurías), y el ciudadano común y corriente.

Sin embargo, el tema penal es de una enorme gravedad. El INEGI señala que 93% de los delitos que se cometen en México ni siquiera son denunciados, dando inicio de esa manera a la aplastante rueda de la impunidad que tiene sumido al país en una grave situación. En uno de cada tres hogares mexicanos hay al menos una persona que ha sido víctima de la delincuencia en los últimos doce meses (sin distinción de clase social, nivel educativo u otras características: La delincuencia pega parejo). En 50% de los casos que sí fueron denunciados, el Ministerio Público no hizo nada, aparte de levantar la denuncia.

Al final del camino (le ahorro al lector muchas otras estadísticas que lo acreditan) la impunidad en México es del 99 por ciento. Es decir, solamente se castiga de manera efectiva uno de cada cien delitos cometidos. Estamos ante uno de los fracasos más grandes del Estado mexicano, pero todo parece indicar que ni los partidos ni los candidatos se han dado cuenta de la alarmante situación en la que vivimos.

Poner en práctica la reforma penal de los juicios orales requiere de la participación no solamente de gobernadores, policías, procuradores, defensores públicos y peritos. También necesitamos de un mucho más activo compromiso de las universidades. Da pena enterarse de que los recién egresados de la carrera de derecho no tienen en muchos casos las competencias y habilidades que requiere el nuevo sistema penal.

Algunos ni siquiera saben hablar bien en público, esbozar una teoría del caso o formular un alegato de apertura. ¿Qué harán en una sala de audiencia cuando les toque llevar un juicio oral? La culpa no es de los estudiantes, sino de un sistema universitario que se sigue resistiendo al cambio y de unos profesores que permanecen anclados en el pasado.

La reforma penal es el principal desafío del Estado de derecho en México. Es responsabilidad de todos que llegue a buen puerto y podamos tener, por fin, una justicia penal digna de ese nombre, en vez de la grotesca caricatura con la que tenemos que lidiar en la actualidad.

@MiguelCarbonell 

El nuevp mapa electoral

Miguel Carbonell

Tal como se van analizando con detalle los resultados de la votación del domingo, cada vez queda más claro que hubo un vuelco importante en la geografía electoral y que la ciudadanía es menos previsible de lo que podría pensar.

La alternancia entre partidos se vuelve rutina, lo que es una magnífica noticia, ya que nos advierte que nadie tiene asegurado el triunfo. El gobierno priísta en Querétaro pasa a manos del PAN; Sonora, con gobierno panista en los últimos seis años, regresa a manos del PRI. El PRD pierde Guerrero, pero recupera Michoacán. En Nuevo León un candidato independiente se abre paso y desafía la tradicional hegemonía del PAN y del PRI. 

Otra cuestión interesante es la distribución de los asientos en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. El bloque PRI-PVEM aparentemente no podrá conformar una mayoría absoluta (para lo cual se requieren 251 curules) y tendrá que pedir ayuda a Nueva Alianza, el partido formado ni más ni menos que por Elba Esther Gordillo. ¿Cuál será el precio de esa alianza? ¿se va a negociar la libertad de la Maestra a cambio de los votos panalistas que se van a necesitar para aprobar el presupuesto del 2016? Ojalá que no. 

Un dato más para el optimismo (moderado): al menos tres candidatos independientes ganaron en sus respectivas contiendas. Los partidos ya no están solos en la competencia electoral y, si quieren seguir siendo vigentes, deberán seleccionar a candidatos presentables y hacer ofertas electorales atractivas. Se acabó el juego que solamente ellos podían jugar y con eso ganamos todos. 

Las malas noticias fueron para el PRD, que luego de 18 años de tener el dominio absoluto en el Distrito Federal ahora se vio rebasado por Morena: una cucharada de su propio chocolate. De hecho, a nivel nacional el partido de AMLO roza el 10% de los sufragios, que lo pone muy por arriba de otras opciones partidistas recién creadas. 

En la capital debe destacarse también el mejor resultado obtenido por el PRI, que en las anteriores elecciones no pintaba nada; y la victoria de Xóchitl Gálvez en la delegación Miguel Hidalgo. Con su triunfo, Xóchitl se convierte en la mejor carta del PAN para disputar la jefatura de gobierno en 2018, lo mismo que Ricardo Monreal —futuro delegado en Cuauhtémoc— en el caso de Morena. El PRD tienen las horas contadas en el ayuntamiento de la capital.

También es una buena noticia que al menos dos partidos vayan a perder su registro: el engendro del Partido del Trabajo, verdadero y descarado negocio de sus dirigentes desde hace muchos años, y un partido del que nunca se supo qué quería o qué postulaba: el Partido Humanista, que dejará de recibir el cuantioso recurso de nuestros impuestos, por fortuna. Otro partido nuevo, Encuentro Social, aparentemente se va a salvar de la guillotina. 

Lo que tendrá que ser analizado con lupa es la conducta desafiante y claramente ilegal del PVEM. Hay elementos que la autoridad electoral deberá considerar sobre probable rebase de topes de campaña y uso de recursos públicos, sobre todo en estados como Chiapas. Rebasar el gasto permitido es motivo de nulidad del triunfo, cabe recordar. 

Otro dato a considerar es la razón por la cual la ciudadanía le da la victoria en la capital de un estado como Morelos a un futbolista para ser presidente municipal; ese resultado o habla muy mal del electorado morelense o nos indica que los demás candidatos eran todavía peores, lo cual ya es mucho decir. Un misterio más de nuestra historia política

Investigador del IIJ-UNAM

@MiguelCarbonell 

Campañas de lodo

Miguel Carbonell

Una de las características del proceso electoral que está en curso y que deberá culminar con la jornada de votación del próximo domingo 7 de junio, tiene que ver con los ataques indiscriminados entre partidos y candidatos. Los ciudadanos asistimos, entre la sorpresa y el enojo, a un espectáculo en el que nadie sale bien librado.

Hemos atestiguado revelaciones sobre el uso irregular de aviones de los candidatos a la gubernatura de Sonora, sobre los contratos arreglados en la delegación Benito Juárez en el DF, sobre el departamento violatorio de la ley en el que vive un candidato a delegado en la Miguel Hidalgo, sobre el extraño incremento de la riqueza inmobiliaria de la familia del gobernador de Nuevo León, sobre el activismo partidista del padre del gobernador de Jalisco (pese a que es funcionario judicial), etcétera. 

Y todo eso por mencionar sólo lo relacionado con las campañas. En el ámbito institucional las cosas no están mejor: hemos sabido de los más de 4 mil millones de pesos que ha costado el edificio del Senado, pese a que carece de funcionalidad y tiene enormes defectos de construcción; de los boletos de avión de más de 200 mil pesos que se otorgan también los senadores; del extraño criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte, según la cual no hay problema en que los ministros puedan revisar las sentencias dictadas por sus hijos o sobrinos; de las extrañas circunstancias en que fallecieron 43 personas en un rancho de la carretera Morelia-Guadalajara; y la lista podría seguir. 

La sensación que queda es de profunda decepción. No solamente por ver la mediocridad y la rapacería de nuestra clase política, habitada por personas que claramente están por debajo de lo que podríamos llamar un nivel mediocre, sino también porque no parece haber ningún resorte institucional al que apelar para salir del enorme marasmo en el que vive el país. 

Además, si bien es cierto que los problemas parecen crecer día tras día, las campañas no han servido para entrarle en serio a analizar sus posibles soluciones. No sabemos qué piensan hacer nuestros candidatos en los temas que más nos preocupan: la inseguridad pública, el desempleo, los bajos salarios, la deficiente calidad educativa, la falta de oportunidad de los jóvenes, las violaciones de derechos humanos de migrantes, mujeres, personas con discapacidad y demás grupos vulnerables. 

En España los recientes resultados electorales permiten confirmar el hartazgo hacia las opciones políticas tradicionales y el ascenso de nuevas alternativas, como los partidos Podemos, Ciudadanos, y la candidatura ciudadana que ganó en el municipio de Barcelona. ¿Qué pasa cuando volteamos en México a ver a los nuevos partidos? Han sido una decepción galopante, quizá con la excepción de Morena, que sigue basando su empuje en el liderazgo carismático de AMLO, a quien tampoco se le conocen propuestas novedosas para los problemas del país. 

Frente a todo eso, se impone la necesidad de votar. Aunque sea por el “menos malo” o el que pueda convencernos un poco sobre algún asunto. No votar significa dejarles la cancha libre a los peores y abdicar de nuestro derecho a decidir. Pese al lodo y a la mediocridad de nuestros políticos, hay que votar para demostrarles que no somos como ellos y que sí cumplimos con nuestras obligaciones.

Investigador del IIJ-UNAM.

@MiguelCarbonell 

Un país a la deriva

Miguel Carbonell

Algo deben estar haciendo muy mal los partidos y los candidatos, cuando los principales protagonistas de las campañas electorales son las autoridades encargadas de organizar los comicios. Si contamos los titulares de la prensa y el espacio en los medios de comunicación (o incluso las caricaturas de nuestros periódicos), es más la atención que se les pone a las discusiones del Consejo General del INE y a las sentencias del TEPJF, que a las propuestas (¿las hay?) de campaña de los partidos y candidatos.

De hecho, una parte no menor del debate político actual tiene que ver con la actitud beligerantemente ilegal del Partido Verde, esa suerte de franquicia familiar, diseñada desde el principio como un mecanismo político para recaudar dinero e influencia a favor de un pequeño grupo de personas (primero una familia y luego un grupo un poco más extenso). Las multas impuestas al Partido Verde han sido cuantiosas y todo parece indicar que se verán incrementadas en las próximas semanas. Además, decenas de miles de ciudadanos han reunido firmas y las han presentado ante la autoridad electoral pidiendo que se le retire el registro al Partido Verde. En las columnas de opinión se le ha llamado “partido canalla” en repetidas ocasiones, entre otros calificativos igualmente representativos de su mala imagen entre la “comentocracia”. Incluso en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM se organizó una mesa redonda con especialistas en la que se discutió si procedía o no dejarlo sin registro. 

Es lamentable que en vez de estar discutiendo sobre los problemas que en verdad afectan a la gente, como la inseguridad, los bajos salarios, la falta de crecimiento económico, el alto precio de la gasolina, el ruinoso estado de nuestras calles y carreteras, el mal funcionamiento del Metro en el caso del DF (o la falta de un buen transporte colectivo en la mayoría de las ciudades del país), etcétera, tengamos que estar pendientes de las trapacerías de los partidos. Parece que no hemos avanzado nada y que los miles de millones de pesos que destinamos cada año a los asuntos electorales son la peor inversión de nuestra historia. La gente está cada vez más harta del bajísimo nivel de quienes aspiran a representarnos. La clase política que nos gobierna está repleta de profundos fracasados. 

En Sonora, por ejemplo, se tienen graves problemas que merecerían propuestas sensatas y viables por parte de los aspirantes a la gubernatura, pero lo que ha dominado las campañas han sido las descalificaciones de unos y otros, así como las denuncias de actividades ilícitas de los dos candidatos punteros. En Nuevo León y Jalisco nos hemos enterado de la forma bastante “curiosa” y nada limpia en que actúan los familiares de los gobernantes, así como del enorme poder adquisitivo que uno tiene cuando accede a la gubernatura. En Michoacán afloran fotos de algún candidato con personajes de dudosa reputación. Y así por el estilo.

En fin: parece que estamos sumidos en un grave atolladero. Y no se ve que haya en el horizonte una opción política que pueda revertir el profundo desánimo que invade a una parte de la población. Se está fecundando el terreno para la aparición de opciones populistas o extrasistémicas, que podrían borrar de un plumazo a los partidos tradicionales y propiciar una severa regresión autoritaria. Tampoco en ese escenario saldremos bien librados. Estamos fritos.

Investigador del IIJ-UNAM. 

@MiguelCarbonell

Cómo mejorar la abogacía ?

Miguel Carbonell

Uno de los temas esenciales para tener un país más justo tiene que ver con el mejoramiento de quienes son actores fundamentales en la aplicación de la justicia: los abogados.

Hay en México casi 300 mil estudiantes de derecho, distribuidos en poco menos de 2 mil instituciones públicas y privadas que ofrecen estudios de licenciatura y posgrado para quienes desean formarse en los conocimientos jurídicos. 

Se calcula que más de medio millón de egresados de la carrera de derecho ejercen actualmente la profesión en nuestro país, es decir, tenemos a un abogado por cada 220 personas que viven en el territorio nacional aproximadamente. 

En los resultados que el director general del CIDE le presentó ayer al presidente de la República, para construir una mejor “justicia cotidiana”, se apunta con claridad el problema del desempeño no óptimo de muchos abogados y se propone como solución el avanzar hacia un esquema de colegiación profesional obligatoria. Se trata de una propuesta que no solamente es importante, sino que es urgente atender. La iniciativa correspondiente está ya en el Senado, esperando que la Comisión de Justicia se digne a atenderla un día de estos, cuando a los legisladores les quede algo de energía para voltear a ver los problemas reales del país. 

Desde muchas instituciones públicas hemos compartido en los años recientes la preocupación que ahora recoge el CIDE en su informe y pensamos que hay que modificar los requisitos para ejercer la profesión de abogado, a fin de poder contar con un servicio de asesoría y patrocinio jurídico mucho más eficiente que el que tenemos actualmente. 

Pero de nada servirá avanzar hacia la colegiación obligatoria (o hacia un esquema de certificación periódica de conocimientos, que también es urgente implementar), sino mejoramos la educación de los estudiantes de derecho. 

Aprobar la colegiación obligatoria sin enfocarnos en el mejoramiento de las escuelas y facultades de derecho tendrá como resultado dejar fuera a quienes no demuestren tener conocimientos suficientes o quienes hayan incurrido en violaciones a la ética profesional. Sería un gran avance para el país y para elevar la dignidad de la profesión jurídica. Pero necesitamos trabajar paralelamente con nuestros hoy estudiantes, mañana futuros abogados. Es ahí donde podemos sembrar la semilla del éxito de muchas de las reformas estructurales que se han aprobado en los años recientes. 

Si no tenemos buenos abogados, difícilmente podrán asentarse y hacerse realidad reformas como la energética, la financiera, la del procedimiento penal, la de los juicios orales, la (todavía pendiente) de la justicia laboral, etcétera. 

En las escuelas y facultades de derecho se están formando hoy en día quienes mañana serán jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, quienes fungirán como ministerios públicos, policías investigadores, defensores públicos o privados, notarios, legisladores o directores de empresas públicas. Podemos asegurarnos de que estén certificados y debidamente colegiados. Apoyo sin fisuras esa idea. Pero necesitamos que esa obligación genere a su vez un cambio en el modelo de la enseñanza del derecho. 

No se trata de una idea fácil de poner en práctica, pero si queremos un México más justo y si estamos dispuestos a hacer de la justicia una experiencia cotidiana para millones de mexicanos, necesitamos empezar a trabajar ahí: en las aulas universitarias donde se están formando quienes habrán de velar por el Estado de derecho y por la aplicación de las leyes.

Investigador del IIJ-UNAM. 

@MiguelCarbonell

Partidos tramposos

Miguel Carbonell

Una de las paradojas más grandes de la política mexicana es que los encargados de hacer las reglas electorales son los primeros en violarlas. Los partidos políticos se llenan la boca en el Congreso de la Unión diciendo que están de acuerdo en aprobar cualquier tipo de reforma electoral, pero cuando se les presenta la primera oportunidad acuden a todas las tretas habidas y por haber para hacer trampa.

Las autoridades electorales han impuesto multas cuantiosas a todos los partidos en los años recientes e incluso los que acaban de obtener el registro es poco probable que se salven de las mismas dentro de muy poco tiempo. Pero nada de eso parece detener el afán de los partidos de allegarse de votos haciendo saltar por los aires las reglas electorales.

Es por eso que tiene mucho sentido que miles de ciudadanos estén exigiendo al INE a través de las redes sociales que se le ponga una sanción ejemplar al Partido Verde, por violación “reiterada” (como lo exige la ley) de la normatividad aplicable a los periodos de campaña y precampaña. Muchos piensan que se han acreditado los requisitos que exige la ley para quitarle el registro y desaparecer a ese partido político que, casi desde su nacimiento, ha estado acompañado por polémicas de distinta naturaleza, ninguna de ellas edificante o constructiva.

Obviamente, quitarle al registro a un partido político solamente debe darse en un caso extremo; eso nadie lo duda y la autoridad debe ser cautelosa al momento de ejercer sus atribuciones. Pero muchos ciudadanos se preguntan, a la luz de tantas y tan clamorosas violaciones jurídicas por parte de los partidos, ¿qué más necesitan hacer para que de una vez por todas se les aplique la sanción máxima? ¿cuántas violaciones (repito: reiteradas, persistentes) debe documentar el INE para que resulte inevitable quitar del tablero electoral a un partido?

El caso del Verde ha tenido una trascendencia nacional y merece un análisis por demás detenido. Pero a nivel local las trampas también son abundantes. El crecimiento de la intención de voto a favor de Morena en el DF ha puesto a trabajar horas extras al PRD (dentro y fuera de la ley, al tenor de varias denuncias periodísticas que esperemos pronto tengan trascendencia en los tribunales), para mantener su base de votantes.

Prácticas parecidas se pueden observar en la contienda por la gubernatura de Michoacán o en el muy complicado escenario del estado de Guerrero.

No debe extrañarnos que las contiendas electorales sean aguerridas y que los partidos enfrenten una competencia real y no simulada. Pero decepciona mucho que luego de tantas y tantas reformas electorales, luego de tantos miles de millones de pesos invertidos en construir un sistema de votación que nos permita contar efectivamente los votos, sean los propios actores políticos los que traicionen a la ciudadanía haciendo cuanta trampa esté a su alcance. Se ve que, por más que pasa el tiempo, ellos siguen sin aprender nada. Ojalá la nueva autoridad electoral, en la que hemos depositado tanta confianza y tantas atribuciones, demuestre que ella sí esta dispuesta a hacer de la aplicación de la ley su única norma de actuación. Muy pronto lo sabremos.

Investigador del IIJ-UNAM.

@MiguelCarbonell 

Campañas con contenido

Miguel Carbonell

Una vez que el domingo pasado se cerró el plazo para el registro de los aspirantes a ocupar alguna diputación federal, es de esperarse que podamos, en breve, comenzar a ver plataformas de campaña animadas por ideas de fondo y no por meros slogans o jingles.

Los problemas de México no se van a resolver con la mera repetición de esos mensajes de 20 o 30 segundos llamados spots, que están siempre completamente vacíos, pero que inundan a todas horas nuestras estaciones de televisión y radio, y que nos persiguen incluso cuando vamos al cine con la intención de pasar un momento de sosiego con nuestra familia. Todavía no termina uno de acomodarse en la butaca cinematográfica y ya están apareciendo las mentiras del Partido Verde y sus demagógicos mensajes que son un verdadero atentado a la inteligencia de los ciudadanos.

Lejos de esas prácticas comunicativas que solamente hacen aumentar la, ya de por sí, enorme distancia entre los votantes y los partidos, lo que nos urge es saber qué van a proponer los candidatos respecto a los enormes problemas que tenemos en el país.

Los ciudadanos queremos que nos digan con detalle y con precisión, qué piensan hacer en el tema del combate a la impunidad, cómo van a promover empleos mejor pagados, de qué manera van a combatir la corrupción, qué propuestas tienen para mejorar la insuficiente infraestructura del país, qué ideas tienen para mejorar la infame educación que reciben millones de niños y jóvenes, y un largo etcétera.

Necesitamos escuchar ideas novedosas pero de aplicación práctica en cuestiones como el transporte público, el acceso al agua, el financiamiento de la vivienda, el ingreso a una carrera universitaria, la calidad de los servicios que presta el gobierno, la atención en los hospitales públicos y muchos otros temas. Eso es lo que, al final del día, hace que las personas puedan elevar sus estándares de calidad de vida.

A los ciudadanos no nos interesa seguir escuchando las mismas ideas gastadas de siempre. Todos los candidatos prometen y prometen cosas, pensando seguramente que somos idiotas, que no tenemos memoria o que nos pueden seguir engañando hasta la eternidad. Hay que exigirles a los partidos seriedad en sus planteamientos y a los candidatos definiciones puntuales sobre los temas que nos importan a la mayoría de los ciudadanos.

No olvidemos que estamos ante un momento particularmente delicado de la historia del país. El Presidente de la República está en niveles ínfimos de credibilidad según las encuestas disponibles, al grado de que tuvo que salir a decir que él no gobernaba para las encuestas ni para quedar bien con la gente, lo cual es algo que cada día resulta más evidente. El resto de la clase política tampoco anda muy bien que digamos. Los partidos políticos están en el sótano de la confianza institucional del país. Esa es una muy mala noticia para todos.

Esperemos, por tanto, que a través de la exigencia de la ciudadanía y de los medios de comunicación podamos asistir a una competencia electoral que no se base exclusivamente en la imagen de los candidatos y en las trilladas frases que adornan bardas y pendones, sino que podamos encontrar entre todos un terreno común para discutir los grandes temas de interés nacional, y que sean esos temas, y no otros, los que ocupen la mayor parte del tiempo de las campañas electorales que están a punto de arrancar. Ojalá así sea.

Investigador del IIJ de la UNAM.

@MiguelCarbonell

El nuevo papel de los abogados

Los abogados que no conozcan y dominen estas nuevas materias se verán muy relegados en la práctica.

Miguel Carbonell 

lasillarota.com

Es probable que nunca antes en la historia de México haya sido tan interesante ejercer la profesión de abogado. Estamos ante un momento de grandes transformaciones jurídicas que exigen a los juristas profundos cambios en la manera de estudiar, interpretar, argumentar y resolver problemas legales.

Por un lado, el ordenamiento jurídico mexicano ha cambiado a gran velocidad y de manera muy profunda en los últimos años. Recordemos las grandes reformas en materia de derechos humanos, amparo, juicios orales en materia penal, energética, laboral, etcétera que han venido a transformar el conjunto del sistema jurídico mexicano.

Por otra parte, hoy en día ya no basta con conocer nuestro ordenamiento jurídico interno, sino que debemos asomarnos también a lo que va sucediendo más allá de nuestras fronteras. Cada vez se citan con mayor frecuencia las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cada vez resulta más determinante conocer la forma en que se debe llevar a cabo el control de convencionalidad en muchas materias del derecho mexicano. Los abogados que solamente conozcan sus normas jurídicas de origen nacional van a estar en franca desventaja respecto a aquellos que ejercen la profesión con el apoyo de la normativa internacional.

Casos resueltos por la Corte Interamericana como el de “Rosendo Radilla” o el del “Campo Algodonero” ya forman parte de la cultura jurídica de miles de estudiantes de derecho de nuestro país.

Hasta hace muy poco los abogados entendían que la forma de resolver un problema era llevándolo ante un tribunal y litigándolo con todas las herramientas que permite la ley, sin importar que la solución se hallara a varios años de distancia. Hoy en día se imponen cada vez los modelos de gestión de problemas jurídicos orientados a encontrar soluciones rápidas y de bajo costo, en beneficio de los clientes.

El buen profesional del derecho no es el que todo lo quiere “judicializar”, sino el que sabe que siempre es mejor evitar un pleito y que se debe buscar una solución en un corto plazo de tiempo. En este contexto, los abogados deben desarrollar competencias de negociación a fin de llegar a acuerdos con sus contrapartes.

Los juicios orales también han venido a cambiar el rol de los abogados. Actualmente se requieren habilidades expresivas muy distintas a las que se exigían a los abogados en el pasado. La capacidad de expresión verbal y de una construcción argumentativa muy sólida es más relevante que nunca. El principio de oralidad se va abriendo paso cada vez en más materias; ya existe en materia penal, pero también en asuntos mercantiles en todo el país, y en temas familiares en varias entidades federativas.

Los abogados, en las audiencias orales, deben aprender a formular la llamada “teoría del caso”, a introducir las pruebas, a interrogar y contrainterrogar a testigos y peritos, a formular alegatos de apertura y de cierre, etcétera. No es una tarea sencilla pero se ha vuelto indispensable para la práctica jurídica.

Un reto adicional para los profesionales del derecho consiste en saber desempeñarse correctamente en las nuevas áreas del derecho, que suelen estar reguladas por una normatividad extremadamente compleja. Hace unos años los abogados podían dedicarse en exclusiva a la asesoría y los litigios en materias muy tradicionales, como derecho penal, civil, laboral o administrativo.

En la actualidad los asuntos más interesantes se encuentran en áreas como competencia económica, telecomunicaciones, medio ambiente, derecho de la energía, prácticas comerciales internacionales, etcétera. Los abogados que no conozcan y dominen estas nuevas materias se verán muy relegados en la práctica.

Todo lo que acabo de decir supone un enorme desafío para las nuevas generaciones de abogados. Ojalá que en su formación encuentren profesores que les expliquen con claridad los retos que deberán enfrentar en su práctica profesional y que los preparen para ser cada día mejores.

Despedida

Nuevos empeños profesionales y la escasez de tiempo que caracteriza a la vida moderna me obligan a abrir un paréntesis en mis colaboraciones para La Silla Rota. Le agradezco mucho a Roberto Rock y su magnífico equipo de profesionales, la hospitalidad en esta página web que marca tendencias. Ha sido un enorme placer haber podido encontrarme con los lectores quincenalmente. Espero poder regresar a esta casa más adelante.

 ¡Hasta pronto! 

@MiguelCarbonell